J.v.p.
C.A. de Valparaiso.
Valparaiso , veinte de julio de dos mil dieciocho.
dieciocho, escrita de fojas 174 y siguientes de estos autos.
Registrese y devuelvase junto con su agregado y custodia.
NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
abundamiento, se presenta el contenido del proceso sumarial, destacando la
declaraci n de la funcionaria do a Laura del Carmen Troncoso ó ñ Araya, quien el día
de los hechos recepcionó el llamado correspondiente de solicitud de ambulancia.
También se hace referencia a lo declarado por doña Graciela del Carmen Díaz
Arias, con desempeño en la Unidad de Emergencia del Hospital Santo Tomás de
Limache, siendo su labor la de enfermera coordinadora de la Unidad de
Emergencia. Se señala también que, en el proceso disciplinario llevado a cabo, se
formuló en contra de don Iván Ponce Olmedo, técnico paramédico, con desempeño
en el Hospital Santo Tomás de Limache, el cargo único de infringir el artículo 61
del Estatuto Administrativo.
En cuarto lugar, como resultado de la investigación, se estimó que el
funcionario del Hospital Santo Tomás de Limache, don Iván Ponce Olmedo,
infringió gravemente sus deberes funcionario, razón por la cual, se decidió formular
cargos al implicado, sancionándolo con medida disciplinaria de suspensión del
empleo por 30 días, con goce de un 70% de su remuneración, propuesta que fue
acogida por la Directora del Servicio de Salud Viña del Mar – Quillota.
Como un apartado diferente, la parte demandante da a conocer ciertas
conclusiones respecto de los hechos, señalando para tales efectos que se pudo
establecer la existencia y establecimiento de la infracción de deberes funcionarios
por parte del paramédico Iván Ponce Olmedo, dependiente del Hospital Santo
Tomás de Limache, lo que implicó el atraso en la atención de urgencia que la
familia de la menor afectada requirió oportunamente, desperdiciando minutos vitales
para su reanimación, agregando que en caso de haber sido asistida oportunamente
dentro de los primeros minutos contados desde la crisis que le afectó, el resultado
bien pudo ser distinto.
Por otro lado, agrega que su hija Siomara jamás sufrió de epilepsia o de
algún cuadro con sintomatología similar a la descrita en el certificado de defunción,
habida cuenta de que por su condición mental era constantemente observada y
atendida por personal profesional, quienes nunca hallaron síntomas o rastros de
dicha enfermedad en ella. Finaliza incluyendo que, el personal responsable de la
atención médica de Siomara el día de los hechos, y probablemente para ocultar la
mala praxis médica adoptada, no realizó el procedimiento de autopsia que es
obligatorio en casos de muerte indeterminada.
A lo anterior a ade que, antes de ser reemplazada la ñ primera fiscal a cargo
de la investigación, doña Pamela Vallejos Arenas, había concluido la insuficiente
capacitación del coordinador del SAMU que realiza horas extraordinarias para suplir
la falta del titular cuando éste se encuentra en horario de colación o posterior a su
jornada laboral; indica la señalada que según el código de emergencia “SAMU”
MAESVER, señala que la clave 12 corresponde a “emergencia a domicilio”, es
decir, se debe realizar la salida inmediatamente al domicilio independiente de la
causa o motivo del llamado, para finalmente concluir que se propone que se realice
capacitación a todo el personal del Servicio de Urgencia respecto del código de
emergencia “SAMU” MAESVER, para que de esta manera se pueda eliminar la
subjetividad en la interpretación de estos códigos.
Por todo lo anterior, señala la demandante que es posible advertir que en
cada uno de los ámbitos de actuación de la administración, en este caso, del
Hospital Santo Tomás de Limache, el sistema de urgencia y asistencia médica falló
escandalosamente, sin que sea posible atisbar hasta ahora pretextos de alguna
especia que permitan apelar a “falta de provisión”, “estrecheces
presupuestarias”, “caso fortuito” o cualquiera otra causa., traduciéndose ello en
negligencia del Hospital y de su servicio de emergencia que se manifiesta en: la
sensible gestión del SAMU respectivo que fue entregado por el personal directivo
del Hospital a personal sin calificación; la ausencia de mecanismo de control y
fiscalización frente a llamadas de emergencia; la negativa injustificada del personal
de emergencias para acudir al llamado de urgencia realizado; falta de claridad en
el manejo de las claves de urgencia; infracción de protocolos médicos de urgencia
y declaración de muerte sin autopsia de rigor, cada una de las cuales, bastan por
separado, para configurar la falta de servicio reclamado. Además de ello, se destaca
lo constatado en la instrucción fiscal. Así, todo lo antedicho sirve para configurar,
la causal falta de servicio que da origen al juicio de responsabilidad civil en contra
de la Administración.
Para mayor abundamiento, se refiere a la Resolución Exenta N° 6272, que
define la falta de servicio.
B.- El Derecho:
En este acápite se refiere el actor a los elementos del juicio de
responsabilidad, afirmando que en nuestro sistema jurídico rige un sistema de
responsabilidad del Estado por actos negligentes de la administración, que supone
acreditar la falta de servicio del organismo estatal a objeto de perseguir las
indemnizaciones que se deriven de su actuar imprudente, negligente, tardío o por su
inacción. Hace referencias a normas de la Constitución Política de la República, la
Ley N° 18.575 sobre Bases de la Administración del Estado, la Ley N° 19.966,
que establece un régimen de garantías de salud, y el D.L. N° 2.763.
En este orden de ideas, señala la concurrencia de los siguientes elementos
para la especie: acción u omisión; daño; relación causal directa; y perjuicios. Lo
anterior apoyado en doctrina y jurisprudencia. Se refiere, por tanto, a la
responsabilidad del Estado, citando para ello jurisprudencia, doctrina y normativa
vigente. Con todo ello, considera que es posible configurar en el caso en cuestión
cada uno de los elementos del juicio de reproche que se dirige en su contra, los
cuales se asientan lógicamente sobre el concepto de falta de servicio que alude el
artículo 42 de la Ley N° 18.575, lo que obliga al Servicio demandado,
consecuencialmente, al resarcimiento de todos los perjuicios sufridos.
