Jorge Wozniak[1]
Introducción.
El estudio de las profesiones como un campo específico dentro de la historia y de la sociología ha cobrado impulso de forma reciente, prácticamente en las cuatro últimas décadas. Así los trabajos de Eliot Freidson (1970), Jeffrey L. Berlant (1975), Magali Sarfatti Larson (1977) y Harold Perkin (1989) han encarado el análisis de diferentes sociedades focalizando en las transformaciones ocurridas en determinados campos profesionales y su relación con el contexto histórico.
Este trabajo pretende ser una introducción al debate sobre el papel de los abogados (y su relación con el sistema legal) en la Unión Soviética hasta la muerte de Stalin y su contraste con las tesis de los investigadores anglosajones sobre las profesiones. Tengase en cuenta que la mayor parte de los estudios sobre este campo están centrados en el análisis de casos pertenecientes a sociedades capitalistas; por lo tanto es interesante analizar las transformaciones ocurridas con respecto a la abogacía en un caso paradigmático, el Estado soviético, en tanto planteó una forma novedosa de resolución de la problemática legal y del papel de los especialistas, aunque finalmente terminó asimilando algunos aspectos del sistema jurídico occidental del que pretendía ser una superación. En tal sentido, surgen múltiples interrogantes a la hora de considerar el caso soviético en su momento formativo y de maduración:
¿en qué medida se puede prescindir de los especialistas en la ley, por más profundas que sean las transformaciones políticas encaradas?
¿Hasta qué punto las problemáticas generadas en las complejas estructuras socioeconómicas surgidas desde la modernidad no dieron origen al surgimiento de cuerpos profesionales similares, independientemente del tipo de régimen político imperante?
¿Qué tan autónoma puede ser la profesión legal con respecto al Estado (tal como sostienen los liberales), cuando es el propio Estado el principal regulador de las actividades profesionales en este campo?
¿Por el contrario, en qué medida los cuerpos profesionales, independientemente de los intentos estatales por subordinarlos o regularlos, no tienden a constituir grupos con intereses tan particulares que forman corporaciones que logran instrumentar mecanismos para autorreproducirse?
Sin dar una respuesta acabada a estos interrogantes, es interesante analizar lo acontecido en un Estado donde se planteó una radical resolución del problema legal en un país con cierto desarrollo industrial y vinculado culturalmente a la tradición europeo occidental. Es una forma de repensar las posibilidades y limitaciones presentes en aquellos intentos de transformar las estructuras legales y el cuerpo de profesionales vinculado a los mismos en Latinoamérica.
En numerosos procesos que se autodefinen como revolucionarios se tiende a hacer tabla rasa del pasado (por lo menos a nivel discursivo), para constituir un nuevo orden presentado como superador del anterior, en tanto propone eliminar las causas de la injusticia que dieron origen al sedicente cambio. El sistema legal, y dentro del mismo las cuestiones referidas específicamente a los abogados, suelen aparecer en primer lugar dentro los tópicos criticados del régimen anteriormente imperante.
Desde hace décadas en diferentes países de Latinoamérica han surgido cuestionamientos semejantes sobre el funcionamiento de su sistema jurídico, impulsada tanto desde los gobiernos en algunos casos como por grupos políticos opositores o las propias corporaciones profesionales en otros.
Así encontramos argumentos contradictorios, al achacársele a las instituciones y a los profesionales del Derecho una doble responsabilidad: por un lado ser los continuadores de un estado de cosas que ya no expresa la creciente y novedosa problemática legal y social; o, por el contrario, ser la expresión de una estructura que tiende a mantener inalterados (o no saber conservar adecuadamente, para otros) los principios heredados de privilegios sociales[2].
En ese contexto legal, no es menor el papel de los abogados[3] en tanto personal calificado para actuar tanto en defensa de las partes en conflicto como en su papel de primer escalón en el cursus honorum del aparato judicial. Por lo tanto es ilustrativo analizar el papel de la abogacía (y su relación con el sistema legal imperante) en un Estado donde se pretendieron introducir por primera vez cambios radicales en el funcionamiento del aparato judicial creado luego de las revoluciones liberales. Los 74 años de existencia del Estado soviético estuvieron signados por un enfrentamiento casi constante con Occidente por constituirse en un modelo alternativo al capitalismo dominante.
En ese lapso, las primeras décadas fueron las más fecundas en cuanto a innovaciones en todos los ámbitos, incluyendo por supuesto las ocurridas en el sistema jurídico y el del personal especializado correspondiente como un componente esencial en la existencia de cualquier Estado; estos cambios y algunos de los posibles motivos que los originaron, como así también las implicancias de los mismos será el eje de este trabajo.
Por último, a modo de conclusión, se hará un cruce entre los principales aportes de los teóricos del estudio de las profesiones al caso de la abogacía en la Unión Soviética en el período considerado, para constatar en qué medida se pueden aplicar algunos de sus supuestos para analizar un grupo profesional en una sociedad no capitalista.
Hay que tener en cuenta que desde el surgimiento de la modernidad aparecieron en Europa un grupo de juristas, algunos para integrar los crecientes cuerpos burocráticos de los nuevos Estados centralizados, otros como asesores en la defensa de intereses particulares, contra otros particulares o contra el mismo Estado. De tal forma, a medida que la complejidad económico-social aumentaba en los diferentes países europeos, el derecho dejó de ser un patrimonio común de la población y pasó a ser ejercido por un grupo especial de personas, que fueron cerrándose en un círculo estrecho de profesionales, detentadores de un saber específico basado en el conocimiento de la ley y de su aplicación[4].
En tal sentido el caso elegido es significativo por múltiples motivos. En primer lugar, el Estado soviético se construyó en una sociedad de tardía industrialización, donde persistían elementos sociales propios de la “feudalidad” aún en el siglo XX, donde había existido pocos meses antes una monarquía absoluta y teocrática.
Por tal motivo, es interesante analizar hasta qué punto el ejercicio del derecho era una profesión valorada en un contexto político y social semejante; por eso, la primera parte del presente trabajo será una introducción al surgimiento mismo de la abogacía en el Imperio Ruso.
En segundo lugar, al ser el país donde se produjo por primera vez el triunfo de una revolución socialista, sin ningún modelo previo que sirviera como referencia, es significativo analizar cómo intentaron resolver la cuestión de la reforma o creación de un nuevo marco jurídico, y cuál fue la posición reconocida en ese contexto a los abogados.
