Los agramonteses y los beamonteses. |
 Navarra resignada sin un rumbo propio. A partir de la muerte de Carlos III el Noble en 1425, Navarra comienza un largo período en el que habrá perdido su rumbo, como si la Historia le hubiera estado hurtando poco a poco la razón de ser de su existencia como reino independiente que le había otorgado desde principios del siglo IX. Es un largo período que culmina en el año 1512 cuando Fernando el Católico, sin legitimidad dinástica, ocupa por las armas el trono del viejo reyno. En ese demasiado dilatado período de tiempo - casi un siglo - hubo numerosas afrentas a la legitimidad dinástica, lo que dividió a los navarros en facciones que apoyaban a uno u otro bando y se enfrentaban en contínuas o intermitentes guerras. Y en este pelear en guerras civiles, el Reyno de Navarra iba perdiendo su razón histórica de ser. Lo que ocurriera en Castilla, en Francia, en Aragón - o al final en Italia - determinaba lo que habría de pasar en Navarra. Carlos III había querido dar la espalda a los aconteceres de la guerra de los Cien Años en Francia para llevar una política más hispánica, más entrelazada con los aconteceres de los demás reinos peninsulares. Y ahora estos aconteceres arrastraban a sus sucesores en el reyno y a Navarra hacia un torbellino de discordias. En el siglo XV hubo una familia o rama de linaje extraordinaria, los Trastamara, que determinó la dirección política e institucional en que se movería España durante toda la centuria. Fueron un abuelo ( Fernando I de Antequera, rey de Aragón), dos hijos (los infantes de Aragón, Alfonso y Juan, rey de Aragón, Sicilia y Nápoles el primero, rey de Navarra, Nápoles y Aragón el segundo) y un nieto (Fernando el Católico). Los bastardos Trastamara habían conseguido llegar al trono de Castilla en 1369, a Aragón en 1412 y a Navarra en 1425. Con Fernando el Católico habrán llegado a un trono que ya es el de España. En su origen, esta familia es castellana y por eso desde que ocupan el trono de Navarra en 1425 su objetivo no es otro sino llegar al poder en Castilla, entonces dominada por otra rama Trastamara. Lo que conseguirán finalmente. Navarra, sin saberlo, con el sacrificio de sus luchas intestinas estaba ayudando a conseguir lo que en un principio fue un objetivo ajeno, el bienestar político y patrimonial de una rama Trastamara y que luego se transformaría en un acontecimiento relevante - quizá no calculado de antemano por sus protagonistas - la unión de todos los reinos hispánicos bajo los Reyes Católicos. Navarra fue utilizada - desde la muerte de Carlos III - para conseguir un objetivo que no era el suyo, sino el del castellano-aragonés don Juan, en sus luchas en Castilla para proteger y recuperar sus antiguas posesiones territoriales. Más tarde, Navarra se vería forzada a aceptar en 1512 un cambio dinástico impuesto por la fuerza de las armas por Fernando el Católico, que trajo luego la concordia interna perdida desde hacía mucho tiempo, unos 60 años. Tampoco consiguió impedir Navarra, ni con guerras civiles, desaires legitimistas que postergaban el acceso al trono de príncipes con irrefutables derechos sucesorios. Sin saberlo, Navarra, con los atropellos que sufrió, estaba contribuyendo a “hacer” España, aunque ello significara el abandono para siempre de la independencia política del reino. La lógica geopolítica había llevado a ello. En el siglo XV, Francia y España se convierten en poderosos estados modernos y unitarios territorialmente. Francia ha afirmado el poder real sobre la nobleza feudal y ha conseguido eliminar del mapa los extensos feudos que la corona inglesa poseía en su territorio, cesando así para siempre la interminable amenaza de los Plantagenêt a la corona de los Capetos. Los Reyes Católicos llevan a Castilla y Aragón juntos en la misma dirección, estructurando un Estado moderno y con ampliaciones territoriales insospechadas. Navarra ha quedado en medio de dos poderosos Estatos, ya unitarios, que se hacen la guerra en Italia para conseguir la supremacía en Europa. Y en esta disputa Navarra no sabe qué hacer y no consigue quedar en la neutralidad. Al final del siglo XV, Catalina I de Navarra Foix-Grailly-Béarn y su esposo Juan de Albret - son vasallos del rey de Francia por sus posesiones territoriales en Foix y otros feudos gascón-pirenaicos.
no así el territorio "soberano" del Béarn ni la Navarra de Ultrapuertos, ni por supuesto el vizcondado de Castellbó en el pirineo catalán. Otros extensos feudos y señoríos patrimoniales de su esposo Jean de Albret (principalmente Périgord, Limoges, país de Albret) debían también reconocer vasallaje al rey de Francia. Hubieran sido acusados de felonía y hubieran sido privados de esos territorios si en una guerra entre los Reyes Católicos y Francia si se hubieran posicionado los reyes de Navarra en favor de los primeros. Los reyes navarros de la dinastía Foix-Grailly-Béarn ven sin duda en la monarquía francesa un protector, pero querrán hacer ver al astuto - quizá tan astuto como su padre don Juan - rey Católico que están en la neutralidad que se les exige. El pueblo no es determinante en su opinión y la nobleza simplemente sigue pensando a final del siglo XV en “banderías” - los “beamonteses” y “agramonteses” - que ya han perdido importancia y no tienen relevancia, a comparar con el contexto europeo. Que los Foix-Albret se acabarán posicionando por Francia es obvio al rey Católico. Fernando y el pontífice Julio II se concertarán entonces para forzar un cambio dinástico que colocará claramente a Navarra en el bando peninsular, alejado de la enemiga francesa. O quizá fuera ésto solamente una excusa para conseguir Fernando una fácil conquista militar. Y en todo ello han surgido dos facciones, los agramonteses y los beamonteses que servirán de “arco y ballesta” a los príncipes contendientes en las discordias y desaires legitimistas que ocurren en Navarra en el siglo XV. Será mejor dejar en anexos de lectura los detalles de las contiendas bélicas de una u otra “bandería”, resumiendo aquí los apoyos que otorgaron las banderías a uno u otro príncipe: cuando, a la muerte en 1441 de la reina Blanca I hija de Carlos III el Noble, su consorte-viudo el infante de Aragón y rey de Navarra, don Juan, no permite que asuma el trono su hijo el legítimo heredero por sangre y por refrendo de las Cortes, Carlos Príncipe de Viana :
cuando, muerto el Príncipe de Viana el 23 de septiembre de 1461 y muerta también su hermana la infanta Blanca en extrañas circunstancias en diciembre de 1464, don Juan tampoco permite hasta su muerte en 1479 que reine su siguiente hija la infanta Leonor:
Cuando, muertos Juan II y su hija la princesa heredera Leonor en 1479 y también su biznieto Francisco I Febo en 1484 (que había heredado la corona directamente de su abuela la reina Leonor), la hermana de éste Catalina de Foix asume la corona de Navarra, optando sin consentimiento de las Cortes de Navarra casar con Juan de Albret, relegando la candidatura “españolista” del infante Juan, hijo de los Reyes Católicos:
Este es un pequeño resumen, seguramente simplificado, sobre las fidelidades que se midieron en tanta guerra de bandería como asoló la Navarra del siglo XV. Resumir todo lo sucedido en poco espacio es difícil tarea, a la que nos aplicamos sin embargo, confiados en poder separar lo principal de lo accesorio. Sin duda, los desaires a la legitimidad son causa próxima de los conflictos, de las luchas entre banderías, de las batallas entre Navarra y Castilla, de las muertes, las traiciones y las alianzas. Pero con todo ello se estaba tejiendo la urdimbre, la conspiración. Son los actos preparatorios, los medios para llegar al desenlace último, que es el final de la independencia política del Reyno de Navarra. Pero la razón profunda de este desenlace final está en la nueva posición que, en el damero de la política europa, había ahora asignado la Historia a Navarra. La Historia del siglo XV había dejado a Navarra sin un rumbo propio, desorientada y sufriendo con guerras civiles. Navarra no tendría protagonismo en el concierto de los nuevos Estados modernos del Renacimiento. Al final, un príncipe astuto - con la presión de las armas - ofrecerá seguridad y estabilidad al Reyno en un escenario cansado de guerras y de permanentes desaires legitimistas. Este era Fernando el Católico, como muy bien habían intuído los beamonteses cuando decidieron apoyar sus pretensiones. Así ocurrió cuando las tropas vasco-castellanas del duque de Alba entran en Pamplona en julio de 1512. Sería simplista hablar de “conquista”. Fué la “bajada de telón” de una pieza que ya estaba agotada y debía terminarse. Fue la “suerte suprema” después de una larga, damasiado larga faena de sufrimiento en la que Fernando el Católico fue solamente un actor. La independencia del trono de Navarra ya no podía mantenerse. La Historia le había arrebatado a Navarra su protagonismo, cerrado su rumbo y no le ofreció otro sino ser parte de algo más importante que las partes que lo componía, España.
