Luis Bustamante Robin; Jose Guillermo Gonzalez Cornejo; Jennifer Angelica Ponce Ponce; Francia Carolina Vera Valdes; Carolina Ivonne Reyes Candia; Mario Alberto Correa Manríquez; Enrique Alejandro Valenzuela Erazo; Gardo Francisco Valencia Avaria; Alvaro Gonzalo Andaur Medina; Carla Veronica Barrientos Melendez; Luis Alberto Cortes Aguilera; Ricardo Adolfo Price Toro; Julio César Gil Saladrina; Ivette Renee Mourguet Besoain; Marcelo Andres Oyarse Reyes; Franco Gonzalez Fortunatti; Patricio Hernández Jara; Demetrio Protopsaltis Palma;Nelson Gonzalez Urra ; Ricardo Matias Heredia Sanchez;Katherine Alejandra Del Carmen Lafoy Guzmán; Alamiro Fernandez Acevedo; Soledad García Nannig; Paula Flores Vargas; María Veronica Rossi Valenzuela; Aldo Ahumada Chu Han;
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| Rey Felipe V |
Reforma borbónica en el siglo XVIII:
Las secretarías de estado y del despacho. |
Consejo de Despacho. Con el cambio dinástico, el Despacho con el nuevo rey Felipe V se amplió por disposición de su abuelo el rey Luis XIV de Francia con un Consejo de Despacho de personajes escogidos, que al principio eran Manuel Arias y Porres, que era presidente del Consejo de Castilla, y el cardenal Portocarrero. De este modo el rey de Francia evitaba una excesiva influencia del secretario de Despacho sobre el monarca español y a la misma vez el rey de Francia podría controlar y fiscalizar el gobierno de la monarquía española. Inicialmente, para guardar las apariencias el embajador francés Henri Harcourt despachaba con el cardenal Portocarrero aparte. Este Consejo de Despacho controló el despacho a boca con el monarca. En 1704, tras la pérdida de Gibraltar, el Consejo de Despacho fue reformado y ampliado con Manuel Arias, José de Solís y Valderrábano, nuevo presidente del Consejo de Castilla, Juan Domingo de Haro, presidente del Consejo de Flandes, Antonio de Toledo y Salazar, presidente del Consejo de Italia y el embajador de Francia Antonio Carlos de Gramont, además del rey y del secretario de Despacho Antonio Ubilla. A finales de enero de 1705 Pedro Fernández del Campo fue designado como nuevo secretario de Despacho, y dado que para este recién llegado era imposible desempeñar eficientemente todo el trabajo burocrático, el rey estableció en el Real Decreto de de 11 de julio de 1705 la división de la secretaría en dos oficinas distintas en función de las exigencias de gobierno para ganar la Guerra de Sucesión: los asuntos de Guerra y Hacienda recayeron en José de Grimaldo, mientras que «todo lo demás de cualquier materia que sea» (primordialmente justicia y asuntos eclesiásticos) se mantuvo en Pedro Fernández del Campo. No obstante, el Consejo de Despacho en ningún caso puede considerarse antecesor del Consejo de Ministros, puesto que era un organismo asesor en el que no había reparto de competencias entre sus miembros y que fue disuelto en 1715. |
SECRETARIOS DE DESPACHO. El año 1714 se produjo la muerte de la reina María Luisa Gabriela de Saboya en febrero y la vuelta de Jean Orry a España a final de abril, lo que trajo unos cambios administrativos: El secretario de Despacho Pedro Fernández del Campo fue sustituido por Manuel Vadillo y el Real Decreto de 30 de noviembre de 1714 implantó el sistema ministerial francés, estableciendo cuatro secretarías de Despacho: 1.-Despacho de Estado y negociación de ministros y negocios extranjeros, encargada de los asuntos extranjeros, para José Grimaldo; 2.-Despacho de Negocios eclesiásticos, justicia y jurisdicción, encargada de los asuntos eclesiásticos, de la manutención de las regalías de la Corona, del régimen de las universidades, y de la justicia y jurisdicción de Consejos y tribunales, especialmente en los nombramientos, para Manuel Vadillo; 3.-Despacho de Guerra, encargada de los asuntos militares, para Miguel Fernández Durán; 4.-Despacho de Marina e Indias, encargada del ámbito naval y a América, para Bernardo Tinajero de la Escalera. Jean Orry, artífice de la reforma se quedó a cargo de una Veeduría General para los asuntos de Hacienda que supervisaba toda la administración controlando los gastos, y además, la Veeduría disponía de un intendente general que le asistía para facilitar los dictámenes al resto de Secretarios, y que fue Lorenzo de Armengual. El Decreto de 1714 también establecía un Consejo de Gabinete, en el que se integrarán los secretarios, aunque no se conoce si formaba un Consejo separado o se integraban en el Consejo de Despacho preexistente; no obstante, la vida de este Consejo finalizó con la caída de Orry a comienzos de 1715,de modo que Giulio Alberoni cortaba el despacho de los secretarios con el rey y así controlaba a los restantes secretarios. Los nuevos secretarios de Despacho acumularon las atribuciones de los secretarios de Estado (del Consejo de Estado) del siglo XVI como enlaces entre los Consejos y el rey, a las de los secretarios del Despacho Universal del siglo XVII como canalizadores de las comunicaciones del monarca, de este modo, agregaron el prestigio del título de secretario de Estado a cualquier secretario que accediera al Despacho con el monarca, convirtiéndose en las primeras figuras de la Administración al controlar el conjunto del aparato administrativo. Es a partir del Real Decreto de 30 de noviembre de 1714 cuando se va a institucionalizar la figura de secretario de Estado y del Despacho, titulación genérica del ministro a la que se añadía el departamento específico sobre el que se ejercía el despacho. Los secretarios de Estado y del Despacho fueron el germen de los ministros, encargados de un departamento específico y con una burocracia profesional a su disposición, con su quehacer pasaron de burócratas a personajes políticos. Los Secretarios de Estado y del Despacho tenían acceso privilegiado al monarca teniendo despacho «a boca» con él, lo que significaba, resolver y decidir con el rey, así como poner por escrito esas resoluciones verbales para darles curso. El despacho con el rey se hacía regular y directamente con el monarca y de forma reservada, y además los secretarios asumieron las atribuciones de los antiguos Consejos, así como el control de su personal sin menoscabar las competencias específicas del Consejo de Castilla en lo relativo a tribunales de Justicia y Gobierno interior, como en la colaboración con el rey el el proceso legislativo (siendo el único Consejo con función legislativa). El 7 de febrero de 1715 Orry fue destituido y el 28 de abril de 1715 se produjo otra nueva reforma en el las Secretarías del Despacho: se suprimió la Veeduría General, que se integró en la Intendencia General convertida en una Secretaría de Hacienda u oficina del Intendente General, en la que se mantuvo a Lorenzo de Armengual; también se suprimió a la Secretaría de Marina e Indias y sus asuntos se repartieron entre las tres Secretarías de Guerra, Estado y Justicia. Con el cardenal Giulio Alberoni fue el nuevo hombre influyente en la Corte surge el Real Decreto de 2 de abril de 1717 que produjo otra nueva reorganización del Despacho Universal, el cual fue dividido entre:
Tras la caída de Alberoni en diciembre de 1719, se produjo otra nueva reorganización el 1 de diciembre de 1720, con las secretarías de:
Con la caída de Fernández Durán se produjo una nueva reorganización al dividirse su Secretaría en dos: por un lado Guerra, y por otro la de Marina e Indias; quedando la organización en las cinco secretarías de Despacho especializadas y diferenciadas hasta el siglo XIX, aunque se diera el caso que la misma persona ocupara simultáneamente dos o más secretarías, como en el caso de José Patiño Rosales, José del Campillo y Cossío, Zenón de Somodevilla, o Leopoldo de Gregorio. No fue hasta el reinado de Fernando VI cuando se produjo la distribución de competencias entras cinco secretarías («Estado», «Gracia y Justicia», «Marina e Indias», «Hacienda» y «Guerra»): la de Estado por el Real Decreto de 15 de mayo de 1754 y las restantes por el Real Decreto de 26 de agosto de 1754. Únicamente entre el Real Decreto de 8 de julio de 1787 y el de 25 de abril de 1790 se fijó en siete el número de las Secretarías: «Estado», «Gracia y Justicia de España», «Marina», «Guerra», «Hacienda», «Gracia y Justicia de Indias» y «Comercio y Navegación de Indias», que volvió a ser de cinco en 1790 estimando crear secciones de Indias en las otras secretarías para que trataran de forma indiferenciada tanto asuntos de España como de Inidas: «Gracia y Justicia de Indias» se asimiló a la de España, «Comercio y Navegación de Indias» se repartió entre Guerra, Hacienda y Marina. Las cinco secretarías de Estado y del Despacho se mantuvieron durante el resto del absolutismo monárquico. Únicamente al final del reinado de Fernando VII se incorporó el secretaria de Fomento General del Reino.
