Luis Alberto Bustamante Robin; Jose Guillermo Gonzalez Cornejo; Jennifer Angelica Ponce Ponce; Francia Carolina Vera Valdes; Carolina Ivonne Reyes Candia; Mario Alberto Correa Manríquez; Enrique Alejandro Valenzuela Erazo; Gardo Francisco Valencia Avaria; Alvaro Gonzalo Andaur Medina; Carla Veronica Barrientos Melendez; Luis Alberto Cortes Aguilera; Ricardo Adolfo Price Toro; Julio César Gil Saladrina; Ivette Renee Mourguet Besoain; Marcelo Andres Oyarse Reyes; Franco Gonzalez Fortunatti; Katherine Alejandra Del Carmen Lafoy Guzmán; Carla Vargas Berrios; Alamiro fernandez acevedo;
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Introducción La prueba de los hechos en los procesos civiles estadounidenses, en los caso de que las partes lleguen a juicio oral, corresponde en muchas ocasiones a un jurado, siempre y cuando las partes no renuncien al derecho a ser juzgadas por un jurado civil (VII Enmienda a la Constitución). Esto marca una diferencia muy distintiva no sólo respecto a procesos civiles de sistemas de civil law sino también de otros países de common law, como el caso de Inglaterra, donde el jurado civil ha terminado casi por desaparecer (solo procede en casos de defamation y civil fraud). Por supuesto, también en los Estados Unidos existen procesos civiles en los que el jurado no interviene, caso de procesos in equity, por ejemplo las "injunctions", y procesos especiales como "bankruptcy" (quiebras e insolvencias), "admiralty" (derecho marítimo), "probate" (administración de herencia), y "divorce and child custody" (disolución matrimonial y custodia de menores). Séptima Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. La Séptima Enmienda de los Estados Unidos es un parte de la Carta de los Derechos y codifica el derecho a un juicio por jurado en ciertos casos civiles. La Corte Suprema no ha extendido esta enmienda a los estados por la Decimocuarta Enmienda como otros partes de la Carta de Derechos. Texto En los juicios de derecho consuetudinario, en que el valor que se discuta exceda de veinte dólares, el derecho a juicio ante un jurado será garantizado, y ningún hecho que haya conocido un jurado será reexaminado en Corte alguna de los Estados Unidos, como no sea con arreglo a las normas del derecho consuetudinario. Ley y Equidad En Inglaterra había dos tipos diferentes de tribunales: los tribunales de common law y los tribunales de equidad. El primero estaba basado en provisiones estrictas de la ley y otorgaba daños mientras el segundo estaba basado en principios de equidad y otorgaba recursos equitativos. Jurados fueron usados en tribunales de common law, pero no había jurados en tribunales de equidad. Esta diferencia que se encuenta en la sistema inglesa fue conservada por la Séptima Enmienda. La Corte Suprema ha fallado que en un caso cuando hay ambas leyes y equidad, el jurado tiene que decidir las cuestiones legales al principio, y luego el juez determina de las cuestiones de equidad. Vide Beacon Theatres v. Westover, 359 U.S. 500 (1959). De lo contrario el fallo de un juez haría el efecto de estoppel colateral. Sin embargo un litigante que pide daños tiene derecho a un juicio por jurado en casos civiles los cuales el caso habría sido un caso de common law antes de la ratificación de la Carta de Derechos. Vide Chauffeurs, Teamsters, and Helpers Local N. 391 v. Terry, 494 U.S. 558 (1990). Nuevo interrogatorio de los hechos La Corte Suprema ha fallado que un juez puede dar opiniones sobre hechos en litigio, dirigir que el jurado presten atención a algún testimonio, y exigir que el jurado resuelva cuestiones algunas que son importantes al caso además de dictar un veredicto. Si el juez juezgue insuficiente la evidencia de la demandante, podría dirigir que el jurado falle a favor del acusado. El jurado, no obstante, puede dictar un veredicto en contra de la dirección del juez. Debajo del common law, el juez podría anular el veredicto del jurado que juezgue es en contra de la evidencia o la ley. Common law le impide entrar el veredicto. Sólo un nuevo juicio es permisible. En Slocum v. New York Insurance Co. (1913), la Corte Suprema ratificó esta regla. El juicio y las medidas alternativas al proceso. Las partes tienen una labor de impulso del proceso civil y un protagonismo casi en exclusiva sobre la proposición de pruebas, este es uno de los rasgos más característicos de los procesos civiles en los Estados Unidos, en los que tiene un gran desarrollo la denominada "pre-trial discovery", en la cual las partes tienen un amplio haz de facultades de proposición y práctica de pruebas ofrecidas. El proceso se orienta fundamentalmente a la resolución del conflicto entre las partes y en menor medida a la búsqueda de la verdad. La estructura de los procesos civiles del common law, se caracteriza por favorecer la conclusión de acuerdos antes de continuar el proceso y llegar a la celebración del trial (juicio). Esta realidad aunque puede predicarse también de los procesos civiles desarrollados en los sistemas de civil law, en mi opinión está mucho más arraigado como convicción entre los juristas y litigantes de los países de common law. La razón principal se funda en los costes económicos de los procesos, que a menudo conllevan el pago de grandes sumas de dinero en concepto de honorarios a los abogados de cada parte. Habitualmente estos gastos conllevan el pago de un completo team de defensa, de los expert witnesses y de la preparación del material probatorio durante la discovery. No obstante, dada la licitud del pacto de quota litis, en muchas ocasiones será el propio abogado del demandante quien pague los contingent fees (incluyendo los gastos durante la discovery), salvo que no haya un gran incentivo económico para aceptar la demanda, en cuyo caso se puede pactar pago de honorarios concretos entre el demandante y su abogado. El demandando, en cambio, deberá pagar siempre honorarios a su defensa, y pechar con las costas procesales generadas a su instancia. En todo caso, los procesos civiles de common law están abiertos a la negociación y transacción entre las partes de forma más decidida que los procesos de civil law. Lo contenciosos administrativos. El proceso civil también comprende la función de judicial review permitiendo el control de la administración publica por los tribunales ordinarios, y de aplicación de leyes de naturaleza administrativa a través de las acciones civiles emprendidas por los particulares o por las agencias administrativas, que en los Estados Unidos tradicionalmente pueden conocer los órganos de la jurisdicción civil. Comentario personal. El juez federal de distrito de Massachusetts, honorable William Young, publicó una sentencia definitiva de 110 páginas en un caso antimonopolio, defendiendo no sólo la decisión del jurado civil en la materia, sino el mismo concepto de juicios con jurado. Escribe que el juicio de jurado esta desaparición, por los juicios sumarios, y el arbitraje vinculante están socavando la justicia estadounidense.
Decadencia del Jurado en las causas civiles Si usted mira la televisión casi a cualquier hora del día, es probable que haya un juicio en al menos un canal o casi cualquier drama de horario estelar con frecuencia hay largas batallas judiciales y agotadoras. Pero en la vida real, los juicios especialmente civiles, están casi extintos. El profesor Marc Galanter ha estado estudiando el fenómeno desde hace más de una década. Él cree que la disminución de los juicios con jurado de hecho ha tocado fondo. "Hemos llegado absolutamente la nueva normalidad, que es el fin de los juicio por jurados", dice Marc Galanter de la Universidad de Wisconsin-Madison. "Si no se concede una moción de sentencia sumaria, entonces lo más a menudo ve a un acuerdo." Esto no es novedad para nadie en la profesión legal. Sin embargo, después de más de una década de disminución constante, los juicios por jurados son ahora una rareza. Sin embargo, a pesar de que las cifras más recientes muestran que los juicios de jurados constituyen aproximadamente el uno por ciento de todos los asuntos que se presenten, incluso los observadores más experimentados dicen que el juicio nunca se desvanecerá por completo. En los tribunales federales, el porcentaje de casos de jurados civiles que llegan a juicio son el 11,5% en 1962 al 1,1% en 2014. Para decirlo de otra manera, uno de cada nueve casos civiles federales terminaron en juicio en 1962. Hoy en día la cifra es uno de cada noventa . "Es difícil que bajar más de un 1 por ciento de los casos civiles," dice profesor Galanter. "Sin embargo, no hay ninguna señal de que va para arriba tampoco." En los tribunales federales, el número de juicios civiles ha ido disminuyendo desde 1985, cuando hubo 12.529 casos de los que pusieron fin durante o después del juicio. En 2014, el número de juicios civiles era 3.100. Y en los casos penales, la tendencia es similar, aunque no tan dramático, con la gran mayoría de los acusados declaran culpable o renuncia al jurado. Los abogados dicen que la tendencia es auto-refuerzo. A medida que menos asuntos llegan a los tribunales, los jueces y los abogados se acostumbran a la vía de no jurados como solución. Además, cuando las cosas no van a juicio, los juicios se revocan o el proceso de apelación puede prolongarse durante años. "Tengo que advertir a los clientes que los tribunales de apelación no respetan las decisiones del jurado e incluso si tenemos un juicio, no pueden ser defendidos", dice Stephen Susman, socio y abogado del demandante con Susman Godfrey. "Hay tantos factores que significa que tenga que ser muy selectivo con las importa incluso se puede considerar la adopción." El papel del Discovery o descubrimiento. Hoy en día, los jueces del common law están para gestionar los procesos, que resolver los conflictos, no presiden los juicio orales, las partes con frecuencia se ven obligados a recurrir medios alternativa al proceso, como arbitraje, porque los juicios son caros y largos. Para los Abogados litigantes, el juicio oral ha desaparecido, cambiado la dinámica de los procesos judiciales. Esto significa que el descubrimiento (Discovery ) y la etapa judicial previas (pre-trial) al juicio (Trial) son las consideraciones más importantes y enfoque para muchos litigantes. "E-Discovery" a menudo se considera una fuerza corrosiva en el sistema judicial de Estados Unidos, y sin duda es al menos un factor que contribuye a esta tendencia. El profesor John Langbein escribió en "Yale Law Journal" en 2012 que el proceso de descubrimiento permite a las partes a resolver sus diferencias antes de tiempo porque tienen más información que nunca sobre su caso. Sin embargo, esta teoría no explica la disminución continua en los procesos penales y algunos tipos de casos civiles que no a veces dependen de descubrimiento. El Abogado litigante Susman Godfrey dice la detección electrónica es más a menudo un problema autoinfligido debido a las partes pasan demasiado tiempo y los gastos para la revisión de privilegio y otra información. Pero cualquiera que sea la razón, es interesante observar que a medida que otros países de common law adoptan más expansiva, el descubrimiento de estilo americano, hay una disminución similar en la actividad judicial. Esta es la razón por las reformas procesales de 2006 a las Reglas Federales de Procedimiento Civil en relación con las pruebas electrónicas son tan importantes. Regla 26 (f) añade una nueva e importante requisito de pre-trial, descubrimiento. Bajo esta regla, las partes deben tener en cuenta la naturaleza y el fundamento de sus pretensiones y defensas y las posibilidades para la solución de la brevedad o resolver el caso como sea práctico. Además, las partes se ponen de acuerdo a los límites impuestos en el descubrimiento y deposiciones para ayudar a controlar los costos. Por supuesto, esto sólo funciona si las partes realmente quieren avanzar en un asunto. En muchos casos, las partes todavía se basan en tácticas de puestos diseñados para obligar a su oposición a la mesa de liquidación. El nuevo normal Stephen Susman dice que a pesar de los juicios civiles por jurado están desapareciendo, sigue siendo el objetivo final para el abogado de un demandante.