Y una vez conseguido el cambio dinástico en favor de Fernando el Católico, solo quedará por reconocer lo bien que interpretó cada uno ese nuevo “guión” que la Historia había asignado a Navarra: contribuir a la formación de España sacrificando la independencia de un trono milenario. Y ello seguramente sin que ni el pueblo ni sus reyes se lo hubieran así planteado. |
Las rivalidades entre agramonteses y beamonteses tuvieron su origen en la Baja Navarra así como también los nombres de ambas facciones. En el siglo XIV las familias de Luxe y de Gramont (o Agramont) comienzan a reñir sus primeras escaramuzas serias que habían de degenerar, al paso de los años, en una encarnizada lucha de bandos de más de dos siglos de duración. Cualquier pretexto daba lugar a asesinatos, robos e incendios; la autoridad de los reyes, débil ya en tiempos de Carlos III el Noble, se vio cada vez más minada contribuyendo a ello las intrigas urdidas desde el extranjero, por los reyes de los países vecinos. Cada uno de los señores arrastraba tras de sí a una serie de parientes y aliados formándose de esta manera un estado permanente de parcialidad aun en el más remoto de los valles. Los intentos del soberano de Navarra para llevar la conciliación entre ambos bandos fracasaron como ocurrió con el llevado a cabo el 2 de abril de 1384 en la iglesia de Notre-Dame-du-Bout-Pont en que el rey Carlos el Noble hizo jurar a los jefes de Gramont y Luxe una paz duradera. Inevitablemente las guerras se complicaron y extendieron. De la Baja Navarra pasaron a Zuberoa y después a la Alta Navarra. Al morir Carlos III en 1425 sobrevino la cuestión dinástica que había de radicalizar las luchas al identificarse cada uno de los bandos con la causa del Príncipe de Viana o con la de Juan de Aragón. Carlos dejó como heredera a Blanca, casada con Juan de Aragón. Esta tuvo tres hijos: Blanca, que murió sin descendencia, Eleonor, casada con Gaston de Foix, vizconde del Bearne, y finalmente, el Príncipe de Viana. En espera de la mayoría de edad del Príncipe de Viana, Juan de Aragón tomó la regencia que Eleonor ambicionaba para su marido Gaston de Foix. Las luchas que comenzaron en 1451 duraron muchos años; los beamonteses dirigidos por el conde de Lerín, Juan de Beaumont y la familia de los Luxe defendieron la causa del príncipe, mientras que los agramonteses acaudillados por los Gramont, el mariscal Felipe de Navarra y Pierres de Peralta sostenían a Juan de Aragón y a Eleonor. El nombre de los Gramont traspasó los Pirineos y sirvió para denominar al partido de los Peralta y Navarra, que pasaron a llamarse "agramonteses". Sin embargo, el de la familia Luxe no hizo fortuna y el bando que primitivamente se llamara "lusetano" tomó el nombre de los Beaumont, condes de Lerín, o sea, partido "beamontés". El príncipe fue vencido y hecho prisionero en Aibar el año 1451. Dos años más tarde era puesto en libertad dejando como rehenes al condestable Luis de Beaumont, sus hijos y otros beamonteses, en Zaragoza. Las luchas estallaron nuevamente el año 1455 siendo nuevamente derrotados los beamonteses que dirigía esta vez el hermano del condestable prisionero y gran prior de Navarra Juan de Beaumont. Por el convenio de 1460, Juan II ponía en libertad a los prisioneros beamonteses pero al ser nuevamente hecho prisionero el príncipe en Lérida, la guerra volvió a estallar para no extinguirse ni a la muerte del príncipe en 1462 -probablemente envenenado- ni a la de su hermana Blanca prisionera en Orthez. El año 1471 tuvo lugar en Pamplona una sublevación de beamonteses que no querían admitir a la princesa Eleonor cuyo título era de lugarteniente general del Reino. Los agramonteses de Pamplona Juan de Atondo y Miguel de Ollacarizqueta, de acuerdo con su jefe, el mariscal D. Pedro de Navarra, se conjuraron para abrir la puerta de la ciudad al mariscal. Pero, advertidos los beamonteses de la treta y capitaneados por Don Felipe de Beaumont, hermano del conde Lerín, sorprendieron a los de fuera haciendo gran carnicería. El mariscal murió y su hijo fue hecho prisionero, muriendo más tarde a manos del conde de Lerín. Los beamonteses prestaron también ayuda a Cataluña que había ofrecido el principado a Enrique IV y a Pedro de Portugal. Los agramonteses por su parte, siguiendo al de Aragón, lucharon en el bando opuesto. A la muerte de Juan II en 1479 las luchas continuaron en Navarra; Eleonor accedió al trono y transmitió a su hijo su sucesión agregando así a Navarra las posesiones de Foix y Bearne. Esta vez las discordias fueron alimentadas por Fernando de Aragón, digno continuador de su padre, en oposición a Eleonor. Navarra, debilitada por las guerras y dividida en dos bandos irreconciliables fue despojada en 1512 con ayuda, esta vez, de los beamonteses. La Baja Navarra, sede de la monarquía desde entonces, prosiguió disolviéndose por efecto de las guerras de religión que vinieron a resucitar los viejos bandos. Durante el reinado de Juana de Albret, Antoine de Gramont secundó con todas sus fuerzas a la reina calvinista mientras que Charles de Luxe se revelaba como el primer cabecilla del bando católico. La antigua querella sabía adaptarse a los nuevos tiempos. |
BEAUMONTESES. Denominación habitual de los seguidores del bando que propugnó los derechos al trono navarro del príncipe Carlos de Viana, enfrentado con su padre el rey Juan II primero dialécticamente y luego (1451) con las armas. Se pusieron a la cabeza de la facción y le dieron nombre el prior Juan de Beaumont y su hermano Luis, conde de Lerín, que contaron con la adhesión de diversos linajes nobiliarios, particularmente el de Luxa. Los sucesivos titulares de dicho condado polarizaron en las generaciones inmediatas el grupo de intereses así constituido. Reconciliados con el soberano (1464) tras haberse opuesto a él incluso en tierras catalanas, persistió su rivalidad con los agramonteses al ritmo de las cambiantes oscilaciones políticas tanto de Juan II como de sus lugartenientes en Navarra, la infanta Leonor y su esposo Gastón IV de Foix. Desde que Fernando el Católico compartió el trono de Castilla con la reina Isabel, pudo contar, en sus opciones y maniobras políticas en torno a Navarra, con la adhesión del partido beaumontés, al que prestó firme y valiosa asistencia. Aunque las tensiones planteadas por la boda de la reina Catalina condujeron a la defección del linaje de Luxa (1484), los Beaumont y los Peralta siguieron en continua hostilidad, agudizada si cabe por los sucesivos destierros (1495 y 1507) del conde de Lerín. No es extraño así que los beaumonteses colaboraran paradójicamente con entusiasmo en la ocupación de Navarra por el monarca castellano-aragonés (1512), mientras que los agramonteses apoyaban a ultranza a la dinastía hasta entonces reinante -Foix-Albret- en sus frustrados intentos por la recuperación del trono. |
AGRAMONTESES. Reciben este nombre los partidarios de Juan II en el conflicto con su hijo Carlos de Viana (1451). Encabezaban el bando los linajes de Peralta y Navarra, y toman el nombre de la familia de Agramont. Enfrentados a los beaumonteses* durante la guerra civil, la pugna continuó durante toda la lugartenencia de Leonor, respaldando siempre los agramonteses los intereses del rey, muchas veces frente a la propia infanta, al tiempo que los beaumonteses se convertían progresivamente en el apoyo fundamental de Fernando el Católico en Navarra. El homenaje de Pierres de Peralta al rey castellano en Tudela (1484) con ocasión de la boda de Catalina y Juan III de Albret, escindiría el bando. A la muerte de Pierres, encabezados por los Navarra y los Peralta, se mantuvieron fieles a los Albret. Con la incorporación del reino a la Corona de Castilla buena parte de los agramonteses siguieron a Juan de Albret. Otros permanecieron en Navarra como Alfonso Carrillo de Peralta, marqués de Falces (1513). Finalmente todos se acogieron al perdón de Carlos V (1524). |
Reina Isabel II de España. |
      ¿De dónde viene la frase? "Se armó la gorda": de la revolución en España contra Isabel II (1868), insurrección llamada "La Gloriosa" y también, por el tamaño de la reina, "La Gorda".  «Isabel II era chabacana y gorda, pero simpática» 23/06/2001 José Luis Comellas escribe los libros a pares porque dice que descansando de uno trabaja en el otro. Es historiador, astrónomo aficionado, montañero y muy observador. Ayer «firmó» en la feria sus dos últimas obras, «Isabel II, una reina y un reinado» y «Cánovas del Castillo. Biografía». - ¿Cómo tiene tiempo de publicar tantos libros? ¿Le caen del cielo cuando mira a las estrellas, que tanto le gustan? - No, del cielo no caen. Hay que darle mucho al coco pero a uno le gusta escribir, tengo ese vicio. - ¿Por qué ha publicado a la vez una biografía de Cánovas y otra de Isabel II? - Son dos personas muy significativas en la vida política de España en el siglo XIX. Cánovas era un hombre muy culto y junto a Menéndez Pelayo fue el español que perteneció a más academias. Isabel II, en cambio, era vulgar, chabacana y gorda, pero muy simpática, es decir, muy mala política hasta el punto en que no sabía qué Constitución estaba vigente pero también muy popular. - ¿Cuánta gente hay como ella dirigiendo actualmente nuestro país? - Probablemente hoy los políticos no son tan cultos como lo fue Cánovas. - ¿Importa más la imagen? - Los medios tenéis una parte de culpa de eso. Está claro que hoy no es necesario tener cultura para ser un buen político. Lo dijo Ramiro de Maetzu: «El político es aquel que no sirve para otra cosa». - ¿Por qué los libros de Historia se venden tan poco? - Porque hay que ir al morbo, hay que hablar de los amantes que tuvo Isabel II. |
