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| Aldo Ahumada Chu Han |
Washington, 29 ene 2020 (EFE).- Estados Unidos sancionó este miércoles a 13 exmilitares salvadoreños por su vinculación con el asesinato en noviembre de 1989 de seis sacerdotes jesuitas -cinco españoles y uno del país centroamericano- y de dos mujeres durante la guerra civil que sacudió El Salvador entre 1980 y 1992.
En un comunicado, el secretario de Estado, Mike Pompeo, detalló que la sanción, que consiste en la prohibición de ingreso en EE.UU. de los ex-soldados y miembros de su familia inmediata,»se debe a su participación en violaciones graves de los derechos humanos en el Salvador relacionadas con la planificación y ejecución de los asesinatos extrajudiciales» ocurridos en el campus de la Universidad Centromericana José Simeón Cañas (UCA).
Los exmilitares, de distintos rangos, fueron identificados como Juan Rafael Bustillo, Juan Orlando Zepeda, Inocente Orlando Montano Morales, Francisco Elena Fuentes, Guillermo Alfredo Benavides Moreno, Yusshy René Mendoza Vallecillos y José Ricardo Espinoza Guerra.
El grupo lo completan Gonzalo Guevara Cerritos, Carlos Camilo Hernández Barahona, Óscar Mariano Amaya Grimaldi, Antonio Ramiro Avalos Vargas, Ángel Pérez Vásquez y José Alberto Sierra Ascencio.
«Estados Unidos condena todas las violaciones de los derechos humanos que tuvieron lugar desde ambos lados de la brutal guerra civil en El Salvador, incluidos los cometidos por los partidos gubernamentales y no gubernamentales», puntualizó Pompeo en la nota.
Además, detalló que el Gobierno estadounidense apoya la rendición de cuentas, la reconciliación y los esfuerzos de paz en curso en El Salvador.
«Valoramos nuestra relación de trabajo permanente con las Fuerzas Armadas de El Salvador, pero continuaremos usando todas las herramientas disponibles y autoridades, según proceda, para hacer frente a las violaciones de derechos humanos y abusos en todo el mundo, sin importar cuándo ocurrieron o quién los cometió», agregó.
Crímenes
Crímenes
La madrugada del 16 de noviembre de 1989, en medio de la mayor ofensiva insurgente registrada durante la guerra civil salvadoreña, un comando de soldados de élite ejecutó a los religiosos, en lo que ha sido considerado un crimen de lesa humanidad.
Los jesuitas asesinados fueron los españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Amando López y Juan Ramón Moreno, y el salvadoreño Joaquín López. También fueron ejecutadas dos sirvientas.
Ellacuría, entonces rector de la UCA, denunció las condiciones de explotación y de miseria de la mayoría campesina del país.
Autores
Coronel Guillermo Alfredo Benavides Moreno
El coronel Benavides, de 44 años, es el oficial de mayor graduación procesado en El Salvador por un delito contra los derechos humanos. Es miembro de la Tandona, la tanda o promoción de 1966 de la Escuela Militar, a la que pertenecían los oficiales con puestos de mayor responsabilidad y poder en la Fuerza Armada.
Comenzó su carrera militar en la Fuerza Aérea. En 1984, siendo teniente coronel, fue nombrado comandante del batallón Belloso y, a continuación, del Destacamento Militar n.º 3, en La Unión, destino en el cual permaneció seis meses en 1986. En 1987, tomó el mando del Destacamento Militar n.º 5, en Cojutepeque. Al año siguiente fue destinado al mando de la inteligencia (C-2) del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada (EMCFA), donde permaneció un año, hasta que fue nombrado director de la Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios, el 1 de junio de 1989.
Siendo director de la Escuela Militar, situada en una posición estratégica dentro del complejo castrense, el 13 de noviembre de 1989, durante la ofensiva del FMLN, fue nombrado jefe de un comando de seguridad que incluía tanto a las instalaciones militares más importantes del país como a la UCA. Para proteger esa zona especial de seguridad fueron puestas bajo su control operacional tropas de diferentes unidades militares, incluida la unidad de comandos del batallón Atlacatl, acusada de haber cometido los asesinatos.
De los nueve acusados, es el único que no estuvo físicamente presente durante los asesinatos. Pero se le acusó de haber dado la orden a los tenientes que dirigieron el operativo. Fue el único a quien el jurado condenó por los ocho asesinatos, aunque le absolvió de los delitos de terrorismo. El juez Zamora lo sentenció a la pena máxima de treinta años, el 23 de enero de 1992. Beneficiado por la amnistía decretada por la Asamblea Legislativa después de la publicación del informe de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas, fue puesto en libertad, y abandonó el penal de Santa Ana el 1 de abril de 1993
Nunca confesó su participación en los asesinatos, mantuvo su inocencia y dijo desconocer las misiones llevadas a cabo por los hombres del batallón Atlacatl en la UCA, incluido el cateo del 13 de noviembre de 1989.