Pero si hay una razón que el juicio por jurado nunca desaparece por completo, es porque todos los abogados tienen la amenaza de un juicio para forzar un acuerdo. De hecho, los juicios por jurado son ahora en su mayoría un susto tactico- algo tan raro pero aterradora que la idea de ir a la corte obliga a las partes a resolver su asunto de forma amistosa o despido. "Si no fuera por temor a un jurado que nadie probablemente nunca conformarse", dice abogado Stephen Susman. "El mayor incentivo para resolver será siempre el miedo a enfrentarse a un grupo de sus pares y diciéndoles lo que has hecho." Y a pesar del colapso dramático en el número de juicios por jurado de hoy, no es una sentencia de muerte del jurado. "Empecé muy perturbado por esta tendencia y tal vez me hice cansado, pero al mismo tiempo creo que hay alguna pérdida, no parece perturbar a las personas involucradas", dice Galanter. "Podría estar equivocado, pero que parezca que el público es en gran parte inconsciente, probablemente porque la televisión todavía presenta la actividad de prueba en el corazón de una gran cantidad de drama." sentencia |
El Tribunal de Cancillería, 1820-1875 1. Cancillería de Lord Eldon Lord Eldon’s Chancery Después de 20 años de la administración de Lord Eldon, la cancillería era un tribunal en crisis, y tanto el tribunal como el canciller fueron objeto de severas críticas. Los ataques iniciados en 1810, que habían llevado a la creación de un vicecanciller para aliviar las cargas del canciller, fueron renovados por el crítico más persistente, el abogado Whig MA Taylor, y apenas disminuyeron durante el resto del mandato de Eldon. 1 Los críticos acusaron al tribunal de los terribles gemelos de la ley, demora y costo, y atribuyeron la demora en gran parte a Eldon, pero lejos de disminuir con la renuncia de Eldon en 1827, las quejas sobre Chancery continuaron casi sin pausa, encontrando su expresión más vívida en Casa desolada de Charles Dickens en 1852. 2La novela provocó quejas de los defensores del tribunal, quienes correctamente señalaron que algunos de los males que describía, en particular el trato a los presos por desacato, habían sido reparados. 3 Sin embargo, la corte se vio aún más dañada por revelaciones inexactas sobre el litigio de Jennens, citado por Dickens en apoyo de su acusación, y la revelación en 1856 de que la fabulosa fortuna de Thellusson había sido tan sudada en la cancillería que apenas superaba la cantidad que había comenzado. con 60 años antes. Las críticas a la cancillería no eran nada nuevo. Había sido un objetivo favorito de los reformadores en el siglo XVII y había seguido atrayendo quejas (p. 647) en el siglo XVIII. 5 Por exagerados que fueran Jarndyce y Jarndyce, hubo un amplio testimonio de observadores más conocedores y desapasionados para apoyar la condena de Dickens. En cuanto a la demora, George Spence declaró que "ningún hombre, tal como están las cosas, puede entablar un juicio de la Cancillería con alguna esperanza razonable de estar vivo al terminarlo, si tiene un adversario decidido", 6 mientras que para un Londres líder abogado, John Forster, sus "modos de proceder ... [están] tan poco adaptados a la duración ordinaria de la vida humana como calculados para la determinación de las diferencias y la tranquilidad de la posesión".7 Forster también testificó sobre el costo excesivo de una demanda de la Cancillería: `` para las grandes propiedades y las grandes fortunas, no hay seguridad tan buena y ningún fideicomisario tan seguro como la corte de la Cancillería, pero para las pequeñas fortunas es una ruina ''. y Henry Bickersteth afirmó haber encontrado casos como Jarndyce y Jarndyce, donde la suma total en disputa se consumió en costos. 8 Fue necesaria una sucesión de investigaciones oficiales, que proporcionaron una gran cantidad de pruebas anecdóticas y estadísticas, y una serie de estatutos y órdenes para dotar a la Cancillería de un personal judicial adecuado, una organización administrativa eficiente e incorrupta y un conjunto de procedimientos adaptados a las necesidades de los Estados Unidos. litigantes en lugar de funcionarios y profesionales. 9 El diagnóstico preciso de la fuente de los problemas se vio oscurecido por los argumentos sobre el propio estilo judicial de Eldon y las cargas que asumió como canciller. Algunos se quejaron de que Eldon dedicaba demasiado tiempo a sus deberes políticos y abandonaba la sala de audiencias por el gabinete; otros que estaba preocupado por las sesiones judiciales de la Cámara de los Lores. La acusación más hiriente fue que dio preferencia a los casos de quiebra debido a los honorarios que le trajeron. Finalmente, su notorio 'hábito cuntivo', su obsesiva preocupación por la justicia perfecta, su disposición a permitir nuevas audiencias y su tendencia a llevarse a casa y estudiar minuciosamente los documentos del caso (que le dieron el sobrenombre de 'Lord Endless') se decía que eran una causa importante. de las demoras en llegar a los casos que se habían fijado para audiencia; esos retrasos fueron el principal tema de críticas. 10 (p.648) Tanto los críticos como los defensores se basaron mucho en las estadísticas, pero debido a que rara vez buscaron más allá de la Cancillería de Lord Hardwicke, "la edad de oro de la equidad" 11 , adquirieron una perspectiva distorsionada de la historia de la corte. 12Permitió a los críticos afirmar que, dado que el número de proyectos de ley presentados cada año no era sustancialmente mayor que bajo Hardwicke, tres jueces deberían poder hacer frente al asunto; sin embargo, el gran declive de los litigios en la cancillería había tocado fondo en la década de 1780, por lo que los defensores podrían apuntar a un aumento en las facturas durante la época de Eldon. Otros indicadores eran igualmente resbaladizos. Las causas establecidas no distinguen las causas breves de las que necesitan una audiencia completa. Indudablemente, los movimientos habían aumentado enormemente, de 37.880 (1745-1755) a 57.063 (1806-16), pero no estaba claro cuánto se debía a la multiplicación de los movimientos, por supuesto. Hubo muchos más llamamientos pendientes que antes, pero se discutió si eso era un resultado natural de la creación de un vicecanciller o si se agravó por la notoria susceptibilidad de Eldon a alentar apelaciones incluso de sus propios juicios. La evidencia era demasiado cruda y su despliegue demasiado poco sofisticado y partidista para ser concluyente.13 Al sugerir soluciones, ambas partes también se encontraban en un terreno inestable. Los Whigs nunca desarrollaron un plan de reforma coherente y consistente. A veces, Brougham y otros argumentaron que tres jueces decisivos podrían liquidar los atrasos y manejar asuntos futuros; La celeridad de Leach alentó esa opinión. En otras ocasiones dijeron que se debería eliminar el negocio de la quiebra o formar un tribunal de apelación. 14 Los defensores de Eldon también se encontraban en una situación incómoda, ya que si argumentaban que los atrasos eran consecuencia del aumento de los negocios, se enfrentaban a la renuencia de Eldon a renunciar al trabajo o reformar los procedimientos de su tribunal. Ciertamente, algunas críticas fueron injustas. DW Harvey tuvo que confesar que había exagerado enormemente los honorarios que Eldon tomó por la bancarrota, 15 mientras que era irresponsable y poco práctico que otros descartaran a la ligera la necesidad de la presencia del Canciller cuando los Lores estaban sentados como tribunal. Tampoco era razonable esperar que le diera prioridad al trabajo judicial sobre las reuniones del gabinete a menos que los críticos estuvieran preparados para defender una redefinición de la oficina del Canciller. Sin embargo, había un núcleo duro de verdad en el corazón de estas acusaciones. Eldon fue desesperada e innecesariamente lento en la decisión de casos, y estaba ciego al hecho de que tan meticuloso (p.649)las deliberaciones crearon retrasos inaceptables para algunos litigantes y disuadieron a otros por completo. Fue Redesdale quien escribió que: '[e] n muy pocos casos, comparativamente, las partes en litigio deberían ser consideradas como las únicas personas interesadas en el resultado ... el gasto y la demora son males que a menudo sienten las partes en litigio; pero pueden ser males sufridos por el bien público ”, 16 pero la práctica de Eldon llegó a casi lo mismo. Su defensa ante la crítica fue que aspiraba a impartir justicia perfecta y trabajó muy duro, tan duro que no tuvo tiempo de examinar cómo se podrían aliviar las demoras y los costos que afligen a los pretendientes. 17 Es notable que entre el gran legado de doctrinas equitativas que dejó Eldon no hay un conjunto de órdenes generales para la corte. 18Reconoció que «me temo que gran parte de la práctica moderna se considerará incompatible con las órdenes subsistentes, sin que las órdenes posteriores las contradigan; y, por principio, las decisiones repetidas, que forman una serie de prácticas, como debe ser, contra una orden, pueden con seguridad considerarse equivalentes a una revocación de esa orden ». 19 Sin embargo, no tomó ninguna medida. Hasta que Lord Chelmsford encargó a JW Smith y H. Cadman Jones la consolidación de las órdenes en 1859, los practicantes no tuvieron algo más autoritario que las colecciones de Beames y Sanders. 20 Sin duda, Eldon contribuyó a la crisis de la cancillería, pero también intervinieron causas institucionales; estructuras financieras y administrativas anticuadas y corruptas, y prácticas y alegatos barrocos que quedaron mal expuestos por los cambios en el volumen y el carácter de los negocios. Los comentaristas sobre el crecimiento del negocio de la cancillería tendían a atribuirlo de manera bastante inespecífica a la expansión general del comercio y la riqueza nacional. 21 Se quejaron de su incapacidad para tratar eficazmente con organizaciones comerciales complejas y, a mediados de siglo, los intereses comerciales se encontraban sin duda entre los críticos más vocales, 22 pero una muestra de casos de la Cancillería en 1819 sugiere que solo alrededor de una cuarta parte (una sexta parte sin incluir casos de deuda del consumidor) surgieron de transacciones comerciales. 23La mayoría de los casos (p. 650) se referían a sociedades y entre ellos se encuentra uno relacionado con una empresa de cobre que era a la vez prolongado y complicado, muy parecido al tipo de asunto que expondría las deficiencias del tribunal. 24 Pero es solo un caso; la mayoría de las otras sociedades eran de escala bastante modesta y varios de los casos comerciales se entablaron únicamente para invocar la jurisdicción auxiliar de la equidad, para interrogar a testigos en el extranjero o tomar cuentas. Los casos de no asociación incluyen dos asuntos sustanciales y prolongados, que surgen de las dificultades comerciales de Hamilton Murray, un constructor de Londres, 25 e hijos de un conocido empresario, John Bell. 26 La mayoría de los casos de deuda son simplemente acciones para una orden judicial para detener los procedimientos ante la ley y, a partir de esta muestra, parece poco probable que las disputas comerciales hayan sido las principales responsables de los crecientes atrasos del tribunal. Las disputas por la tierra forman una categoría más grande, casi un tercio de la muestra. 27 Eran un elemento básico para los tribunales de equidad, que ofrecían el remedio crucial de un desempeño específico, y la equidad de redención completamente desarrollada los convirtió en el foro principal para resolver las deudas hipotecarias. La Comisión de Cancillería identificó acertadamente las complejidades de la ley de traspasos como la fuente de muchas demandas y muchos gastos, y una de sus recomendaciones más fructíferas fue que una comisión adicional debería investigar ese tema. 28La mayoría de los casos de 'tierras' fueron demandas por desempeño específico o se referían a hipotecas o anualidades cobradas sobre la tierra. Entre las primeras es difícil distinguir entre acciones amistosas y hostiles, pero llama la atención que solo en una cuarta parte de ellas la tierra valía más de £ 1000 y la mediana es de alrededor de £ 500. Mellish v. Assender , 29 en relación con la compra de una fábrica de barniz negro en Poplar (un eco de Dickens), ilustra las trampas del "antiguo transporte"; después de dos años, aún existían dudas sobre la pérdida de documentos, un patrimonio legal pendiente y una escritura no registrada. La mayoría, sin embargo, fueron relativamente sencillos, aunque en relación con el precio de compra, los costos de un traje de Chancery habrán sido significativos. Los préstamos hipotecarios en cuestión también estaban entre £ 500 y £ 1000, con dos de £ 3000. Sin embargo, en esta muestra, las acciones hipotecarias (en su mayoría ejecuciones hipotecarias) eran las que tenían menos probabilidades de pasar de la etapa de alegato entre los tipos comunes de demandas: solo cuatro de las 17 procedieron al juicio. Fue mejor, ya que una demanda aparentemente amistosa ( MacDonald contra Jackson ) tardó siete años en llegar a su conclusión 30 mientras que Montgomery contra Calland proporciona una ilustración sombría de la pesadez de Chancery cuando se enfrenta a un acusado astuto y decidido. , pues se necesitaron 25 años para recuperar la propiedad. 31No eran solo los casos de hipotecas los que podían llevar un tiempo desmedido. En una acción muy sencilla por despilfarro, Colyear v. Lord Portmore , el maestro Cox tardó casi siete años en producir su informe de valoración definitivo, y por este veredicto de £ 250, los costos del demandante se gravaron a £ 418. 32 Bleak House ha asociado el tribunal de cancillería de manera imperecedera con casos sobre testamentos, pero nunca fueron una mayoría numérica de juicios, y las muestras sugieren que la proporción en realidad cayó de más del 40 por ciento en 1785 al 32 por ciento en 1819, mientras que los casos relacionados con inter vivos los fideicomisos aumentaron del 6 al 10 por ciento; dada la adopción casi universal de asentamientos entre los terratenientes, esta última cifra es sorprendentemente baja. 33 La mayoría de los casos inter vivos de 1819 involucraron acuerdos matrimoniales, con proyectos de ley en su mayoría enmarcados en términos de abuso de confianza o incumplimiento de los convenios para liquidar la propiedad. 34 Sin duda, algunos son juicios colusorios, pero una alta proporción procedió a una audiencia sustantiva. El juicio clásico de administración, presentado ante la distribución de la herencia, constituye solo una minoría de los casos de testamento. Una gran proporción fue a juicio, tal vez porque era imposible llegar a un acuerdo con los beneficiarios bebés y no nacidos, y solo dos o tres parecen tener esas pequeñas propiedades que no podían soportar el costo de la cancillería. 35 Esos son más numerosos entre los casos que surgen de muertes más remotas, varias más de 20 años antes. Aunque la mayoría de estos se produjeron tras la muerte de un inquilino vitalicio o pensionado, algunos son para el nombramiento de un nuevo administrador o tutor. Tomando los casos inmobiliarios en su conjunto, hay algunos que necesitaban una decisión sobre una cuestión de construcción (se consideró que valía la pena informar de varios de ellos 36) y varios otros donde circunstancias como insuficiencia patrimonial, necesidad de liquidación de una empresa familiar o la locura o desaparición (p. 652) de un beneficiario hicieron prudente que los albaceas o fiduciarios buscaran seguridad en los tribunales. Para algunos, no existe una explicación obvia. Aunque los casos de sucesiones y acuerdos fueron una minoría de los que ingresaron en la Cancillería, ejercieron una poderosa influencia. Algunos eran el tipo de trajes que, como explicaron los comisarios, "podrían durar útilmente durante medio siglo". 37 El testamento de Thellusson fue sin duda excepcional al generar más de 950 pedidos y 780 informes a lo largo de 60 años, pero entre la muestra se encuentra Morison v. Morison , que comenzó en 1815 y todavía estaba vigente en 1858 después de más de 100 pedidos. 38Cuando Chancery perdió negocios en el siglo XVIII, sus oficiales dependientes de honorarios parecen haber elaborado procedimientos para extraer más del negocio que quedaba y cuando el negocio comenzó a revivir, no hubo ningún intento de podar el exuberante crecimiento. Con una mayor proporción de asuntos que involucraban a múltiples partes (más de la mitad en 1819), más que iban más allá de la etapa de alegatos y más necesidad de ser remitidos a un maestro para la toma de cuentas, la liquidación de un título, etc., el tribunal se estaba convirtiendo en tapado. Sin tener en cuenta los casos (alrededor del 22 por ciento, y bastante constantes) que no superaron la factura, más del 40 por ciento duraron más de dos años y más de una sexta parte más de cinco. 