En tercer lugar, el caso en cuestión resulta revelador porque a pesar de los profundos cambios estructurales que se dieron en la sociedad soviética (como la abolición del capitalismo que eliminó las diferencias entre las clases, origen de múltiples problemática sociales y legales) siguió vigente la necesidad de formar un cuerpo de especialistas en la ley, dada la persistencia de conflictos entre los individuos, entre individuos y organizaciones y entre distintas organizaciones o instituciones.
Por otra parte corresponde hacer una aclaración sobre el recorte temporal realizado. Se eligió 1956 como punto final porque fue el momento en que oficialmente se rompió con el estalinismo: es el año en que Jruschev criticó la forma de gobernar de Stalin en el famoso “Discurso secreto” en el XX Congreso del Partido Comunista de la URSS; es el año también elegido por Alexander Soljenitsin para dar por finalizada su obra Archipiélago GULAG, considerando que fue allí cuando se desmanteló el sistema carcelario implementado en gran escala por Stalin[5].
La abogacía en el período Imperio ruso.
El surgimiento de un cuerpo de abogados al estilo de los Estados occidentales fue relativamente tardío en Rusia. Recién con Alejandro II en 1864 se creó una norma legal para regular el ingreso y al ejercicio de la profesión, denominado Advocatura; este cuerpo no tenía precedente o raíces en la historia legal rusa previa (Shapiro, 1961, nº 2: 143).
Esto se explica por varios motivos, siendo la principal la existencia de una monarquía absoluta que mantuvo un apego a las tradiciones legales del país y el escaso desarrollo de una economía industrial-capitalista, que no requería por lo tanto grandes cambios en el sistema legal existente. Esta situación comenzó a cambiar entre 1860-80, con la modernización que encararon los diferentes gobiernos zaristas y la atracción de inversiones extranjeras para impulsar la industrialización (Timasheff, N. S., 1953: 441-462, vol. 12).
Sin embargo, producto de las transformaciones que se fueron dando en la economía y en la sociedad a lo largo del siglo XIX y del contacto cada vez más intenso con el mundo exterior, se produjeron intentos de reforma para adecuar los códigos legales a la nueva realidad. No obstante el impulso dado a la modernización del sistema legal, hasta la revolución de Febrero de 1917 seguían vigentes partes de los códigos legales originados en la Edad Media[6]
En este contexto político y legal la carrera de la abogacía tenía un campo limitado y no era una actividad con el mismo status que tenía en otros Estados de occidente sino que era marginal en relación a otras profesiones “liberales” como la medicina[7].
El inicio oficial de la abogacía en Rusia se puede rastrear en el proyecto del conde D. N. Bludov en el Consejo Estatal en 1857, donde resaltaba el carácter oficial de la nueva profesión, dejando de lado la representación por los abogados de los intereses privados. La actividad era pensada para entrenar un tipo particular de burocracia profesional en el proceso de modernización encarado en el Estado ruso en la segunda mitad del siglo XIX.
De acuerdo al estatuto establecido por el zar Alejandro II, recibían el título de abogados aquellas personas que tuvieran títulos de terminación del curso de ciencias jurídicas emitidos por universidades u otros establecimientos de enseñanza superiores; además de haber servido no menos 5 años en el área judicial[8].
También podían ser “llamados abogados” aquellas personas que trabajaban en el área judicial no menos de 5 años bajo la dirección de abogados, en calidad de sus ayudantes[9].
Para verificar el cumplimiento de las condiciones formales para el ejercicio de la nueva profesión, los Consejos de Abogados (equivalentes a los Colegios de Abogados en Latinoamérica), estaban facultados para aceptar o rechazar a los postulantes, como así también para imponer sanciones disciplinarias a los responsables de mal desempeño.
En cada distrito o zemstvo donde existiera cierta cantidad de abogados y “prácticos” debería constituirse un Consejo; en caso contrario, sus funciones serían ejercidas por el juzgado local o de distrito. Esto último fue la situación normal en la mayoría del Imperio, con lo cual la abogacía perdía parte de su autonomía, uno de los requisitos que según E. Freidson (1984: 1- 20) debe tener una actividad para constituirse como profesión.
Una ley del 25 de mayo de 1874 igualó a los “prácticos” con los abogados, y les concedió el derecho de llevar independientemente los asuntos legales (aunque se delimitó con más precisión qué grupo de personas serían incluidas en esta categoría). Esta decisión fue resistida por los abogados que trataban de crear un ámbito profesional reservado. Sin embargo, la ley de 1874 podría demostrar un doble problema: por un lado, la escasa jerarquización lograda aún por la abogacía, dado su carácter embrionario en un Estado absolutista; por otro, la medida puede expresar un intento de solución frente a la escasez de personal capacitado para el desempeño de estas actividades.
La comisión sobre asuntos judiciales que se formó en 1894 (que aprobó al año siguiente un nuevo Código Penal) produjo una nueva normativa acerca de los encargados de las causas judiciales. Así la preparación de cinco años fue reducida a tres años; los no cristianos no podían superar el 10% de los miembros de los Consejos, y los encargados o “prácticos” no podían estar en esa categoría más de seis años.
Así, la situación en la última parte del Imperio muestra una profesión todavía en una fase embrionaria, donde no está claramente definido el perfil de los integrantes de la actividad, y con facilidad todavía para el acceso de personas por fuera de la formación exclusivamente académica.
La abogacía en el período revolucionario.
El principal cambio en la abogacía como profesión ocurre con el ascenso de los bolcheviques al poder. El nuevo gobierno impulsó la construcción de una nueva sociedad, donde desaparecerían las jerarquías sociales y las especializaciones consideradas innecesarias para la producción. En tal sentido, el sistema legal se vio profundamente modificado en relación al pasado, dentro de la cual el pensamiento de Lenin tuvo particular relevancia a la hora de tomar las decisiones que conformaron el nuevo cuerpo legal y administrativo[10].
Entre las nuevas concepciones estaba el convencimiento de que la ley es producto de las necesidades sociales y, en tal sentido, sujeta a permanente modificación de acuerdo a “la cambiante situación”, lo que en la práctica podía significar la modificación de la ley de acuerdo a las necesidades del gobierno[11].