Finalmente, la parte demandante se refiere a los daños morales – agregando
para ello referencias a destacadas sentencias de la Excelentísima Corte Suprema –
sufridos por ella y lo presumible que puede resultar todo ello, traduciéndose en un
apoyo terapéutico por la pérdida experimentada, y en definitiva, los perjuicios
sufridos por la actora, lo que la lleva a calcular una indemnización por estos
conceptos equivalentes a 3.500 UF, esto es, la cantidad de $91.605.500.- en su
valor al día de hoy.
Quinto: Contestación. Con fecha 08 de noviembre de 2016 la parte
demandada contestó la demanda, solicitando su total rechazo y la condena en
costas.
En primer lugar, señala que los hechos en que se funda la acción
indemnizatoria se encuentran descritos de manera parcial, distorsionada y diferente
a como se desarrollaron en la realidad, omitiéndose datos y circunstancias esenciales
para el debido entendimiento de la cuestión controvertida. Así, contraviene todos y
cada uno de los hechos alegados por la actora, aceptando solo aquellos que, en
definitiva, resulten legalmente acreditados en estos autos.
En segundo lugar, afirma que el día 16 de mayo de 2012, según consta de
la hoja de ingreso a la atención de Urgencias del Hospital Santo Tomás de
Limache, Siomara fue atendida a las 14:18 horas, ingresando con diagnóstico de
Paro Cardio Respiratorio y ritmo cardíaco de asistolia, es decir, no respiraba ni
tenia pulso. Se le practicaron durante treinta minutos maniobras de reanimación en
extremis, sin resultados positivos. Por otra parte, el SAMU recibió una llamada a
las 14:11 horas por parte de familiares de la paciente y se dispuso, en
consecuencia, el envío de una ambulancia al domicilio indicado lo que, en
definitiva, no fue necesario por haber sido trasladada, la paciente, por sus
familiares.
En tercer lugar, se refiere a la normativa aplicable a la presente litis, y
afirma que está constituida por la Ley N° 19.966, ya que allí se establece una
acción indemnizatoria especial y preferente para los órganos del Estado en materia
sanitaria y constituye la normativa aplicable para quienes se estimen perjudicados
por acciones u omisiones del os órganos que integren la red pública de servicios
sanitarios. Reconoce que si bien el artículo o38 de dicha ley hace suya la doctrina
de la Falta de Servicio, en los artículos siguientes ella es modulada por una serie
de consideraciones especiales que justifican su tratamiento específico por esa Ley,
adquiriendo un carácter especial. Posterior a ello, se refiere a normas del Derecho
común y de la Ley N° 18.575.
En cuarto lugar, se refiere a la improcedencia de la acción indemnizatoria
fundada en las normas de la Ley de Bases Generales de la Administración del
estado, ya que le Ley N° 19.966 incorpora un régimen normativo preferente al
establecido en forma general en la Ley de Bases Generales de la Administración
del Estado, consagrando una acción indemnizatoria especial para los órganos del
Estado en materia sanitaria. Por tanto, concluye, la acción dirigida en su contra
debe ser declarada inadmisible, ya que ella es improcedente.
En quinto lugar, da a conocer ciertas consideraciones sobre la responsabilidad
médica, y al respecto expresa que las prestaciones que debe cumplir un médico en
el ejercicio de su profesión tiene un definido carácter técnico. Además, que su
actividad está reglada por las leyes del arte de su profesión (Lex Artis). Para ello
se hace valer de varias referencias de académicos. Concluye que, en el caso de
autos, tendría que acreditarse que el o los profesionales que intervinieron en la
atención de la paciente incurrieron en manifiesta negligencia en los medios
empleados, lo que desde luego niega, pues aunque se haya producido el resultado
adverso, sí se emplearon los sistemas o tratamiento que exige la ciencia de acuerdo
a la realidad del país y del Servicio de que se trate; no puede haber atribución de
responsabilidad, especialmente, en los casos como el de Siomara, en que presenta un
cuadro cl nico severo de base y estuvo un tiempo indeterminado í desmayada y sin
respirar, antes de que se llamara al Servicio de Urgencias.
En sexto lugar, continúa la contestación afirmando que, el primero de los
requisitos de la responsabilidad patrimonial demandada, esto es, la existencia de un
“hecho imputable”, no concurre al respecto, ya que no ha existido acción u
omisión alguna por parte del demandado que haya podido causar el daño
pretendido por la demandante. Como consecuencia de ello, el resto de los requisitos
de la responsabilidad, simplemente no pueden configurarse.