El establecimiento de la Secretaría de Estado y del Despacho de Fomento General del Reino por el real decreto de 5 de noviembre de 1832, redujo el Despacho de Estado a las relaciones exteriores, mientras que al nuevo ministerio le quedaba atribuido el gobierno interior, en el que se incluía la instrucción pública, la imprenta y periódicos, bien sean del Gobierno o de particulares, o las Reales Academias y Reales Archivos. El gobierno absoluto del monarca se vio interrumpido con la implantación del Estatuto de Bayona y la Constitución de 1812, que modificaron la estructura ministerial; el artículo 27 de la Constitución de Bayona de 1808 establecía nueve ministerios: un Ministerio de Justicia, otro de Negocios Eclesiásticos, otro de Negocios Extranjeros, otro del Interior, otro de Hacienda, otro de Guerra, otro de Marina, otro de Indias y otro de Policía General; y el artículo 222 de la Constitución de 1812 estableció siete secretarios del despacho: para el despacho de Estado, el despacho de la Gobernación del Reino para la Península e Islas adyacentes, el despacho de la Gobernación del Reino para Ultramar, el despacho de Gracia y Justicia, el despacho de Hacienda, el despacho de Guerra, y el despacho de Marina. Durante el reinado de Carlos III se introdujo la novedad del despacho colectivo con la creación por real decreto de 8 de julio de 1787 de la Junta Suprema de Estado, reunión institucionalizada de todos los secretarios para deliberar sobre los asuntos que superaban el ámbito de cada secretaría. Fue disuelta por decreto de 28 de febrero de 1792 tras la caída del Conde de Floridablanca. No sería hasta el real decreto de 19 de noviembre de 1823, cuando se constituyó definitivamente por el Consejo de Ministros o gabinete, presidido por un presidente del Consejo (o jefe de gobierno). |
Jean Orry. Orry, Jean. Conde de Vignory, Señor de Fulvy y de la Chapelle de Godefroy. Ruán (Normandía, Francia), 4.XI.1652 – Château de La Chapelle, Nogent-sur-Seine (Aube, Francia), 30.IX.1719. Financiero al servicio de Luis XIV de Francia y Felipe V de España, veedor general de Hacienda. Nacido en Ruán en 1652, Jean Orry pertenecía a una familia de hombres de negocios vinculada al comercio, las finanzas y el servicio al rey de Francia en la administración de Hacienda. Su padre, Charles Orry, ejerció desde 1678 el cargo de veedor general del patrimonio real en Flandes. En cuanto a su madre, Madeleine Le Cosquino, era hija de Louis Le Cosquino, recaudador de impuestos reales y secretario de finanzas del duque de Orleáns, que culminó su carrera ennoblecido como señor de Fulvy. Después de formarse en Derecho Civil y Canónico en París, Jean Orry casó el 23 de octubre de 1678 con Jeanne Esmonin, hija de Philibert Esmonin, comisario de artillería y capitán ordinario de los transportes militares del rey de Francia. Con ella tuvo varios hijos, entre ellos Philibert Orry, que acompañó a su padre a España en 1701 y llegaría a ser veedor general de Hacienda durante el reinado de Luis XV. Tras enviudar, contrajo segundas nupcias, el 7 de marzo de 1700, con Catherine Louise Corcessin. Entre los descendientes de este matrimonio, se encontraría Jean Henri Louis Orry de Fulvy, futuro consejero del Parlamento de París. El parentesco de Jean Orry con la familia Esmonin le permitió establecer sus primeros contactos directos con la administración francesa. Asociado con su cuñado, participó desde 1685 en la provisión de caballos y materiales para la construcción del acueducto de Maintenon. Dos años después, tomó parte en el contrato destinado a la restauración del puerto de Brouage. Finalmente, en 1690-1691, se convirtió en proveedor de las tropas francesas destinadas en Italia durante la Guerra de la Liga de Augsburgo (1688-1697). Al finalizar el conflicto, Orry no sólo había adquirido una sólida experiencia en el campo de las finanzas y el abastecimiento de los ejércitos sino también un cierto prestigio como asentista. Ambas circunstancias, añadidas a la protección de Michel de Chamillart, entonces veedor general de Hacienda y secretario de Estado de Guerra francés, influyeron en su elección en el verano de 1701 como financiero al servicio de Felipe V, quien acababa de suceder a Carlos II en el trono de España. Sometido a la tutela de los sucesivos embajadores franceses en Madrid, Orry debía examinar el estado de la Hacienda española y formular posibles soluciones que contribuyeran a racionalizar e incrementar sus ingresos. Todo ello con el fin de favorecer que los territorios peninsulares estuvieran en disposición de sufragar su defensa durante la Guerra de Sucesión, que enfrentó a Francia y la Monarquía española con las potencias de la Liga de La Haya (Austria, Prusia, Inglaterra, Provincias Unidas y, desde 1703, Portugal y Saboya). A este efecto, valiéndose de un equipo de colaboradores francoespañol, entre 1701 y 1702 Orry elaboró un conjunto de Memoriales que remitió a Luis XIV y sus ministros. En ellos describía de manera pormenorizada la situación de la Hacienda española y proponía la ejecución de distintas reformas, de carácter político y económico, susceptibles de reforzar el control real sobre los gastos y los ingresos fiscales, mejorar la recaudación de impuestos y limitar la autoridad de los Consejos de la Monarquía. Según advierte Anne Dubet, lejos de innovar, Orry optó por “recuperar y sistematizar prácticas de gobierno y figuras administrativas introducidas en España en los últimos lustros del siglo XVII”. Los planteamientos del financiero pasaban, entre otros aspectos, por la reunión de las rentas reales en un único encabezamiento, la liquidación de la deuda consolidada y la potenciación de las atribuciones del Secretario del Despacho Universal, el “despacho a boca” con el monarca y la vía reservada, en la toma de decisiones. En otro orden de cosas, desde el verano de 1702, Orry intervino asimismo en la reforma de las Guardias reales, la creación de tres nuevos regimientos del ejército y la introducción de mejoras en el abastecimiento y el reclutamiento de tropas. Artífice del primer reformismo borbónico, el financiero comenzó a dar curso a sus propuestas a lo largo de 1703 con el apoyo de la influyente princesa de los Ursinos, camarera mayor de la reina María Luisa Gabriela de Saboya. En septiembre de ese mismo año, se produjo la división de la Secretaría del Despacho Universal. El marqués de Canales, nombrado a instancias de Orry, se ocuparía de los asuntos relacionados con la guerra, en tanto Antonio Ubilla y Medina continuaría como secretario de “todo lo demás”. Un mes después, con objeto de gestionar los recursos destinados al mantenimiento de las tropas desplegadas en la Península, se estableció la Tesorería Mayor de Guerra, cuyo titular, el conde de Moriana, también fue designado según parece a iniciativa de Orry. Por último, el financiero impulsó la firma de un asiento con Manuel López de Castro para el abastecimiento de los ejércitos borbónicos en la campaña contra Portugal. La vigencia de estas primeras medidas fue corta. En abril de 1704, a instancias de Luis XIV, se produjo la destitución de la princesa de los Ursinos, seguida, en agosto, de la del marqués de Canales y, en octubre, de la del Tesorero Mayor de Guerra. Respecto a Orry, fue llamado a Francia en septiembre de ese mismo año. Tradicionalmente se achacó la primera caída en desgracia del financiero y sus colaboradores tanto a los supuestos engaños de Orry en torno a los resultados del asiento firmado con López de Castro como a la desfavorable evolución para las armas borbónicas de la campaña de 1704 en la Península. Sin embargo, los recientes estudios de Anne Dubet y Guillaume Hanotin han aportado una visión más matizada de la situación. De acuerdo con la documentación consultada por ambos autores, la salida de España del financiero tuvo más que ver con los medios de los que se sirvió para desarrollar sus reformas que con la incapacidad de López de Castro para cumplir con los compromisos adquiridos en su asiento. En efecto, Orry se habría valido de la protección de la princesa de los Ursinos para soslayar la tutela de los sucesivos embajadores franceses en Madrid (el cardenal y el abad d’Estrées), consolidar su propia influencia sobre Felipe V e imponer a los Consejos la ejecución de sus proyectos. Desde estas perspectivas, Orry habría terminado por desempeñar un papel que no se le había adjudicado en el verano de 1701. En enero de 1705, la princesa de los Ursinos recuperó el favor de Luis XIV, quien autorizó su regreso a Madrid. Orry, también reconciliado con la corte francesa, se adelantó a la dama unos meses y llegó a la capital española en mayo de ese mismo año, en compañía del nuevo embajador de Francia, Michel-Jean Amelot de Gournay. Ambos hombres otorgaron un nuevo impulso al proceso reformista. En junio de 1705 fue restablecida la Tesorería Mayor de Guerra, que volvió a recaer en el conde de Moriana. Un mes después, un Real Decreto aprobó la definitiva división de la Secretaría del Despacho Universal en dos departamentos: uno dedicado a “todo lo que tocare y perteneciere a Guerra y Hacienda”, cuya titularidad recayó en José Grimaldo, y el otro encargado de “todo lo demás de cualquier materia que sea”, con el marqués de Mejorada como secretario. Paralelamente, se restableció la figura del comisario de guerra, creada por Orry en noviembre de 1703, fueron publicadas las Reales Ordenanzas de 28 de julio de 1705, destinadas a imponer un mayor control sobre la contabilidad y el aprovisionamiento de las tropas, y comenzaron a perfilarse el papel y las funciones de los posteriores intendentes del ejército. Jean Orry abandonó España en el verano de 1706 con el fin de solicitar el apoyo económico de Luis XIV tras la toma de Madrid por los aliados. Si bien su ausencia había de ser en un principio temporal, Amelot y la princesa de los Ursinos recomendaron su permanencia en Francia. Aunque ambos mantenían una relación fluida con el financiero, el embajador francés consideró que sus formas autoritarias podían perjudicar la evolución del proceso reformista. Orry se mantuvo en el país vecino hasta 1713, cuando fue llamado de nuevo a Madrid a instancias de la princesa de los Ursinos. Durante la que sería su última etapa en España, esta vez al servicio exclusivo de Felipe V, el financiero se valió de la colaboración de José Grimaldo y Melchor de Macanaz, entre otros, para dar cauce a un conjunto de reformas institucionales que entrañaron no sólo una mayor racionalización administrativa sino también la definitiva consolidación de la vía reservada en detrimento del sistema polisinodial. El 10 de noviembre de 1713 un Real Decreto transformó el funcionamiento y la planta de los Consejos de Castilla, Hacienda, Indias, Órdenes y Guerra. Un mes después, se aprobó la división de España en veintiuna provincias a efectos administrativos y tributarios. Finalmente, otro Real Decreto, con fecha de 30 de noviembre de 1714, anunció la creación de cuatro Secretarías del Despacho encargadas de los negociados de Estado, Guerra, Marina e Indias y Asuntos Eclesiásticos y Justicia, cuyos titulares habían de integrarse en un Consejo de Gabinete. Esta última disposición estipuló así mismo que los asuntos hacendísticos serían gestionados por un veedor general, cargo que recayó en el propio Orry, con el auxilio de un intendente universal. La trayectoria de Jean Orry al servicio de Felipe V se vio afectada por el segundo matrimonio del monarca con Isabel de Farnesio y la caída en desgracia de la que hasta entonces había sido su principal valedora en la corte de Madrid, la princesa de los Ursinos, a finales de diciembre de 1714. El destierro de la dama entrañó el cese del veedor general el 7 de febrero de 1715. Instalado de nuevo en Francia, Jean Orry falleció el 30 de septiembre de 1719. Por lo que respecta a su labor en el seno de la Administración española, si bien la reforma de las Secretarías sobrevivió a su destitución, a lo largo del verano de 1715 distintos Reales Decretos devolvieron su antigua planta a los Consejos de la Monarquía y abolieron el cargo de veedor general. Bibl.: H. Kamen, La guerra de sucesión en España, 1700-1715, Barcelona, Grijalbo, 1974; J. A. Escudero, Los secretarios de Estado y del Despacho (1474-1725), Madrid, Instituto de Estudios Administrativos, 1976, 4 vols.; Los orígenes del Consejo de Ministros en España, Madrid, Editora Nacional, 1979, 2 vols.; J. L. Bermejo, Estudios sobre la administración española (siglos XVII-XVIII), Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1982; F. Barrios Pintado, El Consejo de Estado de la Monarquía española, Madrid, Consejo de Estado, 1984; M. D. Álamo Martell, “Racionalización impositiva: una aproximación a las medidas hacendísticas de Jean Orry en la Guerra de Sucesión española”, en Revista de ciencias jurídicas, 2 (1997), págs. 11-28; J. A. Escudero, Administración y Estado en la España Moderna, Valladolid, Junta de Castilla y León, 1999; C. de Castro, “El Estado español en el siglo XVIII: su configuración durante los primeros años de Felipe V”, en Historia y política: ideas, procesos y movimientos sociales, 4 (2000), págs. 137-170; “Las primeras reformas institucionales de Felipe V: el marqués de Canales (1703-1704)”, en Cuadernos dieciochistas, 1 (2000), págs. 155-183; J.