Liberalismo y romanticismo en tiempos de Isabel II.  La identidad española Por José Álvarez Junco, Universidad Complutense de Madrid. Desde el punto de vista de la construcción nacional, el reinado de Isabel II pareció iniciarse bajo buenos augurios. Fernando VII había muerto, tras una agonía tan interminable como la de Carlos II —o como la que vendría más tarde con Franco—, y lo había hecho en medio de la hostilidad, o al menos del hastío, general. Dominaba el convencimiento de que era necesario cerrar una era histórica y la oportunidad la brindaba la inocente niña que se sentaba en el trono, portadora del mismo nombre que aquella a quien se consideraba forjadora de la unidad nacional. En favor de la apertura del sistema monárquico hacia algún tipo de participación política se alineaban las clases medias, funcionariales y profesionales, y sobre todo la mayoría de los militares, principal rama de la administración y grupo de excepcional importancia en un Estado tan militarizado y tan masculino; lo apoyaban también la casi totalidad de los políticos significados, en especial los prohombres de la primera generación liberal, que en su juventud habían escrito la mitificada Constitución de 1812 y habían visto transcurrir el resto de su vida entre breves etapas revolucionarias y largos exilios, durante los cuales era fama que habían aprendido prudencia, reformismo y legalidad británica. Es verdad que la legitimidad de la reina niña era discutida por su tío don Carlos, el contumaz hermano del difunto rey, y que el desafío armado de este príncipe contaba con amplios apoyos, entre ellos el de gran parte de la institución eclesiástica, convertida en defensora casi unánime del Antiguo Régimen tras haber sido depurada durante las dos décadas absolutistas de toda veleidad ilustrada o liberal. Pero ¿qué iba a poder la hidra de la reacción frente a las amplias y visibles fuerzas que depositaban sus esperanzas en aquella reina niña? Los protectores de Isabel, y asesores de su madre, la joven viuda y regente María Cristina, decidieron establecer una monarquía participativa, pero alejada de todo exceso demagógico. Esperaban que, con esa fórmula, reinaría la soñada hermandad entre los españoles y se daría ejemplo, en especial a los turbulentos vecinos franceses, de lo que era vivir una libertad ordenada. Porque la lealtad, la sumisión y la sensatez se creían virtudes innatas a un grupo humano tan excelente como el español; un pueblo, como se decía con unción según el nuevo estilo romántico, que acababa de dar al mundo una lección de unidad y apego a su identidad milenaria, pues había hecho resurgir en Zaragoza y Gerona su rasgo más singular —una heroicidad, una disposición a morir en defensa de su libertad, desconocida en cualquier otro grupo humano—, similar al que la historia había registrado con asombro dos mil años antes en Numancia y Sagunto. Después de eso, se daba por probado que el temple bélico de los españoles bastaba para escarmentar a cualquier osado que cometiera el error de pretender dominarles. También era cierto que, en la confusión del combate con Bonaparte, la monarquía española había perdido su inmenso imperio americano, pero ello no parecía angustiar a las principales cabezas pensantes, pues se había extendido la teoría de que la aventura imperial había sido una errónea desviación de los esfuerzos colectivos, sólo impulsada por la ambición de una dinastía extranjera. Ahora, el rey había perdido esos territorios, pero ello liberaba a los españoles de una carga que nunca debieron asumir y les permitía concentrarse en sus problemas internos; también en este aspecto darían ejemplo al mundo, y en especial a los orgullosos ingleses, de lo que era vivir en paz, sin entrometerse en vidas ajenas. En ese estado de ánimo cautamente optimista se inició el reinado y se otorgó el Estatuto de 1834. La guerra contra Napoleón, que justamente en aquellos primeros años de Isabel estaba pasando a los libros de historia como «Guerra de la Independencia», había favorecido también en otro sentido el reforzamiento de la identidad nacional, pues a partir de ella se estaba produciendo un giro positivo en la imagen exterior del país, dominada desde hacía dos siglos y medio por el ceño de Felipe II, las hogueras de la Inquisición, las persecuciones de judíos y protestantes y el predominio de una nobleza inútil para todo lo que no fuera blasonar de rimbombantes apellidos. En plena guerra contra los franceses se había producido la breve pero resonante visita de Lord Byron, que propaló el heroísmo de los habitantes del país y el ardor amoroso de sus amazonas. Y en esos mismos años crecía en Madrid un niño francés, hijo del general Hugo, que de adulto sería un literato de inmensa popularidad y propagaría también la imagen idealizada de una España de paisajes agrestes y sentimientos intensos, de gentes caballerescas, austeras, religiosas, movidas sólo por sus principios y sus pasiones, al revés de lo que ocurría en aquella Europa avanzada en la que se exhibían sin pudor conductas y valores «materialistas». Con el retorno de los veteranos de aquella misma guerra llegaron a las cortes y los salones de Londres y París tesoros artísticos españoles del Siglo de Oro; Europa se extasió ante los Velázquez, Zurbarán, Greco y Murillo. A esa admiración se sumó el primer hispanismo literario, el de los Schlegel, Ticknor, Bouterweck o Sismondi. Algunos de éstos habían visitado la Península en tiempos de Fernando VII, pero fue en las décadas de Isabel cuando de verdad se puso de moda el viaje a España. Literatos, sobre todo franceses, como Alphonse Daudet, Edgar Quinet, Prosper Mérimée o Alexandre Dumas, recorrieron Castilla, Valencia y, en especial, Andalucía, y volvieron haciéndose lenguas de un país pintoresco, apegado a su vida medieval, que sobrevivía como un milagro en el margen mismo de la Europa en industrialización y urbanización aceleradas. Era justamente lo que un ilustrado hubiera despreciado como atrasado o decadente, pero la sensibilidad había cambiado y ahora se veía en la sociedad premoderna «autenticidad» humana o «fidelidad a la propia forma de ser», y si era preciso se exageraban o inventaban maravillas para hacer de España el mundo de lo extremado, irracional o mágico. No era sino el inicio del consumo turístico fácil, alrededor de un exotismo cercano, en buena medida imaginario. Por muchos elogios que vertieran todos estos escritores, ninguno tomaba verdaderamente a España como modelo. Declaraban adorarla, pero, tras una corta visita, retornaban a sus ciudades con calefacción y trenes de vapor. No es eso, de todos modos, lo que importa desde el punto de vista de la construcción nacional. Lo importante es que en esas décadas centrales del siglo XIX en que ocupó el trono Isabel II, ningún europeo culto dudaba de que la identidad española era una de las más marcadas e inconfundibles del mundo. Los intelectuales y políticos españoles habían entrado en contacto con esta imagen medieval y excéntrica del país en sus años de exilio, y no se habían sentido especialmente halagados por ella. Algunos habían sufrido en sus carnes el peso del estereotipo y habían tenido que presentarse como víctimas de la Inquisición para obtener apoyos políticos o se habían visto obligados a situar sus dramas escénicos en el al-Andalus medieval para poder estrenarlos. Al final, acabaron rindiéndose a la nueva manera de entender la realidad política como dividida en compartimentos culturales y psicológicos estancos a los que se llamaba naciones. Se indignaron entonces cuando vieron que, siguiendo la nueva visión nacional del pasado, se publicaban historias de España, pero las firmaban extranjeros como Samuel Dunham o Charles Romey. Llenos de prevención, las leyeron y, como no podían por menos, las encontraron plagadas de prejuicios y errores. ¿Cómo podía un extranjero comprender la vida nacional? Cuando regresaron a su país, tras la muerte del rey absoluto, llegaron decididos a escribir ellos mismos esos relatos y reformular toda la cultura en términos nacionales. A ello dedicaron las décadas siguientes. Era, en definitiva, la gran tarea cultural de la Europa posnapoleónica: construir identidades colectivas que sustituyeran a las casas nobiliarias y reales como legitimadoras del poder soberano. En el caso español, Alcalá Galiano lo expresó como nadie en frase célebre: ahora, los liberales deben hacer de España una nación, que no lo ha sido nunca. El primero de los ámbitos culturales que debía ser presentado en términos nacionales era, en efecto, la historia. Había que reescribir el pasado convirtiéndolo en el proceso de nacimiento y desarrollo de ese ente colectivo que era la nación moderna. Había que demostrar que, desde el inicio de los tiempos, había habitado ese territorio una misma comunidad humana, cuyo «espíritu colectivo» o «voluntad común» era el único fundamento legítimo de toda soberanía. A partir de 1850 comenzó a aparecer la gran Historia general de España, que seguía este modelo, firmada por Modesto Lafuente. No era una genialidad personal, pues a su obra siguieron en pocos años las de Patxot y Ferrer, Cavanilles, Aldama y García González o Víctor Gebhardt. Aquélla fue, como ha visto con agudeza José María Jover, la obra de toda una generación. Lo menos original de aquellas historias eran las páginas iniciales, que se limitaban a repetir el modelo del Laus Hispaniae establecido más de un milenio antes por el obispo Isidoro de Sevilla. Consistía éste en un elogio desmesurado del territorio español como el más privilegiado