39Esto por sí solo no era necesariamente motivo de crítica, pero la presión sobre los recursos significaba que se tardaban seis o siete años en extraer un legado simple. 40 Eldon respondió a la acumulación de trabajo haciendo tiempo para asuntos urgentes a expensas de la lista regular, pero eso no fue una solución. 41 El problema de la corte no era tanto con los nuevos tipos de negocios para los cuales estaba mal equipado, sino que más negocios de tipo familiar lo estaban sobrecargando. 2. La Comisión de Cancillería The Chancery Commission En 1823, los ataques a Eldon adquirieron un tono más agudo y personal a través de panfletos, artículos en la Edinburgh Review y ataques combativos en el Commons de 'Johnny' Williams, quien ofreció varios ejemplos de demoras aparentemente desmedidas por parte del Canciller. 42 Algunos de los colegas del gabinete de Eldon (Peel, que quería el apoyo de Eldon para sus propias reformas del derecho penal, era una excepción) se habían vuelto notablemente tibios al seguir defendiendo (p.653)él a partir de críticas que en privado sentían que estaban parcialmente justificadas, y a pesar de que un comité selecto de los Lores había revisado recientemente los atrasos en su propia Cámara y en la Cancillería, en febrero de 1824 se concedió una investigación, Peel reconoció 'un aumento de negocios ... demasiado grande para hacer frente a la fuerza humana '. 43 Sin embargo, no iba a ser el comité selecto que quería la oposición, sino una comisión real con el mismo Eldon a la cabeza. El nombramiento de la Comisión fue una táctica política sensata. Salvó las apariencias de Eldon, quien podía afirmar que él mismo había instado a tal investigación, y desarmó temporalmente a los críticos. Además, su mandato y composición sugerían que no perjudicaría al Canciller. 44 Se le impidió considerar grandes cuestiones como la fusión con los tribunales de derecho consuetudinario y los tribunales provinciales de equidad y examinar el tema más delicado, las múltiples funciones del Lord Canciller. 45 Incluía a los dos jueces de la Cancillería, dos maestros y el aliado de Eldon, Lord Redesdale, pero ningún abogado. 46No se incluyó a Taylor ni a otros críticos y dado que solo Lushington, un civil, y RP Smith podían ser clasificados como miembros de la oposición, parecía muy probable que se hiciera un encubrimiento. 47 Dado que el progreso de la Comisión fue pausado, las críticas no se calmaron por mucho tiempo y cuando Eldon lamentó que una moción de Burdett pidiendo devoluciones de una manera que reflejara sus métodos no había sido rechazada, Liverpool dejó en claro que el gobierno estaba impaciente por la informe, que fue elaborado extensamente el 28 de febrero de 1826. 48 Como expediente político, la Comisión fue un gran éxito. El informe era extenso y, acompañado de acres de evidencia y estadísticas, tenía el aire de una investigación integral, con un enfoque en las minucias de la práctica de la Cancillería que lo convertía en una lectura rebarbatoria. 49 Aunque Eldon no lo redactó, 50 ni participó en el interrogatorio de testigos, los críticos afirmaron haber visto su mano en todo momento. 51 Lushington, ningún partidario de Eldon, acusaciones refutado que el Canciller tenía (p.654) jugó un papel decisivo en sus deliberaciones, 52 pero Eldon probablemente no tenía necesidad de hacerlo; otros comisionados interrogaron a testigos para protegerlo de las críticas 53y la reiterada insistencia del informe en un enfoque cauteloso e incremental fue característicamente eldoniano. 54 El informe se concentró en las primeras etapas de una demanda de la Cancillería y cuando abordó las razones de las demoras después de que se habían establecido las causas para la audiencia, evitó cualquier examen detenido por el engañoso motivo de que los registros de la corte no daban imagen de las actividades del Canciller. 55 El veredicto de una investigación posterior de que estaba "repleto de información y tiene muchas sugerencias, pero en general es una defensa elaborada del statu quo" 56 es comprensible. Si el informe no era la condena del canciller que sus críticos habían estado buscando, ciertamente no reivindicaba a su tribunal y, por implicación (aunque en ninguna parte abiertamente), criticaba su negligencia al no revisar los procedimientos del tribunal para hacer frente al aumento de los negocios. 57 Incluso Williams admitió más tarde que el informe era útil y reformuló el debate sobre la cancillería en una forma más fructífera, aunque no eliminó áreas de disputa política. 58 Puede ser un poco exagerado el caso afirmar que el elemento más crítico de la Comisión (en particular Lushington y Merivale) comenzó a tomar la delantera, 59pero la citación de testigos que probablemente criticarán al tribunal —el abogado jactancioso James Lowe y sus compañeros más discretos William Vizard, James Winter y John Forster, junto con el abogado benthamita Henry Bickersteth— sugiere un enfoque más abierto que podría haber sido predicho. Fue demasiado aventurero para Redesdale, que no firmó el informe y expresó su desacuerdo a través de un panfleto en lugar de una nota al informe en sí. 60 La característica más impresionante del informe de la Comisión es la lista final de no menos de 187 propuestas, aunque una lectura detallada más bien resta valor a este imponente corpus, revelando que algunas son muy menores. 61 La suma del conjunto, si (p.655) no es tan trivial como alegaban los críticos, estuvo muy lejos de ser una revolución en la práctica de la Cancillería. Manteniendo acertadamente que 'aunque algunas de las alteraciones que proponemos puedan aparecer a primera vista minuto a minuto, sin embargo es sobre el funcionamiento del sistema de práctica compuesto por numerosas regulaciones minuciosas, que el despacho o demora y el gasto de un juicio de la Cancillería , en la medida en que pueda ser efectuado por reglas precisas, debe depender en gran medida '', 62los Comisionados mostraron una marcada renuencia a prescribir cambios en la práctica en lugar de simplemente recomendarlos a los profesionales. Eso no fue lo suficientemente audaz si, como alegaron, gran parte de la demora de la corte era “imputable, ni a la Corte ni a sus reglas de práctica establecidas; sino al descuido de algunas partes, la obstinación o picardía de otras, o la falta de atención o ignorancia de los agentes ”. 63 En cuanto a la eliminación de negocios, nunca estuvo en las cartas que impugnarían la insistencia de Eldon de que las apelaciones de quiebra deben permanecer, 64y habiendo notado que la locura ocupaba gran parte del tiempo de los amos y del Canciller, la ignoraron de manera notoria en su posterior discusión sobre las posibles cargas a desprenderse, contentándose con seguir al comité de los Lores al defender que las funciones judiciales impuestas por los nuevos estatutos en el futuro debería confiarse al Exchequer en lugar de a la Cancillería. sesenta y cinco Nunca fue probable que el informe de la Comisión silenciara a los críticos de Eldon, pero un año después de su publicación, finalmente renunció al gran sello. 1827 marcó el comienzo efectivo de más de 30 años de reforma intermitente de la Cancillería, ampliando su poder judicial, remodelando sus procedimientos y modernizando su estructura financiera y burocrática. 3. Mano de obra judicial Judicial Manpower La incertidumbre sobre cuánto contribuyó el estilo judicial de Eldon a las demoras oscureció tanto la imagen que las necesidades de poder de juez de Chancery apenas pudieron evaluarse mientras permaneció en el Woolsack. Fue agravado por dos consideraciones más amplias; cuál debería ser el papel apropiado del Lord Canciller, y el futuro del lado de la equidad del Tesoro. A la Comisión no se le encomendó considerar el poder de los jueces más que de manera indirecta, para determinar si algún negocio (en particular, la quiebra) podría ser removido; sin embargo, varios testigos se desviaron sobre el tema, en particular cuando Lancelot Shadwell dio su opinión tan citada de que la cantidad de negocios era tal que "creo que si tuvieras tres ángeles, ellos no podrían superarlo". 66 La Comisión se contentó con sugerir que se eliminen las restricciones impuestas al tribunal del vicerrector 67 y que el 'modo poco ceremonioso' de apelación (p. 656)desde el Master of the Rolls o el vicecanciller hasta el Lord Chancellor por moción debe desalentarse. Fueron demasiado tímidos para proponer la eliminación de la instalación por completo y su propuesta de salvaguardia contra el abuso era endeble. 68 Incluso después de la partida de Eldon, la opinión siguió dividida sobre la necesidad de más jueces. El propio Eldon consideró que sería suficiente si se restableciera la posibilidad de obtener asistencia temporal de los jueces de derecho común o los maestros de la cancillería. Lyndhurst, que no estaba dispuesto a sobrecargar sus fuerzas agotando las sesiones en el banquillo, quería un juez adicional, mientras que Brougham estaba inicialmente ansioso por demostrar que su energía e intelecto podían liquidar los atrasos y evitar que surgieran nuevos. Sin embargo, habiendo demostrado eso (al menos para su propia satisfacción) se preocupó más por evitar ser detenido en la Cancillería cuando deseaba estar en otro lugar. 69 En 1829 Lyndhurst, respaldando la recomendación de los Comisionados de Derecho Común de que el Tesoro debería perder su negocio de capital, propuso que un cuarto juez de la Cancillería lo llevara a cabo, pero no solo encontró a Peel dudoso debido a las reclamaciones de compensación que podría generar, sino que, para su disgusto, fue también con la oposición de Leach MR y Shadwell VC. La obstrucción de Leach se extendió a las disposiciones de resistencia diseñadas para hacer que el Maestro de los Rolls dedicara más tiempo a la Cancillería con tal éxito que lo máximo que Lyndhurst pudo lograr fue inducirlo a reemplazar sus sesiones de la tarde por las de la mañana. 70 Brougham redujo la carga de trabajo enviando apelaciones de quiebra a su nuevo tribunal, pero sus ideas para un tribunal de maestros y un tribunal de apelaciones de Cancillería fracasaron y se perdió el impulso para el cambio. 71 A partir de entonces, la remodelación del banco de acciones tendió a ser impulsada principalmente por pánicos esporádicos sobre la presión de los negocios, generalmente agravados por la enfermedad del Lord Canciller, lo que resultó en soluciones para los problemas inmediatos en lugar de una lucha directa con la cuestión intratable del lugar del Canciller. en canchas y alacenas. Siempre que se consideró eso, a mediados de la década de 1830, alrededor de 1840 y nuevamente alrededor de 1850, resultó imposible llegar a una solución que exigiera un consenso suficiente entre políticos y abogados para ser factible. Nadie que se convirtiera en Lord Canciller, o que tuviera ambiciones en esa dirección, sacrificaría el lugar del Canciller en el gobierno y el Parlamento para que él se convirtiera en un juez puro y simple, mientras que los abogados de la Cancillería tampoco estaban dispuestos (p.657)tener un canciller "político" (o equivalente) como jefe del tribunal, pero destituido del tribunal para concentrarse en las funciones políticas y judiciales de la Cámara de los Lores. Ningún canciller quería admitir que la carga de trabajo ya era más de lo que podía manejar y nadie reconocería que en una sociedad cuya población y actividad comercial estaban creciendo visiblemente, los negocios de la cancillería superarían su capacidad para lidiar con ella. Los tribunales provinciales de equidad fueron considerados con horror por la mayoría de los abogados de equidad, sin embargo, un tribunal que podía hacer frente solo porque sus propios retrasos y costos moderaron artificialmente la demanda, como James Wigram señaló en 1840, era difícilmente defendible. 72Esto creó un punto muerto. Las propuestas para reconstruir el papel del canciller, ya sea que, como Brougham en 1833 y Cottenham en 1836, preveían sacarlo de la Cancillería o, como Langdale en 1836 y el ministerio de Russell en 1850, trataron de confinarlo allí, nunca fueron políticas prácticas. Cuando las demoras en la Cancillería se convirtieron nuevamente en un problema en 1839, se propusieron soluciones menos ambiciosas a la escasez de poder de los jueces. Cottenham justificó la adición propuesta de dos jueces mediante la abolición del lado de la equidad del Tesoro y la instalación del Maestro de los Rolls como vicepresidente del Comité Judicial del Consejo Privado, pero no había preparado el terreno adecuadamente. Sir Edward Sugden hizo que el hecho de que Cottenham no considerara el impacto en las apelaciones a los Lores fuera una excusa plausible para oponerse a la expansión del poder judicial en general, y el Barón Jefe, como era de esperar, encabezó la oposición al desmembramiento de su tribunal. Abinger encontró poco apoyo para su "corte bastarda", como la llamó Pemberton. 75 Aunque Lyndhurst, en cuyo tiempo como Barón Jefe el lado del derecho consuetudinario había comenzado un resurgimiento notable, defendía dos nuevos jueces de equidad, uno para la cancillería y el tesoro, no se habían abordado las características que alejaban a los abogados del tesoro; la sugerencia de que los nuevos tipos de negocios estatutarios deberían enviarse allí en lugar de a la Cancillería nunca se había implementado, y la Ley de Conmutación del Diezmo de 1836 virtualmente terminó con la única rama de negocios en la que habitualmente se prefería a la Cancillería. 76Cuando el proyecto de ley Whig, desprovisto de las cláusulas del Master of the Rolls, se remitió a un comité selecto en 1840, la antipatía de la profesión jurídica se hizo evidente y, aunque parecía una respuesta paradójica para curar las demoras en un tribunal mediante la abolición de otro, el lado de la equidad (p.658) del Exchequer fue condenado casi sin debate en los Lores. En el Commons Sugden mantuvo su oposición, disputando la evidencia estadística proporcionada al Comité Selecto por EW Field, pero sin encontrar mucho apoyo. Esta infusión de asuntos de Hacienda fue la justificación para dar a Chancery dos vicerrectores adicionales, pero la administración Whig cayó y Lyndhurst, quien asumió el proyecto de ley, cedió terreno; una vicerrectoría sería renovable en caso de fallecimiento o renuncia del titular, mientras que la otra caducaría en caso de vacante. En octubre de 1841, James Knight-Bruce y James Wigram se convirtieron en primer y segundo vicecanciller, respectivamente; Henry Jacob, que habría sido un candidato fuerte, había muerto recientemente. 78 Este poder judicial ampliado permitió a la cancillería hacer frente a un aumento considerable de los negocios, de unos 7300 "asuntos en total" a 8450, durante la mayor parte de la década de 1840, aunque la manía ferroviaria de 1845-186 agotó su capacidad. 79Mientras Lyndhurst fue canciller, hubo armonía general entre los jueces. Se sentaba casi exclusivamente en las apelaciones y generalmente respaldaba las decisiones de sus juniors, 80 pero cuando Cottenham regresó en 1846 demostró ser casi igualmente propenso a revertirlas, especialmente Knight-Bruce. 81 Se estableció que a los pretendientes se les permitía elegir su corte, mientras que los líderes se limitaban a uno solo. 82 Esto tenía el potencial de desequilibrar la carga de trabajo e inicialmente algunos de los casos de Shadwell fueron transferidos a Knight-Bruce para aliviar sus cargas; de lo contrario, parece haber funcionado bastante bien. La gran debilidad de la nueva estructura era que ahora había cuatro jueces de los que se dirigía al Canciller un recurso casi irrestricto. Con un canciller como Cottenham, conocido por estar siempre dispuesto a reexaminar un caso desde los primeros principios, 83 y un tribunal que permitía una gran libertad para asesorar en forma de largos discursos, 84 esto podría crear una congestión aguda en la etapa de apelación, ya que lo hizo cuando Cottenham enfermó gravemente. (p.659) Cuando Cottenham renunció en junio de 1850, el gran sello se puso en servicio mientras se consideraban nuevos arreglos, 85 pero pronto surgieron más complicaciones con la muerte de Shadwell, el vicecanciller de Inglaterra, y la renuncia por mala salud. de Wigram, 'el segundo vicerrector'. Estas vacantes abrieron el camino para el tipo de reestructuración ambiciosa que defendían Bethell y otros, pero prevaleció la misma falta de consenso que había sofocado las reformas a mediados de la década de 1830 y la ansiedad por evitar que los atrasos aumentaran llevó al gobierno a tomar medidas. La vacante de Shadwell se llenó con la transferencia de Mouncey Rolfe del Tesoro y se aprobó apresuradamente un proyecto de ley para permitir que la otra vacante se cubriera con un nuevo nombramiento "único", George Turner en abril de 1851. Dado que Sir Thomas Wilde (Lord Truro), que se convirtió en Canciller en julio de 1850, no estaba más dispuesto que sus predecesores a dividir la oficina, la idea inicial del gobierno, para relevar al Canciller de sentarse en la Cancillería y crear un nuevo juez para ese propósito. , tuvo que ser descartado y Russell volvió en su lugar a la idea de un tribunal de apelación para la cancillería. Brougham ya había desempolvado su antiguo proyecto de ley, que también preveía un tribunal compuesto por jueces existentes: el Canciller, el Maestro de los Rolls y un juez de derecho común, y el último par podía sentarse sin el Canciller. 