-P. Dedieu, “La Nueva Planta en su contexto. Las reformas del aparato del Estado en el reinado de Felipe V”, en Manuscrits, 18 (2000), págs. 113-139; M. V. López-Cordón, “Instauración dinástica y reformismo administrativo: la implantación del sistema ministerial”, en Manuscrits, 18 (2000), págs. 93-111; F. Alós y Merry del Val y J. L. Sampedro Escolar, Ministros de Hacienda. De 1700 a 2004, Madrid, Ministerio de Hacienda, 2004; C. de Castro, A la sombra de Felipe V. José de Grimaldo, ministro responsable (1703-1726), Madrid, Marcial Pons, 2004; J. L. Castellano, Gobierno y poder en la España del siglo XVIII, Granada, Universidad de Granada, 2006; A. Hamer Flores, “De Austrias a Borbones. La Secretaría del Despacho Universal en la sucesión a la Monarquía Hispánica”, en J. M. de Bernardo Ares (coord.), La sucesión de la Monarquía Hispánica, 1665-1725. Biografías relevantes y procesos complejos, Madrid, Sílex, 2007, págs. 87-106; J. M. Delgado Barrado, Aquiles y Teseo. Bosquejos del reformismo borbónico (1701-1759), Jaén, Universidad de Jaén, 2007; A. Dubet, “¿La importación de un modelo francés? Acerca de algunas reformas de la Administración española a principios del siglo XVIII”, en Revista de Historia Moderna, 25 (2007), págs. 207-233; “¿Francia en España? La elaboración de los proyectos de reformas político-administrativas de Felipe V (1701-1703)”, en A. Álvarez-Ossorio Alvariño, B. J. García García y V. León Sanz (coords.), La pérdida de Europa: la Guerra de Sucesión por la Monarquía de España, Madrid, Fundación Carlos de Amberes, 2007, págs. 293-312; A. Dubet, “Administrar los gastos de la guerra: Juan Orry y las primeras reformas de Felipe V (1703-1705)”, en A. Guimerá Ravina y V. Peralta Ruiz (coords.), El equilibrio de los Imperios: de Utrecht a Trafalgar. Actas de la Reunión Científica de la Fundación Española de Historia Moderna, Madrid, Fundación Española de Historia Moderna, 2005, vol. 2, págs. 483-502; A. Dubet, Un estadista francés en la España de los Borbones. Juan Orry y las primeras reformas de Felipe V (1701-1706), Madrid, Biblioteca Nueva, 2008; “La nueva política crediticia de la corona a principios del siglo XVIII: la creación del Tesorero Mayor de Guerra en España (1703-1706)”, en Studia Historica. Historia Moderna, 30 (2008), págs. 191-216; J. M. de Bernardo Ares, “Aristocracia nobiliaria y burguesía ennoblecida. Desaparición o marginación del sistema polisinodial de la monarquía hispánica (1701-1709)”, en M. R. García Hurtado (ed.), Modernitas. Estudios en homenaje al profesor Baudilio Barreiro Mallón, Coruña, Universidad de la Coruña, 2008, págs. 191-215; L. M. García-Badell, “Los primeros pasos de Felipe V en España: los deseos, los recelos y las primeras tensiones”, en Cuadernos de Historia del Derecho, 15 (2008), págs. 45-127; A. R. Peña Izquierdo, De Austrias a Borbones. España entre los siglos XVII y XVIII, Astorga, Akron, 2008; G. Hanotin, Jean Orry. Un homme des finances royales entre France et Espagne (1701-1705), Córdoba, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba, 2009; C. Désos, Les français de Philippe V. Un modèle nouveau pour gouverner l’Espagne (1700-1724), Estrasburgo, Presses de l’Université de Strasbourg, 2009; J. Albareda, La Guerra de Sucesión de España (1700-1714), Barcelona, Crítica, 2010; F. Andújar Castillo, “Nueva corte, nueva seguridad para el Rey: la creación del ‘ejército cortesano’ en tiempos de Felipe V”, en J. Martínez Millán, C. Camarero Bullón y M. Luzzi Traficante (coords.), La Corte de los Borbones: crisis del modelo cortesano, Madrid, Ediciones Polifemo, 2013, vol. I, págs. 337-366; M. V. López-Cordón, “La Nueva Planta del Estado: consejos y secretarías”, en A. Morales Moya (ed.), 1714. Cataluña en la España del siglo XVIII, Madrid, Cátedra, 2014, págs. 113-156; F. Barrios Pintado, La gobernación de la Monarquía de España: consejos, juntas y secretarios de corte (1556-1700), Madrid, Boletín Oficial del Estado-Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2015; F. Precioso Izquierdo, Melchor de Macanaz: poder político y movilidad familiar en la España moderna, Madrid, Cátedra, 2017. |
Lorenzo Armengual del Pino y de la Mota  Biografía Armengual del Pino y de la Mota, Lorenzo. Marqués de Campo Alegre (I). Málaga, 5.IV.1655 – Chiclana (Cádiz), 14.V.1730. Capellán de honor, obispo de Cádiz, consejero de Estado. Nació en el seno de una familia hidalga. Su padre, José Armengual de la Mota, natural también de Málaga, casado en 1650 con Teresa del Pino, de la misma ciudad, se estableció, tras la boda, en la ciudad de Antequera, donde ejerció de alcalde en 1651 para regresar años después a Málaga y dedicarse a la construcción de barcos pesqueros. En esta ciudad nació en 1663 su segundo hijo, Pedro Armengual del Pino, caballero del hábito de Santiago, que sirvió en el ejército de Cataluña en 1691, obteniendo el grado de capitán de Infantería española en 1697, el de ayudante general del Ejército de Andalucía hacia 1704 y el de teniente coronel del Regimiento de Valencia en 1706, interviniendo como coronel en funciones en la batalla de Almansa en 1707 y en el asedio de Játiva, donde fallecerá. Su hermana, Jacinta Armengual del Pino, nacida en Málaga en 1671, contrajo matrimonio con Alonso Verdugo, familiar del Santo Oficio de Málaga, y sucedió en 1716, por los méritos de su hermano Lorenzo que renunció en su favor, en el el marquesado de Campo Alegre, título que heredará su hijo Bruno Verdugo Armengual, nacido en Madrid en 1707, caballero del hábito de Santiago, veinticuatro de Sevilla, consejero supernumerario del Consejo de Hacienda en agosto de 1732 y, dos meses después, consejero de número del citado Consejo, puesto en el que se mantuvo hasta su traslado a Roma. A su muerte, sin sucesión directa, la Cámara de Castilla declarará extinto y devuelto a la Corona el título nobiliario, haciendo caso omiso del testamento de Lorenzo Armengual que establecía que, en caso de no haber sucesor, el mayorazgo y título debería recaer en los deanes de la catedral de Málaga. Lorenzo Armengual estudió Gramática en la Escuela Capitular de Málaga. A pesar de ser el primogénito, su carrera se orientó hacia la Iglesia, siendo ordenado presbítero en Zaragoza, ciudad en cuya universidad obtuvo el grado de doctor en Cánones el 6 de enero de 1694. Muy pronto empezó a ocupar cargos eclesiásticos de responsabilidad. Además de notario del Santo Oficio de la Inquisición del reino de Sevilla, fue comisario del Santo Oficio del reino de Aragón, secretario de Cámara del arzobispo de Zaragoza, provisor y vicario general de Zaragoza y su obispado, capellán de honor del Rey en 1690, canónigo abad de San Mamés de la catedral de Santiago en Galicia y vicario general de la Real Armada del Mar Océano. Asimismo, estaba en posesión de dos beneficios simples, uno en la iglesia parroquial de Marchena, con una renta anual superior a los mil ducados, y otro en la parroquial de San Juan Bautista de la ciudad de Écija, valorado en cuatrocientos cincuenta ducados, además de cuatro capellanías en el obispado de Málaga que le rentaban doscientos ducados anuales, sin mencionar los ingresos que percibía del resto de sus cargos eclesiásticos. Su fortuna le permitió adquirir, por cuatrocientos ducados, una capilla en la iglesia parroquial de San Juan de Málaga, en venta por la muerte del capitán Juan García de Torquemada, y que erigió como lugar de entierro del linaje de los Armengual. Gracias, en parte, al patronazgo del arzobispo de Zaragoza, Antonio Ibáñez de la Riva Herrera, presidente del Consejo de Castilla, de quien era secretario particular desde 1685, y el cual, a su vez, era amigo de su padre, a quien conoció en Málaga cuando era magistral de la catedral, fue promocionado al obispado de Gironda in partibus infidelium en 1701 para poder ser obispo auxiliar de Zaragoza, y años después obispo de Dyonisias in partibus infidelium para optar al obispado de Cádiz. Por su lealtad a Felipe V sufrió el secuestro de sus propiedades en Zaragoza durante el gobierno del archiduque, siendo desterrado de la ciudad. Debido a su situación de hombre fuerte dentro del arzobispado de Zaragoza, lo que le permitió tener gran influencia sobre su titular, consiguió ser el artífice de la creación de un tribunal especial para administrar temporalmente las finanzas de los reinos de Aragón y Valencia. El 25 de mayo de 1707 obtuvo el cargo de consejero honorífico del Consejo y Cámara de Castilla, y un año más tarde, el 19 de junio de 1708, la plaza de consejero de número del Consejo y Cámara de Castilla, recibiendo los gajes a partir del 25 de septiembre de 1709. En diciembre de 1705 fue nombrado gobernador del Consejo de Hacienda, empleo que ostentó hasta 1709, desempeñando en estos años las responsabilidades de juez conservador de la renta de la lana y juez protector de la renta del cacao y chocolate a petición del arrendador, Juan de Hualde. En diciembre de 1710 fue designado, interinamente, director general de la provisión de víveres en Zaragoza y en diciembre del año siguiente superintendente general interino de la Real Hacienda por ausencia del conde de Bergeyck.  