Teniente coronel Carlos Camilo Hernández Barahona
El teniente coronel Hernández era subdirector interino de la Escuela Militar en el momento de los asesinatos. Al constituirse el comando de seguridad, se le nombró jefe de la plana mayor del mismo, pero no apareció entre los implicados en el crimen por la comisión de honor. Más tarde fue procesado por encubrimiento real, por supuesta participación en la destrucción de los libros de registros de la Escuela Militar.
En mayo de 1990, la Comisión de Investigación de Hechos Delictivos (CIHD) informó que los libros de registros pedidos por el juez habían sido incinerados por orden del Tte. Cnel. Hernández. Las declaraciones judiciales del encargado de los archivos de la Escuela Militar y del imputado Yusshy Mendoza confirmaron el hecho. En su declaración judicial del 15 de junio de 1990, el Tte. Cnel. Hernández negó haber dado la orden de quemar los libros. El 26 de junio fue acusado de encubrimiento real, por lo que el juez ordenó su detención. Los militares tardaron en llevarlo al juzgado. De hecho, no se presentó hasta el 18 de julio, momento en que su abogado defensor renunció, alegando que había recibido amenazas. Debido a esto, el Tte. Cnel. Hernández pasó a ser defendido por el mismo equipo de abogados que llevaban la defensa de los otros acusados, a pesar del evidente conflicto de intereses con el Tte. Mendoza, que era quien le había acusado de haber dado la orden de quemar los libros.
En 1987-1988, Camilo Hernández sirvió bajo las órdenes del Cnel. Ponce en la Tercera Brigada. En el momento de ser procesado, el Tte. Cnel. Hernández ocupaba el puesto de ejecutivo (segundo al mando) del batallón Belloso. Puesto en libertad bajo fianza el 31 de julio de 1990, regresó al campo de batalla y resultó herido al poco tiempo por la explosión de una mina en Chalatenango. Parece ser que después fue trasladado a un puesto menos peligroso en San Salvador.
En enero de 1992, el juez Zamora le condenó a tres años por encubrimiento real, siendo posteriormente amnistiado.
Teniente José Ricardo Espinoza Guerra
El Tte. Espinoza, de 28 años, estudió en el Colegio "Externado de San José", de los jesuitas, en los tiempos en que el P. Segundo Montes estaba allí, y concluyó el bachillerato en 1979. Se graduó en la Escuela Militar en 1984 y, lo mismo que el Cnel. Benavides, empezó su carrera militar en la Fuerza Aérea. Después de tres años, fue expulsado el 30 de enero de 1987 por "serios errores cometidos durante el servicio". Inmediatamente, fue destinado al batallón Atlacatl.
El Tte. Espinoza, en gran medida producto de la instrucción norteamericana, fue enviado en varias ocasiones a Estados Unidos: para un curso de inglés en la base de la Fuerza Aérea de Oakland, San Antonio, Texas; para un curso de piloto, entre el 19 de agosto y el 22 de septiembre de 1985, que luego se prolongó hasta el 31 de diciembre de ese año. También participó en una misión oficial no especificada en Estados Unidos, que duró del 1 de enero al 25 de noviembre de 1986. En 1988, viajó de nuevo a Estados Unidos para participar en el curso para oficiales de fuerzas especiales. Sirvió como enlace con los asesores militares estadounidenses y, en su calidad de jefe de la unidad de comandos del batallón Atlacatl, mantuvo su popularidad entre los asesores norteamericanos.
Según el mayor Samuel Ramírez, quien empezó a trabajar con el Tte. Espinoza poco antes de la ofensiva de noviembre de 1989, Espinoza "era el principal punto de contacto con el que trabajamos para coordinar la instrucción de esta fuerza especial (...) Me encontré con que hablaba inglés y era listo. Había hecho algunos de nuestros cursos de pilotos y era piloto de helicóptero y sé que había participado en el curso para fuerzas especiales. Era la persona con la que me entendía para coordinar la instrucción, las necesidades, el alojamiento, la alimentación que íbamos a necesitar para el grupo de fuerzas especiales".
El Tte. Espinoza, apodado "Toro", fue acusado de asesinato, actos de terrorismo, proposición y conspiración para actos de terrorismo y actos preparatorios de terrorismo. Aunque la prueba principal contra él la constituía su confesión extrajudicial, hecha ante la Comisión de Investigación de Hechos Delictivos (CIHD) el 13 de enero de 1990, era también el oficial inmediato superior de los soldados implicados en los asesinatos.