del orbe: dotado del clima más benigno y las tierras más feraces, producía de manera espontánea los mejores caballos, los vinos más sabrosos, la más rica y variada cantidad de alimentos. No sólo se anclaba de esta manera la psicología colectiva en la geografía, sino que se daba a entender que el pueblo que habitaba ese territorio era el preferido de la divinidad. En tal marco se desarrollaba, a continuación, un relato cuyo inicio se remontaba al origen mismo de la humanidad, al atribuir a Túbal, nieto de Noé, la «fundación» del pueblo español en el momento en que, tras el Diluvio, el género humano se había dispersado por el mundo en forma de familias o pueblos. La personalidad colectiva quedaba, así, establecida por voluntad de la divina providencia. Y sus rasgos no sólo eran permanentes, sino también de excepcional calidad: los españoles primitivos eran leales, religiosos, valientes y nobles. Bajo tan excelentes condiciones, y habiéndose asentado en tierra tan ubérrima, vivían en armonía y felicidad. Pero las mismas coordenadas míticas del planteamiento explicaban también el origen de los males patrios. La riqueza del territorio, y en especial sus minas, había suscitado la envidia de los vecinos y atraído las sucesivas invasiones que sus ingenuos, pero altivos, dueños naturales se habían visto obligados a repeler. De aquí la belicosidad del carácter nacional, forzada por las circunstancias, pero incorporada como rasgo también permanente al retrato psicológico de la colectividad. A partir de ese marco inicial, la saga nacional consistía en ciclos repetidos de invasiones y guerras de liberación. A las pérdidas de la independencia, o inicios de situaciones de opresión y decadencia, respondían los españoles con largas y obstinadas reconquistas. Las primeras, tan difíciles de explicar como cualquier quiebra de una situación natural y paradisíaca, se atribuían a factores externos, como la innoble conducta de los enemigos (la traición, pagada por Roma, que acabó con el invencible Viriato), a pasajeros momentos de relajación de las virtudes propias (nunca por parte del pueblo, sino de dirigentes degradados, como los últimos monarcas visigodos, entregados a la «molicie») o a ese único defecto nacional, del que tan consciente debía ser todo buen patriota y al que con tanto empeño debía combatir: la desunión, el incorregible «individualismo» de los españoles. Esta versión de la Historia se veía ratificada por la literatura, tan influyente en la era romántica. También la ficción literaria —no mucho más ficticia que la Historia— se hizo nacional a lo largo del XIX. Siguiendo tendencias iniciadas en las décadas anteriores, el siglo se estrenó con los cantos de Quintana y tantos otros al patriotismo y la heroicidad de la lucha popular contra los franceses. Al triunfar el romanticismo, se pusieron de moda el romance, la novela y el teatro históricos, principalmente medievales, y muchos de esos relatos versaron sobre temas o se situaron en ambientes «españoles». No hará falta añadir que en estos temas o ambientes predominaban valores como la belicosidad, la caballerosidad, la fidelidad a la monarquía o el catolicismo más acendrado. Incluso cuando se introducía el tema oriental, los «moros españoles» tenían un empaque y una nobleza de sentimientos muy similares a los de los cristianos. A estas producciones nuevas acompañó una presentación también novedosa de la historia literaria. Se empezó por editar colecciones de textos antiguos «españoles», se siguió escribiendo «historias de la literatura española», como las de Gil y Zárate o Amador de los Ríos —tras los pasos de Ticknor, Bouterweck o Sismondi—, y se acabó por hacer de ésta una materia obligada en cualquier plan de estudios. Podría plantearse alguna duda sobre la autenticidad romántica de la literatura de la época de Isabel II. Pese a que el cliché lanzado por los hermanos Schlegel, y aceptado por todos en las décadas siguientes, hacía de España el país romántico por antonomasia, el romanticismo literario tardó en penetrar en la Península y cuando lo hizo fue de forma mimética y con escasa creatividad. Cabe incluso dudar de que fueran genuinos su apasionamiento, su raíz intuitiva y sentimental —en las antípodas del racionalismo ilustrado— y sus expresiones de desgarro y desesperación ante la incomprensión social o la imposibilidad de satisfacer las ansias personales de amor o plenitud. Las composiciones de Espronceda, Larra o el duque de Rivas tienen, con frecuencia, mucho de ejercicios neoclásicos, y su visión de la realidad humana está anclada en el ideario liberal y la fe en el progreso. Mas tampoco era eso lo crucial en la construcción nacional. Lo crucial era que estaban convencidos de la existencia de un Volksgeist español, del que creían derivar su inspiración literaria, y que, con sus temas y su estilo, contribuyeron a crear un imaginario nacional, tanto en relación con el presente como con el pasado. También la pintura contribuyó a recrear la realidad, y en especial la histórica, en términos nacionales. Con un desenfado que hoy sorprende, los pintores dieron forma y color a un pasado imaginario, entendido, desde luego, como «español»; pusieron rostros visibles a Viriato, Don Pelayo, Boabdil o El Cid, y lo hicieron en actitudes perfectamente acordes con la saga nacional. Fue, en efecto, en 1856, en pleno reinado de Isabel II, cuando comenzaron las Exposiciones Nacionales, y con ellas la época dorada de la pintura histórico-nacional, que duraría hasta el comienzo de los noventa. En contra de lo que podría esperarse —y con pocas excepciones, como Los amantes de Teruel—, en la pintura romántica no primaba el drama individual, a diferencia de la literatura, sino que el protagonismo directo correspondía a la nación, representada por sus reyes y héroes. Una nación adornada, una vez más, por rasgos como la belicosidad, la caballerosidad, el catolicismo, la fidelidad al rey y la unidad, la libertad e independencia nacionales. El ambiente y la época preferidos fueron los medievales, y en especial la era visigoda, frente al taurinismo o el orientalismo que reflejaban los extranjeros cuando pintaban sobre España. A diferencia también de la literatura o de la historia, la pintura histórico-nacional fue de encargo, normalmente a iniciativa de instituciones oficiales, como las Reales Academias, el Congreso o el Senado. Domina en ella el estilo académico y ecléctico, y su calidad difícilmente resiste la comparación con la de Goya, ni con el siglo de Velázquez. Pero, en términos políticos, tampoco era eso lo que interesaba. Como los propios comentaristas de la época comprendieron, lo fundamental de aquellos cuadros no era su valor técnico, sino su mensaje ideológico. Puede que incluso una pintura más creativa hubiera sido menos comprensible y hubiera cumplido peor su función pedagógica. Porque su intención era pedagógica, como demostró la amplia divulgación de aquellas imágenes en libros, grabados y revistas ilustradas. Dado este propósito político, era también inevitable que se reflejara en estas producciones artísticas la polarización que dominaba la política: la rama liberal, como el Antonio Gisbert que pintó a los comuneros en el cadalso, o los diversos cuadros sobre Lanuza o Pau Claris, subrayaba la lucha de la libertad contra el despotismo; la derecha, en cambio, como el Casado del Alisal de Fernando IV el Emplazado, se preocupaba por las funestas consecuencias de la falta de religiosidad de los monarcas. Estos medios conservadores que tan estrechamente ligaban su identidad al catolicismo tardaron en aceptar la nueva manera nacional de entender la cultura. Hay que tener en cuenta que la creación cultural había estado en manos de la Iglesia durante más de un milenio. Y que la visión eclesiástica del mundo político partía de la premisa de que el único poder soberano correspondía, por definición, a Dios, que lo transmitía a los monarcas, bajo la maternal vigilancia de la Iglesia, si bien en esa transmisión desempeñaba el papel de intermediario un pueblo más teórico que real. Las novedades procedentes de la Ilustración, y luego del liberalismo revolucionario, que convertían al verdadero pueblo, a la opinión pública, en sujeto único de la soberanía —por no mencionar al individuo como portador de derechos—, fueron rechazadas de plano por los doctrinarios católicos. El conservadurismo tradicional anterior a 1850 vivió, en general, al margen de la nación, e incluso combatió abiertamente la doctrina de la soberanía nacional, considerada una de tantas herejías modernas. El entorno absolutista de Fernando VII dio siempre más importancia a la religiosidad de los súbditos que al patriotismo, aun cuando hubiera podido ser útil hacer del monarca, retrospectivamente, el adalid de la independencia patria frente a Napoleón. La misma línea mantuvo su hermano don Carlos en el programa con el que durante tantos años reclamó, en vano, el trono. Incluso algunos ideólogos conservadores del círculo de la regente María Cristina defendían posiciones similares: así, un Donoso Cortés, que repudiaba la nación como palabra vana, y que interpretaba la lucha política de su época como un combate apocalíptico entre la fe cristiana, fundamento de toda autoridad, y el racionalismo ateo, origen de la disolución del orden social iniciada, según él, por Lutero y culminada en el anarquista Proudhon. Pero el siglo continuó su avance. El poder real absoluto desapareció con Fernando VII y el carlismo, vencido por las armas en 1840, volvió a serlo en 1849 y 1860. La Iglesia perdió, con la desamortización, la mayor parte de su