Temis.
Temis, la del "buen consejo", era la encarnación del orden divino, las leyes y las costumbres. Cuando se le hace caso omiso, Némesis ( La diosa de la justicia retributiva, la venganza y la fortuna) castigaba a los que no obedecían, a aquellas personas que tenían derecho a mandarlas y, sobre todo, a los hijos desobedientes a sus padres.)trae el justo y colérico castigo. En la mitología griega, Temis (en idioma griego Θεμις Themis, que significa "ley de la naturaleza" más que "autoridad humana") es mencionada por Hesíodo entre los seis hermanos y las seis hermanas hijos de Gea y Urano. Entre estos Titanes del mito primordial, pocos fueron venerados en santuarios específicos en la época clásica, y Temis era tan antigua que los seguidores de Zeus afirmaban que fue con él con quien tuvo a las tres Parcas. Un fragmento de Píndaro, sin embargo, cuenta que las Moiras ya estuvieron presentes en las nupcias de Zeus y Temis, y que de hecho brotaron con Temis de los manantiales del Océano que circundaba el mundo, y le acompañaron por el brillante camino solar a ver a Zeus en el Olimpo. Con Zeus concibió a las Horas, Eunomia, Dice y Eirene. Temis estuvo presente en Delos como testigo del nacimiento de Apolo. Temis no era colérica: ella, "la de preciosas mejillas", fue la primera en ofrecer a Hera una copa cuando volvió al Olimpo afligida por las amenazas de Zeus. Temis presidía la correcta relación entre hombre y mujer, la base de la familia legítima y ordenada, y la familia era el pilar del dimos. Los jueces eran a menudo llamados themistopoloi, "sirvientes de Temis". Tal era la base del orden en el Olimpo también. Hera se dirigía a ella como ‘Señora Temis’. La diosa representada como una mujer impasible, con los ojos vendados y llevando una balanza y una espada. Se trata de una representación simbólica de la justicia: - La balanza simboliza la consideración objetiva de los argumentos de las partes enfrentadas. - La venda en los ojos es símbolo de la imparcialidad al resolver. - La espada indica su capacidad de coerción para imponer las decisiones que adopta. |
Némesis.
En la mitología griega, Némesis (llamada Ramnusia, la "diosa de Ramnonte" en su santuario de esta ciudad) es la diosa de la justicia retributiva, la venganza y la fortuna. Castigaba a los que no obedecían a aquellas personas que tenían derecho a mandarlas y, sobre todo, a los hijos desobedientes a sus padres. Recibía los votos y juramentos secretos de su amor y vengaba a los amantes infelices o desgraciados por el perjurio o infidelidad de su amante. Némesis ha sido descrita como la hija de Océano (por Pausanias) o Zeus. Por su parte, Hesíodo la cree hija de la oscuridad y la noche (Érebo y Nix) mientras que el dramaturgo Eurípides afirmaba que su padre era él mismo. Es una deidad primordial, por lo que no está sometida a los dictámenes de los dioses olímpicos. Castiga sobre todo la desmesura. Sus sanciones tienen usualmente la intención de dejar claro a los hombres que, debido a su condición humana, no pueden ser excesivamente afortunados ni deben trastocar con sus actos, ya sean buenos o malos, el equilibrio universal. Un claro ejemplo lo encontramos en Creso, que al ser demasiado dichoso fue arrastrado por Némesis a una expedición contra Ciro que provocó su ruina. También se considera que era la diosa griega que medía la felicidad y la desdicha de los mortales, a quienes solía ocasionar crueles pérdidas cuando habían sido favorecidos en demasía por la Fortuna. Con este carácter nos la presentan los primeros escritores griegos, y más tarde fue considerada como las Furias, es decir, como la diosa que castigaba los crímenes. El poder irresistible de Némesis está expresado por su asociación con Adrastea, divinidad asiática que se confundió con ella, hasta ser este nombre uno de sus epítetos. Némesis es uno de los atributos del dios supremo, y era, en unión de Adrastea, el instrumento de la cólera divina. Se la representa con una corona y a veces con un velo que le cubre la cabeza; suele llevar una rama de manzano en una mano y una rueda en la otra. La cabeza de Némesis se ve coronada en los monumentos griegos y algunas veces sale de ella un asta de ciervo para indicar la prontitud con que da a cada uno lo que le corresponde. Los etruscos le ponían una diadema de piedras preciosas. La flor del narciso adornaba también su corona como símbolo de un joven orgulloso enamorado de su propia hermosura. Solían representarla los artistas de la antigüedad con alas para expresar la prontitud con que atendía todas sus funciones y armada de antorchas, espadas y serpientes como instrumentos de su venganza. |
El Justicia de Aragón.
(en aragonés, O Chustizia d'Aragón; en catalán, El Justícia d'Aragó.)
Historia Es en 1115 cuando aparece por primera vez la denominación de Justicia del Rey, referido a Pedro Giménez, en un privilegio concedido por Alfonso I El Batallador a los pobladores de Zaragoza. Dicho cargo, que debió corresponder al de un asesor de la curia real, paso a convertirse en una institución propia del Reino en las Cortes de Aragón celebradas en Ejea en 1265, estableciéndose ya como un juez medio que dirime los conflictos entre el Rey y la nobleza. En 1283 el Privilegio General de Aragón confirma este carácter mediador, ampliando su jurisdicción a los pleitos y causas entre los propios nobles. A lo largo del siglo XIV, el prestigio y la presencia institucional del Justicia se ve incrementada: no solamente es el intérprete del ordenamiento foral, sino que su presencia en las Cortes, presidiéndolas en ausencia del Rey, refuerza su posición entre las instituciones del Reino. Ante el Justicia, los reyes deben jurar el cumplimiento de fueros y observancias bajo la conocida formula: “Nos, que somos tanto como vos y todos juntos valemos más que vos, os hacemos rey de Aragón, si juráis los fueros y si no, no.” En el ejercicio de su función jurisdiccional destaca en los casos relacionados con los derechos y libertades, a través de los procesos forales de firma de derecho y de manifestación Mediante la firma de derecho, un demandado garantizaba su sumisión a la sentencia sin tener que prestar fianza, tratando así de evitar que los mismos pudieran verse privados de la posesión de sus bienes durante el proceso. Con el Proceso de Manifestación, los aragoneses solicitaban la intervención del Justicia para evitar una detención arbitraria o un proceso no ajustado a derecho, con violencia o tormento. Para ello el detenido quedaba bajo el amparo del Justicia en la llamada Cárcel de los Manifestados donde permanecía hasta recibir sentencia, sin que ninguna autoridad pudiera tener acceso al mismo. La importancia política del Justicia ni hizo sino aumentar por sucesivas resoluciones de las Cortes. No podía ser arrestado, detenido ni molestado por el Rey ni ninguna otra autoridad. Desde 1442 se considera cargo vitalicio, sin posibilidad de destitución y adquieren mucha relevancia los Lugartenientes, de tal forma que se pasa de una magistratura personal, la del Justicia, al Justiciazgo como institución.