En el texto de Lenin El Estado y la Revolución, escrito pocos meses antes de la toma del poder, se señalan algunos de los cambios esperados: se suprimirían los elementos de la democracia burguesa para remplazarlo por un Estado controlado por el proletariado, con mecanismos de democracia directa; la burocracia sería eliminada (dado que los funcionarios como cuerpo rotativo, cobrarían el equivalente de los salarios de los trabajadores); sería una sociedad que se autorregularía, sin necesidad de cuerpos especializados de represión.
Los soviets, como órganos administrativos, aplicaron esta medida de ser simultáneamente instituciones deliberativas y ejecutivas, que se atribuyeron (y se les reconoció) el poder de sancionar judicialmente. En este contexto, donde cada ciudadano podía transformarse en juez y jurado, la especialización legal era innecesaria.
El nuevo gobierno estimuló la creación de “tribunales revolucionarios” (integrado por “buenos ciudadanos” y no por especialistas), con un alcance más amplio que la jurisdicción de los soviets y cuyo objetivo sería castigar a reconocidos transgresores de la nueva legalidad.[12]
Así se profundizó la crisis de la abogacía como profesión. Fue en este contexto que el Consejo de la Advocatura se auto-disolvió, antes que admitir en su seno a cualquier integrante de los nuevos tribunales, haciendo una defensa corporativa de la profesión. (Shapiro, 1961:143)[13].
Simultáneamente, las nuevas autoridades, que intentaban consolidar un nuevo orden legal emitieron una serie de normativas. La primera, denominada el “Decreto Judicial Nº 1” del 24 de noviembre de 1917, anulaba todos los establecimientos judiciales (los juzgados y cámaras de distrito, los tribunales militares y los tribunales comerciales); también anulaba las instituciones representativas de jueces, fiscales y abogados.
En su reemplazo se creaban los tribunales locales y los tribunales revolucionarios, los cuales debían actuar de acuerdo a los decretos del Gobierno soviético y en el marco de la ley revolucionaria; únicamente seguían vigentes aquellas leyes de gobiernos anteriores que no fueran contradictorias con el nuevo orden. Desde mediados del 18 las viejas leyes dejaron de ser aplicadas en los fallos y desde el 30 de noviembre de 1918, su aplicación fue explícitamente prohibida (Timashev, 1953: 444-445)
En reemplazo de algunas de las instancias judiciales prerrevolucionarias surgieron Tribunales de fábrica y Tribunales de Camaradas para resolver delitos e infracciones menores (Solomon, 1981-82:9-44). En la práctica, cada tribunal aplicaba un criterio propio para resolver las transgresiones.
Frente al caos legal, en diciembre de 1917, el Ministerio o Comisariado del Pueblo para Justicia (Narkomiust) emitió una Instrucción para los Tribunales Revolucionarios donde regulaba su funcionamiento. Allí estableció que cualquier persona recomendada por cada soviet local integraría una lista que los habilitaba a desempeñarse como fiscales y abogados; al mismo tiempo todos los representantes de cada tribunal (tanto los fiscales como los “abogados” defensores) debían formar un Colegio, subordinado al soviet local y remunerados por el Estado. Por una tercera normativa de 1918, se transfirió el control de estos colegios de la órbita local a los comités ejecutivos provinciales.
La fragmentación del poder, representada por el poder de los soviets (algunos de los cuales llegaron a proclamarse repúblicas), constituyó un grave problema en el contexto de la Guerra Civil (que se extendió desde principios de 1918 hasta fines de 1920) donde los blancos contaron con un activo respaldo en armas y tropas de varias potencias mundiales.
En abril de 1918 se reunió una comisión para estudiar el proyecto de Constitución para la República Socialista Soviética Federativa Rusa (RSSFR)[14]. En esa Constitución aprobada en julio se creaba un Comisariado del Pueblo para Justicia[15], pero no se reconocía autonomía al Poder Judicial, sino su subordinación al Ejecutivo.(Carr, 1979: 163)
No obstante, la participación popular fue estimulada. Así en 1919, en el VIII Congreso del Partido Comunista se estableció como uno de los objetivos en el programa, “lograr que toda la población trabajadora, sin excepción, se incorpore a la administración de justicia”.
Sin embargo, la participación debía ser encauzada. En otro paso a la centralización, en junio de 1920, el Comisariado del Pueblo para Justicia organizó una reunión "de los trabajadores de la judicatura", con la intención de crear un código penal común, cuyos primeros esbozos estuvieron listos a principios de 1921; en octubre los colegios fueron anulados y la defensa y la acusación fueron divididas.
Después de numerosos cambios, el código fue aprobado por el Consejo de Comisarios del Pueblo (Sovnarkom). Esta modificación en la percepción de la necesidad de crear órganos estatales más estables y códigos se inscribe en el contexto del fin de la Guerra Civil y la constatación de que la revolución no se extendería a otros países más allá de la República Soviética de Rusia. Por lo tanto la RSSFR debería existir durante un tiempo prolongado, por lo cual la organización estatal debería transformarse de provisoria en una de carácter permanente.
La NEP y el renacimiento de la Advokatura.
Producto de la nueva percepción de la situación internacional de aislamiento en un contexto mundial capitalista, el gobierno soviético adoptó en marzo de 1921 la Nueva Política Económica (NEP), donde coexistiría la propiedad estatal y la privada[16]. En este contexto de reaparición de la propiedad privada y de algunos mecanismos de mercado era necesario un cambio también en el sistema legal.
El Comisariado del Pueblo para Justicia preparó a finales de 1921 el "Decreto preliminar sobre la Advokatura", incorporándose un término hasta entonces reservado en las fuentes oficiales para referirse a la profesión legal prerrevolucionaria. Esta fue la base para el reconocimiento de la conveniencia del asesoramiento legal privado y pago, en una situación donde los 13.000 abogados existentes en 1917 se habían reducido a sólo 650 en 1921.
La reforma de la profesión fue hecha pública en el Cuarto Congreso Pan-ruso de los Trabajadores de Justicia, realizado en enero de 1922, con la asistencia de 526 delegados. Allí se informó que el Consejo de Comisarios del Pueblo (Sovnarkom) había decidido el restablecimiento de la abogacía como institución, para evitar la existencia subterránea de la profesión.