riqueza inmueble y vio reducido de manera drástica el personal a su cargo, aparte del desprestigio consiguiente a su implicación en la causa derrotada. Las alarmas saltaron cuando se supo que, entre 1835 y 1843, misioneros protestantes estaban recorriendo —aunque más tarde se vería que con nulo éxito— Castilla y Andalucía. En 1855, durante el Bienio Progresista, se defendió por primera vez la inclusión de la tolerancia para los cultos no católicos en el proyecto constitucional, aunque no diera tiempo a aprobarlo. Y Julián Sanz del Río, becado en Alemania en esos mismos años, emprendió la tarea de importar el deísmo de un oscuro filósofo alemán llamado Krause, una doctrina que acabaría por alcanzar gran predicamento entre las elites intelectuales progresistas, alejadas por fin del catolicismo. La Iglesia española consideraba la situación extremadamente grave. Y al asalto interno se sumaba el que el propio papado estaba sufriendo por parte de los nacionalistas italianos, lo que iba reduciendo progresivamente los territorios sobre los que ejercía soberanía directa y acabaría por encerrarle en los palacios vaticanos. Por muy dramáticamente que se viviera por los católicos tradicionales, la pérdida de poder o de territorios materiales no era lo peor. Había también un asalto ideológico generalizado, que iba ganando audacia a medida que avanzaba el reinado de Isabel. En estas décadas centrales del siglo, hubo versiones liberales de la historia nacional que comenzaron a denunciar el catolicismo como causa de la decadencia patria. Porque los primeros liberales no habían osado poner en cuestión el carácter católico de la nación española, ni habían atribuido a la religión, ni a la institución eclesiástica en su conjunto, efectos nocivos sobre el pasado nacional. Criticaban, sí, excesos, como la Inquisición, o errores, como la expulsión de judíos y moriscos, pero no iban más lejos. Al ir creciendo y enconándose la oposición entre los liberales y el clero católico, comenzaron, sin embargo, a aparecer libros que reivindicaban el pasado musulmán o judío de España y ensalzaban a otros discrepantes de la ortodoxia romana; desde las críticas iniciales de la Inquisición o del excesivo poder clerical por parte de los Calvo de Rozas, Llorente, Martínez Marina o Sempere y Guarinos, se fue pasando al interés histórico por el pasado musulmán de un José Antonio Conde y, más tarde, Pascual Gayangos, para llegar a la defensa de los judíos y los ataques a la «tiranía eclesiástica» de Adolfo de Castro o a las apologías del protestantismo de Blanco White o Usoz y Río. Estos últimos autores, haciendo suya sin el menor remilgo la «leyenda negra», presentaban a Felipe II como un tirano lúgubre y parricida, causante de la decadencia nacional por su empeño en aislar al país de las corrientes intelectuales europeas. Y el culpable no era sólo ese rey, ni únicamente la Inquisición; el causante de los males patrios era el «fanatismo católico», en general. Algo así diría un Echegaray, en su discurso de recepción en la Real Academia de Ciencias, en 1866, iniciando con ello el célebre debate sobre la ciencia española. Un debate que, desaparecida ya Isabel de la escena política, prolongarían al iniciarse la Restauración Núñez de Arce, Manuel de la Revilla, Gumersindo de Azcárate o José del Perojo. Era urgente contraatacar. Al iniciarse la segunda mitad del siglo XIX, no era posible presentar una argumentación política que no se identificase con la nación. La única manera de defender el catolicismo era demostrar la contribución positiva de la Iglesia a la historia nacional. En este sentido fue como replicaron a estos últimos autores los Pidal y Mon, Gumersindo Laverde y, sobre todo, Menéndez Pelayo, a finales de la década de 1870. Pero para llegar a ese punto hizo falta un largo recorrido previo. La idea parece que surgió unos treinta años antes, en la mente del clérigo catalán Jaime Balmes, infatigable autor de artículos y director de periódicos que no se titulaban ya La Cruz, El Católico o El Amigo de la Religión, sino La Nación, La España o El Pensamiento Español, y su línea fue seguida por el grupo de los llamados «neocatólicos». Fue un giro estratégico crucial en la defensa de la causa católica: abandonando el apoyo al carlismo, aceptaron la monarquía liberal y concentraron sus esfuerzos en el mantenimiento o el aumento de la influencia de la Iglesia sobre la sociedad española por medio de la política parlamentaria o ejerciendo presión sobre el trono o el gobierno. Tanto Cándido Nocedal como Pedro J. Pidal, neocatólicos ambos, brillaron en el debate constitucional de 1855 por su apasionada defensa de la intolerancia hacia los cultos o creencias no católicos, presentándolos como incompatibles con la historia y la «forma de ser» españolas. Otro político cercano al grupo, Claudio Moyano, sería el autor de la primera ley general de educación, inmediatamente después del Bienio. Y, tanto en los años finales del reinado como al inicio de la Restauración, otro destacado neo, el marqués de Orovio, sería el ministro de Fomento que firmaría las dos órdenes sucesivas de expulsión de los catedráticos krausistas de la universidad española. En el terreno intelectual, los nacional-católicos no se limitaron al debate sobre la ciencia española. También presentaron su propia versión de la historia nacional, insistiendo en el paralelismo entre las glorias patrias y la adhesión al dogma romano. Ya en 1850, un Amador de los Ríos replicó a Adolfo de Castro discutiendo su valoración de la aportación judía a la cultura española. Pero las versiones alternativas globales a la historia liberal de España aparecieron a partir de 1860, firmadas por autores como Francisco Belmar, Antonio Cavanilles, Eduardo Orodea, Ferrer de Couto, Sánchez y Casado o Manuel Merry. Eran, en muy buena medida, historias de la Iglesia española, disfrazadas de historias de España. Partían del relato bíblico de la creación del mundo, con el que España conectaba a través de Túbal. Se insistía también en que la idolatría nunca había sido planta natural de la Península, sino traída siempre por invasores extranjeros. Los «españoles», de forma instintiva, habían tenido desde el origen de los tiempos una propensión hacia el monoteísmo que anunciaba ya su posterior adhesión a la fe cristiana. De ahí el fulgurante éxito de la predicación del cristianismo en la Península. Ello hacía del apóstol Santiago una especie de re fundador de la nación, alterecjo de Túbal. Lo que quedaba de paganismo romano desapareció, en cualquier caso, con los godos. El mejor de sus reyes, Recaredo, al añadir a la unidad y la independencia políticas la unidad de fe en términos católicos, había vuelto a fundar, por tercera vez, la nación. En aquella era afortunada de los concilios de Toledo —y «gracias al clero», como insistía Manuel Merry—, España «se hizo nación». Esa situación cuasi perfecta de la última monarquía visigoda se derrumbó, pese a todo, ante el embate musulmán, y en una sola batalla; era un episodio que no cuestionaba, según estos relatos, el valor indomable de los españoles, sino que se atribuía a castigo divino por los vicios de sus últimos monarcas. Lo cierto es que con don Pelayo hubo que recomenzar, una vez más, la reconstrucción nacional, la reconquista del territorio y su recristianización. En los siglos siguientes, luchando por su patria y por su religión, los españoles realizaron su más grande y prolongado esfuerzo histórico de afirmación de la identidad colectiva, cuya recompensa providencial fue visible cuando los Reyes Católicos conquistaron el último reino musulmán, expulsaron a los judíos y garantizaron la unidad de creencias por medio de la Inquisición. Los Habsburgo, y en especial Carlos V y Felipe II, representaron la culminación del poder español, ligado a la defensa de la verdadera fe. La decadencia llegó cuando monarcas y clases dirigentes —nunca el pueblo— traicionaron esta sagrada misión y comenzaron a imitar modas extranjeras. Y el último resurgimiento nacional había comenzado en 1808, con una sublevación popular espontánea y unánime contra los franceses, que estos historiadores interpretaban también en términos de defensa de la religión, el rey y las instituciones tradicionales, y en la que, una vez más, el papel del clero fue crucial. En resumen, España, como todo pueblo elegido, había sido grande siempre que se había mantenido fiel a los mandatos divinos, lo que equivalía a fidelidad a la Iglesia de Roma, y había decaído cuando su fe había flaqueado. Liberales y conservadores coincidían, por tanto, en situar en la era medieval el período de expresión más plena de la identidad nacional. Pero ahí terminaban las coincidencias. Discrepaban incluso en la interpretación del significado de la lucha contra los musulmanes, impulsada por el deseo de recuperar las libertades patrias, según los primeros, mientras que para los segundos lo crucial había sido su contenido religioso. A partir de ese momento, todo se veía de manera radicalmente diferente. Los dos siglos de los Habsburgo, que para los católico-conservadores marcaban el apogeo del poder nacional, habían sido ya, para los liberales, el inicio de la decadencia. La localización y las causas de esa decadencia era, en definitiva, el quid de la cuestión, y ahí se encerraba el programa político subyacente. Lo más que admitían los católico-conservadores era que una cierta declinación imperial se había producido en el XVII, con los últimos y débiles Habsburgo, que cometieron el error de delegar el poder en favoritos ambiciosos. Para los liberales, en cambio, la decadencia