87El gran mérito de tribunales como estos (como la Cámara de Hacienda en el lado del derecho consuetudinario) era la economía en la mano de obra, pero su inconveniente concomitante era que los pretendientes encontrarían tribunales de primera instancia, especialmente los Rolls, cerrados mientras el juez se sentaba en apelaciones. 88Frente a una creciente ola de quejas sobre demoras en la audiencia que serían muy descorteses, y al encontrar la Cámara de los Comunes en un estado de ánimo inusualmente generoso, Russell presentó un proyecto de ley revisado que establecía un tribunal con dos jueces completamente nuevos, llamados señores jueces de el tribunal de apelaciones de la cancillería. Podían sentarse juntos, o uno o ambos con el Canciller, y aunque la jurisdicción de apelación del propio Canciller no fue desplazada, se esperaba que un abogado común como Truro agradecería la ayuda de al menos un señor juez. 89 (p.660) Este arreglo permitió que dos tribunales de apelación co- evaluados se reunieran simultáneamente. La decisión sobre su composición recaía en el Lord Canciller, aunque el apelante podía solicitar un tribunal en pleno. Rolfe y Knight-Bruce fueron promovidos a lores jueces y cuando Rolfe (como Lord Cranworth) poco después se convirtió en Canciller, al principio se sentaba con frecuencia en una corte completa; sin embargo, esta práctica cesó pronto y sólo fue revivida de forma regular por Campbell, un abogado común puro. Cancilleres de equidad magistrales como St. Leonards y Westbury rechazaron la ayuda y no toleraron la contradicción, con la consecuencia de que las sesiones paralelas se volvieron habituales. 90En 1867 se dispuso que un solo juez del tribunal escuchara muchas clases de apelaciones, lo que causó cierta preocupación en la profesión cuando Giffard LJC anuló varias veces al Master of the Rolls durante una vacante prolongada en el cargo de otro señor. 91 Entre 1853 y 1866, mientras hubo una rápida rotación de Lord Chancellors, 92 Chancery experimentó un período de estabilidad inusual entre sus otros jueces. Sir John Romilly había sucedido a Langdale en 1851 y permaneció como maestro de Rolls hasta 1873; Knight-Bruce y Turner fueron magistrados desde 1853 hasta 1866; Kindersley, Stuart y Page Wood fueron vicerrectores hasta la renuncia de Kindersley en noviembre de 1866, tras haber sucedido Page Wood a Turner como vicecanciller según los términos de una ley que, a diferencia de su predecesora, hizo que el puesto fuera permanente. 93 Independientemente de sus otros defectos, la Cancillería se había convertido en un tribunal con un número adecuado de jueces, en su mayoría elegidos entre el puñado de líderes que dominaban una barra muy unida, ya veces intimidaban también a los jueces menos asertivos. 4. Procedimiento: la etapa previa al juicio. Procedure: The Pre-Trial Stage Entre los defectos de la Cancillería estaba el engorroso y elaborado procedimiento que imponía a los casos de todo tipo. Diseñado para disputas reales, donde el demandante necesitaba poder interrogar al acusado y obtener respuestas completas de hombres que podrían ser deshonestos y evasivos, y donde el acusado necesitaba fuertes salvaguardias contra el abuso del proceso y tiempo suficiente para dar forma a una respuesta adecuada, también se aplicó, con poca variación, a asuntos no contenciosos; a los demandantes que buscan una decisión autorizada sobre la construcción de un documento; a planes de donaciones caritativas; al nombramiento de un nuevo administrador; a la disolución de una sociedad y la toma de cuentas. Es cierto, cuando estos llegaron (p.661)En la etapa de audiencia, algunos podrían eliminarse con bastante rapidez como causas breves, pero el tiempo y los gastos necesarios para llegar a esa etapa fueron bastante desproporcionados. 94 La Comisión de Eldon propuso sólo un remedio tímido, una pequeña ampliación de la Ley de Legado, y rechazó la denuncia de que se había convertido en la práctica casi invariable de que las cuestiones de construcción en un testamento o asentamiento se resolvieran mediante una orden de administración del patrimonio. en la corte, sosteniendo que esto se debía generalmente a que el albacea / fiduciario lo deseaba por su propia seguridad. 95 La mayoría de los procedimientos en la Cancillería se iniciaron por un proyecto de ley que había alcanzado tal grado de mala fama, en parte a través de la célebre descripción mordaz de Bentham como `` un volumen de mentiras notorias '' 96 que incluso uno de sus defensores más capaces, Sir John Mitford Reconoció que era "un reproche común a los profesionales en esta línea que cada proyecto de ley contiene la misma historia tres veces contada". 97 Un proyecto de ley se dividió en nueve partes, y fueron las partes de acusación e interrogación las que dieron lugar a la burla de "tres veces dicho". No solo fue prolijo y repetitivo, sino que fue necesariamente engañoso al acusar al acusado de fraude incluso cuando la demanda era amistosa y, en los casos impugnados, el demandante solía insertar acusaciones que sabía que eran falsas como un medio para extraer información. Algunos proyectos de ley eran, como admitió el abogado James Lowe, puras "facturas de pesca", mientras que las facturas de medidas cautelares con frecuencia carecían de cualquier apariencia de verdad. Una vez más, la Comisión rechazó cualquier injerencia en el art. En su opinión, "los términos de recomendación firme son ... todo lo que se puede aplicar de manera segura o útil para prevenir la prolijidad innecesaria". 100 Los líderes de la Cancillería, Bell y Heald, eran firmes defensores del status quo e incluso para los proyectos de ley de medidas cautelares comunes, la Comisión fue persuadida de que no se debía exigir al cliente ninguna declaración jurada de veracidad, solo una de él y su abogado afirmando que no era traído simplemente por demora. Una citación obligaba al acusado a recoger una copia de la factura en la oficina, y una secuencia elaborada de sanciones, desde el embargo hasta el secuestro, había evolucionado para obligarlo a comparecer; otra complicada serie de pasos tuvo que ver con el acusado, que se mostró reacio a responder. 102 Declarando que su (p. 662) objetivo era 'disponer que todas las partes sean obligadas a dar ese paso en un juicio, que la naturaleza del proceso exige, en un tiempo tan breve que le permita estar plenamente asesorado con respecto al acto particular, y realizar lo que se le exige '', 103la Comisión se sumergió en este laberinto con cierta entereza. Propusieron eliminar una o dos etapas y simplificar el otorgamiento de tiempo para responder, sustituyendo un período de ocho semanas (15 para un país demandado) por la práctica existente que involucra varias órdenes por supuesto. 104 Sin embargo, muchos demandantes se enfrentaron a varios acusados, todos los cuales tuvieron que ser notificados y respondidos antes de que la demanda pudiera continuar. La doctrina de la "parte necesaria" se encuentra en el corazón de la misión de la equidad de brindar justicia integral y requiere que todos los que tengan un interés en la propiedad en cuestión, por remota que sea, se conviertan en parte de la demanda; 105, como John Jarndyce comentó con tristeza, "somos parte de ella, y debemos ser partes de ella, nos guste o no". 106De vez en cuando, sobre todo en casos relacionados con grandes empresas industriales o comerciales, Eldon había relajado la regla porque era simplemente impracticable, y la Comisión se contentó con el piadoso deseo de que esta dispensa se extendiera, sin sentirse capaz de `` especificar casos particulares ''. 107 Por razones técnicas relacionadas con los alegatos, era práctica común tener un solo demandante, lo que convertía a todas las demás partes en coacusadas, lo que agravaba el problema de obtener respuestas rápidas. 108 Era demasiado fácil para el demandante pasar por alto a alguien, especialmente cuando su conocimiento de los acusados era limitado; así, en uno de los muchos juicios de Jennens, los demandantes, apresurados porque varios de sus testigos clave eran muy mayores, se sintieron frustrados cuando los acusados objetaron la ausencia de un representante personal de la fallecida Lady Andover, lo que los obligó a presentar una declaración suplementaria. proyecto de ley contra un acusado ficticio que había obtenido una subvención a tal efecto. 109 Otra posibilidad frustrante era que en algún momento una de las partes muriera, o se casara, que alguien 'naciera en el traje' o que de alguna otra forma cambiaran los intereses a representar. Tal cambio requeriría un proyecto de ley de reanimación, o un suplemento, o ambos, lo que permitiría a un oponente recalcitrante emplear toda la gama de tácticas dilatorias. Excepto en los casos en que la demanda ya había sido remitida (p. 663) a un capitán, la Comisión no se sintió capaz de frenar tal obstrucción. 110Sin coincidir del todo con la elaboración de los alegatos de derecho consuetudinario, las reglas que rigen el uso de los proyectos de ley, incluida la factura cruzada que un acusado tenía que presentar si buscaba reparación o descubrimiento por su cuenta, habían acumulado suficientes distinciones finas para hacer la elección el proyecto de ley apropiado es una cuestión de cuidadosa consideración. 111 Como en la ley, un acusado podía objetar o alegar en lugar de responder y aquí se habían desarrollado demasiadas complejidades. 112 Los proyectos de ley se redactaron con tanta habilidad que, aunque se permitió al acusado objetar o alegar separarse y responder al resto, cualquier alegato que tocara la veracidad del proyecto invalidaba todo el alegato. Los suplicantes se habían vuelto tan hábiles que algunos pensaron que era imposible contrarrestar con éxito la oración de descubrimiento con una súplica, ni con ninguna respuesta para obviar la necesidad de revelar documentos (como cuentas extensas) que podrían ser ruinosamente costosos. 113 La Comisión esbozó tentativamente un cambio de regla para facilitar las cosas al acusado, pero con poca fe en su eficacia; 114en verdad, la equidad no favorecía los ruegos y las protestas y había dificultado mucho su empleo. 115 Una vez que se recibieron las respuestas, quedaron amplias oportunidades de retrasos y obstrucciones en ambas partes y la Comisión se esforzó por reducir algunas de ellas. The Law Magazine resumió los principales: El demandante tiene dos mandatos, con las vacaciones (alrededor de tres cuartos de año) para interponer excepciones, es decir, para oponerse a la suficiencia de la respuesta. A estas excepciones, el acusado se somete, en cuyo caso se le conceden seis semanas para dar una mejor respuesta, o permite que sean remitidas al capitán, quien escucha a las partes por su abogado e informa su opinión sobre la cuestión a el tribunal — de esta decisión se puede apelar al tribunal mismo. La segunda respuesta, que también puede ser exceptuada, habiendo sido interpuesta, el demandante está autorizado a enmendar: para ello no hay plazo limitado, pudiendo hacerlo en cualquier momento antes de que el proyecto esté abierto a desestimación por falta de enjuiciamiento ..., mediante una simple alegación que se le aconseja modificar. En algunos casos, incluso después de la replicación, pedir permiso para retirar su réplica y enmendar, aunque han transcurrido casi seis términos desde la respuesta. Las enmiendas generalmente requieren una respuesta adicional y son una repetición de los procedimientos mencionados anteriormente. Una vez que el proyecto de ley ha sido respondido en su totalidad, aunque el demandante no haya tomado ninguna medida, el demandado no tiene derecho a pedir el sobreseimiento del proyecto de ley hasta que expire un período de tres cuartos de año; el demandante puede entonces, al presentar una réplica, obtener una demora adicional de igual duración; después de lo cual se compromete a 'acelerar su el demandado no tiene derecho a pedir el sobreseimiento del proyecto de ley hasta que expire un período de tres cuartos de año; el demandante puede entonces, al presentar una réplica, obtener una demora adicional de igual duración; después de lo cual se compromete a 'acelerar su el demandado no tiene derecho a pedir el sobreseimiento del proyecto de ley hasta que expire un período de tres cuartos de año; el demandante puede entonces, al presentar una réplica, obtener una demora adicional de igual duración; después de lo cual se compromete a 'acelerar su(p.664) causa ', y al expirar otro término,' para acelerar su causa con efecto ', y no hasta entonces se ve obligado a proceder, o perder el beneficio de su demanda. Los cambios de procedimiento que siguieron al informe de la Comisión hicieron poco para contrarrestar las continuas críticas, pero cuando el Lord Canciller recibió poderes renovados para hacer órdenes generales, el pequeño comité permanente creado por Cottenham redactó un conjunto que hizo cambios significativos. 117 Entre otras mejoras, el auto de apego con proclama y el auto de rebelión fueron eliminados de la sucesión de etapas de aparición imperiosa, que también se simplificó en otros aspectos; además, después de recibir una citación, el demandante puede comparecer en nombre del demandado y continuar con la demanda. 118El comité también lidió con la fiesta necesaria. En el futuro, las partes puramente formales (distintas de los niños) contra las que no se solicitó reparación alguna, podrían optar por no participar en la demanda, que prometía "un ahorro bajo ese formidable título de" Costos de la herencia "". 119Las órdenes eran muy ambiciosas y proponían «evitar retrasos fastidiosos, gastos innecesarios y procedimientos que la ocasión no requería realmente; aumentar la posibilidad de llevar el litigio a un asunto rápido; para facilitar el enjuiciamiento de una demanda desde su inicio hasta su terminación; arrojar gastos, no debidamente creados, sobre quienes los causan; para privar a los pretendientes de ventajas injustas, y para controlar los trucos y artimañas, que traen tanto descrédito a la Corte ya los practicantes, como daño y dolor de corazón a los pretendientes ”. 120 Evidentemente, no alcanzaron estos nobles objetivos, porque en 1850 otra comisión real enumeró muchos de los defectos señalados por su predecesor. La legislación que siguió al informe de la segunda Comisión transformó las etapas previas a la audiencia de una demanda de la Cancillería de tres maneras principales. En primer lugar, proporcionó los procedimientos sumarios que los testigos abogados habían querido en 1824 y que se habían exigido con insistencia desde entonces; en segundo lugar, simplificó enormemente (p. 665) los alegatos y el proceso en los casos que aún debían comenzar con un proyecto de ley; en tercer lugar, poda drásticamente la doctrina del partido necesario. De hecho, el proceso de resumen se había estado infiltrando durante algún tiempo. Una sucesión de estatutos, comenzando con la Ley de Romilly de 1812 en casos de caridad 123 y extendiéndose a través de Sugden de 1831 124 y las Leyes de Alivio de los Fideicomisarios de Cottenham de 1847 y 1849 125 (ambas ampliamente utilizadas) habían introducido procedimientos por petición, que también fueron adoptados en el Fideicomisario Ley 1850 para el nombramiento de nuevos fideicomisarios. 126 La Ley de Turner de 1850 llevó las cosas más allá, al proporcionar un procedimiento a modo de caso especial para los albaceas y administradores que querían determinar las responsabilidades de la herencia. 127Más amplio que cualquiera de estos fue la introducción por parte de Cottenham de un procedimiento por reclamo que prescindió por completo de los alegatos y se escuchó en declaraciones juradas. 