Mientras tanto, contribuyendo a reforzar el carisma de la Institución, desde el siglo XIII al XVI, va tomando cuerpo la leyenda de los Fueros de Sobrarbe, que a través de distintos cronistas y juristas pretende dar fundamento histórico a las peculiaridades forales aragonesas, exaltando el origen y dignidad del Justicia que se quiere anterior al Rey. La leyenda recogida por Zurita y posteriormente por Blancas sitúa uno de los Fueros de Sobrarbe en estos términos: “Para que no sufran daño nuestras libertades velará un juez medio, al cual será lícito apelar del rey si dañase a alguien y rechazar las injurias si tal vez las infiriese a la república” Con todo ello, vino a considerarse la institución del Justicia como la mejor garantía de los derechos de los aragoneses y como modelo en la defensa de las libertades frente a la arbitrariedad del poder. Las tensiones surgidas ante los incumplimientos y omisiones del poder real frente a los fueros, y la tarea de protección de estos encomendada al Justicia hace que se generen tensiones entre este y los reyes cuyo cenit se alcanza en 1591. Las revueltas ciudadanas conocidas como las Alteraciones de Aragón acabaron con la decapitación del Justicia Juan de Lanuza V el Mozo por enfrentarse a la voluntad del rey Felipe II de España, que había entrado en el Reino de Aragón con ejércitos para reducir las revueltas que se estaban produciendo, debido al intento del Tribunal de la Inquisición de aprehender y procesar a Antonio Pérez, natural de Guadalajara pero de familia aragonesa, acogido a la jurisdicción del Justicia Mayor mediante el derecho de Manifestación. En las Cortes de Tarazona de 1592 se establecieron importantes restricciones a la figura del Justicia, que pasa a ser nombrado por el Rey, y a las atribuciones de la Diputación del Reino. Felipe V, que había jurado en 1701 los Fueros ante el Justicia Pedro Valero suprimió definitivamente la figura del Justicia, así como el resto de las instituciones aragonesas y los Fueros de Aragón por medio de los Decretos de Nueva Planta. Lanuza y Espés, Juan de. Juan de Lanuza IV o el Viejo. ?, p. s. XVI – Zaragoza, 22.IX.1591. Justicia de Aragón. Hijo del justicia Juan de Lanuza y Torrellas y de su segunda esposa Beatriz de Espés, sucedió en el cargo de justicia a su hermano Ferrer de Lanuza y Espés tras su muerte en 1554. Desde 1439 los Lanuza venían ocupando de hecho tal cargo y esta situación no cambió hasta la intervención militar de Felipe II a finales del siglo XVI.
El Justiciazgo de Lanuza el Viejo, llamado así para distinguirlo de su hijo, el malogrado Lanuza el Mozo, ejecutado en 1591, coincidió con los últimos años del reinado de Carlos V y con el de Felipe II. Fue una época en la que Aragón, territorio poco poblado y con una economía atrasada, soportó numerosas calamidades, la mayoría de ellas acumuladas desde comienzos de aquella centuria y relacionadas entre sí. Este proceso se fue agravando a partir de 1585 y tuvo un dramático desenlace seis años más tarde. Lanuza IV es un personaje todavía mal conocido, aunque fundamental para comprender las revueltas de Aragón de 1591. No es posible calificar su conducta como claramente defensora de los intereses del reino. En este sentido, fueron más reivindicativas las Cortes y, sobre todo, la Diputación. La mayoría de los aragoneses sufría un régimen señorial severo y hubo vasallos que se sublevaron ante tal situación. Los Reyes y la Inquisición intervinieron en estas pugnas con el objetivo a afianzar el absolutismo.
Hubo luchas antiseñoriales en Ariza, Ayerbe y Monclús. El señor de Ariza acusó a varios familiares del Santo Oficio de liderar las revueltas en sus dominios, ya que se sentían protegidos por los privilegios inquisitoriales. En 1585 Felipe II consiguió, después de un largo proceso, que los vasallos del señorío último de Monclús pasasen a ser súbditos de realengo. De un modo análogo, la Monarquía intentó incorporar, desde 1554, el condado de Ribagorza, sumido en rebeliones, a la jurisdicción real. Además, en la segunda mitad del siglo XVI se temía que los hugonotes de Bearn (Francia), lanzasen expediciones contra el reino, apoyados por los moriscos aragoneses e incluso por los turcos. En 1578 fueron ejecutadas varias personas acusadas de participar en una conspiración de moriscos y hugonotes. En 1587 volvió a estallar en Ribagorza un nuevo conflicto armado. La situación llegó a ser caótica: los montañeses perpetraron una matanza de moriscos y el virrey y la Inquisición llegaron a emplear bandoleros en su lucha contra el bando nobiliario. Por último, en 1591 el condado fue incorporado definitivamente a la Corona gracias a un acuerdo. Pese a su aparente carácter localizado, este conflicto generó profundas divisiones en todo el reino. Lanuza el Viejo intervino tardíamente, como jefe militar, con objetivos poco claros y seguramente en favor de los deseos del Rey. Teruel y Albarracín se regían por una foralidad especial (la de Extremadura), y velando por sus privilegios se opusieron a la instalación del Santo Oficio en 1485. También se resistieron en varias ocasiones a los oficiales reales de Fernando II y Carlos V. La situación empeoró durante el reinado de Felipe II, quien envió varios agentes a aquellos municipios. Estos últimos obtuvieron varias firmas del justicia, que les amparaba frente a las pretensiones reales. De 1560 en adelante cada vez hubo más disputas en torno a dichas ciudades. La Diputación apoyó a ambas comunidades. Estos problemas también fueron trasladados a la Real Audiencia. En 1572 Felipe II y el Consejo de Aragón ordenaron la ocupación militar de Teruel y Albarracín. El tribunal del Santo Oficio de Valencia era el competente en el Bajo Aragón, lo cual generaba más crispación. En este ambiente, surgió un grave conflicto jurisdiccional, el caso de Antonio Gamir, entre el justicia y dicho tribunal inquisitorial. Los lugartenientes del Justicia fueron excomulgados. La Diputación recurrió a la Santa Sede para que anulara las censuras, pero la causa fue devuelta al Consejo de la Suprema Inquisición. La Corte del justicia se vio obligada a ceder, Gamir renunció a la manifestación y fue entregado a los inquisidores. Años más tarde, el caso de Antonio Pérez causaría una ruptura con el Santo Oficio. Las disposiciones que adoptó el Justiciazgo en los casos citados fueron, en conjunto, favorables a los intereses de Teruel, Albarracín y de las personas perseguidas por los oficiales reales o inquisitoriales. Disgustado por estas actuaciones, Felipe II presionaba en 1585 a Lanuza el Viejo para que cambiara de posición. También recriminó al virrey, el arzobispo de Zaragoza, el apoyo prestado a aquellas ciudades. La llegada de Antonio Pérez a Aragón hizo que los hechos se sucedieran con rapidez. Muerto aquel justicia, su hijo y sucesor, Lanuza el Mozo, hizo un llamamiento al reino para hacer frente al ejército castellano. Recibió el apoyo de Teruel y Albarracín, que fueron ocupadas con facilidad. El “Perdón Real” otorgado por Felipe II en 1592 exceptuó precisamente los sucesos acaecidos en estos dos lugares. El Consejo de Aragón actuó con severidad y dictó al menos veinte sentencias de muerte. Finalmente, estas dos localidades renunciaron en 1598 a su foralidad concejil y adoptaron los Fueros de Aragón. El Tribunal inquisitorial de Zaragoza fue el más sanguinario de todos los de la Corona de Aragón entre 1540 y 1619. Relajó en persona a doscientos cincuenta reos, una cifra superior a los noventa y cuatro de Valencia y cincuenta y tres de Barcelona. Las víctimas más numerosas fueron moriscos. Los miembros de esta comunidad sufrían el desprecio del resto de la población y soportaban unas pesadas cargas señoriales. Pero recibieron el apoyo interesado de los señores de vasallos frente al Santo Oficio. Esta institución intentaba evitar, desde 1561, que los moriscos llevasen armas de fuego. Los