había comenzado nada más terminarse la Reconquista y lograrse la «unidad nacional», al acceder al trono, tras la muerte de Fernando de Aragón, una dinastía extranjera, incapaz de comprender y preservar las libertades españolas; la ejecución de los dirigentes de las Comunidades castellanas era la fecha trágica que marcaba esa salida del Paraíso y el comienzo de un último período de infelicidad y distanciamiento respecto de la propia forma de ser. La redención sólo se había iniciado con la sublevación nacional de 1808 y el constitucionalismo gaditano. De ahí que esa Constitución pudiera presentarse, como en su día hizo Argüelles, como culminación de la Edad Media española. La Historia cumplía de esta manera su función al servicio de los objetivos políticos del momento en que se escribía: para unos probaba que el pueblo español había siempre sido fiel a la monarquía, a un orden social jerárquico y a un catolicismo sin fisuras; para otros, en cambio, demostraba que el ser nacional exigía la implantación de un régimen constitucional que imitase la fórmula monárquica «templada» o «mixta» que habían establecido los españoles en su plenitud medieval. En lo que ambos coincidían era en que desde el origen de los tiempos había existido un grupo humano caracterizado como «español», empeñado en defender su unidad y su independencia, y que el principal peligro a combatir era la desunión interna. El acuerdo entre estas dos visiones de la nación, pese a no ser fácil, se logró, aunque sólo de manera transitoria, en el terreno de la política internacional y al servicio del objetivo que con más ahínco se proponía cualquier potencia europea a partir de mediados del XIX: el de la expansión colonial. Entre 1856 y 1863, bajo los gobiernos de mayor estabilidad del reinado, presididos por el general O'Donnell, todas las fuerzas políticas coincidieron en apoyar una serie de pequeñas empresas de ambición imperial en puntos tan dispares como Vietnam —la Conchinchina, en términos de la época—, México, la República Dominicana o El Callao. La guerra de Crimea había desbloqueado el statu quo existente desde el final del período napoleónico y O'Donnell pretendió incluir a España entre las potencias que aspiraban a repartirse el mundo. Creer, hacia 1860, que España era una gran potencia, al nivel de Inglaterra, Francia o Alemania, revelaba una absoluta falta de realismo. Desde el momento en que había perdido su imperio, cincuenta años antes, la monarquía española había pasado a ser potencia de tercera categoría y de ningún modo estaba capacitada para participar en el festín imperial de la Europa de la segunda mitad del XIX. Pero eso era algo imposible de percibir para quienes estaban dominados por lo que Jover ha llamado una visión «retrospectiva» de la realidad política, es decir, una visión basada en la historia, y en una historia atenta, además, exclusivamente a las batallas internas, libradas en la propia Península contra agresiones exteriores —a partir de un relato que, por supuesto, daba por bueno cualquier dato que demostrase la propia heroicidad—. De aquella media docena de aventuras, todas de poca monta e incapaces de generar beneficios visibles, la de mayor resonancia fue la llamada «Guerra de África» de 1859-1860, que condujo a una breve ocupación de Tetuán por un ejército en el que destacó el general Prim. Aquella campaña generó una desmesurada retórica sobre el papel de España en el mundo, que se suponía se había multiplicado tras esa demostración de fuerza, de la que se esperaba hubiesen tomado buena cuenta las potencias europeas. El republicano Castelar y el arzobispo de Madrid coincidieron en presentar la empresa como el cumplimiento de un mandato providencial, consignado ya en el testamento de Isabel la Católica. Una vez más, las dos versiones de la identidad y el destino nacionales divergían, aun usando términos similares, pues para el prelado la misión providencial asignada a España consistía en difundir el cristianismo en el mundo, mientras que futuro presidente de la República pensaba más bien en la carga que, en términos de Kipling, debía soportar toda nación civilizada (raza superior, se diría pronto) de expandir esa civilización entre los pueblos bárbaros. El problema con que toparon estas misiones imperiales a las que se asoció el nacionalismo español en ese penúltimo período del reinado de Isabel II fue la extrema debilidad del Estado. El Estado español del siglo XIX, afectado por un déficit presupuestario crónico, no sólo era incapaz de construir carreteras o escuelas, sino que, pese a dedicar la inmensa mayoría de los fondos públicos a las partidas militares, no poseía un ejército capaz de ganar una guerra que no fuese civil. Lo más que consiguieron sus fuerzas armadas fue mantener el orden público y el control del territorio, a veces por intervenciones militares directas y otras por medio de la Guardia Civil, en definitiva la creación más duradera y eficaz del reinado de Isabel II. Pero, tras el final de la primera guerra carlista, la escasez de fondos y la indisciplina y la rivalidad entre los generales, hicieron imposible la adecuación de las fuerzas armadas a los nuevos tiempos. Incluso expandir las plazas africanas y dominar una pequeña franja en el norte de Marruecos resultó ser una tarea al límite de sus fuerzas. Pese a ello, reconstruir el imperio, especialmente en el norte de África, seguiría siendo el sueño de políticos y militares colonialistas hasta bien entrado el siglo XX, y las bravatas imperiales se mantuvieron largo tiempo, apoyadas esporádicamente por los círculos intelectuales y las clases medias, aunque fueran muy impopulares en los medios sociales más bajos. Con razón, porque eran estos últimos los que pagaban el precio de aquellas aventuras con su propia sangre. La «buena sociedad», pese a esas expresiones ocasionales de patriotismo exaltado, evitaba que sus hijos «sirvieran a la patria», aprovechando un servicio militar lleno de favoritismos y exenciones; un servicio militar que, en definitiva, no merecía el nombre de «nacional» y no sirvió para nacionalizar a la sociedad. Así como se desaprovechó el canal bélico para la nacionalización popular, tampoco se usó de forma eficaz el educativo. Es cierto que fue en tiempos de Isabel II cuando se aprobó, tras una gestación de casi medio siglo, la Ley Moya-no, pero apenas se aplicó en la práctica, como demostraron las deprimentes cifras de escolarización y analfabetismo aireadas tras la crisis del 98. Era lógico, porque entre aquellas dos fechas el Estado estuvo casi constantemente en manos de gobiernos conservadores, mucho más preocupados por la instrucción religiosa de los súbditos que por la difusión de los valores patrióticos entre los ciudadanos. No sólo había penurias presupuestarias sino que el dinero público del que se disponía se consumía, aparte de partidas militares, en los gastos de la corte y el mantenimiento del culto y clero. Apenas hubo escuelas públicas, y de esa manera no se «fabricaron españoles», ni se impuso el castellano, por mucho que fuera considerado «idioma nacional» y se descartara despectivamente a las demás lenguas peninsulares como «dialectos». De ahí que España finalizara el siglo XIX con una diversidad lingüística muy superior a la francesa, pese a que lo hubiera comenzado con niveles muy semejantes; ello significó un legado de mayor riqueza cultural, sin duda, pero se convirtió también en una de las claves de los problemas políticos de la centuria siguiente. Lo dicho no significa que durante el siglo XIX, y en especial durante el reinado de Isabel II, estuviera paralizada la construcción del Estado español. Se avanzó, y siempre tras los pasos del modelo centralizado de Francia, y no tras los del federalismo suizo o el norteamericano. A lo que mayor importancia se dio fue a la necesidad de proyectar una imagen única del cuerpo social. Para ello, se homogeneizó formalmente el territorio por medio de la división en provincias, realizada por Javier de Burgos en los años de infancia de la reina. Se homogeneizó el Derecho por medio de los primeros códigos, el penal y mercantil, un esfuerzo que venía del reinado anterior y se vería prolongado en otros reinados y situaciones de muy diverso significado político. Fueron también surgiendo los cuerpos de funcionarios e instituciones culturales nacionales, como los museos y academias. Pero todo costó un inmenso trabajo debido a las penurias del fisco, a la escasez de personal y la inexistencia de una moral de servicio público. Aunque, de nuevo, hay que insistir en que no todas las carencias se debieron a falta de recursos, pues apenas hacía falla dinero para crear unos símbolos aceptados por toda la comunidad, e incluso eso fue difícil; en casi ningún momento hubo el consenso mínimo necesario para adoptar una bandera o un himno que fueran sentidos por todos como propios o una fecha que rememorara una efeméride de significado «nacional». Tampoco se erigieron monumentos: en todo el reinado de Isabel II, no se inauguró más que el del Dos de Mayo, en Madrid, cuando la reina todavía se hallaba bajo la tutela de Espartero. De nuevo, la escasez de recursos se combinó con la falta de acuerdo y de voluntad política. La fórmula con la que el Estado acabó solucionando su debilidad crónica fue el caciquismo, desarrollado ya en su primera fase en ese cuarto de siglo moderado en que consistió, básicamente, el reinado de la Isabel adulta. El caciquismo era el recurso lógico de un Estado incapaz de imponer su autoridad en todos los rincones del país, pero tenía el inconveniente de que patrimonializaba la Administración