Sin embargo, se prohibió la posibilidad simultánea del empleo público y la actividad privada para los abogados. Los cambios hacia el papel de los advokatii en la NEP fue acompañado también de la reaparición en la prensa de ideas de reconocidos juristas pre-revolucionarios. Sin embargo, esto no constituyó una vuelta al pasado: aunque se permitió la creación de Colegios de Defensores, el ingreso de nuevos miembros al mismo estaba sujeta al permiso de las autoridades políticas (que tenían un mes para vetar la medida)(Huskey, 1986: 88)
En julio de 1922 se publicó un estatuto para el funcionamiento de la Advokatura, que reconocía el monopolio de la profesión a los Colegios: se creaba un Colegio para cada región pero no se consideró la posibilidad de crear uno a escala nacional. Cada Colegio estaría supervisado por los tribunales regionales, el Comité Ejecutivo de los soviets regionales y la fiscalía (o Prokuratura) regional. (Huskey, 1986, 90)
Poco después se estableció una Fiscalía General, dependiente del Narkomiust. Simultáneamente se instituyó que los Tribunales del pueblo estarían controlados por el soviet regional y por el Narkomiust; sin embargo, los Procuradores estarían únicamente subordinados al Ministerio de Justicia (dado que una de sus funciones era controlar la legalidad del gobierno local). Cualquier ciudadano que había servido tres años como empleado del gobierno o dos años como investigador era apto para ser electo como juez por un año, lo cual muestra que era más importante la lealtad política que la formación profesional. (Solomon Jr., 1985: 306-307).
En este contexto, la posición de los abogados no era monopólica dado que en los tribunales podían actuar como defensores la propia víctima o sus parientes cercanos, los representantes de instituciones estatales, empresas y sindicatos. También otras personas, con permiso del tribunal, podían actuar como defensores.
Dos veces por año, cada Colegio debía enviar informes de sus actividades al tribunal regional. Según Huskey, la autonomía de los Colegios era sin embargo considerable. (Huskey, 1986, 91) Las tres cuartas partes de los miembros de los nuevos colegios eran especialistas formados en la época zarista (con la excepción de Asia Central, donde la proporción se invertía), con lo cual existía una institución formada mayoritariamente por opositores al régimen comunista. El intento de “sovietizar” los colegios chocaba con las necesidades de contemporizar con los elementos capitalistas surgidos con la NEP, que demandaba ampliamente el servicio legal para sus actividades productivas.
Aunque el cuerpo de abogados representaba en 1923 un 20 % del período pre-revolucionario, su número fue creciendo rápidamente hasta 1927, producto del aumento de la demanda de este tipo de servicios.[17] La expansión profesional no fue más rápida porque el Estado limitaba el número de ingresantes, aunque finalmente en 1926 se suprimieron las restricciones al ingreso. Al mismo tiempo las regulaciones impedían que se transformara en una actividad muy rentable; la paga por los servicios legales dependía de la posición del cliente: podía ser por una tasa, por acuerdo o gratuita.
Otro cambio ocurrió con respecto a la formación profesional. La Facultad de Derecho, suprimida con la Revolución, fue restablecida a mediados de la década del 20 y sus egresados fueron absorbidos por los organismos estatales, carente de personal calificado, por lo que recomendados del partido o los sindicatos (los vidvizhentsii) pasaron a engrosar las filas de los Colegios.
Es interesante observar que, paralelamente a esta jerarquización de la abogacía expresada en la creciente autonomía de los restablecidos Colegios, desapareció en la Constitución de 1924 el Comisariado del Pueblo para Justicia, aunque se creó un Comisariado del Pueblo para la inspección obrero-campesina (con algunas de las funciones del anterior Comisariado)[18].
Los intentos del gobierno para cambiar la composición de los colegios integrando a obreros y campesinos no fueron exitosos. Para 1926 sólo el 10% de los miembros eran de origen obrero. Frente a la intención de trasladar abogados al ámbito rural, los Colegios respondieron incorporando campesinos, aunque carecían de la menor calificación. Al mismo tiempo, al desaparecer las limitaciones de la época zarista, aumentó la participación de judíos en los Colegios, llegando en algunas ciudades a superar el 50%.(Huskey, 1986: 101-102).
El partido ejerció una fuerte presión para que los presidentes de los Colegios fueran electos entre los miembros del Partido Comunista, aunque estos eran una minoría exigua entre los integrantes de cada Colegio. Sólo en algunas grandes ciudades el Partido logró su objetivo, lo que confirma la autonomía de los colegios.
Hacia finales de la NEP comenzó a predominar la visión de que la abogacía cumplía una función pública, con lo cual se esperaba que el defensor no defendiera a ultranza a un cliente considerado culpable. En esta misma dirección, la Comisión de Control del Partido Comunista publicó una directiva en enero de 1927 donde se prohibía a los abogados comunistas ejercer de forma privada la profesión (aunque poco después fue anulada).
La colectivización de la Advocatura
En 1928 la NEP fue remplazada por la colectivización total de los medios de producción, con el objetivo de lograr una industrialización acelerada. En este contexto desapareció la actividad económica privada, que era la base de la actividad profesional independiente.
La colectivización fue acompañada de un nuevo marco legal que influyó profundamente en la Advokatura. En primer lugar, se endurecieron muchas sanciones hacia los “antisociales”, como por ejemplo los kulaks o campesinos medios. Se reformó el sistema legal, para hacerlo más expeditivo: así los jueces podían actuar sin la intervención de abogados defensores, con lo cual se produjo una declinación de la legalidad que con la propia revolución se pretendió instaurar. Se consideró incluso la posibilidad de eliminar la profesión, pero surgió la oposición de los sindicatos que consideraban que la defensa de los derechos de los trabajadores requería la existencia de una profesión especializada.
En reemplazo de los abogados privados se potenció la asistencia legal proporcionada por sindicatos y por “colectivos de abogados” (Huskey, 1986:149-150).
Si bien hubo normas claras sobre la colectivización de la economía, lo mismo no sucedió con la abogacía: se dejó al Comisariado de Justicia de cada república federada que resolviera la cuestión, la mayoría de las cuales transfirieron esa medida a los tribunales regionales, lo cual produjo un conjunto heterogéneo de situaciones entre los abogados de cada región. Los intentos de crear colectivos de abogados fueron resistidos por la mayoría de los colegios, sin represalias.
La incorporación de los abogados de los colectivos a la categoría de trabajadores a mediados del 29 implicó sustanciales beneficios económicos (alojamiento subsidiado, menores impuestos, etc.) Esto atrajo cada vez a más abogados a los colectivos legales. Para enero del 30 se había colectivizado la actividad y se prohibió la práctica a los particulares en Rusia, pero esto ya había sucedido en el 28 en Bielorrusia, y en el 29 en Asia Central.