aristócratas se acogieron al privilegio de manifestación de la Corte del Justicia para eludir a los inquisidores o para proteger a sus vasallos. Así, tras condenar a dos nobles, en 1562 el Tribunal zaragozano informaba a la Suprema que no habría “aquí adelante quien se atreva en causas del Santo Oficio a hablar de manifestación”. Sin embargo, la disputa aún duró unos años debido a la oposición nobiliaria y, por tanto, los moriscos del reino de Valencia fueron desarmados en 1563 y los aragoneses en 1575. Las Cortes de 1585 mostraron el malestar creado por la Inquisición en las relaciones entre Felipe II y el reino. Aquélla tenía unas competencias cada vez mayores, pues, además de juzgar delitos ajenos a la fe (como la sodomía), que no fueron perseguidos por otros tribunales inquisitoriales de distrito, persiguió también a los contrabandistas de caballos que actuaban en la frontera con Francia, cuando este país fue sacudido por las guerras de religión. Por otra parte, en aquellas Cortes se declaró que era incompatible desempeñar al mismo tiempo un cargo inquisitorial con otro de las instituciones del reino. Esta medida explica, sin duda, el desinterés que mostraron los aragoneses durante tanto tiempo ante los oficios de fiscal o inquisidor. En la represión de la revuelta de 1591 la Inquisición tuvo un notable protagonismo. En tiempos de Felipe II se agravó el llamado “Pleito del Virrey Extranjero”, una disputa que se remontaba al reinado de Fernando el Católico. Las autoridades aragonesas exigían que quien ostentase este cargo fuese natural del reino, a lo que se opusieron los Reyes. De hecho, hubo varios castellanos que fueron virreyes de Aragón, lo que provocó protestas y algún incidente grave: el príncipe de Melito, nombrado virrey en 1554, ordenó ejecutar a dos contrabandistas de caballos que habían obtenido la manifestación del justicia. Esta institución y los diputados se quejaron, alegando que se había cometido un contrafuero, y el conde tuvo que marcharse de Aragón. Felipe II envió en 1588 al marqués de Almenara a Zaragoza para ocupar dicho cargo. En esta ocasión se acudió a la Corte del justicia, quien refrendó tal nombramiento. El marqués de Almenara fue una de las primeras víctimas de los tumultos de Zaragoza de 1591. En la década de los ochenta la situación fue empeorando. El bandolerismo era endémico y también había enfrentamientos entre ciudades y señores. Zaragoza abusaba de su predominio en materias tales como la ganadería, extendida por todo el reino y amparada por el poderoso justicia de Ganaderos, y, en especial, por el Privilegio de los Veinte, una prerrogativa que podía conllevar condenas a muerte y que a veces se utilizó de un modo arbitrario. Contribuyó a deteriorar la convivencia de la capital con muchos otros municipios aragoneses. Muchos consideraban que violaba las libertades contenidas en los Fueros de Aragón. La administración judicial tenía numerosas deficiencias y así lo reconocieron las Cortes de Monzón en 1585. Se abusaba de los procesos forales de firma y manifestación (en especial de este último), otorgados por el justicia para obstaculizar la acción de otras jurisdicciones. En tiempos de Lanuza el Viejo hubo algunas reformas que conviene reseñar. Las Cortes de 1563 dispusieron que las provisiones de la Real Audiencia tuvieran carácter vinculante para todos los jueces del reino. Además, fue reestructurada y si su relación con la Corte del justicia parecía ambigua, aquélla tuvo más poder, sobre todo en los procesos penales. En 1585 también se reformó el Tribunal de los Judicantes, aunque no se conoce, por ahora, el resultado práctico de tal innovación. Se había creado en 1461 y estaba formado por legos en Derecho que podían juzgar al justicia. No obstante, en 1467 se disminuyó su poder. La historia del Tribunal de los Judicantes aún está por hacer. Fue exaltado por Jerónimo Blancas, el mitificador por excelencia de las instituciones forales aragonesas, tuvo cierto protagonismo durante los sucesos de 1591 y fue reformado por Felipe II en 1592. En 1585 se creó el justicia de las Montañas para mejorar el orden público y perseguir, en particular, el bandolerismo. Su jurisdicción, extendida por las zonas de realengo del norte del reino, donde más delincuencia de ese tipo había, limitó las competencias del justicia de Aragón. Se estableció que en los casos de duda el justicia de las Montañas debía consultar a la Real Audiencia. Aquel año también se aprobó un fuero que permitía a los nobles ejecutar a cualquier vasallo que se alzase contra ellos. El virrey también desempeñaba el cargo de “Capitán de Guerra”, dotado, por tanto, de unos poderes muy amplios en situaciones bélicas y en numerosas ocasiones intentó controlar el comercio con Francia. Para conciliar las posturas enfrentadas en 1528 se aprobó un fuero que regulaba sus prerrogativas. Pese a ello, el llamado “Pleito del Capitán de Guerra” se agravó en la segunda mitad del siglo XVI y, con frecuencia, la Corte del justicia se opuso a las pretensiones del virrey. A finales del siglo XVI también hubo un acercamiento entre la Monarquía y las oligarquías aragonesas en ciertos aspectos. Así, las Cortes de Monzón de 1585 aprobaron el fuero “Que los aragoneses gocen de lo que los castellanos en Indias”. En adelante, aquéllos mostraron cada vez más interés por acceder en puestos de la Administración situados fuera del reino. Antonio Pérez, secretario de Estado de Felipe II, cayó en desgracia al verse envuelto en la muerte de Juan de Escobedo. Fue encerrado y sufrió un largo y complicado proceso. Consiguió huir y se refugió en Aragón. Antes de que los agentes reales le capturasen, consiguió acogerse al privilegio de la manifestación. Para evitar que Pérez fuese juzgado por el justicia o huyese, fue reclamado por la Inquisición, bajo una acusación endeble de herejía. Lanuza el Viejo, quien se sentía presionado, entregó al reo y a su criado a la Inquisición, a la vez que pedía ayuda a la Diputación. Estalló entonces un motín, en mayo de 1591, en el que participaron nobles, artesanos y labradores de Zaragoza. El marqués de Almenara (a quien Lanuza IV intentó proteger) fue herido en los tumultos, falleciendo unos días más tarde, y los sublevados llegaron a reclamar la muerte de los lugartenientes del justicia. Los inquisidores, atemorizados, entregaron a los dos reos a la Corte del justicia, ingresando en la cárcel de los manifestados. Se había creado un ambiente muy foralista y contrario a la Inquisición, vista más que nunca como un instrumento de la autoridad del Rey. Además, por entonces aumentó el grado de confrontación entre Felipe II y el Consejo de Aragón, de un lado, y la Diputación de Cataluña (junto al Consejo de Ciento de Barcelona) y la del reino de Valencia, de otro. La gravedad de los sucesos aragoneses motivó que los conflictos con los otros dos territorios fueran postergados. Felipe II ordenó que un poderoso Ejército se concentrara en Ágreda (Soria), con el pretexto de estar preparados para apoyar a los católicos franceses. El Consejo de Aragón ordenó la devolución de Antonio Pérez a la Inquisición y, en junio de 1591, ésta publicó un edicto en el que se recordaba las penas a quienes obstaculizaban las actuaciones del Santo Oficio. Esta medida, lejos de calmar los ánimos, los radicalizó. Los inquisidores solicitaron ser trasladados a Castilla y tanto en la Diputación como en la Corte del justicia se imponían las opiniones más radicales. El 22 de septiembre de 1591 fallecía Juan de Lanuza y Espés. Le sucedió su hijo, Juan Lanuza V o el Mozo. Declaró que la entrada del Ejército Real era contraria al Derecho aragonés e intentó organizar una resistencia armada, pero fue capturado por las tropas de Alonso de Vargas y decapitado en Zaragoza. Antonio Pérez, en cambio, consiguió llegar a Francia y contribuyó a forjar la leyenda negra antiespañola.