El 18 de diciembre de 1711 fue nombrado por segunda vez gobernador del Consejo de Hacienda y en 1712, de nuevo, juez conservador de la renta de la lana, además de juez protector de las casas financieras de Francisco Eminente, Bernardo de Paz y Castañeda y Juan Francisco Eminente. En 1713 intervino como vocal de la recién creada Junta de dirección de la renta de la sal. Entre 1714 y 1717 ocupó el cargo de secretario de Estado de la Secretaría de Hacienda con el nombre de Intendencia Universal hasta que fue suprimida para fusionarse con la Secretaría de Justicia y Gobierno político. Participó —también como vocal— en 1715 en la Junta encargada de la reforma de la Planta de los Consejos. En 1716, pese a su condición eclesiástica, se le concedió título de Castilla con la denominación de marqués de Campo Alegre, que renuncia en favor de su hermana Jacinta Armengual con la condición de que le sucediese su hijo Bruno Verdugo y Armengual y en caso de faltar su sobrino y toda su rama directa, recayese el título en los deanes de la Catedral de Málaga, por ello la Cámara acordó en 1785 declarar extinguida la merced y devolverla a la Corona. Su privilegiada posición le permitió crear en torno suyo una red clientelar en la administración, ya que en 1709 consiguió para José Palacios el título de secretario del Rey, para Diego Valverde la plaza de tesorero de la Superintendencia de Córdoba, para Domingo Corral la plaza de tesorero de la Superintendencia de Soria y en 1712 la plaza de tesorero de la Superintendencia de Murcia para Enrique Pelerán. Su carrera política culmina el 13 de marzo de 1729, fecha en que fue nombrado consejero de Estado. El 6 de mayo de 1715 fue elegido obispo de Cádiz, habiendo sido propuesto al Rey como candidato único por el confesor real, padre Daubenton, por su “prudencia, celo, aplicación a lo que respecta al real servicio, bien notorio a Vuestra Majestad en los empleos que ha tenido a su cargo”. Al frente de su diócesis, en la que permaneció hasta 1730, año de su fallecimiento, contribuyó a erigir la iglesia de San Lorenzo, en el barrio de los capuchinos, en la que cooperó la comunidad neerlandesa gaditana, así como a edificar la catedral nueva, colocando la primera piedra en mayo de 1722, y a instituir obras pías, entre ellas la de “vestir pobres” y dotar a doncellas, a las que legó en su testamento el importe de las rentas de sus mayorazgos. Obras de ~: Copia a la letra de las obras pías que instituyó el ilustrísimo Señor Lorenzo Armengol de la Mota, Obispo que fue de Cádiz, Málaga, Imprenta de José Martínez de Aguilar, 1854. Fuentes y bibl.: Archivo General de Palacio, Libros Registro, lib. 6151; Exps. personales, caja 7812, exp. 4; Archivo Histórico Nacional, Consejos Suprimidos, leg. 8977 y libs. 733 y 736; Archivo General de Simancas, Dirección General del Tesoro, inv. 13, leg. 3; Gracia y Justicia, leg. 814. C. R. Fort, De los obispos españoles titulares de iglesias in partibus infidelium o auxiliares en las de España, incluida en el tomo LI de la España Sagrada, Madrid, 1879; P. Antón, “Armengual de la Mota, Lorenzo”, en Q. Aldea Vaquero, T. Marín Martínez y J. Vives Gatell (dirs.), Diccionario de Historia Eclesiástica de España, vol. I, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto Enrique Flórez, 1972, pág. 95; H. Kamen, La Guerra de Sucesión en España, 1700-1715, Barcelona, Grijalbo, 1974; J. A. Escudero, Los secretarios de Estado y del Despacho (1474- 1724), Madrid, Instituto Nacional de la Administración Pública, 1976 (2.ª ed.); J. Fayard, Les membres du Conseil de Castille a l’époque moderne (1621-1746), Paris, Droz, 1979; F. Barrios, El Consejo de Estado de la Monarquía española (1521-1812), Madrid, Consejo de Estado, 1984; M. T. Fernández-Mota de Cifuentes, Relación de títulos nobiliarios vacantes y principales documentos que contiene cada expediente que, de los mismos, se conserva en el Archivo del Ministerio de Justicia, Madrid, Hidalguía, 1984, págs. 76- 77; J. M. Cuenca Toribio y S. Miranda García, El poder y sus hombres. ¿Por quiénes hemos sido gobernados los españoles? (1705- 1998), Madrid, Actas, 1998; J. Solís Fernández, “Las Juntas de Secuestros y Confiscaciones del Archiduque Carlos en Cataluña, Aragón y Valencia”, en Anuario de Historia del Derecho Español, LXIX (1999), págs. 426-447; M. L. López Muñoz, “Obispos y consejeros eclesiásticos en los Consejos de la Monarquía española (1665-1883)”, en J. L. Castellano, J. P. Dedieu y M. V. López- Cordón (eds.), La pluma, la mitra y la espada. Estudios de historia institucional en la Edad Moderna, Madrid, Marcial Pons, 2000, págs. 199-430; A. Crespo Solana, Entre Cádiz y los Países Bajos. Una comunidad mercantil en la ciudad de la Ilustración, Cádiz, Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento, 2001; C. de Castro, A la sombra de Felipe V. José de Grimaldo, ministro responsable (1703-1726), Madrid, Marcial Pons, Historia, 2004; J. L. Sampedro Escolar y F. Alos Merry del Val, Ministros de Hacienda y de Economía. De 1700 a 2005, Madrid, Ministerio de Economía y Hacienda, 2005; A. Lara Villodres, El marquesado de Campo Alegre, Málaga, Fundación Unicaja, 2007. |
José Grimaldo y Gutiérrez de Solórzano.  Biografía Grimaldo y Gutiérrez de Solórzano, José de. Marqués de Grimaldo (I). Madrid, ¿13.VII.1660? – 3.VII.1733. Primer secretario de Estado y del Despacho de Estado. Nació en Madrid en el seno de una familia de burócratas procedentes de Vizcaya. Hijo de José Martínez de Grimaldo y María Gutiérrez de Solórzano. Su abuelo y su padre habían trabajado, como oficiales, en la Secretaría del Consejo de Indias, donde él comenzó su carrera a los catorce años en calidad de oficial entretenido, parte de la de Nueva España. El 10 de noviembre de 1696 fue promovido a oficial 3.º de la secretaría del Consejo de Estado de la negociación del norte, con el grado de 2.º en la de Nueva España. Al año siguiente obtuvo el título de secretario del Rey. El 27 de septiembre de 1703 pasó como oficial a la Secretaría de Guerra del cargo del marqués de Canales. En la 1.ª división de la Secretaría del Despacho Universal se le designó para secretario de Guerra y Hacienda (11 de julio de 1705); y en 1713 fue nombrado consejero de Indias. Cuando, por Real Decreto de 30 de noviembre de 1714, el político francés Juan Orry emprendió la segunda gran reforma de la Administración Central, puso en sus manos la recién creada Secretaría del Despacho de Estado, también llamada Primera Secretaría del Despacho. Sobre la base de la ya desaparecida Secretaría del Despacho de Guerra y Hacienda, Grimaldo estableció la que sería la primera planta del nuevo departamento, que quedó formado por seis oficiales —Pedro Gómez, Francisco Díaz Román, Francisco Gracián, Francisco de Morales, Sebastián de la Cuadra y Juan Bautista de Azpuru— y dos porteros —Jacinto Abanades y Luis Fernández de Arango—. En realidad lo que hizo fue reestructurar su antigua Secretaría de Guerra y Hacienda, transformándola en la nueva de Estado, según las disposiciones de la “Regla General y Fija para las Secretarías del Despacho”, que acompañaba al citado Decreto de 30 de noviembre. Desde el principio supo Grimaldo mantenerse en la Administración. Su carácter flexible, su capacidad de trabajo y, sobre todo, su sinceridad habían llamado la atención de Felipe V a quien, según Coxe, “halagaba mucho cierta aparente deferencia con que el marqués escuchaba su opinión y la adhesión sin límites que profesaba éste á la persona augusta del rey”. Durante el reinado de María Luisa, tuvo que soportar la privanza de la princesa de los Ursinos y su protegido Orry, pero siempre conservó el favor real. Tras la caída de ambos, afianzó su poder añadiendo a sus cargos el de secretario de la Reina (1715), además de ser confirmado en su plaza de consejero de Indias. Sin embargo, esta situación había de durar poco tiempo, porque un nuevo personaje vino a perturbar su breve supremacía política, el abad Julio Alberoni, enviado de Parma a España y principal artífice del matrimonio de Felipe V con Isabel de Farnesio, hija del fallecido duque de Parma. Muy pronto Alberoni se ganó la confianza de la nueva Reina, y, a través de ella, la del Rey, convirtiéndose en el hombre más influyente de la Corte. Aunque carecía de título oficial alguno, de hecho, ejercía un control exclusivo y absoluto en el gabinete del Rey. Ese poder adquirió visos legales cuando, el 26 de octubre de 1717, Felipe V le otorgó un poder para tratar y firmar cualquier paz con las potencias europeas, y para tomar decisiones en materia de hacienda, marina y guerra. Se puede afirmar que dicho poder confirió a Alberoni las facultades inherentes a un primer ministro, y como tal actuó. Por lo que se refiere a las relaciones exteriores, acompañaba a los Reyes en las jornadas a los sitios reales, función que más tarde desempeñaría el secretario del Despacho de Estado, y tomaba las decisiones. Mientras tanto, Grimaldo permanecía en su despacho o “covachuela” reducido a la tarea burocrática, es decir, tramitando las resoluciones del favorito. Con lo cual, aunque el ministro mantuvo la titularidad de la Secretaría del Despacho de Estado, confirmada en la nueva planta de 2 de abril de 1717 que redujo a tres el número de departamentos, en realidad actuó como una especie de secretario particular de Alberoni, sin carácter público y sin poder reconocido. Pero el despotismo de Alberoni no duró mucho tiempo. Su provocativa política exterior, sobre todo en Italia, y su codicia desmedida le granjearon numerosos enemigos que solicitaron su destitución. El 5 de diciembre de 1719 Felipe V firmó un decreto, donde le comunicaba que había sido apartado de los negocios y que debía abandonar Madrid en ocho días y España en tres semanas. Tras la salida de Alberoni, los tres secretarios del Despacho —Grimaldo, en Estado, José Rodrigo, en Gracia y Justicia, y Miguel Fernández Durán en Guerra y Marina— recuperaron su ámbito de gestión, especialmente Grimaldo, cuya autoridad no sólo se restableció sino que aumentó hasta tal punto que se vio convertido en el principal titular del gabinete. Felipe V adoptó la costumbre de hacerse acompañar, en sus frecuentes desplazamientos a los sitios reales, por un ministro con quien despachar todos los asuntos que necesitaban resolución. El primero en desempeñar esa tarea había sido Alberoni, pero desde 1720 el cometido recayó en el titular de Estado, con lo cual Grimaldo comenzó a conocer, además de los negocios extranjeros, todos aquellos que precisaban una orden del Monarca, con lo que fue elevado a la categoría de secretario del Despacho Universal en las jornadas reales. La influencia de Grimaldo iba en aumento. El 22 de junio de 1721 fue nombrado consejero de Estado, aunque por entonces este título era meramente honorífico y lucrativo, y confirmado en el departamento de Estado. Como además gozaba de la confianza de los Reyes, dice Coxe que era considerado como un primer ministro, aunque no tenía título de tal. Sin embargo, la situación en la Corte cada vez era más difícil. Felipe V siempre había mostrado flaqueza de espíritu y grave tendencia a la melancolía. En el verano de 1722 la enfermedad se acentuó tanto que le llevó a apartarse casi por completo de los asuntos mundanos, con la intención de preparar su alma para la salvación eterna. Se retiró al palacio de La Granja, haciéndose acompañar por Grimaldo, que fue el único ministro desplazado al real sitio. Al permanecer el resto en Madrid, Grimaldo tuvo que resolver todo tipo de negocios. No obstante, su poder era limitado. En realidad actuaba más como un secretario particular de Felipe V que como un primer ministro de la Corona. Sus contemporáneos afirman que nunca aspiró a imponer sus decisiones, sino que se limitó a ejecutar la voluntad real, haciendo todo lo que quería el Rey o, más bien, la Reina. Lo cierto es que, con un Monarca prácticamente desinteresado por la marcha de los negocios y un único ministro al frente de los mismos, a finales de 1723, el gobierno de la Monarquía se hacía insostenible. Por fin, el 10 de enero de 1724, Felipe V abdicó en su hijo Luis I. Ese mismo día Grimaldo, en calidad de notario del reino, se trasladó al Escorial, para entregar al príncipe de Asturias la escritura de cesión de la Corona. Cinco días más tarde Luis I firmó la escritura de aceptación. Felipe V, acompañado por su esposa, se retiró al palacio de San Ildefonso, reservándose únicamente para su asistencia a los marqueses de