Se apoya para ello indicando que, según lo expuesto por el propio relato de
la demandante, queda de manifiesto que el cuadro que presento Siomara era grave
y que el retardo que se refiere en la llegada de la ambulancia, poca incidencia
tuvo en el desenlace de los hechos. En efecto, según la actora, el cuadro de la
paciente se habría iniciado alrededor de las 14:00 horas. Pues bien, el llamado al
SAMU fue recibido recién a las 14:11 horas y existe constante que el ingreso de
Siomara al Servicio de Urgencias del Hospital fue a las 14:18 horas. Es decir, sólo
el período de tiempo que transcurrió entre que Siomara dejara de respirar y se
hiciera la llamada telefónica al Servicio de Urgencias – más de diez minutos –
implica un lapso, más que suficiente, para que se haya producido su desenlace
fatal. En esa virtud, el presunto retardo en la concurrencia de la ambulancia al
domicilio de la víctima, no tiene ninguna relación con su deceso. Para fundamentar
lo anterior, se dota de conceptos clínicos proporcionados por especialistas de la
materia. A este respecto, resulta trascendente que la única posibilidad de impedir la
muerte en estas situaciones, es la maniobra de reanimación cardiopulmonar
inmediata, además de proceder a intubar al paciente y broncoaspirar secreciones,
antes de los 4 a 5 minutos siguientes, como máximo, lo cual es casi imposible
cuando el accidente ocurre en el domicilio, como en la especie, donde no se
dispone de los recursos apropiados y no se cuenta con la capacitación adecuada en
RCP para que las maniobras sean ejecutadas por el familiar cercano. De acuerdo a
la demandada, ello explica que Siomara haya ingresado ya fallecida al Servicio de
Urgencia y que no haya respondido a las maniobras de reanimación intentadas y
que se consigne como causa de defunción a la asfixia por respiración, y también la
crisis epiléptica en su certificado de defunción, ya que esas son las razones por las
que murió Siomara. Así, no existió Falta de Servicio por parte de la demandada,
ya que la condici n de la paciente era grave y no hubo nada ó que pudiera haberse
hecho para revertirla.
Continúa la contravención a los hechos, indicando que no hay certeza alguna
en cuanto al momento en que se presentó la insuficiencia respiratoria en Siomara,
ya que su hermana, Ivonne, la encontró ya desmayada y cianótica, tendida en el
suelo de su dormitorio, es decir, la menor estaba sola en la habitación cuando
empezó a sufrir este episodio, sin que nadie lo haya presenciado. En consecuencia,
es imposible tener certeza en cuántos minutos estuvo inconsciente, desmayada y
cianótica, para luego haber sido descubierta y haber llamado a emergencias.
Además, la demandante no se encontraba en su domicilio al momento de producirse
los hechos que fundan la demanda, ni al momento de encontrar a su hija
desmayada ni al llegar al Servicio De Urgencias, es decir, todo o que relata lo hace
por información entregada por terceros.
Destaca también que en cuanto a la pertinencia de haber realizado una
autopsia, esta solo se realiza en casos que se sospeche la intervención de terceros
en la muerte y la autoridad así lo ordene. Se suma a lo anterior, los casos en que
la causa de muerte de una persona no sea clara o evidente, ambas, situaciones que
no concurren, en la especie.
Hace mención también al sumario administrativo incoado a propósito de la
tardanza en la respuesta del funcionario a cargo de la conducción de la
ambulancia, y señala que las responsabilidades que declara y sanciona, son de
naturaleza administrativa, que no dicen relación alguna con el deceso de Siomara.
En séptimo lugar, se señala la ausencia de reproche en la actuación del
Servicio Público de Salud de Viña del Mar – Quillota y, en concreto, del Hospital
Santo Tomás de Limache, ya que en la especie, la actuación del ente fue óptima y
dentro de lo esperable y exigible para un servicio público de tal naturaleza, no
habiendo modo de prever o evitar el deceso de la paciente, ni existir actuación
dolosa o culpable por parte de la demandada.
En octavo lugar, señala la ausencia de una relación de causalidad, ya que
resulta que la causa de muerte de Siomara fue por haber sufrido un Paro Cardio
Respiratorio, ocasionado por haber tenido las vías respiratorias obstruidas durante
largo tiempo, producto de alguna convulsión epiléptica o patológica que le produjo
vómitos, asociada a su discapacidad mental, en todo caso, causas absolutamente
ajenas a la acción del Servicio demandado. Reconoce que la tardanza del personal
de urgencia pudo generar responsabilidad administrativa respecto del funcionario
espec fico, y que de hecho fue sancionado í por incumplir obligaciones
administrativas, pero en ningún caso se sancionó por ocasionar, su tardanza, la
muerte de la menor.
En subsidio de todos los argumentos esbozados previamente, la contestación
añade la prescripción extintiva de la acción indemnizatoria por responsabilidad por
falta de servicio, ya que de acuerdo al Código Civil, prescriben en 4 años,
añadiendo jurisprudencia al respecto.
Luego, también en subsidio, en cuanto a los perjuicios demandados, la
indemnización pedida, no justifican su pago. Así, tratándose del daño moral, por
afectar bienes extrapatrimoniales o inmateriales, y por lo mismo, no apreciables en
dinero, la indemnización no hace desaparecer el daño, ni tampoco lo compensa en
términos de poner a la víctima en situación equivalente a la que tenía antes de
producirse aquél. Añade importante jurisprudencia que complementan estas ideas. A
todo lo anterior agrega que, los montos argüidos por el actor, deben someterse a
los cánones de razonabilidad y proporcionalidad.
En suma, concluye que del hecho que haya sufrido alguna crisis propia la
víctima, al parecer, de la condición de retraso mental que tenía, que le provocaron
convulsiones, insuficiencia respiratoria al tragar su propio vómito, desmayo y que
todo aquello haya ocurrido mientras se encontraba sola en una habitación,
permaneciendo largos minutos sin capacidad respiratoria hasta haber sido
encontrada, no es atribuible a la demandada. Así, no habiéndose configurado
infracción a ningún protocolo médico, al haberse declarado correctamente la causa
de muerte de la paciente, y sin que ello, por lo demás, cause ningún daño a la
actora, tampoco puede condenarse al demandado.
Sexto: Réplica. Que con fecha de 17 de noviembre de 2016 la parte
demandante procedió a evacuar la réplica de la demanda, señalando que la Ley
N° 19.966 es exactamente la regulación que invoca al plantear la demanda.