Bibl.: B. Leonardo de Argensola, Alteraciones populares en Zaragoza, 1591 (ed. de G. Colás, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1996); V. Blasco de Lanuza, Historias eclesiásticas y seculares de Aragón en que se continuan los Anales de Zurita, y tiempos de Carlos V, con Historias eclesiásticas antiguas y modernas que hasta ahora no han visto luz ni estampa, Zaragoza, Juan de Lanaja, 1622 (ed. facs. de G. Redondo, E. Jarque y J. A. Salas, Zaragoza, Cortes de Aragón, 1998); J. Martín de Mezquita, Lucidario de todos los señores justicias de Aragón, 1624 (ed. con pról. de G. Redondo y E. Sarasa, Zaragoza, 2002); G. Martel, Formas de celebrar Cortes en Aragón, escrita [...], Zaragoza, 1641 (ed. facs. de G. Redondo y E. Sarasa, Zaragoza, Cortes de Aragón, 1984); L. Leonardo de Argensola, Información de los sucesos del Reino de Aragón en los años de 1590 y 1591, en que se advierte los yerros de algunos autores [...] escrita por [...], Madrid, Imprenta Real, 1808 (ed. con introd. de X. Gil Pujol, Zaragoza, El Justicia de Aragón, 1991); Marqués de Pidal, Historia de las alteraciones de Aragón en el reinado de Felipe II, Madrid, 1862-1863 (ed. de G. Redondo y E. Sarasa, Zaragoza, El Justicia de Aragón, 2001); P. Savall y S. Penén, Fueros, Observancias y Actos de Corte del Reino de Aragón, Zaragoza, 1866 (Zaragoza, El Justicia de Aragón, 1991); Conde de la Viñaza, Los cronistas de Aragón, Madrid, 1904 (ed. facs. de C. Orcástegui y G. Redondo, Zaragoza, Cortes de Aragón, 1986); G. Marañón, Antonio Pérez, Madrid, Espasa Calpe, 1951, 2 vols.; J. Lalinde, La Gobernación General en la Corona de Aragón, Madrid-Zaragoza, 1962; M.ª S. Carrasco Urgoiti, El problema morisco en Aragón al comienzo del reinado de Felipe II, Madrid, Castalia, 1967; J. Reglá, “La Corona de Aragón dentro de la Monarquía hispánica de los Habsburgo”, en VV. AA., VIII Congreso de Historia de la Corona de Aragón, vol. III, Valencia, 1967, págs. 131-164; G. Colás y J. A. Salas, “Las Cortes aragonesas de 1626. El voto del servicio y su pago”, en Estudios del Departamento de Historia Moderna, Zaragoza, Universidad, 1976, págs. 87-140; Aragón bajo los Austrias, Zaragoza, 1977; G. Colás, La bailía de Caspe en los siglos XVI-XVII, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1978; A. Pérez Martín y J. M. Scholz, Legislación y jurisprudencia en la España del Antiguo Régimen, Valencia, 1978; J. Lalinde, “El pactismo en los Reinos de Aragón y Valencia”, en VV. AA., El pactismo en la Historia de España, Madrid, Instituto de España, 1980, págs. 115-139; A. Bonet, Procesos ante el Justicia de Aragón, Zaragoza, Guara Editorial, 1982; G. Colás y J. A. Salas, Aragón en el siglo XVI. Alteraciones sociales y conflictos políticos, Zaragoza, Editorial Cometa, 1982; X. Gil Pujol, “Catalunya i Aragó, 1591-1592: una solidaritat i dos destins”, en VV. AA., Actes del Primer Congrés d’Història Moderna de Catalunya, vol. II, Barcelona, 1984, págs. 125-181; J. Pérez Villanueva, “Un proceso resonante: Antonio Pérez”, en J. Pérez y B. Escandell (dirs.), Historia de la Inquisición en España y América, t. I, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1984, págs. 842-876; M. Almagro, Las alteraciones de Teruel, Albarracín y sus Comunidades en defensa de sus Fueros durante el siglo XVI, Teruel, Instituto de Estudios Turolenses, 1984; J. Lalinde, Los fueros de Aragón, Zaragoza, Librería General, 1985; A. Bonet, E. Sarasa y G. Redondo, El Justicia de Aragón. Historia y Derecho. Breve estudio introductorio, Zaragoza, Cortes de Aragón, 1985; L. González Antón, “La Monarquía y el Reino de Aragón en el siglo XVI. Consideraciones en torno al pleito del Virrey extranjero”, en Príncipe de Viana, n.º monogr. homenaje a José M.ª Lacarra, anejo 2, año XLVII (1986), págs. 251-268; E. Solano, Poder monárquico y estado pactista (1626-1652). Los aragoneses ante la Unión de Armas, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1987; E. Jarque y J. A. Salas, “El cursus honorum de los letrados aragoneses en los siglos XVI y XVII”, en Studia Historica. Historia Moderna, vol. VI, Salamanca, 1988, págs. 411-422; P. Sánchez López, Organización y jurisdicción inquisitorial: el Tribunal de Zaragoza (1568-1646), tesis doctoral, Barcelona, Universidad Autónoma, 1989 (inéd.); E. Jarque, Juan de Lanuza, Justicia de Aragón, Zaragoza, DGA, 1991; J. Contreras, “La Inquisición aragonesa en el marco de la Monarquía autoritaria”, en Revista de Historia Jerónima Zurita (RHJZ), 63-64 (1991), págs. 7-50; M. L. Rodrigo y A. M. Parrilla, Documentos para la historia del Justicia de Aragón, Zaragoza, El Justicia de Aragón, 1991; E. Jarque, Juan de Lanuza: Justicia de Aragón, Zaragoza, Gobierno de Aragón, 1991; P. Sánchez López, “Ribagorza finales del siglo XVI. Notas sobre Antonio de Bardaxí y Rodrigo de Mur”, y A. Ximénez de Embún, “Fuentes documentales para la historia del Justicia de Aragón en el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza”, en RHJZ, 65-66 (1992), págs. 37-52 y págs. 155-164, respect.; J. Morales, “La ‘foralidad aragonesa’ como modelo político: su formación y consolidación hasta las crisis forales del siglo XVI”, en Cuadernos de Estudios Borjanos, XXVII-XXVIII (1992), págs. 99-175; L. González Antón, “El Justicia de Aragón en el siglo XVI (según los Fueros del Reino)”, en Anuario de Historia del Derecho Español, 62 (1992), págs. 565-586; W. Monter, La otra Inquisición. La Inquisición española en la Corona de Aragón, Navarra, el País Vasco y Sicilia, Barcelona, Crítica, 1992, pág. 380; M.ª J. Rodríguez, “La rebelión olvidada: Aragón, 1556-1559”, en Un Imperio en transición. Carlos V, Felipe II y su mundo, 1551-1559, Barcelona, Crítica, 1992, págs. 439-440; J. M. Pérez Collados, Una aproximación histórica al concepto jurídico de nacionalidad (La integración del Reino de Aragón en la Monarquía hispánica), Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1993; J. Arrieta, El Consejo Supremo de la Corona de Aragón (1494-1707), Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1994; J. Gascón, Bibliografía crítica para el estudio de la rebelión aragonesa de 1591, Zaragoza, Institución Fernando el Católico-Centro de Documentación Bibliográfica Aragonesa, 1995; L. Blanco Lalinde, La actuación parlamentaria de Aragón en el siglo XVI. Estructura y funcionamiento de las Cortes aragonesas, Zaragoza, Cortes de Aragón, 1996; L. González Antón, “Sobre la Monarquía Absoluta y el Reino de Aragón en el siglo XVI”, en E. Sarara y E. Serrano (coords.), La Corona de Aragón y el Mediterráneo. Siglos XV y XVI, Zaragoza, 1997, págs. 369-409; C. Langé, Pouvoir Royal, Pouvoir Foral. La Capitanainerie Génerale et le Pleito du Capitaine de Guerre en Aragon, XVe-XVIIe siècles, Université de Toulouse II-Le Mirail, 1997; J. E. Pasamar, “El Tribunal de Zaragoza en el distrito inquisitorial de Aragón”, en Aragonia Sacra, XIII (1998), págs. 159-201; P. Sanz, “Algunas reflexiones sobre las condiciones de natural y extranjero en el Aragón de finales del siglo XVI”, en J. L. Pereira y J. M. González (eds.), Felipe II y su tiempo, vol. I, Cádiz, 1999, págs. 349-359; J. A. Armillas, La Diputación del Reino, Zaragoza, CAI, 2000; L. González Antón, El Justicia de Aragón, Zaragoza, CAI, 2000; J. Delgado y M.