Grimaldo, como secretario personal, y de Valouse, antiguo mayordomo de semana que ahora asumía las funciones de mayordomo caballerizo. En consecuencia, Grimaldo fue jubilado en su empleo de secretario del Despacho de Estado (10 de enero de 1724). Le sustituyó un guipuzcoano, Juan Bautista de Orendain, antiguo paje suyo junto al que había desarrollado su carrera administrativa desde la secretaría del Consejo de Indias. Sin embargo, parece que Felipe V y, sobre todo, Isabel de Farnesio no quisieron apartarse completamente del gobierno. Por eso, antes de retirarse tomaron ciertas medidas. La primera fue conservar como secretario particular al marqués de Grimaldo, que de hecho continuó trabajando en los asuntos de Estado. La segunda, nombrar para los principales cargos políticos a personas que juzgaron incondicionalmente adictas. Y, la tercera, confiar el poder a una especie de Junta de Gabinete constituida por ellos, que actuaría como consejo asesor de Luis I. Así pues, por lo que se refiere a los asuntos de Estado, la resistencia de los Monarcas a perder su influencia en los principales negocios de la Monarquía terminó en una dualidad de Secretarías del Despacho. La de Madrid, formada por Orendain y siete oficiales, y la de San Ildefonso, compuesta por Grimaldo y tres oficiales. Esta dualidad confundía a la opinión pública, especialmente a los representantes y ministros de otras potencias, que no sabían dónde presentar sus credenciales; aunque todo parecía indicar que era Grimaldo quien mantenía el control del gobierno. En cualquier caso, la situación duró poco tiempo porque, a mediados de agosto, Luis I comenzó a mostrar los primeros signos de viruela, fatal enfermedad que acabó con su vida el último día de ese mes. La muerte del joven Monarca planteó el problema de la sucesión. Felipe V, en su renuncia, había dispuesto que, en caso de muerte de Luis I sin descendientes o siendo éstos menores de edad, se formaría una regencia compuesta por los presidentes de los Consejos. Pero llegado el momento, el marqués de Miraval, presidente del de Castilla, en lugar de poner esto en práctica, solicitó la vuelta del Rey al trono. Ante las exhortaciones de la ambiciosa Reina y con el apoyo de un grupo de opinión encabezado por Grimaldo y el embajador francés, el mariscal de Tessé, Felipe V decidió recuperar la Corona. Pero la hostilidad de un sector de la Corte y sus propias contradicciones internas le llevaron a someter la cuestión al doble dictamen del Consejo de Castilla y de una junta de teólogos formada ad hoc. Fue Grimaldo el intermediario en todas estas negociaciones, pues, desde que dejó de ser secretario del Despacho para marchar con el Rey a San Ildefonso, había acentuado su papel de secretario personal de Felipe V. El dictamen del Consejo fue ambiguo y el de los teólogos desfavorable. Pero entonces reaccionaron sus partidarios. La Reina solicitó del nuncio de Su Santidad un razonamiento que justificara la ruptura del juramento; y Grimaldo pidió al consejo que aclarara algunos puntos. El resultado fue una segunda consulta declarando inválida la abdicación por ser Fernando menor de edad. A la vista de la misma, el Rey decidió volver a ocupar el trono. Por lo que se refiere a los asuntos de Estado, el domingo 3 de septiembre, comunicó al mariscal de Tessé su intención de reintegrar a Grimaldo al frente de la Primera Secretaría del Despacho. Conocía Felipe V la mala opinión que tenía el embajador sobre este ministro, e incluso coincidía con él en algunos aspectos, por ello quiso justificar su decisión. Alegó que, pese a todo, Grimaldo llevaba veinte años a su servicio, que conocía sus defectos y que tendría mucho cuidado en el futuro, pero que no podía ni quería deshacerse de él. En efecto, al día siguiente, Grimaldo fue nombrado de nuevo secretario del Despacho de Estado. Orendain, por su parte, fue cesado, pero conservó cierta preeminencia en la Administración porque, a cambio, recibió la Secretaría del Despacho de Hacienda y la futura de Estado, sustituyendo mientras tanto a Grimaldo durante sus ausencias o enfermedades. La nueva etapa de Grimaldo al frente del Ministerio de Estado fue especialmente conflictiva. El que, a los ojos de la mayoría, aparecía como un poderoso ministro, tenía fuertes enemigos. Uno de los más tenaces era el mariscal de Tessé, que le acusaba de parcialidad hacia Inglaterra. Por ello el embajador francés buscó siempre su caída, y veía con agrado la paulatina elevación de Orendain. También éste, con el apoyo de la Reina, se reveló contra su antiguo benefactor intentando suplantarse. Sin embargo, el golpe definitivo contra su ya inestable poder vino de la mano de un aventurero holandés, el barón de Riperdá. Johann Wilhelm, octavo barón de Riperdá, había nacido en Groninga el 7 de marzo de 1680. Después de ejercer varios empleos, en mayo de 1715, consiguió ser nombrado enviado extraordinario en España y, en noviembre de ese mismo año, fue promovido a la calidad de embajador. Poco a poco fue creciendo su crédito, logrando la estimación y confianza de ministros tan importantes como Giudice o Alberoni. En noviembre de 1717 fue llamado por los Estados Generales. Decidió, entonces, marchar a Holanda, arreglar sus negocios y regresar a España, naturalizándose en un país que, en opinión de Coxe “podía llamarse paraíso de los aventureros”. En 1724 llegó su gran oportunidad. La devolución a España de la infanta española Ana María Victoria que estaba en París para desposarse, llegado el momento, con Luis XV, rompió la unión entre Francia y España. La Corte de Madrid dio un viraje en su política, orientándola ahora hacia Austria. Decidió entonces enviar a Viena un representante extraordinario para terminar con las diferencias entre Felipe V y el emperador Carlos VI, además de concluir el enlace del infante don Carlos con la mayor de las archiduquesas. El problema era encontrar a la persona idónea para esta negociación, pues el éxito de la misma dependía en gran medida del sigilo con que se llevase a cabo. El elegido fue Riperdá, pues los Reyes creyeron reconocer en él a ese tipo de agente secreto que podía ser enviado y retirado sin llamar la atención. El 19 de noviembre, en audiencia personal, los propios Reyes le comunicaron que había sido designado embajador extraordinario cerca del Emperador. Con gran sigilo partió Riperdá hacia Viena. En España sólo los Reyes y Orendain, a quien para mayor secreto Felipe V había encomendado el despacho del negociado de Viena, conocían su misión. Incluso el propio titular de Estado, el marqués de Grimaldo, ignoraba el verdadero objetivo de este viaje. Sin duda, esto supuso un duro golpe para el ministro, pues se vio apartado del conocimiento de la principal negociación de Estado, por lo que muchos dedujeron que había perdido el favor real. La misión fue un éxito. Ante la perplejidad de las Cortes europeas, el 30 de abril de 1725 se firmó el Tratado de Viena, que se completó con otros tres: uno de alianza defensiva, que no se publicó hasta 1727, otro de comercio (1 de mayo de 1725), y el último de oficialización de la paz (7 de junio de 1725). Como recompensa a sus servicios, Orendain obtuvo el título de marqués de la Paz, y Riperdá fue hecho duque y Grande de España de 3.ª clase. Nadie entendía cómo un personaje de tan poca solvencia había negociado una paz tan complicada, y todos sospechaban que guardaba algún secreto. Uno de los más sorprendidos fue Grimaldo, quien conoció por terceras personas la firma de la paz. Mientras, Riperdá, en la cima del éxito, comenzaba su gobierno absoluto enviando instrucciones desde Viena y desplazando a Grimaldo de la gestión de los principales asuntos de Estado. El 11 de diciembre llegó Riperdá a Madrid, donde fue recibido por los Reyes con grandes honores. Al día siguiente recibió el título de secretario de Estado y el empleo de secretario del Despacho, sin especificación concreta de negocios, lo cual rompía la práctica anterior de asignar a cada secretario del Despacho un ramo concreto de la Administración. Como observa Escudero, en el plano del derecho, Riperdá se convirtió en un secretario del Despacho sin negociación señalada, con lo que los demás secretarios del Despacho continuaron siendo titulares de sus respectivos departamentos; sin embargo, en el plano de hecho, asumió numerosas competencias, entre otras las de Estado, desplazando a Grimaldo. Así, se ocupó de todo lo perteneciente a los Tratados de Viena y a la Liga de Hannover. Pero la política austríaca de Riperdá resultó enormemente gravosa para España, pues en el Tratado de Viena se había comprometido a pagar grandes sumas de dinero a Carlos VI. El Emperador reclamaba esos subsidios y su embajador en Madrid, el conde de Konigseg, ponía al descubierto ante los Reyes los impremeditados compromisos que Riperdá había contraído en Viena. Puesta en tela de juicio la alianza con Austria, base fundamental de su rápida elevación, el prestigio de Riperdá comenzó a debilitarse, tanto ante la opinión pública, como ante los Reyes. El primer paso de Felipe V fue quitarle la presidencia de Hacienda, pero al conocer la noticia, contrariado y dolorido, presentó la renuncia a todos sus empleos, que le fue admitida al día siguiente, 14 de mayo de 1726. Grimaldo volvió a recuperar el control de la Primera Secretaría del Despacho, excepto lo relativo a las dependencias de la Paz de Viena, que se encargaron al marqués de la Paz. La situación del ya anciano ministro no era la merecida por quien llevaba más de veinte años al servicio de la Administración. En efecto, apartado de la negociación con Viena, punto central de los asuntos de Estado, Grimaldo sólo se ocupaba de anunciar fastidiosas noticias. Pero lo más duro era ver a su antiguo paje y protegido, ahora marqués de la Paz, intrigando para ocupar su puesto, aunque no veía en él una amenaza. Por el contrario, pensaba que del mismo modo que había sobrevivido a la princesa de los Ursinos, a Alberoni y a Riperdá, permanecería, una vez más, en segundo plano hasta que los Reyes perdieran las ilusiones sobre el Tratado de Viena y revisaran su política. Esta vez se equivocaba. Orendain supo moverse con habilidad y, aliado con el embajador de Austria Konigseg, acusó al ministro de manifiesta afición a Inglaterra. Por su parte, la Reina, que veía en Grimaldo un estorbo para el mantenimiento de su política proimperial, utilizó el mismo argumento y presionó al Rey para que le destituyera. Finamente, Felipe V resolvió cesarle en su empleo, entregando los negocios de la Primera Secretaría al marqués de la Paz, para que los uniera a los que ya tenía. El 29 de septiembre de 1726 recibía un despacho firmado por su sucesor, donde le comunicaba que había sido cesado en sus funciones de secretario del Despacho de Estado, aunque conservaba el sueldo y título de Excelencia. Dos días después se publicó el decreto de jubilación. Falleció en Madrid, el 3 de julio de 1733. Se había casado con Francia Hermosa y Espejo, con quien tuvo dos hijos: Bernardo María, II marqués de Grimaldo, y Pedro de Alcántara, caballero de Malta. Bibl.: W. Coxe, España bajo el reinado de la Casa de Borbón. Desde 1700 en que subió al trono Felipe V hasta la muerte de Carlos III acaecida en 1788, trad. y notas de J. de Salas Quiroga, Madrid, 1846-1847; A. Baudrillart, Philippe V et la Cour de France, Paris, 1890-1904; Marqués de San Felipe, Comentarios de la Guerra de España e historia de su rey Felipe V el Animoso, ed. de C. Seco Serrano, Madrid, Atlas, 1957 (col. Biblioteca de Autores Cristianos, vol. XCIC); C. Fernández Espeso y J. Martínez Cardos, Primera Secretaría de Estado. Ministerio de Estado. Disposiciones orgánicas (1705-1936), Madrid, Ministerio de Asuntos Exteriores, 1972; J. A. Escudero, Los Secretarios de Estado y del Despacho (11474-1724), Madrid, Instituto de Estudios Administrativos, 1976; Los orígenes del Consejo de Ministros, Madrid, Editora Nacional, 1979; F. Barrios, El Consejo de Estado de la Monarquía española, 1521- 1812, Madrid, Consejo de Estado, 1984; J. Lynch, El siglo xviii, Barcelona, Editorial Crítica, 1991; P. Voltes, Felipe V fundador de la España contemporánea, Madrid, Espasa Calpe, 1991; B. Badorrey, Los orígenes del Ministerio de Asuntos Exteriores (1714-1808), Madrid, Ministerio de Asuntos Exteriores, 1999; C. de Castro, A la sombra de Felipe V. José Grimaldo, ministro responsable (1703-1726), Madrid, Marcial Pons, Ediciones de Historia, 2004. |