128 Esto estaba disponible en una amplia gama de casos y resultó instantáneamente popular, utilizado para casi 2000 trajes en 18 meses. 129 Sin embargo, tenía inconvenientes desafortunados, ya que cuando se empleaba en casos inapropiados, donde la forma de la demanda y la citación daban información insuficiente, las declaraciones juradas de cada lado tenían que cumplir la función de alegatos, para lo cual estaban mal adaptadas. 130 Además, tanto las reclamaciones como las peticiones y los casos especiales tenían la desventaja común de no dar ninguna facilidad para obligar a la presentación de pruebas. A pesar de estos inconvenientes, los Comisionados estaban ansiosos por 'sustituir en todo caso que lo admitiera el proceso más breve y sumario, con la menor cantidad de alegatos preliminares escritos, y hacer que las partes, por sí mismas o por sus abogados, presentaran sus casos ante la menor demora posible ... '. 132 En consecuencia, propusieron un trámite de originación de citaciones, que permita a un familiar, legatario o acreedor solicitar en las cámaras una orden de que el representante personal administre el patrimonio personal. Los bienes raíces eran menos sencillos, pero el mismo procedimiento podía invocarse cuando estaban en poder de fideicomisarios con poder de venta, 133 y también estaban disponibles, y se usaban mucho, cuando se buscaba un tutor o manutención para bebés en un procedimiento original. (p. 666) Paralelamente a la citación, se retuvo el caso especial para los fines previstos en la Ley de Turner, es decir, para obtener un fallo sobre una cuestión de construcción, pero este aparentemente se volvió menos popular, quizás porque no cubría la mayor necesidad. , un procedimiento que no llega a la administración completa. A pesar de estas innovaciones, muchas demandas seguirían el curso tradicional de factura y respuesta, pero sería una factura muy diferente de la monstruosidad de Bentham, impresa en párrafos numerados y desprovista de sus interrogatorios. 136 Servido sobre los acusados, desplazaría el aparato de citaciones y no requeriría una respuesta a menos que esté acompañado o seguido de interrogatorios en un documento separado. 137 Las complejidades de las reglas que gobiernan la apariencia se simplificaron sustituyéndolas por ocho días simples, aunque en la práctica los compromisos de los abogados aparentemente a menudo se aceptaban en lugar del servicio formal. 138La respuesta aún debe abordar en su totalidad todas las cuestiones planteadas en el proyecto de ley y los interrogatorios, y se pueden presentar excepciones por insuficiencia, pero ya no por impertinencia. 139 Después de más alegatos o enmiendas (el uso de proyectos de ley complementarios para actualizar el proyecto de ley original también se suspendió) el demandante, como antes, presentaría su réplica, 140 pero la Ley de Enmienda de la Cancillería de 1852141 le ofreció una alternativa que resultó popular, para presentar una moción para un decreto, que se establecería después de un mes sobre la evidencia de los alegatos y declaraciones juradas enumeradas en el aviso; el acusado tenía dos semanas para presentar sus propias declaraciones juradas y el demandante una semana más para las declaraciones juradas en respuesta. En opinión de los Comisionados, "[e] aquí probablemente no hay nada en el procedimiento de la Cancillería que haya tendido tanto a aumentar los gastos y retrasos como las reglas de la Corte y las partes". 143 Hasta ahora, la única modificación estatutaria de la regla rígida 'necesaria partido fue en el Acta de liquidación, que se ocupa de las asociaciones de más de seis, 144 pero con el fin de Cottenham 'cayendo cada vez más en desuso' 145 era ahora se establezca sobre una base legal y se amplíe. En juicios por administración o en fideicomisos y en mandatos judiciales para preservar la propiedad (p.667) o prevenir el despilfarro, no se puede oponer ninguna objeción por falta de partes. 146 Los fideicomisarios ahora podrían representar su cestuis que trustAl igual que los representantes personales hicieron con los beneficiarios y en lugar de convertirse en partes en una demanda, las "partes formales" podrían simplemente recibir una notificación de que quedarían vinculadas por los procedimientos a menos que desearan sumarse a la acción. 147 Esta última disposición no se utilizó mucho, ya que la supresión del requisito de que todas las partes deben dar una respuesta sirvió en gran medida para el mismo propósito al distinguir a las partes reales de las demás. 148 El problema más espinoso eran las hipotecas, donde tanto los juicios de redención como de ejecución hipotecaria a menudo involucraban una gran cantidad de intereses en competencia. En general, no se consideró posible prescindir de la participación de todos, pero cualquier persona interesada en la equidad de la redención podría solicitar una orden de venta durante los procedimientos de ejecución hipotecaria. Estas fueron solo las más importantes de las reformas procesales a las etapas preliminares de una demanda de la Cancillería provocada por la Ley de 1852. Es una señal de cómo habían cambiado las cosas que el informe de la Comisión atrajo pocas críticas de los conservadores y el proyecto de ley tan poca oposición. en el Parlamento. 5. Evidencia Evidence Holdsworth pronunció que "se puede decir con seguridad que un método más inútil de llegar a los hechos del caso, que el sistema en uso en la corte de Cancillería desde el siglo XVII en adelante, nunca existió en ningún sistema legal maduro". 150 Se diferenciaba fundamentalmente del derecho consuetudinario en dos aspectos; primero, la Cancillería no solo permitió, sino que exigió, el testimonio de las partes interesadas, incluidas las propias partes; en segundo lugar, esa evidencia se encontraba casi invariablemente en forma escrita. 151 Esta segunda característica atrajo fuertes críticas, y no solo de Bentham y otros defensores de la racionalidad. En 1799 Lord Alvanley MR dijo que `` es imposible sentarse aquí en cualquier momento sin ver que un interrogatorio viva voce de testigos es mucho más satisfactorio que las declaraciones, donde se puede plantear una posibilidad de duda '', 152 pero tal cambio ya era demasiado tarde en la época de Hardwicke. 153 Sin embargo, incluso dentro de las limitaciones inherentes del testimonio escrito, la práctica de la Cancillería logró combinar el costo, la demora y la ineficiencia de la manera más desacreditada. (pág.668)Testigos en Londres y sus alrededores dieron su testimonio a uno de los examinadores del tribunal. Administraba una serie de preguntas redactadas por el abogado de la parte que llamaba al testigo y, si lo deseaba, por el abogado de las otras partes. El interrogatorio se llevó a cabo en privado sin la asistencia de abogados ni de las partes y, a partir de las respuestas del testigo, el examinador produjo una narración de los hechos. Los testigos del país asistieron a cuatro examinadores elegidos por las partes, cada uno de los cuales nombró a cuatro personas, de las cuales la otra parte tacharía dos nombres. Los examinadores y un empleado se alojarían en una posada y realizarían el examen según las líneas de Londres. En cualquier caso, las declaraciones se sellarían y, cuando se hubieran completado todos los exámenes, el demandante obtendría una orden para que se abrieran ("publicación"), después de lo cual se podría solicitar una fecha para el juicio. Como la mayoría de los aspectos del procedimiento de la Cancillería, el tiempo permitido para la presentación de pruebas era generoso y cuando una de las partes no tenía prisa, tenía amplias oportunidades para una demora táctica. También era caro, en particular en el país, donde, como los comisionados cobraban dos guineas al día más los gastos de manutención, su día de sesión tendía a ser muy corto. 154 Peor aún, fue sorprendentemente ineficiente. Primero, dado que los abogados no podían estar seguros de cuál sería el testimonio de un testigo, tenían que cubrir cualquier laguna potencialmente fatal en sus pruebas llamando a varios testigos, incluso para establecer la procedencia de un documento o inscripción en un registro. 155En segundo lugar, debido a que los interrogatorios tenían que prepararse con antelación, el ponente tenía que proporcionar una serie de respuestas iniciales, por lo que los interrogatorios eran largos y, a menudo, irrelevantes. El contrainterrogatorio eficaz no sólo es difícil sino potencialmente peligroso, ya que una línea de interrogatorio no puede restringirse si suscita un testimonio desfavorable; por lo tanto, rara vez se usó y las declaraciones de los testigos tendieron a no ser cuestionadas. 156 Además, las preguntas se formulaban a menudo en lenguaje técnico; su significado podría no ser claro para el testigo y dado que los examinadores, quizás con prudencia, por lo general no consideraban que era su deber ofrecer explicaciones, se podría dar la respuesta "incorrecta". 157Como comentó Lancelot Shadwell, "está casi moralmente seguro de que no ha recibido en la declaración escrita las respuestas que dio el testigo". 158 La calidad y el estilo de la narrativa variaban y, en casos de países, podrían ser producto de disputas y compromisos. (p. 669) Los comisionados estaban evidentemente incómodos con este tema. No podían abogar por un cambio total a la prueba oral, ya que eso requeriría cambios fundamentales en el procedimiento y la prolongación de las audiencias agravaría las demoras en la etapa del juicio. Sin embargo, prácticamente reconocieron la insuficiencia de la práctica existente al señalar la facilidad de enviar problemas fingidos para que sean juzgados ante la ley. 160 Los jueces de equidad habían recurrido cada vez más a este dispositivo, que les permitía obtener un veredicto de un jurado de derecho común sobre una cuestión de hecho controvertida, pero a medida que aumentaba el costo y la demora, apenas resultaba satisfactorio. 161 La única concesión de los Comisionados fue otorgar a los capitanes la facultad de escuchar pruebas viva voce sobre ciertos asuntos. Los comisionados siguieron las afirmaciones poco convincentes de los principales abogados de que rara vez se cometía una injusticia con la forma defectuosa de presentar pruebas, 163 pero de ser así, era sólo porque esos mismos abogados y abogados experimentados habían aprendido a buscar lo que querían de otra fuente. Las quejas de que los interrogatorios en un proyecto de ley de la Cancillería fueron innecesarios pasaron por alto el hecho de que habían sido elaborados precisamente para llenar el vacío dejado al renunciar a la prueba oral. Heald admitió que eran innecesarios en casos simples, pero él y el ultraconservador Bell tenían razón al afirmar que generalmente se necesitaban interrogatorios; 164, como se jactó Lowe, fue a través de ellos que pudo "raspar la conciencia del acusado", lo que lo llevó a admitir hechos desagradables. Las sugerencias de mejora de los comisionados se limitaron a reducir los límites de tiempo para los exámenes y frenar la extravagancia de las comisiones de los países. También esperaban elevar los estándares al exigir que los examinadores, y al menos un comisionado de cada lado, fueran abogados de diez años. 166 El informe de la Comisión de Cancillería 25 años después sugiere que las recomendaciones que se implementaron lograron poco. Las órdenes de Cottenham mejoraron un poco los interrogatorios, requiriendo que fueran numerados y dirigidos solo a aquellas partes con conocimiento del asunto en cuestión, 167 pero el papel de los examinadores y la toma de pruebas estuvieron a la vanguardia de las instrucciones de la nueva Comisión. La Sociedad de Abogados afirmó que "está admitido por todas partes, que el modo actual de presentar pruebas en la Cancillería, mediante interrogatorios escritos ante un funcionario del tribunal, es extremadamente defectuoso e insatisfactorio". 168 Sus propuestas formaron la base (p. 672) de las recomendaciones de la Comisión, pero la delicadeza y complejidad del tema fue tal que el sistema revisado fue investigado dos veces y modificado dos veces en la misma década. Hubo un apoyo generalizado para el cambio, pero no todos los abogados de equidad estaban a favor de alinear su práctica tan estrechamente con el derecho consuetudinario como deseaban los entusiastas de la fusión procesal. La propia Comisión mantuvo la antigua posición de que un paso total hacia el examen en voz alta en audiencia pública era imposible sin más jueces.169En cambio, al señalar que la prueba de la declaración jurada era ahora el modo dominante en los procedimientos interlocutorios y que, en la práctica, muchos casos se resolvían efectivamente mediante mociones, propusieron fomentar también las declaraciones juradas en las audiencias finales. Se reconocieron los defectos de las declaraciones juradas — preparación de testigos, prolijidad y la inclusión de materias inadmisibles entre ellos — pero se consideró que la forma en que se tomaban los interrogatorios era en la práctica un poco mejor, además de ser mucho más lenta y costosa. Para satisfacer las necesidades de la minoría de casos en que se impugnó el testimonio de un testigo, cualquiera de las partes podría exigirle que, en su lugar, preste testimonio oral o que sea interrogado o contrainterrogado en su declaración jurada; Se consideró que la perspectiva de esto haría mucho para garantizar la honestidad en las declaraciones juradas. Como alternativa, el juez mismo podría requerirprueba viva voce en la audiencia. 170 Los interrogatorios antes de la audiencia, cuando así se requirieran, se llevarían a cabo, pero ante un "capitán u otra persona competente acostumbrada al interrogatorio de testigos y prácticamente familiarizado con la ley de la prueba"; se sentaba en público, en presencia de las partes, sus abogados y sus abogados, y era el último nombrado quien hacía el interrogatorio. El examinador seguiría presentando las pruebas en forma narrativa como hasta ahora y se pronunciaría sobre la admisibilidad. 171 En cuanto a la prueba de las propias partes, los interrogatorios fueron eliminados del proyecto de ley y deben administrarse por separado en un formato más sencillo. En un par de años, la presión de la profesión jurídica obligó a los comisionados a revisar el funcionamiento del nuevo sistema. Al final, los examinadores no habían sido abolidos y se alegó que hubo grandes retrasos en la obtención de citas con ellos, en parte porque muchas partes no se presentaron a las suyas, presumiblemente habiendo llegado a un acuerdo extrajudicial. La evidencia tomada de esta manera se consideró insatisfactoria porque el juez no pudo ver el comportamiento del testigo y había incertidumbre sobre la línea donde la inadmisibilidad (sobre la cual el examinador podía fallar) se encontraba con la materialidad (sobre la cual él no podía). 172 La Comisión buscó algunos cambios (implementados a través de una orden general anticipada (p. 671)en 1855), alentando notablemente incluso a las partes a declarar mediante declaración jurada, pero sin ceder a la presión de un cambio más decisivo hacia la oralidad. 173 Aún insatisfechos, los reformadores presionaron para que se llevara a cabo una investigación adicional. Lyndhurst afirmó que se "cocinaron" demasiadas declaraciones juradas, Chelmsford que la retención de los examinadores había sido un error. 174 Se dijo, sin duda con algo de verdad, que ciertos jueces eran reacios a tener pruebas viva voce en su tribunal, o llamar a un jurado para resolver disputas (todavía prefiriendo enviarlas a la ley por una cuestión), mientras que la barra de equidad no le gustaba realizar un contrainterrogatorio. Se inició otra investigación y se recomendó debidamente que en lo sucesivo los exámenes viva voce se llevaran a cabo ante el juez o un jurado, al igual que el contrainterrogatorio de declaraciones juradas. El papel de los examinadores se limitaría a realizar exámenes ex parte y aquellos para los que las partes acordaron utilizar sus servicios. Sin embargo, parece que los practicantes eran tenaces con las viejas formas y las órdenes generales a este efecto no parecen haber tenido el efecto deseado. En cuanto a la obtención de pruebas, la Cancillería se había inclinado hacia el derecho consuetudinario sin abrazarlo. 