ª C. Bayod, Los Fueros de Aragón, Zaragoza, CAI, 2000, págs. 64 y ss.; J. Gascón, La rebelión aragonesa de 1591, tesis doctoral, Zaragoza, Universidad, 2000, 2 vols.; D. Gracia y D. Ramos, “Una manifestación de poder en el Aragón del Quinientos: la horca de los ganaderos”, y J. Gascón, “Introducción al estudio de la oposición política y las redes de poder en Aragón durante la segunda mitad del siglo XVI”, en RHJZ, 75 (2000), págs. 133-158 y págs. 75-105, respect.; J. F. Baltar, El Protonotario de Aragón, 1472-1707. La Cancillería aragonesa en la Edad Moderna, Zaragoza, El Justicia de Aragón, 2001; X. Gil Pujol, “Constitucionalismo aragonés y gobierno Habsburgo: los cambiantes significados de libertad”, en R. Kagan y G. Parker (eds.), España, Europa y el mundo Atlántico. Homenaje a John Elliot, Madrid, Marcial Pons, 2001, págs. 215-249; J. A. Escudero, Felipe II. El Rey en el Despacho, Madrid, Universidad Complutense, 2002; VV. AA., Tercer encuentro de estudios sobre el Justicia de Aragón, Zaragoza, El Justicia de Aragón, 2003; V. Fairén, Los procesos penales de Antonio Pérez, Zaragoza, El Justicia de Aragón, 2003. |
.jpg)
.jpg)
Francia deniega la extradición a Italia de diez antiguos miembros de las Brigadas Rojas. |
 Panfleto del grupo terrorista de extrema izquierda Brigadas Rojas.Panfleto del grupo terrorista de extrema izquierda Brigadas Rojas. Las víctimas y sus familiares lamentan la «falta total de arrepentimiento» de los diez ciudadanos implicados en atentados terroristas de los llamados años de plomo 28 mar 2023 Las víctimas y sus familiares lamentaron este martes la «falta total de arrepentimiento» de los diez ciudadanos que reclama Italia por su implicación en atentados terroristas de los llamados años de plomo (1970-1985) atribuidos a grupos de extrema izquierda como las Brigadas Rojas o Lucha Continua y cuya extradición fue denegada por Francia. «Nunca ha habido una palabra de arrepentimiento, solidaridad o reparación por parte de ninguno de ellos», aseguró Mario Calabresi, exdirector de los diarios La Repubblica y La Stampa e hijo del comisario Luigi Calabresi, asesinado en 1972 por miembros de Lucha Continua, según recoge Efe. La Justicia francesa cerró definitivamente la puerta este martes a la extradición después de que el Tribunal Supremo francés rechazara el recurso que había presentado la Fiscalía contra una primera decisión en junio del 2022, que ya había negado la entrega a Italia de estos ocho hombres y dos mujeres que llevan viviendo en Francia entre 25 y 40 años. «Era una ilusión esperar algo diferente y ver a estas personas ir a la cárcel después de décadas ya no tiene sentido, pero hay un detalle molesto e hipócrita», afirmó Calabresi, al destacar que Supremo francés escribe que «la extradición habría causado un daño desproporcionado a su derecho a la vida privada y familiar», pero no menciona «el daño desproporcionado que han hecho al matar a esposos y padres», según los medios locales. Para Alberto di Cataldo, hijo de un mariscal asesinado en Milán por las Brigadas Rojas en 1978, después de «más de 47 años» desde los atentados, «hay que razonar en términos de devolver un poco de verdad sobre los acontecimientos: el verdadero juego no es la extradición, sino medir si estas diez personas contribuirán a entender lo que sucedió en aquellos años». Mucho más duro fue Roberto della Rocca, uno de los supervivientes de los atentados de las Brigadas Rojas, que aseguró que la decisión era «una vergüenza» e hizo un llamamiento al ministro italiano de Justicia, Carlo Nordio, para que «intervenga» ante «una ofensa para Italia y los italianos». «Y le pregunto a Francia: ¿y si hubiera sucedido lo mismo a la inversa con las víctimas del Bataclan?», inquirió. Nordio, que fue fiscal durante los «dramáticos» años de plomo en varios casos de terrorismo, envió su «primer pensamiento» a «todas las víctimas de esa etapa sangrienta y sus familias, que han estado esperando durante años, junto con todo el país, una respuesta de la Justicia francesa» y aseguró que «toma nota» de la decisión. El Supremo francés confirmó las dos razones principales que habían dado los jueces en apelación: que muchos de ellos habían sido sentenciados en rebeldía y si volvían a Italia irían directamente a la cárcel, ya que la legislación de ese país no ofrece la posibilidad de un nuevo proceso y que todos ellos en Francia, «tienen una situación familiar estable, se han insertado profesional y socialmente y han roto con Italia». Lista de beneficiados.
En la lista de los beneficiados por este dictamen están Luigi Bergamin, Enzo Calvitti, Giovanni Alimonti, Roberta Cappelli, Marina Petrella y Sergio Tornaghi, antiguos miembros de las Brigadas Rojas, así como Giorgio Pietrostefani y Narciso Manenti, de los Núcleos Armados. Todos ellos se acogieron tras llegar a Francia a la llamada doctrina Mitterrand -así llamada por el que fue presidente de Francia entre 1981 y 1995, el socialista François Mitterrand-, que establecía que los antiguos activistas italianos de extrema izquierda podrían seguir en su país si renunciaban a las acciones violentas y no tenían en sus antecedentes delitos de sangre. Su presencia en Francia, sin tener que rendir cuentas a la Justicia por su pasado, ha sido durante muchos años fuente de conflicto entre los dos países. Italia había reprochado que se diera cobijo a personas implicadas en las oleadas de atentados terroristas de los años 1970-1980. Las cosas parecieron cambiar después de que en el 2021 el actual presidente francés, Emmanuel Macron, decidió poner fin a esa doctrina Mitterrand y, atendiendo a las solicitudes de Roma cuando era jefe de Gobierno Mario Draghi, activó la tramitación de las demandas de extradición italianas, que sin embargo ahora han terminado su recorrido judicial sin éxito. |
Mairín Reyes, la mujer que vacía las casas que los migrantes venezolanos dejan atrás.
2 abril 2024 Mairín Reyes abre lugares, saca cosas, toma fotos, hace inventarios, desenreda cables, protege vasos, embalsama barbies en cajas de cartón, apila peluches en bolsas negras, desmonta hogares: es una oficiante de la memoria en Venezuela. La migración venezolana, formada por más de siete millones de personas, según Naciones Unidas, es el contexto en el que ha crecido Soluciono por ti, el negocio que Mairín Reyes lidera y que la ha llevado a casas y apartamentos de migrantes para vaciarlas y ordenarles los recuerdos. "Lo recurrente en la mayoría de clientes que he atendido es que están fuera del país y dejaron la puerta cerrada pensando que iban a volver y no volvieron. De algo tan doloroso como la migración, yo encontré una oportunidad. 'Organización del hogar', lo llamo yo”, dice Reyes, una caraqueña huracanada con porte de Condoleezza Rice, la exsecretaria de Estado durante el gobierno del expresidente estadounidense George W. Bush.