Pedro Cayetano Fernández del Campo y Salvatierra.  Biografía Fernández del Campo y Salvatierra, Pedro Cayetano. Marqués de Mejorada del Campo (II). Madrid, 22.IV.1656 – Palacio de la dehesa de Viñuelas (Madrid), 16.V.1721. Secretario de Despacho Universal, embajador. Hijo de Pedro Fernández del Campo y Angulo y de su esposa Teresa de Salvatierra y Velasco, fue bautizado en la madrileña parroquia de San Juan (3 de mayo de 1656). Mediante gestiones paternas, obtuvo ya en 1663 el nombramiento de caballero de la Orden de Alcántara, tras minucioso examen de sus antecedentes familiares. El 4 de mayo de 1671, la reina tutora Mariana de Austria le nombró “oficial segundo de número de la Secretaría de Estado de la Negociación del Norte [...] en consideración a los muchos particulares y agradables servicios de D. Pedro Fernández del Campo y Angulo, su padre, executados por espacio de 40 años”, con el emolumento de 1.700 reales. El 12 de mayo de 1675, Pedro Cayetano, al igual que su hermano Íñigo, fue recibido como menino de la Reina; el 27 de mayo de 1675 fue nombrado gentilhombre de boca del Rey, con la paga de 67.500 maravedís; y el 5 de diciembre de 1675 se le concedió el puesto de acemilero mayor de la Casa del Rey, con el sueldo de 219.624 maravedís. La Reina, el 7 de diciembre de 1677, le autorizó la entrada en el cuarto del rey Carlos II y en la antecámara del suyo. En 1685 se casó con María Teresa de Alvarado Bracamonte y Grimón, marquesa de La Breña. No pudiendo desempeñar su tío Íñigo Fernández del Campo y Angulo “por su falta de salud y achaques” el cargo de “secretario del Patronato de la real capilla”, el 26 de enero de 1688, fue designado Pedro Cayetano para reemplazarlo. Con la nueva dinastía reinante, prosiguió brillantemente su carrera. Así, en 1705, el rey Felipe V le concedió “la propiedad de la Secretaría de Estado de la negociación de Italia” atendiendo a sus “méritos propios y los heredados”. En 1705 también le nombró secretario de Despacho Universal, por ser hombre “muy práctico y de pronto expediente, aunque el natural no el más dulce. Después, viendo que tanta mole de negocios era insoportable cargo para uno, se eligió para los de Guerra y Hacienda, por secretario de Despacho, a José Grimaldo”. Su dedicación a las tareas administrativas no le impidió desempeñar valiente actividad castrense, aun “con gran dispendio de su hacienda”, interviniendo decisivamente en la campaña de 1706 que desde la comarca de Alcalá de Henares consiguió recuperar la villa de Madrid para Felipe V por obligada evacuación de austríacos y portugueses allí instalados, expulsando del Palacio Real a los partidarios del archiduque de Austria entre los que se hallaban el conde de las Amayuelas y otros nobles (4-7 de agosto de 1706). Probablemente por intrigas del fiscal del Consejo de Castilla, el controvertido Melchor de Macanaz, “la Secretaría del Despacho Universal de Estado y Justicia se quitó al marqués de Mejorada, creándole consejero de Estado”, el 15 de abril de 1714. En esta etapa consiguió eximir de contribuciones durante cuatro años a los habitantes de su jurisdicción de Mejorada, a causa de lo mucho que sufrió dicha localidad en la Guerra de Sucesión. También dotó a la iglesia de una bella capilla dedicada a san Justo, en cuyo interior situó su escudo nobiliario. Pedro Cayetano murió el 16 de mayo de 1721 en el palacio de la dehesa de Viñuelas, propiedad de su esposa. Habiendo fallecido su hija mayor, le sucedió en el marquesado de Mejorada del Campo su hija María Ana Sinforosa Fernández del Campo (casada en 1717 con Cristóbal Alfonso de Sousa y Eraso). Fallecida ésta en 1725, su hija Antonia Justa heredó la posesión de dicho marquesado. Casada en segundas nupcias, el 27 de febrero de 1740, con su primo Vasco Alfonso de Sousa, “recayó en este ilustre apellido lusitano el título de Marqués de Mejorada del Campo”. No consta que hubiera descendencia de tal unión, por lo que cabe se haya extinguido esta rama Fernández del Campo. El señorío de Mejorada del Campo fue vendido en 1757, precisamente a un descendiente de quien lo había enajenado a Pedro Fernández del Campo y Angulo. De otra rama Fernández del Campo, afincada en Ledesma y su comarca (Salamanca) desde antes de 1548, con escudo nobiliario distinto del de la aquí indicada, sí existen descendientes, sobre todo en Salamanca, pero también en la provincia de Zamora y en Madrid. Fuentes y bibl.: Archivo Histórico Nacional, Órdenes militares, leg. 509; Estado, leg. 2820; Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, col. Pergaminos, c. 71-10; Archivo General de Simancas, Quitaciones de Corte, leg. 36; Archivo General de Palacio, exps. personales c. 344/36. J. Sanz Martínez, Rincones de la España vieja, Madrid, Editorial Mundo Latino, 1919, págs. 38, 51, 53, 57-58 y 67-72; V. Bacallar y Sanna, marqués de San Felipe, Comentarios de la guerra de España e historia de su rey Felipe V, Madrid, Atlas, 1957, págs. 84, 118 y 245; F. Barrios, El Consejo de Estado de la Monarquía Española 1521-1812, Madrid, Consejo de Estado, 1984, pág. 412. |
Manuel Vadillo Velasco. Biografía Vadillo Velasco, Manuel. Ciella (Burgos), 13.VII.1659 ant. – Madrid, 25.VI.1729. Secretario de Estado y del Despacho Universal, secretario de la Secretaría Única del Consejo de Estado y consejero de la Cámara y Consejo de Indias. Nació en el seno de una de las familias más importantes del valle de Mena, en Burgos. Sus padres fueron Juan de Vadillo Estrada, natural de Quincoces, en la Merindad de Losa, y María Feliberta Velasco, de Ciella, quienes cuando fallecieron situaron a Manuel como sucesor y dueño de la casa torre y solar de Velasco Estrada, en el valle de Losa, y como cabeza del patronato que este linaje poseía en la iglesia de San Cosme y San Damián, sita en el lugar de Ciella. Sin embargo, el destino de Manuel no estuvo encerrado en los límites de su pueblo natal. Desde muy niño pasó a Madrid al abrigo de su tío Pedro Fernández del Campo, I marqués de Mejorada, para perfeccionarse en su educación y buscar un destino en la alta Administración. De este modo, y bajo este patrocinio, en 1673 entró en el servicio real con el empleo de oficial último de la Secretaría del Despacho Universal, comenzando así una brillante carrera que le llevó hasta las más altas cotas políticas de la Monarquía. En un principio, y durante las dos últimas décadas de siglo, fue desempeñando empleos en secretarías relacionadas con los asuntos de Italia. De este modo, primero ocupó la plaza de oficial entretenido último de la Secretaría de Italia del Consejo de Estado y, seguidamente, el 2 de mayo de 1681 obtuvo el grado de escribano de esta misma secretaría. Posteriormente, el 12 de mayo de 1683 recibió el título de secretario del Rey ad honorem y continuó con sus ascensos en esta administración. Así, el 12 de julio de 1684 llegó a ser oficial tercero de la secretaría de Estado de Italia y el 20 de marzo de 1685 avanzó hasta el grado de oficial segundo. En este mismo año, otro hecho importante fue la concesión que le otorgó Carlos II para vestir el hábito de la Orden de Santiago. Siguiendo con esta trayectoria, el 18 de agosto de 1699 fue elegido secretario del Consejo de Milán y el 20 de diciembre de 1699 fue nombrado secretario de Sicilia. Unos meses después, el 9 de marzo de 1700, comenzó a desempeñar el empleo de secretario de Nápoles. Asimismo, en estos últimos años su carrera en la Administración real se consolidó fuertemente y empezó a desarrollar empleos en otros ámbitos y oficinas. De este modo, el 8 de junio de 1696 fue nombrado secretario de la Secretaría del Consejo de Órdenes Militares y el 3 de marzo de 1698 fue elegido secretario de la Secretaría de Justicia de la Cámara de Castilla. Sin embargo, la llegada al Trono español de Felipe V supuso un cambio profundo en el organigrama administrativo de la Monarquía. Desde un principio, el nuevo Rey se rodeó de personas escogidas para su asesoramiento en el despacho de los negocios del Estado, y Manuel Vadillo fue uno de estos elegidos, tomando parte activa de estos órganos de gobierno. Entre los condicionantes que le valieron la obtención de la confianza del Monarca pudieron ser su probada fidelidad, sus estrechos vínculos familiares con el marqués de Mejorada y, finalmente, su relación con el cardenal Portocarrero, de quien había sido secretario, que era un hombre de gran peso político, que anteriormente había defendido la candidatura del pretendiente francés para el Trono español y que, una vez efectiva, se erigió en uno de los principales colaboradores de Felipe V durante los inicios de su reinado. De este modo, en el mes de febrero de 1701 se instituyó el Consejo de Gabinete. En un principio sus componentes fueron el cardenal Portocarrero, Manuel Arias, como presidente del Consejo de Castilla que despachaban a boca, y a Antonio Ubilla, secretario del Despacho Universal, que hacía de secretario. A principios de 1701, el embajador de Francia también consiguió entrada para los negocios comprometidos, aunque no figuró nunca como miembro de pleno derecho. Desde su institución, Manuel Vadillo fue designado como uno de sus vocales y fue el elegido para suplantar a Ubilla durante sus ausencias, actuando interinamente como secretario del Despacho Universal de Estado. Posteriormente, el 8 de abril de 1702 se creó la Junta de Gobierno para la administración de los asuntos de la Monarquía durante la ausencia de Felipe V en su viaje a Italia. Este organismo, que estuvo presidido por la reina María Luisa de Saboya, se compuso con presidentes de varios consejos y se contó con la actuación de Manuel Vadillo como secretario. Por los servicios realizados en estos años el Rey le quiso recompensar el 27 de enero de 1702 otorgándole como merced el título de comendador de la encomienda de Pozuelo, de la Orden de Calatrava. Además, antes de 1706 también logró alcanzar los puestos de secretario del Real Patronato de Castilla de la Cámara del Consejo de Castilla y notario mayor de los Reinos de Castilla. Sin embargo, en su trayectoria prosiguió escalando posiciones en la nueva administración que estaba configurando Felipe V. De hecho, el 2 de octubre de 1706 fue elegido secretario de la única secretaría del Consejo de Estado resultante de la fusión de las secretarías del Norte y la secretaría de Italia del Consejo de Estado. En realidad, el propietario de este empleo fue su pariente Pedro Cayetano Fernández del Campo, II marqués de Mejorada. Su sueldo fue de 29.412 reales de vellón anuales (1.000.000 maravedís). Sin embargo, el punto culminante de su carrera se produjo en 1714 cuando Felipe V le eligió para encabezar una de las secretarías del Despacho. Por una parte, el 15 de abril de 1714, sustituyendo otra vez a su pariente Mejorada, fue nombrado secretario del Despacho de lo político, teniendo a su cargo