6. La etapa de prueba. The Trial Stage Las críticas al tribunal de Eldon se concentraron principalmente en los retrasos en la audiencia de las causas que se habían establecido. Continuaron las discusiones sobre el alcance de estas demoras —de hecho, no todas las causas expuestas estaban listas para ser escuchadas—, pero las demoras eran reales y serias y especialmente malas cuando una causa se remitía a un maestro y tenía que escalar dos veces en las listas; en 1840, Cottenham LC calculó que esto llevaría tres años, aunque, como Leach antes que él, se decía que Cottenham era particularmente propenso a ordenar referencias casi como una cuestión de rutina. El curso pausado de los procedimientos de la Cancillería tuvo un efecto negativo en los abogados que practicaban allí con regularidad. 178 En algunos indujo un letargo correspondiente, mientras que otros siguieron el ejemplo del señor Vholes en Bleak House y fabricaron negocios interlocutorios para persuadir a sus clientes de su celo, de modo que a los revividores y complementos necesarios por los sucesos de la vida cotidiana se agregaron (p. 672) Mociones y peticiones de dudoso valor. 179 Los materiales estaban a mano. El libro de práctica de Maddock enumeró un atractivo número de mociones 180 y el creciente recurso a ellas se ilustra por su ascenso de 4684 a 6730 en la primera década de Eldon como canciller. 181Muchas fueron simplemente mociones, por supuesto, pero las que desbordaron el tiempo que se les asignó, dando lugar a un mayor descontento debido a la práctica, adoptada por el colegio de abogados con la aquiescencia de los jueces, de permitir que los abogados presenten mociones en orden de antigüedad en lugar de hacerlo. el orden en que fueron archivados. Esto obligó a los abogados y abogados a permanecer en los tribunales en un estado de incertidumbre y alentó a recurrir a líderes costosos para asegurar el progreso. El número de mociones que cada abogado podía hacer a su vez fue eventualmente restringido, pero siguió siendo un agravio. 182 Una tendencia más útil (particularmente útil en juicios amistosos) que Eldon había alentado era el uso de mociones como atajo para obtener una opinión. 183 Por el contrario, se dijo que Cottenham había sido escrupuloso para evitar tocar los méritos de una demanda en cualquier etapa interlocutoria y no estaba dispuesto a ofrecer atajos; su sistema "se mantuvo hasta hace muy poco, los practicantes se enorgullecían mucho menos de la justicia que de los tecnicismos". Incluso después de la audiencia de una causa, siempre existía la posibilidad de una nueva audiencia o una apelación. Gran parte del argumento sobre la creación de un vicerrector se centró en si, como afirmaron los oponentes, cualquier beneficio sería anulado por una proliferación de apelaciones de sus decisiones. 185 Reviviendo el debate en 1819, Taylor afirmó que sus predicciones se habían cumplido, con serios atrasos en la etapa de apelación, y aunque las estimaciones de la escala del problema variaban ampliamente, se llegó a un consenso de que, independientemente de los méritos del establecimiento de la Vicecanciller, las apelaciones de él fueron una adición apreciable a las cargas del Lord Canciller. 186La propensión de los litigantes que no prosperaron a apelar se vio favorecida por varios factores. Las decisiones de los primeros vicerrectores, Plumer, Leach y Shadwell, no dieron satisfacción, Plumer porque su nombramiento fue criticado y comenzó con mala reputación, Leach por su notoria prisa y Shadwell porque estaba esclavo de una sucesión. de líderes poderosos (p . 673) . 187 Eldon carecía tanto de confianza en sus propios juicios que invitó positivamente a ensayos y apelaciones, incluso cuando estas últimas eran en efecto, como sostenían los críticos, apelaciones del Canciller en su propio tribunal al Canciller y dos pares laicos mudos en la Cámara de los Lores . 188Su reputación de escrutinio minucioso de los documentos también alentó la esperanza de que encontraría algo pasado por alto por el juez de primera instancia, 189 aunque fue provocado a una imprudencia inusual cuando se informó que James Abercromby había dicho que admitía nuevas pruebas en las apelaciones. 190 Sin embargo, el juez tenía la posibilidad de examinar las pruebas disponibles en la audiencia pero no mencionadas. En las apelaciones de decisiones interlocutorias sobre moción no hubo restricción alguna. De hecho, el tribunal fue notablemente generoso al revisar las decisiones. Incluso cuando se creó el tribunal de apelaciones de la Cancillería, el pretendiente pudo hacer que el juez reconsiderara primero su causa y no fue hasta 1852 que las órdenes impusieron un plazo de cinco años a partir de la orden o el decreto; 192 hasta entonces, sólo la doctrina de las laches fijaba límites a las apelaciones. No es de extrañar que nada se haya considerado definitivo en Chancery. La única salvaguarda contra apelaciones frívolas o vejatorias era el requisito de que la petición fuera firmada por un abogado y se depositaran £ 20 como garantía por los costos, y eso probablemente fue ineficaz. 193 Además, con una cantidad cada vez mayor de negocios de la Cancillería que involucran un fondo en los tribunales, los apelantes se sintieron reconfortados al saber que los costos de la apelación generalmente se cubrirían con esa fuente. Pocos abogados de la Cancillería apoyaron las restricciones al derecho de apelación, no solo por motivos interesados, sino porque veían las apelaciones como una garantía esencial para la coherencia de doctrinas equitativas, siempre vulnerables a las viejas burlas sobre su carácter arbitrario y caprichoso. Además, sin jurados, todas las decisiones eran decisiones razonadas cuyas fallas, si no se exponen, podrían constituir la base de más errores. Si la cancillería fue muy criticada por la lentitud en producir un veredicto y la generosidad al permitir que se impugnara, también fue objeto de un fuerte ataque por el tratamiento de quienes desobedecieron una orden de la corte. El proceso de ejecución de las órdenes era, como tantas otras cosas en la Cancillería, pesada y señorial, pero si progresado a una orden de secuestro y la contemnor tenido ninguna propiedad a (p.674) sequestrate, entonces podría ser encarcelado indefinidamente si no hay nadie purgaría su desprecio. 194Lyndhurst intentó aliviar la difícil situación de esas personas, que había sido bien publicitada y quizás bastante exagerada, pero había dudas de si era legal hacerlo a través de órdenes, por lo que Sugden presentó con éxito un proyecto de ley que prescribía un regreso trimestral del alcaide de la Flota. y examen por parte de un capitán que podría resultar en una descarga en los términos. 195 Esta reforma no impidió que Dickens criticara al tribunal en The Martyrs of Chancery y nuevamente en Bleak House , 196 tal vez injustamente pero con buenos resultados, ya que los procedimientos mejoraron en 1860 con la institución de una visita trimestral de un informe al Lord Canciller. 7. Organización: Maestros y Registradores Organization: Masters and Registrars Los diez maestros de la Cancillería desempeñaron un papel cada vez más importante en el tribunal como una agencia de investigación a la que los jueces remitieron una amplia gama de asuntos relacionados con el resultado de una demanda, pero que consumían demasiado tiempo o eran demasiado mundanos para justificar una investigación en audiencia pública. 198 Sus funciones incluían: llevar cuentas de albaceas, fideicomisarios, acreedores hipotecarios, socios, agentes, etc .; nombrar receptores, tutores y fideicomisarios; ocuparse del mantenimiento y el avance; organizar la venta de tierras y establecer planes para administrar organizaciones benéficas. 199A medida que la proporción de negocios de la Cancillería proveniente de testamentos y acuerdos, ventas e hipotecas de tierras y asociaciones y otras transacciones comerciales multipartitas y de donaciones caritativas, creció a expensas de los bonos y las disputas comerciales directas, también lo hizo el número y la complejidad de las referencias. Un índice bruto es el número de volúmenes de sus informes, que aumentó de 245 (1701–50) a 335 (1750–1800) y 1400 (1800–52). Esto representa una tasa de aumento mucho más rápida que las causas e indica también un cambio en la práctica, ya que las partes buscan cada vez más informes provisionales sobre un tema en particular y retrasan el informe final, a veces para resolver un asunto urgente, a veces para posponer las cosas. Los maestros practicaron fuera de la mirada del público e inicialmente fueron solo sus honorarios (particularmente de copias de oficina) lo que atrajo la atención parlamentaria. 200 Sin embargo, la Comisión de la Cancillería también profundizó en las formas en que las demoras (p. 675) y los gastos en las oficinas de la maestría contribuyeron a la mala reputación de la corte. Algunos maestros reconocieron libremente que `` esos males existen, y en gran medida '', 201 pero negaron que tuvieran la culpa, culpando a las partes y a sus abogados de debilidades sistémicas que, en su opinión, no eran una consecuencia inevitable de la jurisdicción de equidad y el tipo de negocio que entró en la Cancillería. 202Con dos de ellos en la Comisión, siempre era probable que se adoptara este punto de vista, 203 y, en cualquier caso, los capitanes tenían un caso plausible. Hubo demandas entabladas por un acreedor "amistoso" simplemente para obstruir a los acreedores reales y donde la inactividad era el propósito principal. 204 También era común que los albaceas o quienes tenían derecho al residuo de una herencia demoraran el pago de las deudas y legados de contratos simples (que no devengan intereses) para acumular ingresos para ellos mismos. Sin embargo, lo más común es que los procedimientos fueran tranquilos porque los clientes de los abogados eran indiferentes a la prisa o eran incapaces de penetrar en la confusión de su abogado, y cuanto peor era la reputación de demora de la Cancillería, más plausiblemente podía culpar al tribunal. Los abogados y los abogados funcionaban con un "sistema de acomodación", 206 en el que nadie se quejaba de la ausencia de otro del nombramiento de un maestro o de la imposibilidad de presentar material para él a fin de garantizar una indulgencia similar cuando la necesitaba. La asistencia era a menudo a través de un empleado, y no siempre el experto administrativo empleado por la mayoría de las firmas más grandes, sino un joven sin el conocimiento o la autoridad para avanzar en la demanda. 207Cuando se enfrentaba a la ausencia del representante de una o más partes, el capitán solía suspender la sesión en lugar de proceder ex parte . La parte que llevó a cabo la demanda determinaba su ritmo y, si permitía que se retrasara, rara vez se enfrentaba a las graves consecuencias que se derivarían del derecho consuetudinario. En teoría, otra parte podría solicitar que se le transfiera "la tramitación de la demanda", pero la cortesía mutua de los abogados, el costo y la naturaleza onerosa de la carga en los casos administrativos se combinaron para hacer que tales solicitudes sean una rareza. En consecuencia, los maestros afirmaron ser impotentes para acelerar el progreso de las causas. Incluso Esteban, uno de los más emprendedores, dijo la Comisión en la longitud de su experiencia en Silcox v. Campana , un traje de herencia con más de 100 solicitantes, muchos de ellos gente pobre Dorset, que había dormitado 1811-1820 debido (infirió) el abogado anteriormente activo se había vuelto demasiado próspero y ocupado para perseguirlo. Algunos de los desconcertados demandantes habían viajado a Londres para ver al maestro, quien no podía ofrecer más que simpatía. No es de extrañar que los desconcertados demandantes de Stephen no pudieran comprender la idea de que un juez estaba indefenso en su propio tribunal y, de hecho, la culpa de este estado de cosas no recaía totalmente en los abogados y las partes. Los maestros se habían distanciado demasiado de sus jueces. En parte esto era geográfico, ya que habían trasladado sus oficinas a Southampton Buildings en 1795, y en parte procedimental, porque después de 1826 ya no asistieron al tribunal para escuchar la referencia que se hacía, por lo que carecían de conocimiento del caso. Los sucesivos cancilleres no habían intentado mejorar sus operaciones; el maestro Stratford deploró más o menos abiertamente la negligencia de Eldon al hacerlo. |
1. Los problemas de la división The Problems of the Division Una década después de la finalización de la nueva estructura, los dos jueces de mayor rango habían pedido al Lord Canciller que estableciera otra comisión real en la judicatura para remediar deficiencias graves en su funcionamiento. El Master of the Rolls estaba particularmente preocupado por los retrasos en el Queen's Bench y la proliferación de mociones y apelaciones interlocutorias, que atribuyó a que Jessel injertó dispositivos de la Cancillería inapropiados en el procedimiento de derecho consuetudinario, 1 mientras que el Lord Chief Justice enumeró cinco cuestiones que necesitaban atención urgente. 2 Halsbury no era un entusiasta de otro intento de reforma: estaba pronunciando discursos ensalzando las virtudes de la súplica especial y el sistema de circuitos 3—Pero no pudo ignorar la petición de Coleridge, que reflejaba un descontento generalizado dentro y fuera de la profesión jurídica. Los abogados denunciaron demoras, costos y falta de finalidad, sus diarios destacaron el uso excesivo de interrogatorios, grandes inconsistencias en los fallos de las cámaras, 4 listas de casos incompetentes y jueces que comienzan temprano las largas vacaciones. 5 Incluso el Colegio de Abogados y el Comité de Abogados estaban lo suficientemente unidos como para establecer un comité conjunto. 6 fuera de la profesión, que no era sólo el Times , que (P.810) tronó críticas. 7Las cámaras de comercio renovaron su campaña por una justicia más localizada, incluida la ampliación de la jurisdicción de los tribunales del condado, una bête noire particular de Halsbury. 8 Los hombres de negocios estaban desertando de los tribunales para el arbitraje y el establecimiento de una Cámara de Arbitraje de Londres provocó un gran revuelo en los palomares legales. En lugar de una comisión, Halsbury invitó al Consejo de Jueces a investigar, para decepción de su secretario permanente y el escepticismo de los demás. 10 Lamentablemente, el Consejo no se benefició del primer conjunto de estadísticas judiciales civiles emitidas bajo los auspicios del maestro Macdonell, cuyos análisis penetrantes proporcionaron una imagen más completa que las recopilaciones hasta ahora poco imaginativas. 11 Demostraron que tanto las acciones originales como las apelaciones eran menos que a principios de la década de 1880 e incluso las mociones interlocutorias, que habían aumentado mucho después de las Leyes de la Judicatura, habían retrocedido un poco. 12Una disminución en el número de reclamos menores en el QBD estuvo acompañada por una mayor proporción de acusados que comparecieron, pero eso fue compensado por el uso cada vez mayor de la Orden 14. 'No obstante la objeción de los jueces de juzgar de esta manera los casos que presentan complejidad' , en 1898 constituyeron más del 15 por ciento de las acciones ensayadas en la ciudad. 13 La reducción de los juicios con jurado, de más del 90 por ciento de los juicios antes de 1883 a alrededor del 50 por ciento, también ahorró tiempo y costos. 14 Los problemas de la división eran esencialmente los de Londres, con más casos provinciales llevados a la ciudad y muy pocos jueces allí para hacerles frente. Entonces, aunque propuso restricciones a las apelaciones, el Consejo se centró correctamente en el QBD, que The Times estaba comparando con la Cancillería de Eldon. 16 Su informe sugirió mejoras a los arreglos de cotización y diversos cambios de procedimiento, incluido el establecimiento de una lista especial exclusivamente para casos comerciales y enmiendas drásticas a los circuitos para asegurar que la capital tuviera suficientes jueces. Las propuestas del circuito nunca se implementaron y las críticas no disminuyeron. Atherley Jones apoyó su moción afirmando que la judicatura inglesa era más extravagante que cualquier otro bar que la francesa y aprovechó las pocas horas, los grandes salarios y las largas vacaciones de los jueces, 18 aunque litigantes, y la profesión en general. , se quejó más de sus costos y retrasos. 19 El nombramiento de un juez adicional de la Cancillería en 1899 y la adopción del sistema de jueces vinculados hicieron mucho para mejorar esa división, 20 pero el QBD estaba desesperadamente en mora, haciendo todo lo posible 'para la extinción de los tribunales', como lo expresó una revista. Esto no se debió a que el negocio se estuviera expandiendo. El primer comentario de MacDonell había señalado que "el giro de los negocios es claramente hacia los tribunales del condado" 22 y el Tribunal Superior continuó remitiéndoles más de 1.000 casos al año. La caída en la carga de trabajo del QBD fue clara a partir de los promedios quinquenales de órdenes y juicios: (Ver gráfico de abajo) En 1909 los autos de citación emitidos por el QBD (62,916) estaban en su nivel más bajo desde la creación de la SCJ, y el declive continuó, a 60,511 en 1913. 