Son millones los hogares venezolanos deshabitados, cerrados, con los intestinos secos y drenados antes de una colonoscopia. "Una casa muerta, entre mil casas muertas", escribió el autor venezolano Miguel Otero Silva en su novela atemporal "Casas Muertas". "A mí entrar a cada casa me da muchísima tristeza", dice Reyes. "Más allá de las razones que llevan a cada quien a migrar, porque siempre hay una razón de peso, siempre me impacta ver tantas cosas dejadas. Me imagino a la familia riéndose en esa sala, siendo felices. Ves que las cosas se adquirieron con cariño. Lo que encuentras es lo que te habla de la gente: hay testimonios del amor que ahí hubo". Ese testimonio del amor que se fue es lo que el urbanista Lorenzo González Casas llama “osteoporosis urbana”. González la define así “por analogía con la afección orgánica en la cual la estructura ósea mantiene su forma, pero pierde sustancia y se va desmoronando”. En 2020 escribió sobre esta consecuencia de la emergencia humanitaria compleja que se vive en Venezuela: "La diáspora venezolana ha conducido a un gradual vaciamiento de las ciudades y el abandono de una significativa inversión inmobiliaria" González Casas calcula que en Venezuela hay más de un millón de viviendas desocupadas u ocupadas por debajo de su capacidad, lo que calcula que significan US$50.000 millones "osteoporóticos".
“Guárdalo, rómpelo, bótalo”
Los muebles sudan en soledad. Ese olor a secreción de muebles es lo primero que distingue a una casa deshabitada cuando abres la puerta. "Al entrar, me he conseguido de todo: ropas de bebé de hijos que hoy tienen 45 años, peluches, palos de golf, la casa de la Barbie con las barbies, decenas de vajillas, útiles escolares de hace décadas, libros de todo tipo y gustos, bibliotecas de piso a techo. ¡Dios mío, cómo uno acumula cosas!", dice Reyes. "En todas las casas encuentras la evidencia de las devaluaciones que ha tenido el bolívar: cajas de billetes y gavetas de monedas que te ratifican que cada día tenemos menos ingresos". A través de videollamadas Reyes va mostrando a sus clientes cosas que saben secretos sobre ellos. Algunas son piezas de aparente valor que han dejado atrás. A veces, al ver a través de la cámara algo con mucha carga emocional, el cliente se conmueve, llora, rememora, explica el origen de la pieza, evoca sus mejores momentos y, después, dice: “Bótalo”.
"En 2021, cuando comencé a levantar el inventario de mi primera clienta, que es una buena amiga mía con la que trabajé años atrás, me di cuenta de que lo había dejado todo. Y empecé a mandarle fotos por WhatsApp: ‘¿Qué hago con esto?’, le iba preguntando. ‘Guárdalo, rómpelo, bótalo’”, me respondía dependiendo de la pieza". "Quizá por la cercanía que tenía con ella, lloraba cada vez que veía sus fotos. Pero he seguido llorando con otros clientes: no concibo cómo puedes meter la vida en tres maletas. Es imposible no conectarte con todo lo que la gente vivió en este país”, reconoce Reyes. La verdadera fortuna para la mayoría de los clientes de Soluciono por ti son las fotografías: los álbumes y las que guardan sueltas por ahí. “Eso sí lo quiero”, le dicen a Reyes cuando se las muestra.
Servir y solucionar. Mairín Reyes nació en el Hospital Universitario de Caracas. Estudió Técnico Universitario en Administración Turística y Hotelera, pero nunca lo ejerció. Su primer trabajo formal, en Ediciones Cobo, la enmarcó en un lugar del que jamás se sale y del que ella no salió: los libros, que antes archivaba y ahora también. "Aparte de que el trabajo en sí era muy interesante, era auxiliar de biblioteca, estaba en contacto con libros y diapositivas para clasificar. Y terminé haciendo correcciones de pruebas y de redacción", recuerda. Reyes definió su vocación por el servicio al cliente en CANTV Net, la compañía telefónica estatal del país, cuando era una empresa privada que comenzaba a ofrecer Internet por toda Venezuela a finales de los años 90.
Reyes estuvo hasta 2004 en CANTV y continuó con un negocio propio que ya funcionaba en paralelo: una peluquería. "A mí me encanta trabajar. Es mi estado natural. No concibo la vida sin estar produciendo algo, haciendo algo. De CANTV aprendí la importancia del cliente y de prestar un servicio desde la satisfacción. Eso lo tengo internalizado".
En la intimidad de las casas que buscan su destino, Reyes ha encontrado otras vertientes del servicio al cliente. "Tengo unos clientes con los que hice un gran vínculo porque tenían sótanos con archivadores llenos de papeles. El señor era profesor de la Universidad Central de Venezuela y había trabajado en el Metro de Caracas: guardaba hasta los recibos de los cajeros electrónicos. El trabajo de organización de su hogar lo hicimos juntos, porque ellos aún no se habían ido del país. Aprendí a entender lo duro que era para él lo que estaba haciendo porque la mayoría de la gente no se plantea irse, sino piensa que aquí, donde están sus cosas, se va a morir". Con ellos estuvo cinco meses, vaciando tres propiedades y tres sótanos. Y de allí surgió otra vertiente de Soluciono por ti: "La cantidad de enseres que ellos tenían me llevó a tener un espacio para custodia y exhibición de lo que aún queda por vender de nuestros clientes. Tengo un local alquilado de 300 metros con vitrina para exhibir y vender objetos a los que nuestros clientes quieran sacar algún provecho. Muchos donan las cosas que dejan en sus hogares, pero otros deciden buscar alguna ganancia. La idea es que pueda generar algún ingreso que pague los servicios de trasteo o limpieza".