De igual forma que a comienzos de 1930 se detuvo temporalmente el proceso de colectivización en la agricultura, algo similar ocurrió con la abogacía, cuando se permitió nuevamente contratar profesionales de forma privada. En septiembre del 30 se autorizó disolver los colectivos, medida que fue resistida por algunas autoridades de las repúblicas federadas. En este contexto cada colectivo instituyó una forma de remuneración distinta: algunos aplicaban el principio de igualdad, otros tenían escalas salariales (de 1 a 5), pero la mayoría de los colectivos emplearon el sueldo a destajo.
A partir del 29 el personal de los colegios se redujo por purgas periódicas: el objetivo era desplazar a los abogados vinculados a los valores del viejo orden, e introducir cuadros nuevos provenientes de los vidvizhentsii y de graduados de las facultades soviéticas. Así el número de los integrantes del Colegio de Moscú bajó entre el 29 y el 32 a la mitad. (Huskey, 1986: 161-162).
Sin embargo, todavía en 1932 el 53 por ciento de abogados de Moscú había recibido educación legal antes de la Revolución, comparada con sólo el 14 por ciento recibido en instituciones soviéticas; los “abogados” restantes parecen haber sido recomendados al colegio por órganos públicos locales o por el partido (Huskey, 1986: 163).
Para esa misma fecha el número de comunistas en los Colegios fluctuaba entre un 7 a un 2 %, lo que muestra el escaso peso que se le daba a la abogacía en los proyectos de desarrollo de la economía; sin embargo, entre los jueces la cifra llegaba al 95 % en 1932.
Paradójicamente, entonces, la colectivización de la profesión debilitó la estructura de supervisión política, dado que cada colectivo supervisaba la formación de sus propios abogados, lo que redujo la capacidad del Partido y de los órganos del gobierno para formar la composición política y social de la profesión.
Para 1929 se implementó un nuevo Código Penal por el cual se hizo obligatoria la presencia de un abogado cuando el Procurador estaba presente formulando la acusación; sin embargo el tribunal podía excluir al abogado sólo cuando el acusado fuera capturado en el acto de cometer el delito o cuando el caso no fuera complejo. Además, la participación de un abogado era obligatoria cuando el demandado era física o mentalmente incapaz de conducir su propia defensa o cuando organizaciones sociales pedían la presencia de un defensor.
La hostilidad hacia los abogados según Huskey se agudizó en este período porque para 1932 el 53 % de los jueces de los Tribunales del Pueblo de la RSSFR eran de procedencia obrera, sin formación legal sino que accedieron como vidvizhentsii. Otro factor de hostilidad sería el creciente antisemitismo imperante en la sociedad. Un último factor de conflicto sería el diferencial de ingresos entre jueces y abogados (Huskey, 1986: 176-177)
Paralelamente a la colectivización total se intentó simplificar el funcionamiento de los tribunales, mediante la aplicación de nuevas instituciones judiciales que ya estaban siendo empleadas de manera experimental: los centros de mediación, llamados "tribunales sociales del pueblo" (selskie obshchestvennye sudy) para el ámbito rural, y los “tribunales de camaradas de la producción" (tovarishchei proizvodstva sudy), para el ámbito urbano. (Solomon Jr., 1996: 114)
Ambos tipos de tribunales estarían integrados por ciudadanos electos como jueces y debían funcionar sin reglas formales del procedimiento, pero habilitadas para imponer penas leves (advertencias, pequeñas multas y ciertas cuotas de trabajo correctivo). (Solomon, 1981-82: 18).
A diferencia de los Tribunales de camaradas, los Tribunales Sociales establecidos en las aldeas y pequeños pueblos desde mediados del 29 tuvieron un éxito moderado al resolver cuestiones menores. En el 30 se autorizó su implementación en toda la RSSFR y para el 31 ya había 40.000 de estas cortes (en dos de cada tres pueblos). (Solomon, 1981-82, 27)
Su éxito radicó en que se creó un camino para que los propios campesinos resolvieran sus problemas, aunque carecían de toda formación legal, sin recurrir a personal profesional. En el ámbito rural también surgieron Tribunales de camaradas de la producción en los koljoses, a razón de uno por cada cuatro Tribunales sociales en la RSSFR. Sin embargo, la atribución de funciones de sanción a los presidentes de los koljoses en 1933 acabó con estos tribunales en el campo, que finalmente fueron abolidos en 1935.
Este cambio se inscribe en los intentos de estabilización de Stalin, luego de las violentas transformaciones generadas por la colectivización y la industrialización acelerada, pero paralelas al Gran Terror.[19] Para acelerar las causas judiciales contra los opositores a la colectivización (que involucraba decenas de miles de causas mensuales) y otros delitos antisoviéticos, se crearon en 1934 los Tribunales extraordinarios, compuestos por tres oficiales de la NKVD (Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos, la policía política, más tarde denominada MVD), conocidos popularmente como troikas.[20]
Estos tribunales funcionaban a puertas cerradas y sin presencia de abogados. Téngase en cuenta que la ley reconocía la obligatoriedad del asesoramiento legal únicamente cuando el fiscal estaba presente para la acusación. Por eso en los grandes procesos de Moscú de 1936 a 1938, además de la importancia de los personajes involucrados, la participación de los fiscales como acusadores dio pie a la intervención pública de abogados defensores[21].
Contradictoriamente a que durante la primera mitad de la década del 30 se implementaron procedimientos cuasi judiciales, en 1936 comienza una etapa de estabilización institucional, tal como señalan Berman, Huskey, Schlesinger y Shapiro[22].
En ese año se aprobó una nueva Constitución, cuya publicación fue precedida por un mensaje de Stalin llamando al “restablecimiento de la legalidad”.
Esta Constitución reconocía la existencia de tribunales populares, territoriales y de una Corte Suprema de Justicia en cada República Federada, República Autónoma y Región Autónoma, pero también reconocía una Corte Suprema de Justicia para toda la URSS; aunque en cada República existía un Comisario del Pueblo para Justicia, también existía uno equivalente en el gobierno central.[23]
Además, todo el Capítulo IX de la Constitución se titulaba “El tribunal y la fiscalía”: allí se reconocen las distintas instancias judiciales, compuesta por jueces electos cada cinco años (excepto los tribunales populares, que serían electos cada tres) y la existencia de tribunales especiales; además existen un Procurador o Fiscal General (del que dependen todos los fiscales del país) electo cada siete años y subordinado al Soviet Supremo (art. 102 a 117).