todo lo referente a lo eclesiástico en la Monarquía, todo lo referente a tribunales, a corregidores y a negocios de gracia y justicia. Estas labores de secretario del Despacho las compartió con José Grimaldo, que venía tratando los asuntos de Guerra y Hacienda. Además, el Real Decreto de 30 noviembre de 1714 supuso un cambio profundo en la organización de la Administración Real, ya que las secretarías del Despacho Universal fueron enumeradas en cuatro negociados relacionadas con cada uno de los Despachos, así como colocaron bajo su autoridad a los Consejos y al personal de su jurisdicción. Entre los secretarios del Despacho que fueron nombrados estuvo Manuel Vadillo, como secretario del Despacho Universal para todo lo eclesiástico, lo de justicia y su jurisdicción, continuando así con las anteriores funciones. Su salario fue de 60.000 reales de vellón anuales. Los otros secretarios designados fueron José de Grimaldo (Estado); Miguel Fernández Durán (Guerra); Bernardo Tinajero (Marina e Indias). Además, se creó la figura del veedor general —Juan Orry—, que se encargó de los negocios de Hacienda y que estuvo auxiliado por un intendente universal, el obispo de la Gironda El 20 de febrero de 1717 se apartó de sus tareas de la Secretaría del Despacho porque fue nombrado consejero togado del Consejo de Indias y un mes después, el 10 de febrero, entró a formar parte como camarista de la Cámara de dicho Consejo. Tras su fallecimiento acaecido en 1729, a su viuda, la señora Teresa Gorcey y Atayde, resolvió el Rey otorgarle la cantidad correspondiente a un año de sueldo de ministro del Consejo de Indias, como ya se había practicado con otras viudas de consejeros. Más adelante, por Real Orden de 23 de diciembre de 1735, esta gracia derivó en una pensión anual de 500 doblones anuales. Fuentes y bibl.: Archivo General de Simancas, Secretaría y Superintendencia de Hacienda, 56, n.º 1; Dirección General del Tesoro, invent. 2, leg. 14; Archivo Histórico Nacional, Órdenes Militares, Santiago, exp. 8395. Primera Secretaría de Estado. Ministerio de Estado. Disposiciones Orgánicas (1705-1936), t. I, Madrid, Secretaría General Técnica Ministerio de Asuntos Exteriores, 1972, págs. LVIILVIII; J. A. Escudero, Los secretarios de Estado y del Despacho (1474-1724), t. III, Madrid, Instituto de Estudios Administrativos, 1976, pág. 742; Los orígenes del Consejo de Ministros en España. La Junta Suprema de Estado, t. I, Madrid, Editora Nacional, 1979, págs. 34-48; M. A. Burkholder, Biographical dictionary of councilors of the Indies, 1717-1808, New York, Greenwood Press, 1986; R. Gómez-Rivero, El Ministerio de Justicia en España (1714-1812), Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1999, pág. 689; C. Castro, A la sombra de Felipe V. José de Grimaldo, ministro responsable (1703-1726), Madrid, Marcial Pons, 2004, pág. 46. |
Miguel Fernández Durán Fernández de la Casa. Biografía Fernández Durán Fernández de la Casa, Miguel. Marqués de Tolosa (I). Braojos (Madrid), 1.V.1681 – Madrid, 10.X.1721. Secretario de Estado y de los Despachos de Guerra y Marina e Indias. Sus padres, Miguel Fernández Durán, natural de Bellidas, y Magdalena Fernández de la Casa, nacida en Braojos, eran hijosdalgo de la tierra y jurisdicción de Buitrago, calidad heredada también por su hijo. Éste adquirió durante su juventud, coincidente con los últimos años del reinado de Carlos II, una formación básica que poco después le ayudó a la hora de entrar a servir su primer empleo en la Administración. Cumplidos los diecinueve años, Miguel Fernández Durán fue “testigo” del fallecimiento del último de los Austrias españoles y del inicio de la Guerra de Sucesión a la Corona de España, que enfrentó al archiduque Carlos de Austria con el nieto de Luis XIV de Francia, Felipe de Anjou. Designado éste rey de España en el último testamento de Carlos II, hizo su entrada en Madrid el 18 de febrero de 1701. El acceso al trono de Felipe V tuvo como consecuencia una total reorganización y racionalización en el aparato de Gobierno y Administración de la Monarquía española. En decadencia los Consejos, protagonistas junto al secretario del Despacho Universal del régimen polisinodial conforme al cual se gobernó la Monarquía en los siglos xvi y xvii, Felipe V adaptó la Administración española al diseño francés. Los cambios en el esquema del gobierno español respondían a la influencia que ciertos personajes franceses ejercían en el entorno de Felipe V en esos primeros años de su reinado. Era el caso de Ana María de la Tremoille, princesa de los Ursinos y camarera mayor de la reina María Luisa, y de Jean Orry, intendente de Hacienda. A pesar de haber sido obligados a regresar a Versalles en 1704 debido a sus intrigas en la Corte, poco después volvieron los dos acompañados de Amelot, nuevo embajador francés en España. A partir de entonces, y durante unos años, estos tres personajes, a las órdenes de Felipe V, fueron los verdaderos gestores de la política nacional. Por otro lado, esos consejeros franceses que acompañaron a Felipe V a España alejaron de la maquinaria del poder a la alta nobleza española, causando su lógica enemistad. Sin embargo, esta circunstancia facilitó el acceso a los diversos puestos de la Administración a una serie de individuos que reunían unas mismas características: nacionalidad española, nacidas en las dos o tres últimas décadas del siglo anterior, valiosa formación jurídica y, lo que es más importante, dotados de unas cualidades innatas para llevar a cabo las reformas políticas y económicas que España necesitaba. Comenzaron su actividad pública en puestos inferiores de la Administración, para desde allí ir ascendiendo y alcanzar, algunos de ellos, la cúspide del poder: la titularidad de los ministerios. Uno de estos personajes fue Miguel Fernández Durán. La primera gran reforma, que permitió a Fernández Durán acceder a su primer trabajo, fue realizada por Real Decreto de 11 de julio de 1705. Se dividió en dos la única Secretaría del Despacho Universal, de tal manera que una despachase todo lo relativo a Guerra y Hacienda, y otra “todo lo demás de cualquier materia que sea”. Inmerso el país en un conflicto bélico, esta división era acorde con esa situación, pues se otorgó el papel preponderante al Departamento de Guerra y Hacienda, dejando en un segundo plano a la otra Secretaría, a cargo de Pedro Fernández del Campo, marqués de Mejorada. Fue precisamente en la nueva Secretaría del Despacho de Guerra y Hacienda donde Fernández Durán encontró acomodo. En efecto, al servicio de José Grimaldo, titular de la Secretaría, fue nombrado el 14 de julio de 1705 oficial de la misma, en concreto, encargado del registro de oficio y parte de Hacienda. Esta función era puramente burocrática, pues se ocupaba de controlar la documentación que circulaba en la Secretaría y del asiento en los libros-registro de todas las resoluciones, cédulas y decretos tramitados, ya fueran relativos a asuntos de oficio, ya a asuntos de particulares. Los años de servicio en la Secretaría del Despacho de Guerra y Hacienda fueron de una enorme utilidad para Fernández Durán. Además de medio de vida, su trabajo le permitió conocer todos los entresijos de esa nueva estructura administrativa española fruto del espíritu innovador del nuevo siglo. Al mismo tiempo, como mero espectador de las rivalidades entre los diversos grupos de poder que se movían en la Corte, supo mantenerse aislado de todo enfrentamiento y contó en todo momento con el aprecio de sus superiores, ya fueran españoles (Grimaldo) o extranjeros (Orry). Por otro lado, su empleo en la Secretaría le proporcionó una enorme experiencia en materia hacendística y, en especial, en asuntos militares. Coincidió con una fase especialmente virulenta de la Guerra de Sucesión, con la presencia del propio archiduque Carlos de Austria en suelo español. Los aliados conquistaron Barcelona y obligaron a las tropas felipistas a retirarse al interior de España. La pérdida de toda Cataluña y Aragón motivó la decisión de Felipe V de marchar hacia el frente en febrero de 1706. Pero esto no pudo evitar que el Archiduque fuera proclamado rey de España en Madrid el 2 de julio de ese mismo año. En estas circunstancias, puede entenderse la importancia de la labor que había de desarrollar la Secretaría del Despacho de Guerra y Hacienda en lo concerniente a la adecuada gestión de los recursos financieros disponibles y su eficaz aplicación a las necesidades militares del Ejército de Felipe V. En ello pusieron manos a la obra el francés Orry, gran reformador de la Hacienda española en el primer quinquenio del siglo xviii, y Grimaldo, titular de la Secretaría. Fernández Durán ascendió de oficial de registro de oficio y parte a oficial tercero, pasando a ocupar un papel más relevante en el organigrama interno de la Secretaría que dirigía el propio Grimaldo. Todavía empleado en dicha Secretaría, se le nombró secretario del Consejo de las Órdenes. Al igual que la gran mayoría de sus compañeros del Consejo, Fernández Durán pertenecía a una de las órdenes militares existentes. Concretamente, el 10 de octubre de 1705 recibió merced de hábito de una de las tres órdenes militares, aunque el expediente como caballero de la de Calatrava fue definitivamente aprobado el 5 de abril de 1708. Un nuevo campo de la maquinaria estatal se abría ante él. El Consejo de las Órdenes estaba formado por dos salas, una de gobierno y otra de justicia. Entre sus funciones estaban la gestión del patrimonio y territorio de las órdenes, la resolución de los pleitos producidos en el territorio de las mismas y la realización de las pruebas de nobleza de los aspirantes a caballeros. En calidad de secretario de este Consejo, y con varios oficiales a su servicio, Fernández Durán era el encargado de mover todo el entramado interno. A modo de coordinador, manejaba los papeles del Consejo dándoles su curso adecuado, refrendaba en determinadas ocasiones los despachos y demás disposiciones emanadas del organismo y dirigía a sus subordinados en vistas a un funcionamiento más dinámico. Durante estos años en los que Fernández Durán era todavía un actor secundario en la escena política española, el curso de la Guerra de Sucesión varió radicalmente. La derrota de los aliados en la batalla de Almansa (1707) fue el punto de partida para la definitiva victoria felipista, que terminó de concretarse tras la conquista de Zaragoza, Lérida y Gerona unos años más tarde. Tan sólo Barcelona resistió un tiempo más, lo cual no impidió que se firmaran los tratados de Utrecht y Rastadt en 1713 y 1714, respectivamente. A pesar de la derrota de la causa del Archiduque, España pagó un alto precio por el definitivo establecimiento de la Casa de Borbón. La redacción definitiva de esos tratados supuso la pérdida de los territorios italianos y de los Países Bajos españoles, de tal manera que España perdía toda influencia en Europa y el control del Mediterráneo. El año 1714 fue crucial en el reinado de Felipe V. El 14 de febrero fallecía la reina María Luisa, con lo que al dolor personal del Monarca se añadía un problema adicional, como era el de búsqueda de su sustituta como reina de España. Éste fue también el año del asedio definitivo de Barcelona por las tropas de Felipe V, que entraron en la Ciudad Condal en septiembre después de una fuerte resistencia. Además, en 1714 se produjo una trascendental reforma en la estructura de la Administración Central española, en la que Miguel Fernández Durán ya fue uno de los protagonistas principales. En efecto, el francés Orry, que por entonces alcanzaba, junto a la princesa de los Ursinos, el cenit de su poder en el