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| Una presa con un brazalete electrónico |
Décadas de políticas penal de mano dura, en especial la guerra de las drogas, y un sistema penal centralizado en la prisión cerrada, crearon en Estados Unidos la mayor población carcelaria del mundo, y como consecuencia una industria multimillonaria de prisiones privadas. La investigadora estadounidense en ciencias sociales Angela Davis, acuñó el término de “complejo industrial carcelario” y lo comparó al poderoso complejo industrial militar estadounidense.
“Las cárceles no hacen desaparecer los problemas, hacen desaparecer a los seres humanos. Y la práctica de hacer desaparecer a grandes números de personas de las comunidades, pobres, inmigrantes y marginados se ha vuelto literalmente un gran negocio”, escribió la investigadora. Lo único malo, opinión personal, es que Fisco debe parar la factura.
Estados Unidos, tiene el 5% de la población mundial y el 25% de la población penitenciaria del planeta, siendo el país que más gente encarcela en el mundo.
Según estadísticas 2012, se contabilizaban más de un millón y medio de convictos en prisiones federales y estatales; 47% por delitos relacionados con tenencia de drogas y 30% por transgresiones no violentas;
Según un reporte del Centro Internacional para Estudios de las Prisiones, Estados Unidos encierra a 716 ciudadanos por cada 100 mil habitantes y su inventario general de prisioneros aumentó desde 307.276 en 1978 hasta casi dos millones de condenados a fines de 2012.
Acorde con registros del Departamento de Justicia, mientras la población nacional estadounidense, el país ha crecido un tercio durante los pasados 30 años, la tasa de encarcelación federal lo hizo en 800% y hoy las cárceles y prisiones norteamericanas operan en un 40% por encima de sus capacidades reales.
Por primera vez en la historia de la nación, más de uno de cada 100 adultos está en la cárcel o en una prisión.
La mayor empresa de cárceles en Estados Unidos, Corrections Corporation of America (CCA), fue también la primera de esta innovadora industria. Creada en 1983, fue ideada por el visionario y empresario Jack Massey.
Al año siguiente, Wackenhut Corrections Corporation apareció en el mercado, una empresa que más tarde sería comprada por el Grupo Geo, la segunda compañía más grande del complejo industrial.
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La industria surgió en un contexto dominado por la mentalidad conservadora de la época de Ronald Reagan y por políticas de mano dura, que crearon la suficiente demanda para convencer a un grupo de inversionistas de que existía una oportunidad empresarial”, explicó a Télam Donald Cohen, director ejecutivo de la organización In the Public Interest.
Según relató por teléfono desde su oficina en Washington, las empresas comenzaron construyendo “cárceles especulativas”, es decir que lo hacían pese a no tener contratos con los gobiernos locales o estaduales.
Las primeras cárceles fueron construidas en pueblos pequeños y pobres con la promesa de garantizar empleos, aumentar la recaudación y abaratar los costos que provocaba la creciente población carcelaria a los gobiernos.
Cumplían las mismas reglamentaciones que las prisiones públicas y una vez en funcionamiento estaban bajo el control de los mismos entes gubernamentales, pero, como toda empresa, su objetivo último era el lucro.
Según Cohen, desde el principio la expansión de esta industria se basó en el “cortejo a los funcionarios”.
Primero fueron los gobiernos locales, luego los gobiernos de los estados, principalmente en el sur del país, cerca de la frontera con México, y finalmente, a nivel federal.
Bajo la administración de Bill Clinton endureció aún más la política criminal del país, pero fue su compromiso con el fin de “la era del gran Estado” la que redujo dramáticamente la burocracia pública y abrió la puerta a que el Departamento de Justicia comenzara a contratar cárceles privadas para decenas de miles de inmigrantes indocumentados y criminales.
“Para mediados de los 90, CCA era una de las empresas que mejor cotizaba en Wall Street”, destacó Judy Green, directora de la organización Justice Strategies, una organización especializada en política criminal con base en Brooklyn, Nueva York.
Para fines de 2010 el complejo industrial carcelario concentraba el 8% de los presos en los sistemas federal y estadual, y se había instalado con distinta fuerza en 30 de los 50 estados del país, según la Oficina de Estadísticas de los Estados Unidos.
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