Su confesión extrajudicial constituye el relato más completo de los hechos que rodearon los asesinatos. Según él, recibió del Cnel. Benavides la orden de eliminar al P. Ellacuría sin dejar testigos, pero éste designó al Tte. Mendoza, de la Escuela Militar, para dirigir la operación y para asegurarse de que no hubiese problemas. Describe cómo llevó a sus hombres a la UCA. Sin embargo, una vez dentro del campus, trata de distanciarse de la acción y dice haber salido de la residencia de los jesuitas con los ojos llenos de lágrimas. Sus hombres, sin embargo, lo sitúan más cerca de la escena del crimen.
Aunque el jurado escuchó la lectura de su confesión, le absolvió de todos los cargos. El juez Zamora lo condenó a tres años por los cargos que no iban a jurado (proposición y conspiración para cometer actos de terrorismo).
Teniente Yusshy René Mendoza Vallecillos
El Tte. Mendoza, de 26 años, se graduó de la Escuela Militar el mismo año que el Tte. Espinoza, 1984, y fue destinado a la Brigada de Artillería. El 1 de septiembre de 1987 pasó a la Escuela Militar como jefe de sección. Fue con el Tte. Espinoza al curso para oficiales salvadoreños en la Academia de Infantería en Fort Benning, a comienzos de 1982. En 1988, regresó a Fort Benning para participar en el curso de comandos.
Fue acusado de asesinato, actos de terrorismo, proposición y conspiración para cometer actos de terrorismo y actos preparatorios de terrorismo. También se le acusó de haber participado en la destrucción de los libros de registros de la Escuela Militar.
Aunque negó su responsabilidad, las principales pruebas contra él las dio en su confesión extrajudicial.
Según ésta, el Cnel. Benavides le ordenó acompañar al Tte. Espinoza, sin decirle en qué consistía la misión a la cual lo enviaba. Cuenta cómo vio a los hombres del Tte. Espinoza rodear el edificio en el que residían los jesuitas, registrándolo todo, y cómo vio a dos mujeres sentadas en una cama. Después, escuchó disparos tiro a tiro. Otros de los imputados le atribuyen un papel mucho más activo, pues dicen que fue él quien entregó el AK-47 al soldado Amaya Grimaldi y también impartió órdenes.
Aunque negó ante el juez haber dicho lo que figura en su declaración extrajudicial, sí admitió su participación en la quema de los libros de registros, por orden, según él, del subdirector de la Escuela Militar, Tte. Cnel. Camilo Hernández, "para dar cumplimiento a una orden de carácter permanente".
El jurado, inexplicablemente, lo encontró culpable de uno solo de los asesinatos, el de la joven de quince años Celina Ramos. El juez Zamora lo condenó también por los dos delitos que no pasaron a consideración del tribunal del jurado. Pasó a cumplir su condena de treinta años en el penal de Santa Ana, de donde salió, junto con el Cnel. Benavides, el 1 de abril de 1993, beneficiado por la amnistía aprobada por la Asamblea Legislativa unos días antes.
Este Autor del crimen vive en Chile
RUT 22362754-4
Nombre Completo YUSHSY RENEMENDOZA VALLECILLO
Subteniente Gonzalo Guevara Cerritos
El Stte. Guevara Cerritos, de 27 años, entró en el Ejército en 1980. No pasó por la Escuela Militar, sino que, procedente de la clase de tropa, fue ascendiendo hasta el grado de subteniente, que alcanzó a finales de 1988. Empezó su carrera en la Fuerza Aérea y después pasó al batallón Belloso, donde permaneció de 1982 a 1988, fecha en la cual se incorporó a los comandos del batallón Atlacatl. Entre julio y diciembre de 1988, estuvo en Estados Unidos recibiendo un curso para oficiales salvadoreños, en Fort Benning, Georgia. En el momento de los asesinatos era el ejecutivo de la unidad de comandos del batallón Atlacatl.
Apodado "Lince", fue acusado de asesinato, actos de terrorismo, proposición y conspiración para actos de terrorismo y actos preparatorios de terrorismo. Lo mismo que los dos tenientes, en su confesión extrajudicial negó su responsabilidad en los asesinatos, aunque admitió su participación en el operativo militar contra la UCA la noche del crimen. Su confesión constituyó la principal prueba contra él. Dijo haber estado presente cuando el Cnel. Benavides dio la orden de ir a la UCA y les dijo: "Bueno, señores, nos estamos jugando el todo por el todo. O somos nosotros, o son ellos, ya que éstos han sido los intelectuales que han dirigido la guerrilla por mucho tiempo". Aunque el jurado escuchó la lectura de su confesión extrajudicial, lo absolvió de todos los cargos.