23 Además, muchos casos no fueron defendidos o fueron enviados con una expedición y gastos aceptables. bajo la Orden 14; para los años 1891-4, se dictó sentencia en rebeldía en el 63,5 por ciento de los casos, y las sentencias de la Orden 14 representaron otro 22,4 por ciento. 24 MacDonell concluyó que "una mayor proporción de las acciones que llegan a los tribunales se refieren a disputas reales", 25 pero la mayoría se refería a sumas comparativamente pequeñas; en 1904, el 69 por ciento de los veredictos o sentencias en Londres y Middlesex y el 54,3 por ciento de los que estaban en circuito fueron por £ 100 o menos. 26 Sin embargo, la división seguía desacelerándose. Las cifras de 1898 sugirieron que todo el proceso, desde la orden judicial hasta el juicio, tuvo un promedio de 194 días, con un lapso de 51 días entre la entrada en las listas y el juicio, y fue empeorando. 27 La prensa a veces puede haber exagerado las demoras, pero en general los comentaristas legales (p . 812) estuvieron de acuerdo. 28 Algunas demoras se debieron al extenso recurso, a veces por razones tácticas, a los procedimientos interlocutorios, especialmente al descubrimiento. 29 La citación ómnibus para indicaciones fue un fracaso 30y las órdenes interlocutorias obstruyeron aún más el sistema por su propensión a generar apelaciones. Comprenden alrededor de la mitad de todas las apelaciones del KBD en 1901 y con más del 40 por ciento de las apelaciones de maestros y registradores de distrito que tuvieron éxito, hubo todos los incentivos para apelar. 31 Un cambio gradual en el tipo de negocio también pudo haber sido un factor, aunque a MacDonell le resultó difícil distinguir el tema de los autos. 32 La calumnia y la difamación siguieron siendo sorprendentemente persistentes: el 12½ por ciento de las acciones en circuito en 1898 y más del 16 por ciento en 1908, en comparación con el 9 por ciento en Londres. 33 Dado que la difamación involucró a un jurado y generalmente a varios testigos, solía ser un asunto lento. Los agravios eran todavía una minoría de acciones (menos del 10 por ciento eran reclamaciones por lesiones personales 34 ), mientras que más del 70 por ciento eran reclamaciones monetarias. 35Sin embargo, algunas reclamaciones contractuales eran más complejas que antes. La emisión de nuevas reglas que rigen el servicio de procedimientos en empresas en 1891 señaló la creciente prominencia de las sociedades limitadas en los litigios, y para 1900 estaban involucradas en el 45 por ciento de las acciones. 36 Muchos casos que involucran a corporaciones, sin duda, no fueron diferentes de los que involucraban a individuos, pero incluían un número creciente de asuntos más complejos, que involucraban masas de correspondencia y, a veces, cantidades de materia periférica desenterrada por descubrimiento. 37 Las acciones de ingresos, aunque comparativamente pocas, también fueron notoriamente complejas. Los cambios en los procedimientos y negocios no se cumplieron adecuadamente con adaptaciones en la organización y los arreglos, y el descontento continuo con el KBD condujo a una serie de investigaciones que comenzaron con el Comité Gorell sobre la jurisdicción de los tribunales del condado (p.813) en 1906. Su composición hacía poco probable que se recomendaría una importante devolución de negocios, pero reconoció que el statu quo solo era sostenible si el KBD ponía su casa en orden y, en particular, si reformaba las Assizes para mejorar las instalaciones en Londres. 38 Debido a las sorprendentes recomendaciones de Gorell de transferir el divorcio, ese informe generó una investigación sobre el divorcio que abrazó la capacidad del KBD para asumir parte de ese trabajo. 39La respuesta del Lord Chief Justice a las críticas fue (razonablemente suficiente) exigir más jueces, pero eso significaba legislación, que a su vez requería una investigación de su división. Las deliberaciones de un comité mixto selecto fueron abruptamente recortadas por la convocatoria de elecciones generales en 1911 y emitió el más breve de los informes, recomendando dos jueces adicionales como medida temporal y que 'mientras tanto y sin demora, ciertas reformas, que se han sugerido a ellos para la mejor organización de los negocios en Londres y en circuito, deberían ser considerados con miras a que aquellos que se consideren practicables y deseables se lleven a cabo ”. 40 No es de extrañar que el Lord Presidente del Tribunal Supremo profesara no poder comprender exactamente lo que recomendaba el informe, 41 por lo que Loreburn tuvo que iniciar otra investigación, esta vez una comisión real. Al mismo tiempo, un comité departamental dirigido por Lord Mersey llevó a cabo un examen atrasado del sistema de jurados, 42 y con la Comisión de Servicio Civil dirigiendo su atención a los departamentos legales, el KBD experimentó un escrutinio implacable y a menudo incómodo. Sin embargo, no fue muy productivo. Era fácil identificar las debilidades, pero sugerir remedios que fueran políticamente practicables y administrativamente factibles era otro asunto cuando, como había observado un autor anterior, "no se puede ordenar a los jueces como a los empleados de una oficina". 43 Esto se aplica tanto a abaratar los litigios del Tribunal Superior como a acelerarlos. 2. La cuestión de los costos The Question of Costs Pronto se alegó que las Leyes de la Judicatura en realidad habían aumentado los costos del litigio, 44 y a pesar de la armonización que prácticamente terminó con la escala más alta que había sido casi la norma en la Cancillería, 45 se hizo poco para abaratarla (p. 814) . 46 Es cierto que la disposición de la Orden 65, r 11 que tanto agraviaba a los abogados a veces se invocaba para denegarles sus gastos 47 y una fiscalidad rigurosa reducía una media del 25 al 30 por ciento de las facturas. 48 Aun así, la brecha entre los costos permitidos a la parte ganadora por partes y los costos reales incurridos en concepto de indemnización (abogado y cliente propio) siguió siendo un agravio permanente. 49El Consejo de Jueces en 1892 había recomendado que `` los costos permitidos en asuntos litigiosos serán todos aquellos en los que haya incurrido razonablemente el cliente '' 50 y en 1897 Halsbury y los oficiales de la ley se manifestaron ansiosos por implementarlo, pero aunque se esperaba que las normas adoptadas sobre la unificación de las oficinas tributarias tendrían este efecto, la distinción resultó demasiado arraigada para ser eliminada. 51 Los jueces podrían haber hecho algo para reducir los costos, pero algunos se mostraron reacios a permitir atajos en el procedimiento y las pruebas que hubieran sido económicos. Un juez de la Cancillería no permitiría que el método más simple de extraer dinero del tribunal, mediante citación, se utilizara para sumas superiores a £ 1000, mientras que el Comité de Reglas apenas hizo uso del poder que se le otorgó en 1894 para simplificar las reglas de prueba, e incluso en el Tribunal Comercial, el Tribunal de Apelación anuló un intento de "prescindir de las reglas técnicas de la prueba". 52 Dado que el tribunal y la barra solían enfatizar que no se podía obtener la justicia adecuada en los tribunales inferiores menos costosos, no es de extrañar que pocos de ellos mostraran mucho celo por la economía. Los jueces estaban aislados y a menudo ignoraban la forma en que se acumulaban los costos, 53 y las reglas aún alentaban a los abogados a hacer cosas innecesarias, como el uso extravagante de interlocutorios, para recompensarse (p. 815) por los necesarios que no fueron remunerados. 54 Aun así, sus cargos probablemente no se dispararon como los honorarios del abogado principal. 55 Además, los abogados encontraron otras formas de aumentar sus ingresos. Se persuadió a los maestros de impuestos de que fueran generosos al permitir tres consejos, 56aceptó la regla de los 2/3 para los jóvenes y, a pesar de las objeciones de los abogados, no hizo nada para detener el crecimiento de los estudiantes de actualización. 57 Los refrescos fueron particularmente perniciosos, proporcionando un incentivo perverso para prolongar los juicios y contribuyendo así a retrasos y gastos. Sin embargo, fueron los jueces quienes perpetuaron la regla general de que los costos siguen al evento. La amplia discreción ofrecida en los proyectos de ley originales de la Judicatura se redujo para los casos de jurado por una enmienda de los Comunes durante la aprobación del proyecto de ley de 1873 y los jueces, comprensiblemente, también buscaron la seguridad de la regla simple en otros casos. 58 De hecho, lo ampliaron. Antes de 1875, un apelante de derecho consuetudinario exitoso tenía que pagar sus propias costas, pero eso fue modificado por el Tribunal de Apelación, dando lugar a lo que Hollams y otros criticaron como un `` sistema de juego '' que alentaba las apelaciones con la esperanza de que una decisión finalmente favorable llevar consigo los costos de todo el traje. 59 Pocos abogados de éxito estaban interesados en abaratar los litigios. WJ Disturnal dijo con ligereza a la Comisión KBD que "[la] cuestión del costo no me atrae, tanto como la forma en que se hacen los negocios", 60 pero al defender el nombramiento de varios jueces adicionales, necesariamente también estaba sugiriendo una aumento de las tasas judiciales. Esto se debía a que, si bien los Lord Chancellors habían combatido con éxito las demandas del Tesoro de que la SCJ fuera totalmente autosuficiente, habían tenido que admitir que los honorarios deberían cubrir todos los gastos públicos salvo los salarios de los jueces; incluso los costos de construcción de los tribunales en el Strand debían recuperarse con los honorarios de los litigantes. 61Este compromiso se incluyó en la Orden de tarifas de 1883 y fue una suerte que el rendimiento de las sucesiones no impugnadas permitiera al Tribunal Superior (a diferencia de los tribunales del condado) obtener ganancias. Esto significaba estar libre de la presión del Tesoro para aumentar los honorarios, pero también que habría que luchar por cualquier juez adicional. (p.816) El Tribunal Superior estaba más allá de los medios de muchos. Elprocedimiento in forma pauperis que ofrecía el acceso de los destituidos tenía un alcance muy limitado y había sido limitado a los demandantes por las Leyes de la Judicatura. 62 La brecha se llenó solo en parte con los esfuerzos caritativos de los planes de abogados de pobres y hubo preocupación por las actividades de los abogados sin escrúpulos que persiguen ambulancias y las 'sociedades de asistencia legal'. 63 La creación de un Procedimiento para Pobres fue la principal preocupación del Comité de Reglamentos entre 1909 y su introducción en 1914. 64 Una consecuencia no deseada de que el Tribunal Superior fuera tan costoso fue que algunos hombres y mujeres decididos o desesperados prescindieron de los servicios de abogados y los tribunales empezaron a llenarse de litigantes en persona. 65 Por supuesto, los tribunales del condado siempre habían tenido que lidiar con individuos que presentaban su caso en persona y su procedimiento fue diseñado con eso en mente, 66 pero antes de las reformas procesales de la década de 1850, solo el litigante más optimista o temerario se sumergía en el proceso matorrales que protegían las salas de los juzgados superiores. 67 Siempre hubo hombres y mujeres que entablaron acciones que eran frívolas o vejatorias o ambas cosas, y la Ley de Denman 68había fortalecido los poderes de los tribunales para tratarlos de manera sumaria, aunque ninguna legislación podría suprimir por completo la necesidad de recurrir a la ley cuando se creía que había una enorme recompensa potencial (como con los interminables intentos de hacerse con la fortuna de William Jennens 69 ). o cuando el demandante lo convirtió en una cuestión de principio. Sin embargo, la prensa jurídica notó un aumento significativo en el número de litigantes en persona. Algunos, probablemente la mayoría, no podían pagar un abogado, mientras que otros tenían una confianza generalmente infundada en su propia aptitud forense. 70 "Los litigios de aficionados de esta clase parecían haber alcanzado proporciones epidémicas", escribió un abogado, 71 y el juez Chitty tuvo que lidiar con tres en la misma semana. 72 Además de resentir estas incursiones en sus acogedores tribunales cuasi privados, los jueces y abogados tenían una preocupación más legítima por la forma en que los laicos prolongaban los procedimientos. Experimentaron problemas particulares con "el sexo suave", que proporcionó (p.817) algunos de los litigantes más pertinaces en persona. Algunos estaban lejos de ser amables 73pero otros explotaron hábilmente las convenciones de una sociedad patriarcal. Los jueces como Lord Esher, habitualmente bruscos e intimidantes con los abogados, estaban desarmados por los encantos femeninos y eran totalmente incapaces de mantener el control del ritmo del juicio. 74 «Estamos a su merced», lamentó Lord Coleridge, y Lord Hatherley lamentó el hecho de que la señorita Shedden hubiera consumido 28 días del tiempo judicial de la Cámara de los Lores. 75 Rosanna Fray fue calificada como "la reina de las damas litigantes", pero la litigante en serie más prolífica y exitosa fue la célebre Georgina Weldon. 76 Durante un tiempo, la señora Weldon contó con la ayuda de Alexander Chaffers, cuya notoriedad, al menos en los círculos legales, igualaba a la suya. La melodramática persecución de Chaffers a Lady Twiss en 1872 le costó su profesión, su reputación y su sustento y, como ocurre con muchos litigantes en persona, sus quejas se convirtieron en obsesiones y lo llevaron a disparar órdenes judiciales contra jueces, políticos, arzobispos y todo tipo de personas. ; lo más curioso es que incluso demandó a Pym Yeatman, un abogado tan inflamable y litigioso que se advirtió a los recién llegados al circuito de Midland que lo evitaran. 77 Los jueces presionaron su jurisdicción inherente hasta sus límites a través de las órdenes Grepe v. Loam , y ocasionalmente más allá, 78pero frente a Chaffers, Yeatman y similares, que parecían dispuestos a plagar los tribunales con acusaciones contra los propios jueces, Halsbury recurrió al estatuto. La Ley de acciones vejatorias de 1896 (c. 51) permitió al tribunal crear una lista de personas que no podrían emprender ninguna acción sin un permiso expreso; Chaffers tenía la dudosa distinción de ser el primero en la lista. 79 La Ley de 1896 solo eliminó la amenaza del litigante más extremo en persona. Otros continuaron prolongando los juicios y algunos, como Horatio Bottomley, aparecieron con cierta regularidad. 80 "Si pudiera encontrar alguna manera de tratar con la litigante, todos estaríamos agradecidos", dijo Scrutton 81, y el capitán dijo que su correspondencia con los abogados sobre los casos que involucran a los litigantes en persona estaba creciendo constantemente. 82 3. Procedimientos previos al juicio Pre-trial Proceedings Los redactores de las reglas de la SCJ habían querido crear un marco procesal uniforme en todas las divisiones, y todas las acciones se iniciaron con un auto de citación. Los departamentos de ingresos, sin embargo, lograron conservar su procedimiento anticuado a través de la información en inglés 83y las reglas de 1883 restauraron a la división de la Cancillería la citación original omitida de las de 1875. Esto proporcionó un atajo para las partes en los casos en que solo se buscaba una decisión sobre la construcción de un documento, como un testamento, los hechos se establecieron en declaraciones juradas rivales y la decisión a menudo se da en las cámaras. Se hizo tan popular que se extendió al QBD en 1893 a pesar de que a muchos abogados comunes (y aparentemente a los maestros) no les gustó, argumentando que un resultado similar podría obtenerse mejor a través de una orden judicial especialmente respaldada junto con modificaciones menores al procedimiento de la Orden 14. . 84 Como era de esperar, la citación originaria nunca tuvo éxito fuera de su hogar original. 85 Con una exageración perdonable, Bowen 'afirmó sin temor a contradecirse que no es posible en el año 1887 que un litigante honesto en la Corte Suprema de Su Majestad sea derrotado por un mero tecnicismo, cualquier desliz, cualquier paso equivocado en su litigio'. 