Luego, agrega que cuando el demandado discurre acerca de la Lex Artis, señalando
que la parte demandante en realidad cuestiona la falta de servicio en su vertiente
institucional, y no a aquella en que puedo haber incurrido algún funcionario
determinado en el proceso de atención de la víctima. Así, se encuentra que el
factor de imputación es la responsabilidad general de los entes del Estado, quienes
deben procurar una atención eficiente, cumplida, profesional y oportuna que
permita al paciente una recuperaci n efectiva. En efecto, ó la parte demandante
acusa manifiesta falta de servicio del Hospital Santo Tomás de Limache en el
proceso completo de asistencia al que se encontraba obligado, situación definida
principalmente por el sumario administrativo que fue instruido por el Servicio en
contra de los funcionario implicados en la falta de atención recibida por la menor
fallecida y su familia., todo lo anterior reflejado en la sensible gestión del SAMU
respectivo que fue entregado a personal sin calificación, y en ausencia de
mecanismos de control y fiscalización frente a llamadas de emergencia.
Séptimo: Dúplica. Que con fecha de 25 de noviembre de 2016 la parte
demandada procedió a evacuar la dúplica, ratificando y reproduciendo todos y cada
uno de los argumentos de hecho y fundamentos de derecho contenidos en el escrito
de contestación de la demanda. Afirma además que en la especie, ha quedado de
manifiesto que el daño alegado por la parte demandante, no se produjo por acción
u omisión del Servicio de Salud demandado ni por un mal funcionamiento del
mismo, sino que se produjo por haber sufrido, la menor, un ataque o crisis de
carácter epiléptico en su domicilio, con vómitos y desmayo, lo que le impidió
respirar. Añade que aun cuando hubiera habido alguna anomalía administrativa con
el funcionamiento del Servicio de Salud, ésta no dice relación causal alguna con el
daño alegado, es decir, con la muerte de Siomara, la cual se produjo en algún
momento anterior, incluso, a que la menor fuera hallada por su hermana tendida
en el suelo y con claros signos de asfixia.
Octavo: Recepción de la causa a prueba. Que con fecha 23 de febrero
de 2017 y atendido lo dispuesto en el artículo 318 del Código de Procedimiento
Civil, se recibió la causa a prueba por el término legal, fijándose como hechos
sustanciales, pertinentes y controvertidos sobre los que ésta deberá recaer los
siguientes:
1°.- Efectividad que con fecha 16 de mayo de 2012 doña Siomara Gaete
Toledo, sufrió problemas respiratorios y un cuadro cianótico, razón por la cual se
llamó al Servicio de Urgencias del Hospital Santo Tomás de Limache para el envío
de una ambulancia. Tiempo que tuvo que esperar la paciente la ambulancia, forma,
persona que la transportó y hora en que fue ingresada al Servicio de Urgencia del
citado Hospital;
2°.- Atención brindada en el Servicio de Urgencia del Hospital Santo
Tomas de Limache a doña Siomara Gaete Toledo el día 16 de mayo de 2012.
Cuadro de base de la paciente, estado en que la paciente ingresó al Servicio de
Urgencias, diagnóstico y medidas adoptadas frente a la urgencia por el personal del
citado recinto médico y si estas se adecuaron o no a la Lex Artis;
3°.- Forma en que se constató la causa de muerte de doña Siomara Gaete
Toledo;
4°.- Naturaleza de los daños sufridos por la actora y monto de los mismos;
5°.- Relación causal entre los daños demandados y los hechos u omisiones
imputables al personal del Servicio de Urgencia del Hospital Santo Tomás de
Limache;
6°.- Circunstancias de hecho que sirven de base al cómputo del plazo de
prescripción alegada por el demandado.
Noveno: Prueba de la parte demandante. En orden a acreditar los
hechos en que fundamenta su pretensión el actor, se rindieron las
siguientes pruebas.
A) Documental :
1.- Certificado de nacimiento de la menor Siomara Alejandra Gaete
Toledo, emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación;
2.- Certificado de defunción de la menor Siomara Alejandra Gaete
Toledo, emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación;
3.- Certificación de Mediación Frustrada, emitido por el Consejo de
Defensa del Estado;
4.- Sumario administrativo dispuesto por Resolución Exenta N° 0283
– 2012, del Servicio de Salud Viña del Mar – Quillota;
5.- Querella penal y resolución que recae en ella, interpuesta en
contra de Rodrigo Navia Órdenes y de todos aquellos quienes resulten
responsables, ante el Juzgado de Garant ía de Limache;
6.- Circular N° 1 emitida por el Centro Integral Educacional Linda
Correa de Limache, por el cual se adjuntó copia de la valoración de salud
de la menor Siomara Gaete Toledo, correspondiente al mes de marzo de
2012;
7.- Certificado emitido por Centro Integral Educacional Linda Correa
de Limache, de fecha 26 de noviembre de 2012;
8.- Informe Sicol gico de Siomara Gaete Toledo, ó emitido por Centro
Integral Educacional Linda Correa de Limache, de fecha 18 de mayo de
2011;
9.- Certificado emitido por Servicio de Salud Viña del Mar –
Quillota, de fecha 15 de octubre de 2015;
B) Testimonial :
La parte demandante también rindió prueba testimonial, consistente
en la declaración de don Francisco José Bustamante Veas, quien
previamente juramentado e interrogado en forma legal, en s íntesis expuso
lo siguiente:
1.- Respecto del punto de prueba N°1, señala que el día 16 de
mayo de 2012, en dirección a visitar a un amigo, doña Pamela Araya,
nuera de la señora Lorena lo ve pasando en su vehículo, llamándole por
teléfono para contarle lo sucedido, siendo en ese momento, cuando se
devuelve hacia el hospital. Allí se enteró de lo acaecido, que la ambulancia
nunca llegó y que tuvieron que trasladar a Siomara en forma particular.
Repreguntado declara saber que aproximadamente la ambulancia en media
hora no llegó desde la atención de urgencia que requirió, el cual fue el
mismo tiempo que pasó cuando la llevaron en forma particular. Señala que
el jefe de Jessica trasladó a Siomara al hospital, ya que no hubo respuesta
ni llegada de la ambulancia. Contrainterrogado, informa que la distancia en
que se encuentra el hospital donde fue atendida Siomara y el domicilio de
la demandante es aproximadamente unas 10 cuadras;
2.- Respecto del punto de prueba N° 3, el testigo señaló que sabe
que no hay un diagnóstico certero porque no hubo autopsia. Lo sabe
porque se lo han informado los familiares de la señora Lorena.