Independientemente de que durante todo el gobierno de Stalin continuaron funcionando las troikas, a partir de ese momento hubo una nueva jerarquización de la abogacía: aumentó el presupuesto destinado a las facultades de derecho y en 1939 se estableció el título de Doctor en Jurisprudencia. (Hazard, 1943: 211) Paralelamente a esta revalorización de la profesión, los años 1937-38 estuvieron marcados por profundas discusiones sobre cuestiones jurídicas entre los especialistas, las cuales fueron compiladas y publicadas para uso de los estudiantes y de los profesionales.
En este proceso de creación y consolidación de un nuevo orden legal se aprobó en 1938 la “Ley de organización de tribunales”, la cual no hablaba de los tribunales sociales ni de los tribunales de camaradas, que por lo tanto dejaron de contar con la supervisión de los respectivos jueces locales o de cada Narkomiust, lo cual puede ser interpretado como un intento de sacar los asuntos legales de manos de los neófitos. Después de dos años de discusiones acerca de quién tenía la responsabilidad de aplicar los fallos de estos tribunales de mediación, en febrero de 1940 la Corte Suprema de la URSS falló a favor del Narkomiust, quitándole toda función de supervisión: esto implicó la desaparición de estas instancias de mediación. Al mismo tiempo, la nueva ley establecía que uno de los jueces de los Tribunales del Pueblo necesariamente debía ser abogado de profesión (mientras que los otros dos eran “jueces populares”)[24]; en los demás tribunales, todos los jueces debían ser profesionales.
Simultáneamente se intentó eliminar la intromisión de las autoridades provinciales y locales sobre la administración de justicia, que hasta ese momento según Peter Solomon tenían una mayor influencia que el gobierno central. (Solomon, 1985: 305)
El 16 de agosto de 1939 el Sovnarkom aprobó la “Ley de la abogacía” por la cual todos los colectivos (formados en total por 8.000 abogados para ese momento) perdían su autonomía y quedaban subordinados a la presidencia de cada Colegio[25].
El inició de la guerra no implicó cambios en el sistema jurídico, sino que se le sumó una nueva instancia con la creación de los tribunales militares para los frentes de batalla. (Hazard, 1942: 22-23).
El conflicto mundial provocó una aproximación a los aliados Occidentales, que se tradujo en una apreciación positiva de algunas de las prácticas jurídicas existentes en los países liberales, tal como aparecieron en diversos textos publicados hasta 1948. (Timasheff, 1952: 233-234)
Posguerra y guerra fría.
Sin embargo, el fin de la guerra puso fin a la alianza temporal y fue acompañada de una creciente tensión que luego cristalizó en la Guerra Fría. El 5 de octubre de 1946 el Comité Central del Partido Comunista publicó una resolución sobre la necesidad de la extensión y la mejora de la educación legal, criticando la aparición entre los juristas soviéticos de una tendencia calificada de “formalista”, caracterizada por su admiración de Occidente[26].
Cuando en 1948 comenzó formalmente la Guerra Fría estas tendencias en las artes y las ciencias fueron vueltas a calificar como “cosmopolitas” y duramente reprimidas en el proceso conocido como zhdanovismo [27].
A partir de ese momento se realizó una producción teórica que valoraba el sistema legal soviético y desconocía cualquier aspecto positivo en el occidental[28].
Sin embargo, no se produjeron cambios en el campo de la abogacía, tal cual fue estructurada durante los años 30. El cuerpo profesional se dividió en dos: uno que cumplía funciones similares a la de los notarios o escribanos en Latinoamérica y otro con funciones propias de los abogados.
Los abogados-escribanos se encargaban de asuntos no contenciosos, principalmente relacionados con la herencia y el reparto de bienes y con contratos entre particulares.
Los acuerdos firmados entre las partes frente al abogado-escribano equivalían a una resolución de un tribunal: el escribano tenía el poder legal de ordenar la ejecución de la medida si una de las partes no cumplía. En 1954, el 85 % de los integrantes de este grupo en toda la Unión Soviética eran mujeres. (Johnson, 1955: 352).
En cambio los abogados son aquellos que intervienen en asuntos contenciosos entre particulares, de particulares contra el Estado u organizaciones sociales, o en representación de organizaciones sociales.
De los honorarios cobrados por ambas categorías de abogados, el 15 % era retenido; de esa cifra una tercera parte era destinada al funcionamiento del Colegio y dos terceras partes para sufragar los gastos donde funcione el colectivo del que forma parte (alquiler, salarios del personal administrativo, etc.). Los honorarios dependían de cada caso y eran fijados por el Comisariado de Justicia de cada república, aunque algunas categorías de personas debían ser asesoradas gratuitamente; en este último caso el perdedor podía correr con los gastos. (Johnson, 1955:352).
El Comisariado de Justicia, además de supervisar el funcionamiento de los tribunales y las oficinas de los abogados, supervisaba los Colegios de Abogados. Otra de sus tareas era la administración de colegios secundarios con orientación legal, donde se formaba el personal administrativo de los tribunales y de las oficinas de abogados. Sin embargo, la formación jurídica superior escapaba a su competencia.
Poco después de la muerte de Stalin, el 27 de marzo de 1953, se publicó un decreto de amnistía que liberó a una proporción grande de los condenados por delitos antisoviéticos y declaraba que el derecho penal debía ser reexaminado con el fin de eliminar la responsabilidad criminal de varios actos y el aligeramiento de castigos criminales para otros. Este decreto fue la señal para la introducción de cambios más profundos en el sistema legal soviético.
Un ejemplo de ello fue la detención de Lavrenti Beria (jefe del MVD, principal institución encargada de la detención de delincuentes “antisociales” y de la administración de las prisiones y campos de trabajo) en julio de 1953; poco después, en septiembre de ese mismo año, fueron abolidos los Tribunales especiales o troikas. El efecto inmediato de la abolición de estos tribunales fue que los llamados delitos contrarrevolucionarios pasaron a la jurisdicción de los consejos de guerra y los tribunales criminales regulares; además, los condenados podían apelar según su condición ante los tribunales militares o los tribunales regulares. (Berman, 1956: 183) Todas estas medidas eran claros indicios de que la nueva dirigencia buscaba implementar una nueva legalidad.