Con rifle o con china. En uno de los apartamentos donde trabaja Reyes quedan, en el papel tapiz, las marcas de los cuadros. Son líneas amarillo óxido donde antes hubo lienzos de alguna naturaleza muerta o un Trómpiz, ese pintor fetiche de la clase media venezolana de los años 80. En su poema “Mudanza”, Fabio Morabito escribió:
Saber irse y saber quedarse son habilidades adquiridas. Con una energía de productora de campo, Reyes acompaña a los migrantes en ese proceso, incluso más allá de desmontar sus cuadros. “Soluciono por ti es un paraguas. En el camino han surgido otras necesidades de los clientes, como la venta del propio inmueble. Tengo una alianza con una realtor [agente inmobiliaria] y para ella mis servicios son un valor agregado de su catálogo". Mairín tiene su propio duelo migratorio. Su único hijo vive afuera y ella no conoce a su único nieto. "Solo un pequeño porcentaje de venezolanos está en condiciones de mitigar las huellas de la pérdida a través de viajes y conexiones cibernéticas; para la gran mayoría, la emigración de un ser querido constituye la expectativa de una separación indefinida e incluso definitiva", escribió la autora venezolana Ana Teresa Torres en junio de 2023. “Los viejos nos estamos quedando aquí. Quiero abrazar a mi nieto”, dice Reyes. Pero rápido se recompone y regresa a la casilla de la solución. "Dentro de todo lo que se vive aquí, me siento bendecida: tengo a mis vecinas para tomar vino y café y tengo mi jardín. Yo creo que siempre hay que tratar de sacar lo mejor de lo que haya", dice. "Mi papá, que era un optimista, siempre decía: ‘Si no se caza con rifle, se caza con china’. Uno de mis objetivos es ser una persona útil y autosuficiente para mi propia vida. No todo el mundo tiene este tipo de oportunidades, pero yo las encontré". |
Artículos: ¿Migración o exilio cubano en Estados Unidos? Notas para un debate. |
Resumen: el objetivo de este artículo es analizar el proceso migratorio cubano cuya resultante conduce al surgimiento del exilio en Estados Unidos, luego del triunfo de la Revolución en la isla, en 1959. Toma en consideración los diferentes factores y condiciones que influyen en ese proceso y que explican su evolución hasta el presente. Se distingue entre la migración (como desplazamiento demográfico o traslado de personas y las comunidades que se establecen en Estados Unidos), y el exilio (como fenómeno esencialmente político). Como premisa, se considera que la dinámica migratoria cubana conducente al surgimiento del llamado exilio histórico no puede separarse de su desenvolvimiento real a través del tiempo, ni en su comprensión analítica del conflicto, ya prolongado por sesenta años, entre Cuba y Estados Unidos. Introducción. El tema del exilio cubano, fundamentalmente el establecido en Estados Unidos a partir del triunfo de la Revolución en Cuba, en 1959, ha tenido un gran impacto en el desarrollo de las relaciones bilaterales entre los dos países y, en un sentido más amplio, en la dinámica de las relaciones interamericanas durante los últimos sesenta años. Su activismo político ha trascendido a la sociedad norteamericana, en la medida en que la influencia en América Latina y el Caribe de algunos de sus principales líderes y la presencia de determinadas organizaciones con base en territorio estadounidense gana espacios. Venezuela y México, República Dominicana y Puerto Rico son, en este sentido, algunos ejemplos representativos. Tales figuras y grupos han tenido un lugar, incluso, más allá de las Américas, como ha sido de modo destacado el caso de España y en menor medida —y mucho más acá en el tiempo— en los países europeos que formaron parte del campo socialista. El exilio, sin embargo, es un fenómeno de connotaciones esencialmente políticas. Se nutre de procesos migratorios, y confluyen en él personas que abandonan su país de origen, en este caso, Cuba, por razones económicas, buscando espacios en otros mercados de fuerza de trabajo, explorando nuevos horizontes profesionales y espirituales, escapando de situaciones en las que podrían peligrar desde su posición social hasta el respeto a sus posiciones ideológicas, su integridad física, su vida. Desde este punto de vista, los condicionamientos histórico-temporales han repercutido en la configuración, composición, lugar y papel del exilio cubano que se conformó a inicios del decenio de 1960. Las circunstancias internacionales, intra e interamericanas, las de Cuba y Estados Unidos incluidas, han cambiado notablemente cuando se compara 1959 con 2019. En ese marco, las figuras que salieron de la isla siendo ya adultos, aunque también adolescentes y niños, han sufrido y experimentado el paso del tiempo. Han transcurrido sesenta años. La Guerra Fría, nacida al finalizar la Segunda Guerra Mundial, desapareció al desintegrarse la Unión Soviética, surgida con la Revolución de Octubre en 1917, y al desplomarse el campo socialista, formado a partir de 1945. La globalización y los procesos de regionalización e integración impactan a todas las sociedades. Se activan los fundamentalismos religiosos, se amplían los conflictos étnicos y nacionales, los escenarios bélicos, el terrorismo, se dinamizan la sociedad civil y los movimientos sociales en todas las latitudes; se expanden las crisis económicas, políticas, ecológicas. Junto a ello, entre otros procesos relevantes, los procesos migratorios prosiguen, desde todas y hacia todas partes, si bien, los migrantes que se desplazan del Sur hacia el Norte conservan su protagonismo en una dinámica de continuidades y cambios en cuanto a motivaciones, patrones, políticas gubernamentales de rechazo y acogida. La importancia de las fronteras en el terreno de las relaciones internacionales y los derechos humanos se mantiene en primeros planos. Y en este amplio y esquemático paisaje, persiste el histórico y prolongado conflicto entre Cuba y Estados Unidos, en el cual la migración originada en la isla y establecida en el poderoso vecino del norte sigue apareciendo como una constante, bajo nuevos parámetros. La trayectoria del proceso migratorio cubano, a la luz del presente, ha cambiado. Hoy día, podría decirse que el exilio cubano aludido al inicio —el identificado en la literatura especializada de la sociología y la ciencia política, también en el periodismo, como exilio histórico— se halla inmerso en un avanzado proceso de transición, que cada vez más deja atrás sus rasgos principales, los que lo definían en tanto exilio, y se ha convertido, de manera creciente, en una comunidad de migrantes, al estilo de tantas otras que conviven en Estados Unidos (y en otros de los países mencionados), abandonando la escena política el viejo liderazgo fundacional de las organizaciones creadas en la década de los sesenta y aun después, entre desapariciones físicas, disminución de capacidades de influencia, pérdida de presencia en círculos intelectuales, anquilosamiento público y anacronismos ideológicos, avanzados envejecimientos de quienes llegaron hace seis o cinco décadas, arribo a la adultez de los que nacieron allí y significativas inyecciones de nuevos migrantes. La combinación de esos y otros procesos, concernientes a la sociedad norteamericana anfitriona, conducen a la transición señalada. De ahí que quizás resulte más objetivo, realista y preciso, hablar en la actualidad de la migración que del exilio cubano en Estados Unidos. El tema de ese exilio ha mantenido una importancia renovada, en la medida en que la migración cubana ha sido una pieza funcional en el diseño de la política norteamericana hacia la Isla, y que el exilio se ha proyectado tradicionalmente contra la Revolución Cubana, procurando influir en tal política. Esta realidad acompaña a las acciones generadas por los gobiernos de Estados Unidos a través de seis décadas, desde Dwight Eisenhower hasta Donald Trump. Se parte de la premisa de que la naturaleza de dicha migración, así como la del exilio resultante, se explica en el marco de la nombrada Guerra Fría por la confluencia de múltiples factores relacionados con la dinámica interna en los dos países. Se asume la hipótesis, en parte ya anticipada, según la cual el exilio cubano se ha ido transformando bajo el impacto acumulado de circunstancias diversas (asociadas a su dinamismo sociodemográfico, a los contextos políticos en ambos países y al conflicto que caracteriza su relación bilateral, así como a las tendencias migratorias que han tenido lugar desde finales del siglo pasado), como resultado de lo cual se han desdibujado hoy sus características iniciales. Esa conjunción de factores ha ido condicionando una transición política e ideológica en lo que fue el exilio histórico tradicional, cuyo protagonismo, peso y perfiles han ido perdiendo presencia, para mutar hacia un grupo étnico y luego, más hacia acá en el tiempo, hacia una comunidad de inmigrantes (Hernández 1997; Castro 1998). Y es que en la medida en que transcurrió el tiempo, la migración cubana externa más reciente —en general, y hacia Estados Unidos en particular—, experimenta un cambio cualitativo: de una migración política transita a una económica y familiar. En este sentido, el patrón migratorio cubano va perdiendo las particularidades que le definen a comienzos de la década de los sesenta, acercándose cada vez más al del resto de los países latinoamericanos y caribeños. Sin embargo, el desarrollo de esa tendencia no ha impedido que determinadas figuras de ese exilio hayan conservado capacidad individual de influencia y presión y