Gobierno de la Monarquía, diseñó un amplio plan de reformas que afectó a varios sectores de la Administración. Junto a una serie de cambios de contenido estrictamente económico, el sistema de gobierno cambió radicalmente, pues se adoptó el modelo vigente en Francia. Así, y de acuerdo con una división competencial por materias, las dos Secretarías del Despacho de 1705 se convirtieron en cuatro en noviembre de 1714: Estado, Guerra, Marina e Indias y Justicia y Gobierno Político. Al frente del nuevo Ministerio de Guerra se nombró a Miguel Fernández Durán. Se recompensaban así sus años de trabajo como oficial de la antigua Secretaría del Despacho de Guerra y Hacienda y como secretario del Consejo de las Órdenes. Además, había colaborado activamente unos meses antes en el bloqueo de Barcelona, dictando las disposiciones oportunas para socorrer y asistir a las tropas que sitiaban la ciudad. Esta última circunstancia fue reconocida expresamente en su nombramiento. Unos días después recibió también Fernández Durán el título de secretario de Estado, siguiendo así la costumbre de conferir este título y empleo a todos los secretarios del Despacho. Curiosamente, Jean Orry, artífice de esta trascendental reforma de 1714, cayó en desgracia unos meses después. Su caída fue simultánea a la de la princesa de los Ursinos y al ascenso al favor real de Alberoni. El italiano Giulio Alberoni había llegado a España unos años antes como encargado de los negocios del duque de Parma. Con cada vez más influencia en Palacio, fue el artífice junto con la princesa de los Ursinos del matrimonio de Felipe V con Isabel de Farnesio. Ésta, después de firmarse el contrato matrimonial en agosto de 1714, dispuso su viaje a España para el mes de diciembre. Ya cerca de la capital, salió la princesa de los Ursinos a recibir a la nueva reina en la localidad de Jadraque, y fue allí donde se precipitaron los acontecimientos. En la entrevista que mantuvieron ambas damas se produjo un agrio enfrentamiento, que terminó con la orden de expulsión inmediata del país de la de los Ursinos, a lo que Felipe V no se opuso. La misma suerte corrió poco tiempo después Orry, el otro mentor de la causa francesa en la Corte española. Se abría así una nueva etapa en el Gobierno de España, caracterizada por el dominio absoluto de Alberoni. El gobierno de éste cambió completamente la orientación de la política exterior española. Deseoso de complacer a la Reina, Alberoni no dudó un instante en poner todos los medios para que Isabel de Farnesio viera cumplido uno de sus grandes objetivos: encontrar para sus hijos un territorio donde gobernar. Conocedora de que a Felipe V habría de sucederle, bien Luis, bien Fernando, hijos de su primera mujer, Isabel de Farnesio intentó a toda costa encontrar un “acomodo” para sus propios hijos. Con la excusa de recuperar los territorios perdidos por España en Utrecht, la Reina, bien secundada por su compatriota Alberoni, se lanzó a una agresiva política en el escenario europeo. En cuanto a Fernández Durán, como titular de la Secretaría de Estado y del Despacho de Guerra, había de ser pieza fundamental en esta nueva política. Más aún si se tiene en cuenta que en febrero de 1715, al ser despedido Bernardo Tinajero de la Escalera como titular de la Secretaría de Estado y del Despacho de Marina e Indias, las competencias de Marina fueron incorporadas al Ministerio de Guerra de Fernández Durán. Sometido a las órdenes de Alberoni, que ejercía a modo de privado o primer ministro, Fernández Durán puso manos a la obra en la recuperación del antiguo poderío naval español. En esta tarea cobró también un protagonismo especial José Patiño, por entonces intendente general de la Marina de España. Sin una Armada con garantías, los objetivos territoriales de la Reina no podrían nunca cumplirse. Se compraron en el extranjero varios navíos y se inició la construcción de otros muchos en los todavía incipientes astilleros españoles. Ya con una Armada más numerosa, se realizaron las victoriosas expediciones militares a Cerdeña (1717) y Sicilia (1718), preparadas concienzudamente en varias reuniones a las que asistieron Alberoni, Fernández Durán y Patiño. Sin embargo, esta política expansionista auspiciada por la reina Isabel provocó el inmediato rechazo de las potencias europeas. Tras la derrota de la Armada española por la escuadra inglesa en el cabo Passaro, Inglaterra, Saboya, Francia y Austria formalizaron la Cuádruple Alianza, cuyo fin era poner freno de manera inmediata a la beligerante política española, a la vez que acabar con Alberoni, que ya había recibido el capelo cardenalicio. Ante la amenaza europea, España tuvo que retirarse de Cerdeña y Sicilia y los Reyes destituir al cardenal, no sólo porque así lo exigían los firmantes de la Cuádruple Alianza, sino porque ellos mismos habían perdido toda confianza en él. El 5 de diciembre de 1719 fue el propio Miguel Fernández Durán quien, por orden del Rey, comunicaba a Alberoni su separación y la obligación de salir de España en el plazo de tres semanas. La salida de Alberoni quiso ser aprovechada por los enemigos que Fernández Durán tenía en la Corte para conseguir también su caída. Pero el ministro gozaba del aprecio de Felipe V, con quien despachaba a menudo. Hasta tal punto había crecido su influencia en el entorno del Rey, que en las dos últimas reorganizaciones ministeriales, efectuadas en 1717 y 1720, Fernández Durán no sólo se mantuvo como secretario de Estado y del Despacho de Guerra y Marina, sino que añadió a su ámbito de conocimiento los asuntos de Indias, excepto lo eclesiástico, desde diciembre de 1720. No obstante, unos días después, Fernández Durán fue destituido como consecuencia de su vinculación con los asentistas que habían proporcionado los víveres necesarios para la campaña de Ceuta. Esta ciudad estaba sitiada desde 1694, cuando el bajá Alí Benabdalat se presentó a sus puertas al mando de cuarenta mil hombres. Ya en 1715 Felipe V había decidido iniciar las operaciones, pero hasta 1720 no se organizó un importante contingente militar con el fin de levantar el sitio definitivamente. En pocos días el Ejército español liberó la ciudad, pero el mal estado de los alimentos suministrados provocó el fallecimiento de hasta cuatro mil soldados. El Rey ordenó una investigación hasta las últimas consecuencias y, como resultado de ella, se probó la relación de Fernández Durán con las casas de los asentistas Juan Prieto y Antonio López Tejada, marqués de Gállegos, pues no en vano el ministro estaba casado con la hija de este último. Se impusieron fuertes multas a los asentistas y Felipe V ordenó varios ceses, entre ellos el de Miguel Fernández Durán como secretario de Estado y del Despacho de Guerra, Marina e Indias. Sin embargo, a manera de retiro más o menos honroso, el 8 de enero de 1721, mismo día de su destitución, se le dio plaza de consejero de Indias. Separado de toda responsabilidad de gobierno y abrumado por los hechos de Ceuta, Miguel Fernández Durán fallecía en Madrid el 10 de octubre de 1721. Había casado con María López de Tejada, con quien tuvo a su hijo Miguel Fernández Durán y López de Tejada, también caballero de Calatrava. Éste heredó a su vez el marquesado de Tolosa concedido por Felipe V a su padre el 11 de enero de 1719. Bibl.: V. Bacallar y Sanna, Comentarios de la Guerra de España, e historia de su rey Phelipe V el Animoso, desde el principio de su reinado hasta la paz general del año de 1725, Génova, 1725; N. de Jesús Belando, Historia civil de España, sucessos de la guerra y tratados de paz, desde el año de 1700 hasta el de 1733, t. III, Madrid, 1744; C. Fernández Espeso y J. Martínez Cardós, Primera Secretaría de Estado. Ministerio de Estado. Disposiciones orgánicas (1705-1936), Madrid, Ministerio de Asuntos Exteriores, 1972; J. A. Escudero López, Los secretarios de Estado y del Despacho, Madrid, Instituto de Estudios Administrativos, 1976; “La reconstrucción de la Administración central en el siglo xviii”, en Historia de España de Menéndez Pidal, t. XXIX, Madrid, Espasa Calpe, 1985, págs. 78-175; D. A. Perona Tomás, Los orígenes del Ministerio de Marina. La Secretaría de Estado y el Despacho de Marina. 1714-1808, Madrid, Ministerio de Defensa, 1998; B. Badorrey Martín, Los orígenes del Ministerio de Asuntos Exteriores (1714-1808), Madrid, Ministerio de Asuntos Exteriores, 1999; J. A. Escudero López, Los orígenes del Consejo de Ministros en España, Madrid, Complutense, 2001 (reed.). |
Bernardo Tinajero de la Escalera Biografía Tinajero de la Escalera, Bernardo. España, s. xvii – Madrid, 17.VIII.1718. Secretario de Estado y del Despacho de Marina e Indias, consejero de Hacienda. Si bien pareciera que se graduó en Derecho no consta que hubiera ejercido la profesión de abogado y sí que a finales del siglo xvii se hallaba avecindado en Sevilla como comerciante y cargador de la carrera de Indias, y así pasaría a la Nueva España en compañía de su mujer como cargador (1699), pero regresó al poco tiempo y cuando fue excluido por el Consulado de Sevilla de las Juntas Generales de Comercio (6 de junio de 1705) pasó a la Villa y Corte en defensa de sus derechos y allí logró su nombramiento como fiscal de la Junta de Cuentas (15 de diciembre de 1705) encargada de examinar las actividades de los priores y cónsules de Sevilla desde 1689 en adelante. En la Corte obtuvo también su nombramiento como secretario del Consejo de Indias en la parte del Perú (14 de abril de 1705) y se hizo cargo también de la secretaría del Consejo de Indias por lo tocante a los negocios de la Nueva España (1705-1708) con ocasión de la prisión de su titular Félix de la Cruz. Formó parte de la Junta de Indultos (1707-1709), de la Junta de Azogues, Comercio General de España y Asiento de Negros (1708), sirvió como fiscal de la Junta de Prorrateo (1709), suplió algunos meses la secretaría de la Nueva España (2 de julio de 1709 a 29 de octubre de 1709), y sirvió también la secretaría de la Real Junta de Azogues cuando su propietario Juan Manuel de Zevallos huyó al bando de los austracistas (1710). Fue nombrado secretario de Estado y del Despacho de Marina e Indias (3 de diciembre de 1714), empleo en el que despachó hasta que fue suprimida dicha Secretaría (28 de abril de 1715), concediéndosele al día siguiente una plaza en el Consejo de Hacienda, pero tuvo que abandonarla tres meses más tarde, cuando se decretó la vuelta a la planta que tenía el Consejo antes de las reformas de Orry (31 de julio de 1715) y en el año siguiente, cuando Bartolomé de Badarán pasó a desempeñar el corregimiento de Granada, Tinajero de la Escalera fue habilitado para que sirviera interinamente su plaza en el Consejo de Hacienda (20 de agosto de 1716), pero la reforma del año siguiente (26 de enero de 1717) nuevamente le dejó fuera del Consejo de Hacienda. Contrajo matrimonio con Juana Pérez Caro, a quien dejó viuda con dos hijos, a saber, Juan Bernardo Tinajero de la Escalera, y una hija viuda con tres hijos pequeños. Fuentes y bibl.: Archivo General de Indias, Contratación, 5.459, n. 160; Indiferente General, 598, l. 36; 607, l. 2; Quito, 144, n. 54; Archivo Histórico Nacional, Consejos, lib. 733, fol. 183r.; Diversos-Colecciones, 38, n. 10. G. Bernard, Le Secrétariat d’État et le Conseil espagnol des Indes, (1700-1808), Genéve-Paris, Droz, 1976, págs. 31, 229 y 286; M. Gómez Gómez, Actores del Documento. Oficiales, archiveros y escribientes de la Secretaría de Estado y del Despacho Universal de Indias durante el siglo xviiiI, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2003, págs. 304-305. |
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