Subteniente Gonzalo Guevara Cerritos
El Stte. Guevara Cerritos, de 27 años, entró en el Ejército en 1980. No pasó por la Escuela Militar, sino que, procedente de la clase de tropa, fue ascendiendo hasta el grado de subteniente, que alcanzó a finales de 1988. Empezó su carrera en la Fuerza Aérea y después pasó al batallón Belloso, donde permaneció de 1982 a 1988, fecha en la cual se incorporó a los comandos del batallón Atlacatl. Entre julio y diciembre de 1988, estuvo en Estados Unidos recibiendo un curso para oficiales salvadoreños, en Fort Benning, Georgia. En el momento de los asesinatos era el ejecutivo de la unidad de comandos del batallón Atlacatl.
Apodado "Lince", fue acusado de asesinato, actos de terrorismo, proposición y conspiración para actos de terrorismo y actos preparatorios de terrorismo. Lo mismo que los dos tenientes, en su confesión extrajudicial negó su responsabilidad en los asesinatos, aunque admitió su participación en el operativo militar contra la UCA la noche del crimen. Su confesión constituyó la principal prueba contra él. Dijo haber estado presente cuando el Cnel. Benavides dio la orden de ir a la UCA y les dijo: "Bueno, señores, nos estamos jugando el todo por el todo. O somos nosotros, o son ellos, ya que éstos han sido los intelectuales que han dirigido la guerrilla por mucho tiempo". Aunque el jurado escuchó la lectura de su confesión extrajudicial, lo absolvió de todos los cargos.
Subsargento Ramiro Ávalos Vargas
El Ssgto. Ávalos Vargas, apodado "Sapo" o "Satanás", tenía 21 años de edad. Mandaba la segunda patrulla de la unidad de comandos del batallón Atlacatl. Otros dos miembros de su patrulla fueron acusados de los asesinatos. Recibió un curso de manejo de pequeñas unidades en Estados Unidos, entre el 30 de septiembre y el 14 de diciembre de 1988.
Fue acusado de asesinato, actos de terrorismo y actos preparatorios de terrorismo. En su confesión a la Comisión de Investigación de Hechos Delictivos (CIHD) admitió haber dado muerte a dos de los sacerdotes (los padres Amando López y Juan Ramón Moreno). Mientras se retiraba de la residencia, escuchó unos quejidos en el interior de una habitación y le dijo al soldado Sierra Ascencio que mirara. Al ver que se trataba de dos mujeres malheridas y tendidas en el suelo abrazadas, le dio la orden que les disparara, cosa que el soldado hizo. Ante el juez, igual que los demás, no ratificó su declaración extrajudicial. Aunque el jurado escuchó la lectura de ésta, fue absuelto de todos los cargos.
Subsargento Tomás Zarpate Castillo
El Ssgto. Zarpate, de 28 años, apodado "Sansón", mandaba la tercera patrulla de la unidad de comandos del batallón Atlacatl. Fue acusado de asesinato y de actos de terrorismo. Admitió su participación en el crimen. En concreto, en su confesión extrajudicial declaró haber disparado sobre las dos mujeres "hasta estar seguro de que estaban muertas". Sin embargo, resultó absuelto por el jurado.
Cabo Ángel Pérez Vásquez
El cabo Pérez Vásquez, de 30 años, pertenecía a la cuarta patrulla de la unidad de comandos del batallón Atlacatl. Fue acusado de asesinato, actos de terrorismo y actos preparatorios de terrorismo. Igual que el Ssgto. Ávalos Vargas, en 1987, había viajado a Estados Unidos a hacer el curso de manejo de pequeñas unidades.
En su declaración extrajudicial confesó haber disparado contra el P. López y López, ya herido, y haberlo rematado. El jurado lo absolvió de todos los cargos.
Soldado Óscar Mariano Amaya Grimaldi
Apodado "Pilijay", el soldado Amaya Grimaldi, de 26 años, ingresó al batallón Atlacatl en 1982. Llevaba dieciocho meses en la unidad de comandos y pertenecía a la segunda patrulla (la de Ávalos Vargas). Conocía el manejo del AK-47.
En su declaración extrajudicial admitió su participación en los crímenes. En ella explica que el Tte. Mendoza le confió el fusil AK-47 y le dijo:
"Vos sos el hombre clave".