Contrainterrogado, respondió que tiene entendido que en primera instancia
la causal de defunción de Siomara fue por un ataque de epilepsia. Lo sabe
porque los familiares de ella se lo contaron;
3.- Respecto del punto de prueba N° 4, respondió que hubo daños
psicológicos y morales. En cuando a los económicos desconoce todo tipo de
números. Los daños se manifestaron en cosas como la depresión severa que
sufre la señora Lorena, incluso le han aumentado sus dosis de pastillas. Lo
sabe porque familiares de ella se lo contaron. Repreguntado, indica que
sabe que la demandante recibe tratamiento psicol gico ó en el hospital de
Limache por el tema de su depresión.
4.- Respecto del punto de prueba N° 5, declaró que s í existe
relación de causalidad entre los daños y el actuar del personal porque la
depresión no se hubiese producido si hubiera habido una atención oportuna.
Todo esto se hubiera evitado.
Décimo: Prueba de la parte demandada. En orden a acreditar los
hechos en que fundamenta sus aseveraciones, el demandado se valió de los
siguientes medios de prueba:
A) Documental :
1.- Copia de ficha de atención de urgencias de doña Siomara Gaete
Toledo de fecha 16 de mayo de 2012.
B) Absolución de pos iciones :
1.- Se solicitó absolución de posiciones a la demandada, sin embargo,
esta no se rindió.
C) Prueba tes t imonial :
La parte demandada también rindió prueba testimonial, consistente en
las declaraciones de don Osvaldo Renato Flores Ojeada, doña Soledad
Mireya Sepúlveda Henríquez y don Hernán Fernando Elgueta Vásquez,
quienes previamente juramentados e interrogados en forma legal, en
síntesis, expusieron lo siguiente:
1.- El testigo don Osvaldo Renato Flores Ojeda, respecto del punto
de prueba N° 2, declaró que en relación al cuadro de base de la
paciente, se conoce que tenía un daño mental y, la paciencia, ese día,
ingresó al Servicio de Urgencia en paro cardio – respiratorio, lo que
significa ya: sin pulso y sin movimientos ventilatorios y cianosis, por falta
de oxígeno, llevada por sus familiares. Continúa su declaración y afirma
que se ingresó a la Sala de Reanimación o al Box de Reanimación, donde
se inician las maniobras de reanimación Cardio – pulmonar que consisten
en: conexión a monitores, administración de oxígeno – terapia, instalación
de vía venosa, entubación endotraquial y, maniobras de reanimación,
propiamente tal, que son: el masaje cardiaco y ventilación asistida por
ambú. Añade la realización de otras maniobras, y no lográndose la
reactivación de la ventilación y cursos propios de la paciente, se suspenden
los procedimientos y, determin ndose el fallecimiento á de la paciente, por
parte del médico. Repreguntado, afirmó que la condición de Siomara por
ser una niña con antecedentes de un daño mental, la hacen diferente a la
de un adulto; por lo tanto, el actuar frente a la situación, tambi én es
distinta. Se aumentan las medidas y se desarrolla, por parte del equipo, un
mayor esfuerzo por recuperar su vida, ya que los niños tienen una mayor
resistencia a los problemas de salud. Añade que en la condición de ingreso
de Siomara, se consigna que ya venía en paro Cardio – respiratorio y con
cianosis, es que ya llevaba un tiempo considerable con el problema, por lo
cual, las medidas tomadas apuntaban ya hacia el resultado negativo.
Concluye que las medidas que se realizaron s í corresponden a la lex artis .
Posteriormente, a la pregunta sobre si era necesario o no realizar una
autopsia a la menor, señala que la autopsia es un procedimiento que
solicita el médico, frente a la sospecha de algún delito o actuación de
terceros o la familia la solicita en forma directa al médico. Al no ocurrir
estas situaciones y, tener claro el médico (Dr. Navia), que el fallecimiento
ocurre por causa médica, no solicita autopsia. En este caso, la familia de
la menor fallecida, tampoco lo solicitó.
Luego, exhibiéndole el documento que la parte demandada acompañó
– Hoja de Rama – sostiene que en efecto se realizaron las medidas
médicas para revertir su condición; ya que, se describe que ingresa en paro
cardio – respiratorio, con ritmo de ingreso de asistolia, y se realizaron las
maniobras de rehabilitación durante aproximadamente treinta minutos y
otros movimientos.;
2.- La testigo doña Soledad Mireya Sepúlveda, respecto del punto de prueba
N° 2, declaró que la paciente llegó en paro cardio – respiratorio aproximadamente
a las 14:08 de ese día. Pasó, directamente, al box de reanimación donde comenzó
inmediatamente su reanimación. Describió que las medidas adoptadas, frente a la
paciente, fueron las adecuadas. Indicó que la paciente ingresó, clínicamente,
fallecida. Agregó que para llegar a sus condiciones de arribo al Hospital, la
paciente debería haber presentado un cuadro de larga duración, previo, más aún,
tratándose de un paciente pediátrico. Es muy probable que haya estado mucho
tiempo sin que los familiares se hubieran dado cuenta en las condiciones que estaba
la paciente; por lo que, en las condiciones que llegó a Urgencia, demostraban que
ya estaba fallecida desde que sali de su domicilio, considerando ó el tiempo de
traslado desde su casa al Hospital, no mayor de diez minutos. Finalmente, agrega
que las medidas adoptadas, frente a la paciente, fueron las adecuadas, ya que se
utilizaron, además, todos los recursos disponibles. Respecto sobre la necesidad de
haber realizado la autopsia, es conteste con el testigo previo;
3.- El testigo don Hernán Fernando Elgueta Vásquez, respecto al punto de
prueba N° 2, declara que, no teniendo que ver él con el aspecto clínico – trabaja
en el área administrativa – sí tuvo conocimiento que los familiares la encontraron
tirada en la casa, que se demoraron un poco en llamar a la ambulancia y cuando,
las ambulancias iban saliendo, ellos llegaron con la paciente en un vehículo
particular. Sabe que, aproximadamente a las 14:11 horas, la familia llamo al
Servicio, y que, el móvil salió a las 14:18 minutos; iba saliendo cuando llegó su
familia, con la menor, en un vehículo particular.