86 En otra parte admitió que este logro tenía un precio. `` Lo que los autores de las Reglas de la Judicatura creían hace diez años que era una simplificación de los alegatos y una abolición de los tecnicismos de los alegatos, ha resultado ser la introducción de un modo de alegar tan confuso y poco artístico que en muchos casos es solo una fuente de vergüenza y gastos '. 87 El descuido fue alentado por la conciencia de que se estaba ejerciendo generosamente el poder liberal para permitir enmiendas hasta el juicio inclusive,88 y que incluso la facultad de rechazar los alegatos que no revelaban causa de acción o (p. 819) defensa solo se usaba cuando era 'simple y obvio'. 89 Incluso la negación general, aparentemente prohibida específicamente por la regla, reapareció en 1893. 90 Dado que el Comité Coleridge había pronunciado que "como regla general, las cuestiones en controversia entre los litigantes pueden determinarse sin alegatos" 91 , las reglas permitieron a las partes prescindir de ellas, pero esto nunca se generalizó. Más tarde se rumoreaba que el Consejo de Jueces recomendaría la abolición de los alegatos 92, pero la regla promulgada en 1897 requería permiso para que se utilizaran los alegatos, y eso resultó inútil, ya que el permiso se otorgó de forma natural. Quedaron 93 alegatos, pero los días de Bullen y Leake, que algunos anhelaban después del 94nunca volvería, y tampoco lo haría la rápida identificación y resolución de problemas que habían promovido los alegatos a la antigua. Se hizo común que las partes buscaran más y mejores detalles; a veces justificado por la laxitud de los alegatos, sin embargo, se convirtieron en un abuso que Esher denunció como "caro, opresivo y [susceptible] de causar una demora infinita" y que el Comité Gorell acordó que era necesario poner freno. 95 El Comité Coleridge había tenido la intención de que los peligros planteados por alegatos más flexibles y mayores facilidades para el descubrimiento, etc. deberían ser frenados por 'un cambio en el procedimiento que permitiría al tribunal, en una etapa temprana del litigio, obtener control sobre la demanda y ejercer una estrecha supervisión de los procedimientos ». 96 El vehículo de esta supervisión fue la convocatoria de instrucciones, pero si bien estaba claramente destinado a reemplazar la práctica anterior, resultó un completo fracaso. 97 Una de las principales razones fue la hostilidad a esta "imposición del principio de la Cancillería al derecho consuetudinario (p. 820) ". 98Debido a que la Sociedad de Abogados y la mayor parte del colegio de abogados se oponían a la noción de injerencia en la libertad de las partes para controlar el ritmo y la dirección de una demanda, no parecía factible hacerla obligatoria y, en general, se rechazó. 99 La última de las contribuciones de Mathew a la elaboración de reglas fue fortalecer la convocatoria de instrucciones, 100 pero las consultas en 1896 mostraron que, además de los abogados, muchos jueces eran hostiles; Bruce sintió que significaría "la abolición de todo procedimiento establecido" 101 y Wright produjo cálculos alarmistas que sugerían que un juez tendría que ocuparse de 150 por día. 102 Si se llegara a imponerse, insistieron los jueces QBD, debe ser por maestros con un llamamiento a la juez al que se asignó el caso, y en base a las reglas fueron nuevamente modificado en 1897. 103Adelantarlo a una etapa anterior en el procedimiento como en el Tribunal de Comercio parece haberlo hecho menos efectivo. Los secretarios de los abogados que asistieron a menudo sabían muy poco sobre su caso para ser útiles, especialmente en casos de países enviados a Londres, por lo que se convirtió en una fórmula y no tuvo un impacto sustancial en el volumen de solicitudes de descubrimiento, interrogatorios, etc. 104 Continuó atrayendo devotos de la reforma procesal 105, pero era demasiado inconsistente con la forma en que la profesión y los tribunales preferían operar para tener un gran impacto en los problemas de la QBD, especialmente los derivados del uso generoso de interlocutorios. 106 Dado que la convocatoria de instrucciones fue ineficaz, hubo poco que impidiera que las partes explotaran plenamente las facilidades que proporcionaban las Leyes de la Judicatura. Los resultados fueron lamentables. "El descubrimiento de documentos e interrogatorios, cuyo valor teórico es evidente, y que en ocasiones en la práctica son esenciales para el logro de la verdad, en muchos casos solo se suma a los costos de la acción sin ningún beneficio acorde para el pretendiente". 107 El principal beneficio para los abogados era a menudo generar costos adicionales con un gasto mínimo de tiempo (p. 821) y esfuerzo. 108 En consecuencia, debían considerarse las restricciones, aunque los oponentes argumentaron que el recurso inmediato a la información sobre el caso de la otra parte conducía con frecuencia a un arreglo.109 En la mayoría de los casos ya se requería una licencia para los interrogatorios, y a partir de 1893 sólo se permitirían cuando "fueran necesarios, ya sea para resolver justamente la causa o el asunto o para ahorrar costos". 110 Sin embargo, parecería que todavía se solicitaban y concedían libremente. 111 En el lado del derecho consuetudinario, el descubrimiento de documentos fue aún más aceptado, y cuando el Consejo de Jueces propuso reglas más estrictas, prevaleció una fuerte oposición profesional. 112 Al igual que los interrogatorios, el descubrimiento a veces funcionaba para poner fin a una demanda, pero cuando no lo hacía, a menudo inundaba el juicio con documentos, algunos de dudosa relevancia. 4. El juicio de acciones civiles. The Trial of Civil Actions Por lo tanto, todo el proceso previo al juicio se había vuelto enormemente extenso y complicado, 114 y comúnmente se creía que otro problema era "la forma más elaborada en que se impugnan los casos". 115 Los cambios en la ley probatoria sin duda contribuyeron a prolongar los juicios penales 116 y Hollams consideró que la creciente dependencia de los testigos expertos tuvo un efecto similar en los juicios civiles. 117 discursos del letrado se dice que están en crecimiento ya 118 y, cada vez más preocupados por las apelaciones, los jueces han contribuido a la prolongación de los ensayos, tanto al permitir consejo, de leer documentos largos a la corte, y mediante la elaboración de sus propias exposiciones sumarias y juicios. 119 Lo que también pudo haber contribuido fue el fracaso de un nuevo modo de juicio, ante un árbitro oficial, y la tenacidad de uno antiguo, juicio con jurado. Una de las innovaciones sugeridas por los Comisionados de la Judicatura fue que un demandante debería poder elegir para juicio ante un árbitro, preferiblemente uno de los nuevos árbitros oficiales de tiempo completo. También estaría abierto a un juez ordenar a un árbitro (p. 822) que se ocupe de la causa en sí o de cualquier asunto relacionado con ella. 120 A pesar de la resistencia a otorgar a los jueces este poder, los árbitros oficiales fueron creados por las secciones 56–7 de la Ley de 1873. Los primeros árbitros fueron nombrados en 1875122, pero pronto se advirtió que no se estaban utilizando en ningún grado y en febrero de 1877 el Fiscal General admitió que habían sido un fracaso, que los jueces y litigantes también preferían los 'árbitros especiales'. permitido por la ley. 123 Si los árbitros oficiales querían ser creíbles en cuanto a que debían ser hombres de alguna reputación, el salario era de solo £ 1500 y los primeros nombramientos estaban manchados y desacreditados por el empleo. 124 Un árbitro, HW Verey, fue objeto de ataques personales en el Parlamento y la prensa 125y otros no tenían pretensiones en tales posiciones. Estas decisiones débiles fueron tanto más dañinas porque el Lord Canciller y el Lord Presidente del Tribunal Supremo habían luchado con éxito contra el Tesoro para conseguirles algo parecido a la tenencia judicial, y dado que tenían que cumplir 25 años para una pensión completa, no podían deshacerse de ellos. La falta de confianza en los árbitros puede haber llevado a los jueces a una interpretación muy estrecha de sus poderes, negándoles el derecho a emitir juicios o juzgar un caso en lugar de un asunto. 127 Esto se rectificó en 1884 pero el negocio seguía flojo, 128 y además de sustituir una tarifa por hora por una tarifa fija (se decía que el tamaño de la tarifa había sido otro factor disuasorio 129 ), el Lord Canciller ordenó una investigación sobre si podían ser útil de otras formas. 130 Esto pudo haber tenido éxito, ya que en 1897 se describió a un árbitro como "el funcionario trabajador, el portador de tantas cargas pesadas de los jueces del Tribunal Superior". 131Era irónico que también fuera elogiado como `` un trabajador concienzudo en el desempeño de un deber del que casi todos los jueces del Queen's Bench se retraen por ser tedioso (p. 823) y desagradable '', 132 porque si ese deber consistía en examinar a los deudores judiciales, el El árbitro en cuestión, Edward Ridley, hizo un gran escándalo por tener que hacerlo. Ridley había sido nombrado por Halsbury cuando era al menos discutible que se redujera el número de árbitros, y en 1897 se vio favorecido por el ascenso al Tribunal Supremo, uno de los peores nombramientos de Halsbury. Su reemplazo, GW Hemming, no fue tenido en alta estima y se dijo que hizo su trabajo a duras penas, lo que quizás fue una de las razones por las que las audiencias ante los árbitros se alargaron como las ante los jueces. 134 El tribunal de árbitros no era popular entre el colegio de abogados, 135 y cuando Montague Muir McKenzie, conocido como 'el fiscal general de la quiebra', se convirtió en árbitro, su mayor aptitud con cuentas complicadas hizo que muchas partes buscaran la dispensa de la rotación de negocios para obtener sus servicios. 136En ese momento, los árbitros oficiales estaban desempeñando una función útil, pero su función distaba mucho de lo que habían previsto los Comisionados de la Judicatura, y en las investigaciones sobre los atrasos en la División KB no se les consultó ni se les consideró una posible fuente de alivio. Una fuerte caída en los juicios con jurado siguiendo las reglas de 1883 se estabilizó rápidamente en alrededor de la mitad de los juicios civiles y en 1910 se había recuperado del 54 al 62 por ciento. Siempre era más alto en el circuito, 138 pero también estaba por encima de la mitad en la ciudad, aunque Chitty dijo que a veces se buscaba solo para retrasar un juicio. 139 Incluso el jurado especial, aunque a menudo muy lejos de ser especial, todavía estaba de moda. 140 Que los jurados estaban invenciblemente perjudicados en ciertos tipos de casos, particularmente cuando el seguro del acusado ejercía una 'influencia corruptora', fue ampliamente reconocido, 141 pero aún tenían muchos defensores. Más de 40 años después del intento de Coleridge de remodelar el jurado, un comité del Ministerio del Interior dirigido por Lord Mersey se sentó para revisar la ley y la práctica. Contenida en más de 30 estatutos, complementados por costumbres y prácticas que variaban de un lugar a otro (p. 824) , necesitaba urgentemente una limpieza y había un volumen constante de quejas sobre el trato de los miembros del jurado y la calidad de la actuación. justicia que entregaron. Además de racionalizar y mejorar los procesos mediante los cuales se compilaban las listas de jurados y se ingresaban en el libro de jurados y los jurados convocados y seleccionados, había varios temas fundamentales más: calificaciones para el servicio de jurado; el futuro del jurado especial; el pago de los jurados y, lo más fundamental, el derecho a un juicio con jurado. Los abogados del Comité argumentaron que su referencia no se extendía al peligroso terreno de restringir el derecho a un juicio por jurado, pero el presidente dictaminó que una exclusión parcial estaba dentro de sus términos. 143 Otras cuestiones que habían sido ampliamente debatidas en la década de 1870 — veredictos mayoritarios y jurados más pequeños — recibieron sólo un examen superficial esta vez. El Comité estaba dividido sobre la conveniencia de democratizar el jurado. La mayoría de los miembros no estaban convencidos de que fuera necesario para satisfacer el sentimiento en las clases trabajadoras (especialmente entre los sindicalistas) de que los jurados traían los prejuicios de la clase media a la caja, 145 y al mismo tiempo hacer la predicción optimista de que 'la cantidad de educación a entre todas las clases está aumentando constante y progresivamente, [y] obviamente es permisible anticipar un avance correspondiente en el estándar de inteligencia del jurado común ', 146 quería mantener una calificación de propiedad como un sustituto de inteligencia y responsabilidad. El informe sugirió una reducción a £ 15 valor imponible, £ 20 en Middlesex 147 y propuso elevar la edad máxima de 60 a 65 años. La investigación también indultó al jurado especial, aunque una minoría discrepó, describiéndolo como "un jurado de clase elegido en razón de la riqueza de sus miembros". 148 Sin embargo, había sido atacada desde el punto de vista opuesto; Se decía que los jurados especiales de Londres en particular eran de muy mala calidad, a menudo con un número desproporcionado de publicanos. 149 Esto se resolvió recomendando calificaciones de propiedad más altas y abandonando la pretensión de que los jurados especiales eran 'banqueros, comerciantes o escuderos'. (p.825) El pago de los jurados había sido durante mucho tiempo un tema delicado, especialmente porque los jurados especiales recibían una guinea al día, mientras que los jurados comunes recibían solo un chelín por caso (ocho peniques en el circuito). 151 Evidentemente, esto estaba ligado a la cuestión de las cualificaciones y probablemente no era factible formular ninguna recomendación que entrañara un gasto público sustancial. Tal como estaba, el Comité sugirió una modesta asignación para viajes y dietas (y, cuando fuera necesario, alojamiento) con la esperanza de que el costo no supere las 40.000 libras esterlinas anuales. La cuestión más delicada es, por supuesto, si debe restringirse el derecho a un juicio por jurado en casos civiles. Los representantes del colegio de abogados se opusieron rotundamente y se contentaron con repetir las opiniones de los jueces principales anteriores y de una Comisión de 50 años. 153 Los demás discreparon y la Comisión KBD se puso de su lado. 154 El Comité Mersey recomendó que, si bien el derecho a un juicio por jurado debía permanecer absoluto donde el carácter estaba en juego o donde todas las partes lo deseaban, debería quedar a discreción del juez, al igual que cualquier solicitud de un jurado especial. 155 Pero el informe Mersey fue superado por los acontecimientos, y el derecho a un juicio por jurado en acciones civiles, restringido cerca del final de la guerra y restaurado en 1925, sobrevivió hasta 1933. 5. Los Assizes El cambio en los negocios de las provincias a la capital se notó en la década de 1890 y en la noción optimista de Webster de que la convocatoria de instrucciones, al otorgar al capitán o juez el poder de decidir dónde debería tener lugar el juicio, desharía el daño causado por la abolición de la regla de la sede y la restauración del negocio en las ciudades más pequeñas de Assize, pronto se disipó. Por el contrario, se hizo más pronunciado, de modo que en 1909 había 2320 acciones establecidas en Londres y Middlesex contra 935 en otros lugares. 158 La desproporción en los juicios no fue tan grande (1.249 contra 699), pero las respectivas cantidades recuperadas, £ 533.211 contra £ 120.211, sugieren que (p.826)la deriva metropolitana fue más pronunciada en los casos más pesados. Como informó la Comisión KBD en lengua benthamica, "[s] i el mayor bien del mayor número debe ser estudiado", entonces, en la "larga y continua lucha entre Londres y las provincias por el tiempo de los jueces", Londres estaba obteniendo un injusticia. Los beneficiarios eran pequeñas ciudades de Assize que las estadísticas anuales de MacDonell mencionaban y avergonzaban con regularidad. En 1911, se juzgaron 715 casos penales en cinco lugares fuera de Londres, otros 51 lugares reuniendo solo 1.752. En los casos civiles, la disparidad fue aún más evidente, ya que de 620 pruebas de circuito en 1906 se llevaron a cabo no menos de 270 en Liverpool, Manchester y Leeds. |
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1882–6 | 80,018.2 | 2,429.2 |
1887–91 | 71,903.8 | 2,198.4 |
1892–6 | 71,493 | 2,353.4 |
1897–1901 | 70,284 | 2,598.2 |
1902–6 | 69,172.6 | 2,180.8 |