pública, hacía de ella un predio explotable, por turno, por los diversos partidos o gobernantes individuales y, de manera estable, por los notables locales. Con ello perdió legitimidad política todo el sistema, convertido en buena medida en una ficción. Peor aún era, desde el punto de vista de la construcción nacional, su incapacidad de integrar políticamente el cuerpo social. El localismo caciquil hacia imposible la homogeneización política, jurídica y cultural, clave de un proceso nacionalizados No sólo no se creaban escuelas, carreteras o servicios públicos, con lo que no se unificaba el territorio ni funcionaba un mercado nacional, sino que las disposiciones que llegaban a aparecer en el Boletín Oficial del Estado no se cumplían o se cumplían de manera diversa y arbitraria. La centralización a la francesa existía sólo sobre el papel. La realidad era una estructura política fragmentada y heterogénea. Al pactar con los poderes locales, la vida real quedaba en manos de un provincianismo asfixiante, como denunciaría Ortega medio siglo después. Se comprende la frustración de las elites estatalizadoras. A medida que avanzaba el reinado de Isabel, los círculos cercanos a palacio fueron dejándose dominar por el miedo a la modernización de la sociedad y al funcionamiento de un sistema representativo. Si algo caracterizó a la célebre «camarilla» que rodeó a Isabel fue su fidelidad al catolicismo más intransigente, en especial desde el momento en que fue casada con su primo Francisco de Asís, al que se añadieron, con los años, la «monja de las llagas», y el padre Claret. E Isabel, que nunca llegó a tomarse en serio las lecciones de patriotismo liberal que le diera Quintana en su niñez, se imbuyó en cambio de la mentalidad asediada y la versión apocalíptica del momento histórico que estaba viviendo propia de Donoso Cortés y del Syllabus. Respirando a fondo esa atmósfera, no dudó apoyar sin reservas a la Iglesia, tanto en la «cuestión romana» como en las distintas pugnas sobre su influencia política y social en el interior de España; quizás era, como se pensó en la época, una manera de obtener el perdón por sus licencias amorosas. Lo cierto es que, en vez de hacer suyo el proyecto liberal y patriótico, Isabel consideró el triunfo del liberalismo un mal inevitable, acaso, pero temible: el derrumbamiento de un orden social que ella debía preservar. Y, en la medida —nada despreciable— en que pudo influir en la situación política, cerró el paso a la versión más genuina del liberalismo, representada por el partido progresista, obligándole así a recurrir a la conspiración y los pronunciamientos militares. El paso del tiempo impuso, por otra parte, una gran carga de pesimismo en los medios liberales, lo que les hizo abrazar posiciones cada vez más conservadoras. Ya en los años treinta, la primera generación liberal mostró que sus idealizaciones del pueblo eran pura retórica cuando optó por un sufragio censitario muy restringido. La prolongación de la guerra carlista, las brutalidades masivas por ambos lados, las algaradas políticas constantes, los pronunciamientos, las feroces matanzas de clérigos y la falta de autoridad incluso sobre sus propios partidarios en los períodos en que los progresistas tuvieron el gobierno en sus manos, fueron imponiendo un escepticismo generalizado sobre la capacidad del pueblo español para vivir en un régimen de libertad. Incluso la retórica populista inicial fue disminuyendo de forma visible a lo largo del reinado. En los años sesenta, muy pocos evocaban ya la imagen de unos españoles estables y sensatos, contrapuesta a los «ligeros» e «impresionables» franceses. Por el contrario, se fue imponiendo la visión de un pueblo ignorante, extremista y cruel, como esa «bestia feroz» que le viene a la mente a Galdós cuando narra las matanzas de frailes en 1834-1835 y tantos otros episodios del XIX. En el campo historiográfico, frente a la delectación morosa en las glorias medievales o imperiales, la generación de Cánovas centró su interés en el problema de la decadencia. Todo este pesimismo les llevó a moderar su programa político. Alguien ha escrito que hacia la mitad del siglo XIX, el programa liberal español se limitaba ya a dos objetivos: el orden público y la paz con la Iglesia. Al aproximarse a su fin el reinado de Isabel II, el impulso nacionalizador perdía fuerza, carente de objetivos políticos claros. No servía ya para fundamentar una revolución liberal que parecía estancada; tampoco podía asociarse a una expansión colonial imposible de llevar a cabo por un ejército dividido, indisciplinado e infradotado. Otros propósitos políticos posibles fueron coyunturales y nunca acabaron por conducir a nada: reivindicar territorios irredentos, como Gibraltar, era impensable en un momento en que la Gran Bretaña se hallaba en el apogeo de su poder mundial; el panhispanismo ni siquiera había empezado a anunciarse; y el sueño de la Unión Ibérica, o fusión con Portugal, a la manera de las unificaciones alemana o italiana, se convirtió en imposible en cuanto comenzó a ganar fuerza en el país vecino un nacionalismo republicano apoyado sobre todo en mitos antiespañoles. Lo que estaba cada vez más claro al acercarse el fin del reinado, era que la monarquía y el ideal nacionalista iban por caminos divergentes. A mediados de los años sesenta, cualquier observador podía detectar que los portaestandartes del nacionalismo no eran los isabelinos, que fusilaban a sargentos y prohibían la celebración del Dos de Mayo, sino los progresistas y los demócratas, muy pronto republicanos declarados, que conspiraban con los militares. Por fin, en 1868, tras varios intentos, un ejército bastante unido y en el que brillaba especialmente la estrella de Juan Prim y Prats, el general que había encarnado las glorias nacionales en Tetuán ocho años antes, derrocaría a Isabel. Y en el período revolucionario que se abrió a continuación se llevó a cabo el mayor esfuerzo nacionalizador de todo el siglo. Tampoco triunfaría, en parte por falta de tiempo y de estabilidad política. Por el contrario, el españolismo ganó fuerza durante esos seis años al servicio de la función opuesta, la contrarrevolucionaria, que acabaría siendo su orientación dominante a finales del XIX y durante buena parte del XX. Pero esa parte del proceso se aleja demasiado del reinado de Isabel II. |
 Con el reinado de Isabel II – de 1833 a 1868- se define toda una época denominada de tres maneras posibles: liberal, romántica o isabelina. Liberal porque las formas del liberalismo histórico alcanzan su razón de ser –aunque la monarca no fuera partidaria de las mismas–; época romántica, porque es cuando la estética y las vivencias que se asocian con el romanticismo surgen con más intensidad, y época isabelina porque esta reina es el centro de la polémica política. En esta comunicación se investigará su educación musical y, sobre todo, la recepción que la monarca tuvo en la prensa de la época. La presencia de virtuosos del piano –como Franz Liszt de gira por la Península Ibérica y otros pianistas españoles del momento– son importantes para romper con la imagen de esta monarca. INTRODUCCIÓN HISTÓRICA, SITUACIÓN POLÍTICA Y MARCO SOCIO-ECONÓMICO Al morir la reina Josefa Amalia de Sajonia, Fernando VII, a sus 45 años pero ya un anciano prematuro por su menguada salud, le urgía buscar una nueva esposa, quizás, sobre todo, por causas políticas, puesto que si moría sin descendencia su hermano el infante Carlos reinaría. Las relaciones entre ambos hermanos no eran satisfactorias desde “la conspiración de los moderados”, y además, Fernando VII era proclive a una cierta evolución política mientras que Carlos era partidario de los principios del Antiguo Régimen. Fernando VII manifestaba su propósito de casarse con María Cristina de Nápoles, hija de Francisco de Nápoles y de María Isabel, hija de Carlos IV y hermana de Fernando VII. Las noticias que nos llegan de la futura esposa eran elogiosas (Comellas, 1999:):
Inquieta, activa, ambiciosa, muestra al mismo tiempo una personalidad débil y concesiva, y una facilidad asombrosa para ceder ante las circunstancias o para olvidarse de sus promesas. Estaba vigente en España la Ley Sálica que solo permitía reinar a los varones. Fernando, en 1830 a las pocas semanas de darse la noticia de la esperada sucesión, abolía dicha ley y retornaba al viejo Derecho de Partidas. Aunque Fernando VII esperaba con deseo el nacimiento de un varón –para no tener que utilizar la Pragmática– este deseo se vio frustrado por dos veces con los nacimientos de Isabel y de Luisa Fernanda. Poco después, la muerte del monarca precipitaba los acontecimientos políticos con un panorama sorprendente (Comellas, 1999:28): Una reina de tres años, una regente de veintisiete. Pocas veces en la historia un trono ha tenido más necesidad de estar sostenido por la fe monárquica de una nación. Pero he aquí que precisamente esta fe, esta religión, están socavadas en sus más profundos cimientos. Las dificultades de una regente extranjera y con una mayoría de partidarios carlinos, empeoraba las cosas. De hecho, como afirma José Luis Comellas, Isabel II “fue reinaporque los liberales la apoyaron, y, los liberales llegaron al poder porque pudieron enarbolar una bandera de legitimidad bajo el nombre de Isabel. Ambas partes quedaban recíprocamente comprometidas ante la historia, y este compromiso aseguró el triunfo de una y otra”. Además, los sucesos de la Granja habían puesto de manifiesto que los liberales no tenían fuerzas suficientes y fue necesaria otra alianza entre los llamados “fernandinos “y “los