Undécimo: Sobre la acción entablada. Que en esta causa, lo que persigue
el actor consiste en la responsabilidad civil del Estado por falta de servicio en
contra del Servicio de Salud Viña del Mar – Quillota, órgano descentralizado de
Derecho público, por la responsabilidad que le correspondería al Hospital Santo
Tomás de Limache por el hecho de sus dependientes, debido a los hechos que
fueron objeto de la presente causa. Para ello, la parte demandante funda su
pretensión en fuentes normativas que de una u otra manera reconocen la
responsabilidad patrimonial de la Administración del Estado, esto es, el artículo 38
de la Constitución Política de la República, artículos 2 y 42 de la Ley N° 18.575
sobre Bases de la Administración del Estado y los artículos 38 y 41 de la Ley N°
19.966 que establece un régimen de garantías de salud. A lo anterior, se agregan
fallos de jurisprudencia reciente que reconocen - de una u otra manera – el
régimen de responsabilidad patrimonial del Estado por falta de servicio, en especial
aquellos que la vinculan con las normas del Derecho común consagradas en el
Código Civil. En este estado de cosas, la jurisprudencia ha sido unánime y
reiterativa en cuanto a la acreditación correspondiente para sostener la existencia de
la falta de servicio y la subsecuente responsabilidad del órgano estatal. Así, no solo
debían acreditarse ciertos hechos que fueron controvertidos por la parte demandada,
sino que además, como la propia demandante lo reconoce, los diferentes elementos
del juicio de responsabilidad. Por tanto, debía producirse una congruencia entre los
hechos acreditados y la relaci n normativa de ellos para que ó esta acción pudiera
prosperar.
Así, para acceder a la demanda, debía acreditarse la acción u omisión de
personas naturales que pertenecieran a la Administración del Estado, en este caso,
funcionarios de Urgencias del Hospital Santo Tomás de Limache; debía demostrase
también la culpa del servicio como órgano de la Administración del Estado,
señalándose para tales efectos como ha sostenido la jurisprudencia y literatura
especializada, la ilegalidad o incumplimiento de las obligaciones legales y el
incumplimiento de los estándares mínimos del órgano (Véase, Luis Cordero Vega,
en La Falta de Servicio, Thomson Reuters, 2012, página 56) ; asimismo el daño
sufrido por la actora como la relación de causal directa entre los perjuicios
solicitados y la conducta del servicio, es decir, un vínculo necesario y directo como
ha señalado la Excelentísima Corte Suprema de Justicia.
Décimo Segundo: Hechos Acreditados. Que con la prueba rendida en
autos y la declaración de las propias partes en sus escritos, se pueden tener
presente los siguientes hechos:
Desde este punto de vista, un elemento que cobra relevancia fue el estado
de salud previo al día 16 de mayo de 2012 que presentaba Siomara Alejandra
Gaete Toledo, ya que como reconoce la madre de ella, al momento del parto se
presentaron complicaciones de orden clínico, ya que Siomara sufrió de asfixia al
nacer producto de la ingesta de líquido amniótico, lo que le provocó secuelas
irreversibles a nivel neurológico y un porcentaje importante de retardo mental. Y
agrega la madre que, por estas consideraciones, Siomara requería de cuidados
constantes y especiales, debiendo dedicarle mayor atención y compañía. Todo lo
anterior se encuentra ya referido en el motivo cuarto. A su vez, la madre de doña
Siomara, si bien acompaña documentos de informes realizados por especialistas, el
hecho que durante las observaciones no se hayan detectado síntomas similares a los
descritos en el certificado de defunción, no debe implicar en modo alguno la
imposibilidad del surgimiento de estas manifestaciones, y menos aún, que todo se
realizó para ocultar una supuesta mala práctica adoptada.
Luego, el día 16 de mayo de 2012, siendo aproximadamente las 14 horas,
fue encontrada Siomara en un estado que pudo ser descrito como problemas
respiratorios, pérdida de conciencia y un cuadro cianótico. Ello fue así descrito en
la demanda. A mayor abundamiento, los testigos de la parte demandada
confirmaron que en efecto, al momento de ingresar Siomara al hospital, se
determin que ten a un paro cardio ó í – respiratorio y cianosis.
A este nivel, conviene señalar que entre el momento en que se iniciaron las
convulsiones y dificultades que derivaron en el estado precitado, lo cierto es que no
logra acreditarse cuánto fue el tiempo que transcurrió entre dicha génesis y la
toma de conocimiento de ello por parte de la hermana de Siomara. Por lo tanto,
no puede constatarse certeza en relación al tiempo intermedio que se produjo entre
los primeros síntomas de anormalidad presentados por Siomara y la circunstancia
exacta en que su hermana la encontró.
En lo posterior, se señaló por parte de la demandante que la hermana de
Siomara, que no encontró reacción de ninguna naturaleza en la menor, decidió
llamar vía telefónica de forma inmediata al Servicio de Urgencia respectivo. Allí se
le indicó que no debía mover a Siomara y que la ambulancia acudiría en forma
inmediata. Sin embargo, señala que debió esperar alrededor de 20 minutos, y
producto de la inasistencia médica, se optó por llevarla de modo particular,
arribando y siendo recibida en el Hospital aproximadamente a las 14:30 horas.