De acuerdo a estos cambios, a partir de 1953 comenzaron a aparecer en diferentes publicaciones soviéticas críticas cada vez más frecuentes hacia el sistema legal imperante anteriormente en el país. (Schlesinger, 1953: 213-220)
Se comenzó a difundir la expresión “violación de la legalidad socialista” para referirse a los evidentes abusos cometidos por los tribunales y los funcionarios bajo el gobierno de Stalin[29].
Producto del nuevo estado de cosas, a partir de 1954 se comenzó a insistir en la presencia del abogado defensor en los tribunales. Aunque esto fue aplicado en las instancias judiciales más altas, no se cumplía con este requisito en las instancias inferiores; además se empezaron a considerar ilegales los arrestos realizados sin una orden de un tribunal y del fiscal, aunque pocos funcionarios fueron condenados por ignorar esta normativa[30].
Una parte del no cumplimiento de las disposiciones legales puede ser explicado por la escasez de personal jurídicamente capacitado en todas las instancias del sistema legal soviético.[31]
Si esta situación se daba en las partes más pobladas de la URSS, el problema era mucho más grave en las regiones marginales. A modo de ejemplo, en 1957, el 30,3 por ciento de las decisiones de tribunales apeladas ante la Corte Suprema de la República Socialista Soviética Autónoma Bashkir y el 33,3 por ciento en la RSSA Komi fueron anuladas, lo cual muestra la escasez de personal legal calificado no sólo en las instancias inferiores sino especialmente en los territorios periféricos de la URSS. (Schlesinger, 1958: 311).
Los cambios legales propuestos estuvieron llenos de matices y contradicciones. Así, por ejemplo, el Presidente de la Corte Suprema de la URSS nombrado en 1957 era una persona que nunca había cursado estudios legales (Barry, 1969: 515-516); además bajó significativamente el número de mujeres y de personas de origen no eslavo en la Corte Suprema en relación al período estalinista. (Barry, 1969: 513).
No obstante las limitaciones, los esfuerzos realizados para lograr un respeto más estricto de la ley fueron acompañados de un estímulo al desarrollo de la abogacía: mientras que en 1947 sólo 2.000 personas se graduaron de abogados en todo el país, hacia 1955 aquella cifra había aumentado a 7.800, lo que demuestra por si misma la creciente importancia asignada a la profesión. (Shapiro, 1961:146)
Sin embargo, el aumento de la matrícula era desalentado por el bajo salario, aproximadamente de 500 rublos mensuales en 1955 lo que constituía un salario promedio en la URSS (Shapiro, 1961: 146); pero esto encubría que dentro de los colectivos, los más calificados y requeridos por los clientes podían más que triplicar esa cifra. (Schlesinger, 1958: 313).
Así, a mediados de la existencia del Estado soviético, se puede constatar que la administración de la ley se “normaliza” y desaparecen algunos de los instrumentos represivos que fueron una parte significativa del paisaje legal en la época estalinista, aunque los profesionales de la ley estuvieron lejos de poder satisfacer la creciente demanda existente.
La evaluación de la abogacía soviética a la luz de las teorías sociológicas occidentales sobre las profesiones.
Gran parte del período de la historia soviética analizada corresponde a lo que se denomina como estalinismo. Fue en ese momento donde se construyeron o terminaron de definir las características político-económicas de lo que fue el Estado soviético a lo largo de su existencia. Una corriente de pensamiento suele hablar de totalitarismo para referirse al estalinismo, incluyéndolo junto a regímenes como el nazismo. Sin embargo, existen profundas diferencias entre ambos, uno de los más importantes tiene que ver con la formalidad de la represión: mientras en el nazismo grupos enteros de la sociedad fueron exterminados por pertenecer a categorías “inmodificables” (por cuestiones de nacimiento), en el estalinismo siempre los reprimidos debían ser encontrados primero culpables de un delito, aunque fuera en un simulacro de juicio[32].
Esto muestra la importancia que se le daba formalmente a la legalidad como forma de crear legitimidad en la sociedad soviética.
Es en este contexto donde se reavivó el interés por la abogacía pero también como forma de quitar a las burocracias provinciales y de distrito la iniciativa sobre la represión o cualquier control sobre los tribunales locales. En tal sentido es claro cómo la profesión legal se fue moldeando de acuerdo a una relación muy estrecha con las necesidades del Estado. Si para E. Freidson la autonomía profesional de la que habla es uno de los requisitos para la caracterización de una profesión, es discutible el grado de control técnico que podían ejercer los abogados soviéticos sobre su propia actividad.
En la URSS fue muy limitado el control que los juristas pudieron ejercer sobre sus condiciones de trabajo, como ocurrió por otra parte con todas las actividades profesionales.
Las afirmaciones de Jonson acerca de que las profesiones “son en realidad uno de los productos de la formación del Estado, lo que no significa que sean meros ´sirvientes del poder`” (Gonzalez Leandri, 1999: 74) puede ser aplicado para la historia de las profesiones en Occidente, pero es discutible que esto no rija para el caso de la abogacía en la Unión Soviética.
El debate entre los autores acerca de la relación entre el papel del Estado/autonomía profesional cobra particular relevancia en la URSS desde 1928 con la colectivización total, cuando pareciera que se zanja la discusión hacia uno de los polos en cuestión. Contradictoriamente, se observa a partir de los 30 una re-creación de la Advocatura, con una creciente jerarquización de la profesión.
Aunque los textos mencionan que en 1937 se creó un Departamento de Juristas Internacionales dentro del Colegio de Abogados de Moscú (para asesorar a extranjeros residentes en el país y a ciudadanos soviéticos residentes en el exterior), no se vincula ese hecho con el creciente contacto comercial que se estaba dando con diferentes países del mundo.
Además, no se plantea si la revalorización de la abogacía se inscribe en el acercamiento político a los Estados liberales y los intentos de crear Frentes Populares (donde los partidos comunistas irían aliados a otros partidos) para frenar el avance de los fascismos; en tal caso, crear un cuerpo de jurisconsultos profesionales permitiría presentar a la URSS como un Estado “normal” y diferenciarlo así de los aspectos dictatoriales que permitían asimilar a la URSS con los regímenes fascistas.
Así, la creciente relación con el resto del mundo y la necesidad de adoptar algunos aspectos del sistema jurídico avalado en Occidente, habría funcionado como un factor externo de homologación para prácticas legales dentro de la Unión Soviética.