Confesó haber dado muerte a tres de los sacerdotes (los padres Ellacuría, Montes y Martín-Baró) con ese fusil. Después, se bebió una cerveza en la cocina de la residencia y, dando la vuelta al edificio, se sumó a los que estaban ametrallando el Centro Monseñor Romero.
A pesar de haber escuchado la lectura de su confesión extrajudicial, el jurado lo absolvió de todos los cargos.
Soldado Jorge Alberto Sierra Ascencio
El soldado Sierra Ascencio, de 27 años, se incorporó al batallón Atlacatl en julio de 1985. Pasó a la unidad de comandos en 1987. Como Amaya Grimaldi, pertenecía a la segunda patrulla (la de Ávalos Vargas). Desertó en diciembre de 1989, por lo que no prestó declaración extrajudicial ni judicial. Fue juzgado in absentia. A pesar de que el juez emitió las correspondientes órdenes de busca y captura, ni la Policía ni la Comisión de Investigación de Hechos Delictivos (CIHD) hicieron nada para arrestarlo.
Acusado de asesinato (disparó a las dos mujeres, ya heridas, por orden del Ssgto. Ávalos), fue también absuelto por el jurado.
INTERNACIONAL
La sanción a militares salvadoreños es un reconocimiento tardío de la masacre de jesuitas
EFE - San Salvador
30/01/2020 -
La sanción impuesta por el Gobierno de Estados Unidos a trece militares involucrados con la masacre de seis padres jesuitas y dos mujeres en 1989 en El Salvador es un "reconocimiento tardío" del crimen, dijo a Efe el sacerdote José María Tojeira, uno de los principales impulsores del proceso penal.
Estados Unidos sancionó este miércoles a 13 militares retirados, acción que consiste en la prohibición de ingreso al país norteamericano de los militares y miembros de su familia inmediata.
Para Tojeira, exrector de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA) y director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca), esta sanción es un reconocimiento al proceso penal de inicios de la década de los años noventa y del Informe de la Comisión de la Verdad de la ONU de 1993.
Dicho informe da cuenta de los crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la guerra civil salvadoreña (1980-1992), incluido el de los jesuitas.
"Son reconocimientos un poco tardíos y más con la información que los norteamericanos han tenido siempre sobre este caso", apuntó Tojeira y añadió que "en los papeles desclasificados de los Estados Unidos aparecen muchos más nombres" que los que fueron sancionados.
Recordó que en el informe de la ONU "aparecen otros vinculados" y "no les han negado la visa", como el diputado del Congreso Rodolfo Parker, del Partido Demócrata Cristiano (PDC).
El legislador es señalado por un informe de la ONU de 1993 de alterar declaraciones sobre la masacre "para ocultar las responsabilidades de altos oficiales en el asesinato", cuando era miembro de una "comisión de honor" nombrada por el Gobierno para investigar el caso.
Tojeira también explicó que en el proceso en España se encuentran acusadas otras personas en calidad de "cómplices, conspiradores, inductores y de facilitadores" y tampoco fueron sancionadas.
Los exmilitares castigados por EE.UU., de distintos rangos, fueron identificados como Juan Rafael Bustillo, Juan Orlando Zepeda, Inocente Orlando Montano Morales, Francisco Elena Fuentes, Guillermo Alfredo Benavides Moreno, Yusshy René Mendoza Vallecillos y José Ricardo Espinoza Guerra.
El grupo lo completan Gonzalo Guevara Cerritos, Carlos Camilo Hernández Barahona, Óscar Mariano Amaya Grimaldi, Antonio Ramiro Ávalos Vargas, Ángel Pérez Vásquez y José Alberto Sierra Ascencio.
Montano y Medonza enfrentan un proceso en España por la masacre de cinco sacerdotes de origen español.
Los jesuitas asesinados la madrugada del 16 de noviembre de 1989 fueron los españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Amando López y Juan Ramón Moreno, y el salvadoreño Joaquín López, también la empleada Elba y su hija de 16 años, Celina Ramos.
El proceso en El Salvador se encuentra estancado en la Corte Suprema de Justicia, que ha retardado en resolver una recusación contra un juez de la Sala de lo Penal de esta mismo órgano.
Dicha sala tiene en su poder un recurso de casación de los abogados de los militares señalados como autores intelectuales, con el que buscan anular el proceso, cuya reapertura se ordenó en abril de 2018 por una corte de paz.
Para Tojeira, que era el líder de la Compañía de Jesús cuando se registró la matanza, el retraso responde al proceso de creación de una ley de "reconciliación nacional" en el Congreso que puede dar beneficios a los imputados, como penas excarcelables.
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UN GRAN CRIMEN
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