Apoya lo anterior la declaración de don Francisco José Bustamente Veas, quien
señaló que Siomara tuvo que esperar la atención de urgencia que requirió alrededor
de 30 minutos debido a que la ambulancia no llegaba. Su fuente de información,
no obstante, corresponde a dichos de terceros. Sin embargo, la parte demandada
sostiene que recibió dicha llamada a las 14:11 horas, y que se dispuso el envío de
una ambulancia al domicilio indicado, lo que finalmente no fue necesario por ya
haber sido trasladada por los familiares. Ello fue señalado en el Sumario
Administrativo dispuesto por resolución exenta N° 0283 – 2012 a fojas 19.
Posterior a dicha llamada, el traslado de Siomara al Hospital se produjo en
alrededor de 07 minutos, ya que se dejó constancia que el ingreso de Siomara al
Servicio de Urgencias del Hospital fue a las 14:18 horas. Ello así se señala en la
copia de ficha de atención de urgencias de doña Siomara Gaete Toledo de fecha
16 de mayo de 2012, no siendo objetado este documento por la parte demandante.
En este estado de cosas, el documento se presenta como indubitado. Confirma lo
anterior la declaración de doña Soledad Mireya Sepúlveda Henríquez, quien declaró
que la paciente llegó en paro cardio – respiratorio aproximadamente a las catorce
cero ocho del día en cuestión, siendo ella testigo presencial de los acontecimientos
en cuestión.
En conclusion, este Tribunal tiene por acreditado que el horario de
llegada a Siomara al Hospital fue a las 14:18 horas, siendo su tiempo de
espera, por lo tanto, de 07 minutos entre la llamada de la ambulancia y su
llegada al Hospital.
Una vez llegada Siomara al Hospital, corresponde referirse a la atención
brindada en el Servicio de Urgencia del Hospital Santo Tomás de Limache a ella.
En este orden de ideas, la parte demandante se fundamenta principalmente en el
sumario administrativo precitado, que se traducen principalmente en declaraciones
que acreditan el retraso de la salida de la ambulancia. El testigo presentado por la
parte demandante sostuvo que tiene entendido que lo que le ocurrió a Siomara fue
un ataque de epilepsia. Lo anterior lo sabe porque familiares de Siomara se lo
informaron, no constándole a él personalmente. Por su parte, la parte demandada
acompañó la hoja de ingreso a la atención de Urgencias del Hospital Santo Tomás
de Limache, señalándose el diagnóstico de “paro cardio – respiratorio”, por lo
que recibió maniobras de reanimación in extremis, por si existiera alguna posibilidad
de recuperación de Siomara. A su vez, los testigos de la parte demandada
sostuvieron lo siguiente. Don Osvaldo Renato Flores Ojeda indicó que al momento
se ingresar Siomara al Hospital, ya lo hacía en paro cardio – respiratorio, lo que
significa: sin pulso y sin movimientos ventilatorios y cianosis. Allí se le ingresó a la
Sala de Reanimación o al Box de Reanimación, donde se realizaron maniobras de
reanimación cardio-pulmonar consistentes en: conexión de monitores, administración
de oxígeno-terapia, instalación de vía venosa, entubación endotraquial y, maniobras
de reanimación. Lo anterior le consta porque se encontraba en funciones en el
Hospital. Además, doña Soledad Mireya Sepúlveda Henríquez sostuvo que la
paciente llegó en paro cardio – respiratorio, y pasó directamente al box de
reanimación donde comenzó inmediatamente su reanimación. Agrega que la paciente
llegó en asistolia, lo que significa sin actividad eléctrica cardíaca, lo que equivale a
fallecimiento. Afirmó también que las medidas adoptadas, frente a la paciente,
fueron las adecuadas, en las cuales se realizó compresiones toráxicas, monitoreo
cardíaco vía venosa, administración de suero fisiológico, adrenalina endo-venosa,
manejo de vía aérea con administración de oxígeno, todo eso durante
aproximadamente media hora. Añade finalmente que la paciente ingresó,
clínicamente, fallecida ya que presentaba cianosis generalizada, no ventilaba y su
corazón estaba totalmente detenido. Por último, ese día ella se encontraba
trabajando en el Hospital y fue de apoyo al Servicio de Urgencia al momento en
que ingresó Siomara.
En virtud de los párrafos previos, este Tribunal tiene por acreditada
las condiciones de ingreso de la paciente al Hospital fue en un estado de
paro cardio respiratorio y cianosis y que se le otorgaron las
correspondientes medidas de tratamiento que, en semejantes circunstancias,
deben realizarse.
Corresponde ahora referirse a la forma en que se constató la causa de
muerte de doña Siomara Gaete Toledo. A este respecto, hay que señalar que la
parte demandante sostuvo que la causa de muerte que se declaró por el médico de
turno ese día no fue hecha siguiendo los protocolos clínicos exigibles en la especie,
por cuanto el facultativo responsable y por consiguiente, el Hospital Santo Tomás
de Limache, no realizaron la autopsia de rigor, según prescriben los protocolos y
reglamentos de atención médica. Atribuye lo anterior a que se intentó ocultar la
manifiesta negligencia del Hospital. Sobre el particular, la parte demandada no
desconoce que en efecto no se haya realizado la autopsia, sin embargo, ello
responde a que dicha diligencia solo se realiza en casos que se sospeche la
intervención de terceros en la muerte y la autoridad correspondiente así lo índice.