cristinos”. La historia de 1844 era de una tremenda inestabilidad política, la cual había generado un atraso, respecto a gran parte de Europa, sin precedentes. Los pronunciamientos moderados y progresistas frente a los diferentes gobiernos de Espartero se sucedieron con asiduidad. La reina madre Cristina y su segundo esposo habían regresado. Se iniciaba un período más tranquilo y de cierta estabilidad con la dictadura de Narváez, contestada por la incesante conspiración progresista y bajo el reinado de Isabel II, la cual había prestado juramento como reina de España el 10 de noviembre de 1843 –a los 13 años–. Desde el punto de vista demográfico, España no superaba los 12 millones de habitantes, una población inferior a Francia, Alemania e Italia –aunque éstas no estaban unificadas–.El número de artesanos quintuplicaba el de industriales .El proceso de desamortización estaba cambiando las condiciones del trabajo en el campo, donde el colono tendía a convertirse en jornalero, y éste estaba siendo sustituido por obra de nuevos propietarios, en contratos a corto plazo, y por lo general mas onerosos. En este sentido, podemos hablar de una España predominantemente agraria y así es como la define José Luis Comellas (1999:): España seguía siendo un país eminentemente campesino. Por lo menos las tres cuartas partes de la población vivían en y del campo. Y en el campo se mantenían costumbres antiguas, tradiciones arraigadas, un sagrado respeto a lo religioso y una veneración casi sagrada también por la monarquía. Poco a poco la población fue creciendo a un ritmo considerable y con una diferencia acusada entre el campo y la ciudad:
Frente a la nobleza de sangre se mueve e influye la nueva nobleza de mérito: militares victoriosos en la guerra civil, autores de pronunciamientos, hombres de negocios aficionados a la política que han destacado en algún momento concreto que adquieren un título nobiliario con casi asombrosa facilidad –además la reina también es muy propensa a estas generosidades, quizás, por su inexperiencia o por sus motivos pasionales–. Tras la declaración de la mayoría de edad de Isabel II, gran parte del protagonismo está en las clases medias y son, justamente en ellas, donde reside el bagaje cultural. En este sentido, el pensador Jaime Balmes (1950:209)2 hacía un retrato muy certero de esta sociedad de 1845: Las ideas modernas, en oposición a nuestras tradiciones, su vivacidad y movimiento; sus costumbres importadas del extranjero, sus necesidades, hijas de un refinamiento de la cultura; su amor a los placeres; su afán por el desarrollo de los intereses materiales, su prurito de imitar a las demás naciones, en particular a la Francia; y como consecuencia de todo ello,” su fuerte tendencia a una transformación completa que borre lo que resta del sello verdaderamente español y nos hagan entrar en esa asimilación o fusión universal a que parece encaminarse el mundo. La educación de Isabel II se ve en este afrancesamiento cultural3 de las clases españolas junto con las intrigas palaciegas. Como muy bien nos comenta Isabel Burdiel (2004:188): La educación de Isabel II, una empresa verdaderamente difícil en el encontrado ambiente político que la rodeaba, se convirtió a partir de entonces en uno de los elementos fundamentales de crítica al esparterismo con el cual se identificó estrechamente la gestión de Espoz y Mina y Argüelles. De hecho, y a lo largo de los meses siguientes, la situación de la reina y su hermana fue uno de los aspectos sustanciales de la alianza entre progresistas “puros”, republicanos y moderados, que acabó con la regencia de Espartero en el verano de 1843. Es difícil saber si la reina Isabel II era consciente de lo que pasaba a su alrededor, pero lo que es evidente es que hubo una educación en la intriga, en la desconfianza y en el ocultamiento. Seguramente propiciada directamente por su propia madre, lo cual redundaría negativamente en la formaciónde su carácter y en su concepción de las relaciones con los políticos de su entorno hasta el final de su reinado. LA EDUCACIÓN DE ISABEL II Lo que se sabe acerca de la educación de Isabel II es escaso y contradictorio en la mayoría de los casos. Se limita a la documentación incluida en los Apuntes de la condesa de Espoz y Mina (como fuente primaria sin ser cuestionada en la mayoría de los historiadores que se han acercado al tema) y a una serie dispersa de calificaciones, instrucciones y ejercicios prácticos hallados entre los papeles de la reina gobernadora y fechados entre 1837 y 1844. Justamente, la historiadora Isabel Burdiel (2004:170-171) se replantea este hecho cuando pone de manifiesto: Estos Apuntes de la condesa de Espoz y Mina son el único documento extenso que poseemos sobre la vida en Palacio durante la regencia de Espartero y la práctica totalidad de las biografías publicadas sobre la reina Isabel II lo utilizan como fuente única de información para penetrar en el proceso de educación de esta durante su infancia. Creo, sin embargo, que ha sido un documento más utilizado que leído o analizado. A mi juicio, la primera y principal causa de la escasa utilidad analítica que se ha obtenido de él es que, hasta donde yo sé, ningún autor se ha preguntado de forma consistente por la intención, las condiciones y los objetivos de producción del texto.
La educación de la reina tiene, según esta autora, tres características fundamentales:
Eduardo Rico (1999:80) explicita la vida palaciega de las infantas a través de las Memorias de la condesa Mina: Isabel y Luisa Fernanda se levantaban a las nueve de la mañana, gastaban en su tocado una hora o más, especialmente su majestad, que era más lenta en sus movimientos que su hermana y se dejaba vestir, cuando yo entré en palacio, por sus camaristas y azafatas, con el mismo abandono que un niño de pocos meses. Almorzaban en seguida, en lo que se invertía bastante tiempo, y oían misa en su oratorio diariamente, empezándose luego las lecciones, de modo que apenas quedaba tiempo para éstas hasta las dos de la tarde, que era en verano la de la comida. Poco pretexto bastaba para suspenderlas o dejarlas completamente para otro día. Las lecciones empezaban por ejercicios de escritura en español, elementos de gramática castellana, geografía y traducción del idioma francés, en todo lo que se empleaba cortísimo tiempo. Las labores ni eran diarias, porque los demás ramos de enseñanza no dejaban tiempo para ocuparse de ellas, ni cuando las hicieron vi que se redujeran a otra cosa que a trabajar con suma dificultad algunos puntos de calceta, y, con la misma falta de destreza, algunas puntadas de festón. Noté que, si bien el método que había usado el señor Ventosa para enseñar a las princesas era ingenioso, era solo a propósito para niñas de menos años… Debió pensarse que su majestad tenía que tomar nociones de algunas otras cosas indispensables en el corto tiempo que le faltaba para ser declarada mayor de edad. En este panorama, Isabel II continuaba con la cultura absolutista heredada de su padre y propiciada desde su infancia (Burdiel, 2004:172): En suma, pues, Isabel II recibió una educación corta en el tiempo, elemental en los contenidos y decididamente condicionada por su sexo y por su escasa voluntad de aprendizaje. Tan solo de pasada, y nunca en términos que sugieran una educación reglada, he encontrado referencias a una instrucción política acorde a las necesidades de conocimiento y comportamiento de un monarca constitucional o, incluso de un monarca tout court. Isabel II fue educada antes como mujer que como reina; recibió la instrucción de una alta dama de sociedad cuyos contenidos y alcance resultaban en general acordes con lo que los pedagogos de mediados del siglo XIX consideraban que debía ser la formación de las mujeres. Es decir, una educación pensada fundamentalmente para el espacio doméstico de la madre, la esposa y, en su caso, la dama de la sociedad. Las ocasionales iniciativas de educación femenina mucho más elaborada que podían encontrarse entre algunas mujeres de clase media, como la propia Espoz y Mina, apenas tiñeron eco en la que recibió, en la práctica, Isabel II. Cuando Isabel II, en el último año de su vida parisina, confesaba a Benito Pérez Galdós sus primeras experiencias en el oficio de reinar, la monarca reconocía las debilidades de su situación (Rico, 1997:255): Éste me aconsejaba una cosa, aquél otra, y luego venía un tercero que me decía: ni aquello ni esto debes hacer, sino lo de más allá…Póngase ustedes en mi caso. Diecinueve años y metida en un laberinto, por el cual tenía que andar palpando las paredes, pues no había luz que me guiara. Si alguno me encendía una luz, venía otro y me la apagaba”. Y sigue:” los que podían hacerlo (darme consejos) no sabían una palabra de arte de gobierno constitucional: eran cortesanos que solo entendían de etiqueta, y como se tratara de política, no había quien los sacara del absolutismo. Los que eran ilustrados y sabían de constituciones y de todas esas cosas, no me aleccionaban sino en los casos que pudieran serles favorables, dejándome a oscuras si se trataba de algo que en mi buen conocimiento pudiera favorecer al contrario(..) ¡Qué había de hacer yo? Póngase en mi caso. Estas debilidades, no lo olvidemos, le sirven de pretexto. La política fue más una “intriga de salón” que otra cosa, y es que el mundo de Isabel II giraba más cerca del absolutismo que del liberalismo, más como una visión del mundo y del poder real que como un proyecto absolutista definido, y en este sentido, su formación fue decisiva. |
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