El contexto soviético limitó la capacidad de persuasión de parte de los advocatii. Las posibilidades de movilidad social (en el sentido empleado por Sarfatti Larson) escapaba a los miembros de la profesión porque las condiciones de mercado correspondían a una economía centralmente planificada y no a un mercado de tipo capitalista. Por lo tanto, fueron incapaces de elevar su respetabilidad hasta que los mismos dirigentes necesitaron que eso ocurriera, como forma de demostrar la existencia de una nueva “legalidad”.
Un problema que debieron enfrentar los profesionales de la ley fue su incapacidad de monopolizar la actividad: de forma permanente pudieron ingresar “prácticos” y “recomendados” en carácter de asesores legales de pleno derecho.
En tal sentido, nunca se llegó a la “clausura profesional” de la que habla Randall Collins. Esto se puede explicar porque existía una economía con serios problemas estructurales para solucionar la falta de técnicos, o también por una cuestión ideológica, que hacía que la profesión legal no fuera adecuadamente valorizada porque la sociedad civil era poco autónoma o inexistente.
La movilidad individual en ese contexto no dependía de los lazos entre las élites profesionales y los miembros de la profesión (que habría permitido reforzar como en Occidente la jerarquía de las organizaciones); por el contrario, en la mayoría de las profesiones (excepto tal vez en las vinculadas al aparato de defensa y las ciencias duras), las posibilidades de ascenso estaban vinculadas a las relaciones que se podían establecer con los diferentes grupos de la burocracia gobernante[33].
Era más importante en las fiscalías, en los juzgados y en las principales instancias legales la procedencia de clase y la lealtad política que la propia capacidad técnica: esto también explica por qué “prácticos” y “recomendados” podían ingresar a los Colegios de abogados.
Siguiendo a Schudson cuando analiza las distintas definiciones de profesión, pareciera que en la URSS la misma no era dada por “la posesión de una técnica intelectual adquirida por la formación especial" sino que “una profesión (…) entonces, es cualquier ocupación que una sociedad dada considera como una profesión” (Schudson, 1980: 218).
En el contexto de la desprofesionalización luego de la Revolución se hizo más fácil la aplicación de este concepto a cualquier “práctico”. Por eso para Johnson, la profesión no es un tipo de ocupación sino la forma de controlar una ocupación, producto del apoyo político en este proceso de construcción. Es discutible pensar que haya existido un “proyecto profesional” en los términos de Sarfatti Larson, por lo menos en el período analizado. El impulso para jerarquizar la abogacía fue externa al cuerpo de los profesionales y se inscribe en los intentos del Estado de crear una “legalidad socialista”.
Aunque en el mundo capitalista se pueda discutir si las profesiones se burocratizan o no, esa discusión no existe en la URSS: la sociedad civil está organizada en distintos grupos, cada uno de ellos jerarquizado y burocratizado; en tal sentido, también la Advokatura se organizó como una institución con un orden jerárquico, constituido externamente a los profesionales (aunque cada colectivo gozara de autonomía, se encontraban subordinados a los Colegios, en tanto estructuras burocráticas controladas directamente por el Estado).
Según Sarfatti Larson cuando los expertos se apropian de un campo para sí mismos esto les proporciona un poder económico. (Sarfatti Larson, 1988: 156) Esto no ocurrió totalmente en la URSS, por lo menos desde la colectivización de la Advokatura, porque fue el Estado el que fijaba los límites de los honorarios, e incluso era obligatorio que ciertos casos fueran conducidos de manera gratuita.
Si “el recurso inevitable a la función científica y técnica del experto es un factor más que reduce la participación legítima de los ciudadanos en la toma de decisiones” (Sarfatti Larson, 1988:159) esto tampoco ocurrió en la URSS, donde cualquier ciudadano podía llegar a ser juez (por lo menos en el caso de los Tribunales Populares esto se mantuvo hasta el momento de la desaparición del Estado), y muchas cuestiones legales eran externas a los “legistas” porque dependían de la interpretación del aparato del partido, formado por no-expertos en Derecho.
La pretensión de universalidad que tienen los practicantes del Derecho (Bourdieu, Pierre, 2000: 205-208) chocaba con la realidad existente de los tribunales especiales (troikas) y del funcionamiento práctico del resto de los tribunales, donde la defensa profesional no era necesaria o podía ser realizada prácticamente por cualquier ciudadano. Podríamos decir que existieron condiciones estructurales (y no tan solo ideológicas) que impidieron durante décadas delimitar un “campo científico” propio del Derecho soviético, en tanto se consideraba, de acuerdo al pensamiento de Lenin y de otros revolucionarios fundadores del Estado, que ese campo era algo modificable de acuerdo a las necesidades sociales del momento.
Los agentes encargados de practicar esta disciplina fueron incapaces de crear un poder simbólico vinculado a su profesión, en parte por las características específicas del contexto político pero también por la tradición de conceder la experticia no sólo a los egresados de centros específicos de formación académica sino a cualquier practicante, por el solo hecho de haber ejercido la práctica legal durante cierto tiempo. Las propias autoridades que crearon normativas para ir restringiendo el acceso únicamente a los “expertos”, permanentemente violaron esas disposiciones, poniendo en cargos destacados a personal que no cumplía con la normativa.
Aunque a lo largo de las décadas existió una escasez de personal jurídico, estos fueron incapaces de “monopolizar”[34] el mercado, precisamente porque el mercado soviético no era como el existente en el mundo capitalista, donde se supone una cierta libertad de oferta y demanda; precisamente esa “propiedad profesional” no les aseguró a sus poseedores ni “la independencia, la seguridad, el derecho de criticar sin temor a las consecuencias” y obtener así “una posición segura desde la que defender su lugar en la sociedad o (…) una posición de influencia desde la que cambiar la sociedad” (Perkin, 1990: 8).
Esta incapacidad de controlar el mercado está nuevamente relacionada con la escasa valoración de las “credenciales culturales” de los profesionales legales, con lo cual no se produjo una “clausura ocupacional” (Collins, 1990: 32-35).
Sin embargo, en esta relación Estado/profesión que analiza Johnson siguiendo a Foucault (Johnson, 1995: 11-13) se estableció un vínculo de poder donde, no obstante las limitaciones ya señaladas de la Advokatura soviética, los propios abogados también contribuyeron a la “normalización” de la población.
En ese sentido, los abogados facilitaron la gobernabilidad necesaria al contribuir a institucionalizar el marco legal imprescindible para la “reproducción social” del sistema soviético.