Además, en aquellos casos en que la causa de muerte de una persona no sea clara
o evidente. Ello debe entenderse en el marco de la comprensión médica que se
tuvo acerca de las condiciones y síntomas que presentaba doña Siomara Gaete. Así
resulta coherente que se hayan llevado a cabo las técnicas de reanimación sin
necesidad posterior de realizar autopsia. En la especie, declaró don Osvaldo Renato
Flores Ojeda que la autopsia es un procedimiento que solicita el médico, frente a
la sospecha de algún delito o actuación de terceros o si la familia lo solicita en
forma directa al médico. Así, al no proceder ninguna de estas causales no se
solicitó la autopsia. En similares términos se expresó doña Soledad Mireya
Sepúlveda, quien sostuvo que las autopsias, generalmente las solicita el médico
cuando tiene dudas con respecto al motivo de fallecimiento, o sospecha de acción
de terceros. En este caso, en el cual la paciente tenía antecedentes de daño
neurológico, el médico no lo solicitó porque tenía clara la causa de fallecimiento, y
elaboró, el certificado de defunción.
En este contexto, y a juicio de esta Sentenciadora, se da por
acreditado que dado que no hab a sospecha de intervenci í ón de terceros en
su murto, no se requiría llevar a cabo la autopsia en el caso de autos.
Décimo Tercero: Relación de causalidad. A continuación, es menester
referirse a la relación causal entre los daños demandados y los hechos u omisiones
imputables al personal del Servicio de Urgencia del Hospital Santo Tomás de
Limache. Conviene tener presente que la doctrina entiende por relación causal
aquel elemento necesario para la existencia de la responsabilidad, consistente en la
necesaria vinculación entre el hecho por el cual se responde y el daño provocado,
siendo por tanto, la causa inmediata y directa, razón suficiente y necesaria para
tener su consecuencia específica, tal como lo señala la demandante en su demanda.
En este sentido, la parte demandante señala que es posible demostrar que la falta
de servicio atribuida al servicio de atención de urgencia del Hospital Santo Tomás
derivó en el retardo en la atención médica requerida, privándole de minutos vitales
que podrían haber revertido la crisis que afectó a doña Siomara, y que finalmente
determinó su deceso. Sin embargo, debe señalarse a este respecto, que la parte
demandante no ha logrado probar tal relación de causalidad. En este punto debe
tenerse presente que si bien es cierto que se declaró la responsabilidad
administrativa de un funcionario en específico, la existencia de ella no implica
necesariamente el surgimiento de responsabilidad en sede civil, ya que se trata de
responsabilidades diferentes e independientes entre sí. En efecto, tal como se
declaró en el sumario administrativo, el funcionario fue sancionado por incumplir
obligaciones administrativas, y no por causar la muerte de doña Siomara debido a
su negligencia. Por lo tanto, existiendo verosímilmente una multiplicidad de factores
que confluyeron en el desenlace de los hechos, no resulta plausible sostener la
existencia de una relación de causalidad entre el deceso de la víctima y la
negligencia del funcionario en su retardo, como razón suficiente y necesaria de tal
interconexión de acontecimientos.
Por tanto, no habiéndose acreditado la relación de causalidad entre la
negligencia del funcionario específico y el fallecimiento de doña Siomara, y
tampoco acreditándose una defectuosa atención al momento de la llegada de doña
Siomara al Hospital, no queda más que rechazar la demanda.
Decimo Cuarto: Sobre la prueba no analizada en particular. Que el
resto de la prueba rendida por las partes en orden a acreditar los daños sufridos,
resulta innecesario de analizar atendido lo expresado en los motivos anteriores.
Décimo Quinto: Sobre la prescripción. Que, sin perjuicio que la
excepción de prescripción fue opuesta en subsidio de la contestación, en necesario
su análisis, aun cuando en lo resolutivo se omita pronunciamiento sobre ella.
Así, es preciso señalar que el artículo 40 de la ley 19.966 prescribe que
la acción para perseguir esta responsabilidad prescribirá en el plazo de cuatro años,
contado desde la acción u omisión. Por su parte el artículo 45 de dicha Ley, en
su inciso final, indica que durante el plazo que dure la mediación se suspenderá el
término de prescripción, tanto de las acciones civiles como de las criminales a las
que hubiera lugar
La hecho fundante de la acción indemnizatoria ocurrió el 16 de mayo de
2012. El proceso de mediación se efectuó entre el 25 de noviembre de 2013 y
17 de marzo de 2014 (fecha en que se entregó a la parte el certificado de
mediación frustrada), fechas entre las cuales se encontró suspendido el plazo de
prescripción, esto es, por tres meses y 20 días.
Por tanto, el plazo de prescripción- descontados los días de suspensiónvenció
el 6 de septiembre de 2016. Y habiendo sido notificada la demanda el
día 16 de dicho mes, la misma se encontraba prescrita.
Y visto el mérito de los autos y lo ordenado por los artículos 144, 170, 318
y siguientes del Código de Procedimiento Civil, los artículos 1.698, 2.314, 2.329 del
Código Civil, y las disposiciones contenida en la Ley N° 19.966, se declara:
I.- En cuanto a la objeción de documentos:
- Que se rechazan las objeciones de documentos deducidas por el
demandado a fojas 144.
II.- En cuanto a las tachas de testigos:
- Que se rechaza la tacha opuesta por la parte demandada a fojas 122,
en contra del testigo don Francisco José Bustamante Veas.
III.- En cuanto al fondo:
1. - Que se rechaza en todas sus partes la demanda de
responsabilidad civil del Estado por falta de servicio en autos deducida a fojas
1 por do a Mar a Lorena Toledo Altamirano en contra ñ í del Servicio de Salud Viña
del Mar – Quillota;
2. - Que atendido lo anterior, se omite pronunciamiento sobre la
excepción de prescripción deducida en subsidio.
3. - Que no se condena al pago de costas a la parte demandada por
existir motivo plausible para litigar.
Regístrese electrónicamente, notifíquese y archívese si no se apelare.
Pronunciada por doña Gabriela Guajardo Aguilera, Jueza Titular del
Primer Juzgado Civil de Viña del Mar.
En Viña del Mar, a treinta y uno de Enero de dos mil dieciocho , se dio
cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del artículo 162 del Código de
Procedimiento Civil.
continuación