logrado insertarse en las estructuras del sistema político norteamericano, desempeñando un papel relevante dentro de gobiernos conservadores republicanos en el siglo en curso, como los de George W. Bush y Trump. Algunos de ellos han adquirido notable visibilidad nacional, promoviéndose incluso con aspiraciones a la presidencia en ciertas contiendas electorales, o como congresistas, en el Senado y la Cámara de Diputados, así como en el escenario más limitado, del estado de la Florida. Pero no han contado con un auspicio institucional de las organizaciones del exilio, que antes fungían como destacadas cajas de resonancia, y cuya vida política pública ha perdido dinamismo y capacidad de convocatoria, toda vez que circunscriben sus actividades al ámbito donde se concentran espacialmente los migrantes y sus descendientes. Es importante sustraerse, desde la perspectiva de los estudios americanos, afincada en las ciencias sociales, al análisis de las coyunturas. Y en tal sentido, a la coyuntura más reciente y relevante, la que se crea en la relación bilateral Cuba-Estados Unidos a partir del 17 de diciembre de 2014 —que inicia una efímera fase de deshielo y mejoramiento, con restablecimiento de lazos diplomáticos durante el último periodo de la segunda administración de Barack Obama— y el retorno a las crecientes tensiones bajo la presidencia de Trump, que interrumpe ese proceso, con el impulso desde las ramas ejecutiva y legislativa de influyentes políticos del exilio cubano y de la extrema derecha estadounidense. De ahí la pertinencia de una interpretación histórico-sociológica panorámica, a la luz del siglo XXI, que se detenga con criterios selectivos sólo en determinados momentos, procesos y etapas. La migración cubana: una aproximación global La migración de cubanos hacia Estados Unidos no es un fenómeno que comienza con la Revolución en 1959. Se remonta a principios del siglo XIX, llegando a ser la más nutrida de las migraciones latinoamericanas a ese país, después de la mexicana, hasta los años de 1860. Se trataba de un proceso que, a manera de constante, se registraba incluso con anterioridad a que Cuba alcanzara su condición, en términos históricos estrictos, como Estado-Nación (Arboleya 2013). Por consiguiente, esa migración, con destino fundamental en la sociedad norteamericana, es un proceso de larga data en la historia nacional de la mayor de las Antillas. Aunque sus antecedentes se remontan al siglo XIX, alcanzan su intensidad máxima en el XX, bajo el condicionamiento de factores económicos y políticos, cuya expresión más notable —tanto en el plano objetivo o de la práctica social, como en el subjetivo, concerniente a su reflejo y manipulación a través de los medios periodísticos, de los estudios de las ciencias sociales y de los discursos gubernamentales en los dos países aludidos— tiene lugar a partir del triunfo de la Revolución cubana, a comienzos de 1959. Ese proceso migratorio posee características singulares, que le diferencian un tanto del que se gesta en otros escenarios de América Latina y el Caribe, que tienen en común a Estados Unidos como principal anfitrión, si bien las causas que lo motivan se distinguen, durante la mayor parte del tiempo transcurrido desde entonces, por su sobresaliente gravitación política, tanto desde el punto de vista de los acontecimientos en la isla como del tratamiento preferencial que le otorga a los migrantes cubanos la política general (y en especial, la migratoria) estadounidense, en fuerte contraste con la que se aplica a los que proceden del Caribe insular y, más ampliamente, de la América del Sur que a nivel continental se extiende al sur del Río Bravo (Aja 2014). En el presente, el escenario de la migración internacional está marcado por el incremento de la perspectiva de selectividad ante el arribo de los inmigrantes, su vinculación con la seguridad nacional de los Estados, y la necesidad de protección ante problemas como el narcotráfico, el terrorismo internacional y el tráfico ilegal de personas. La tendencia a la migración de profesionales denota la creciente selectividad de las políticas y regulaciones migratorias de los diferentes países, proceso en el que se advierte un predominio de migrantes jóvenes y una suerte de feminización de la migración, signado por el envejecimiento de las poblaciones de los principales países receptores y la contribución circunstancial de los migrantes al crecimiento demográfico, en particular de la población económicamente activa de esas naciones. Otras son las consecuencias para los países emisores, como regla, subdesarrollados y periféricos, cuyo comportamiento demográfico se afecta con la pérdida, resultante de la emigración de personas en plena capacidad laboral y de potencialidad reproductiva, particularmente cuando se refiere a hombres y mujeres jóvenes. Así, los desplazamientos humanos desde el Sur hacia el Norte tienen lugar en correspondencia con la tendencia de los flujos migratorios, de producirse desde lugares con menor desarrollo a otros comparativamente superiores. De ahí que se mantengan, en lo fundamental, los principales destinos históricos de la migración internacional y que, a la vez, se diversifiquen los países de recepción y tránsito de los migrantes, si bien en las Américas permanezca Estados Unidos en el sitio principal. En ese marco general, se refuerza la multicausalidad de los movimientos migratorios: causas económicas, expectativas de mejores condiciones de vida, reunificación familiar, papel de las redes familiares y sociales, así como las ventajas comparativas de la inserción laboral y socioeconómica entre las sociedades de destino y origen (Aja 2014). En la magnitud del flujo desde la región latinoamericana y caribeña ha sido determinante la posición y actuación de Estados Unidos a través del tiempo, si bien en la actualidad, bajo el gobierno republicano y conservador de Donald Trump y de su orientación antinmigrante, discriminatoria, racista y xenófoba, encaminada especialmente al férreo control de su frontera sur, como principal paso de los migrantes de la región. Lo acontecido hasta el momento indica que la porosidad y extensión de esa frontera, la mexicana, se combina con la de la política migratoria estadounidense y su aplicación por el actual gobierno, marcado por la impredecible conducta presidencial. En el contexto migratorio regional y global, los migrantes actuales y los que le sucederán responden a patrones migratorios y de inserción con más similitudes que diferencias. Así, se refuerza la tendencia a los desplazamientos temporales, a la incorporación al mercado laboral en los sectores de los servicios, la construcción y el comercio, hacia ciudades grandes y a otras con ventajas comparativas a los lugares de origen. Las relaciones transnacionales se fortalecen, donde el protagonismo de las remesas marca pautas en los vínculos entre países, territorios, poblaciones y familias. Justamente, en ese entorno se ubica hoy el proceso migratorio cubano, en la medida que de manera creciente se acerca cada vez más al patrón migratorio latinoamericano y caribeño tradicional, del cual se apartaba a lo largo de muchas décadas, en la medida en que éste se caracterizaba por el predominio de razones económicas de los migrantes, junto al envío de remesas, el retorno, la circularidad; en tanto que la migración cubana era impulsada por factores políticos, la ruptura de relaciones con la isla y por un carácter definitivo, todo lo cual conducía a la definición de las comunidades de cubanos establecidas en Estados Unidos —y en otros países, como España y Venezuela, en los años de 1960 a 1970—, como un exilio. El exilio y el conflicto histórico entre Cuba y Estados Unidos La Revolución que triunfa en Cuba en 1959, ya se ha señalado, constituyó un punto de inflexión en el desarrollo histórico de las tendencias migratorias, al propiciar cambios radicales en la esfera política, económica, social y cultural que alteraron la estructura de clases, las relaciones de propiedad y el imaginario o mundo subjetivo en esa nación. Así, la migración internacional de la isla pasó de ser un proceso con retornos, de connotaciones principalmente económicas o laborales (que involucraba a desempleados, subempleados y soñadores que buscaban espacios en el mercado de la fuerza de trabajo en el extranjero), educativas (que comprendía a personas cuyas posibilidades materiales les permitían realizar estudios universitarios en ese país) y turísticas (con una temporalidad limitada), con una baja proporción de sujetos que eran perseguidos por oponerse a la dictadura de Fulgencio Batista a través de acciones revolucionarias, a una básicamente política y de carácter definitivo. Con ello, la migración redefinía las formas de interacción y las relaciones entre los migrantes y la sociedad cubana, a través de movimientos masivos que tenían como destino principal a Estados Unidos, con frecuencia apelando a acciones furtivas. Prácticamente de inmediato, durante el propio 1959 y durante la década siguiente, tiene lugar un drenaje migratorio que se manifiesta con intermitencia a través de oleadas, bajo el estímulo de la política de Estados Unidos, cuyos gobiernos sucesivos, hasta decenios posteriores, que se prolongan hasta el siglo XXI, incentivan la migración ilegal. De ahí que la dinámica migratoria cubana, conducente al surgimiento de un exilio histórico cuyo asentamiento central se establece en el mencionado país, no puede separarse en su desenvolvimiento histórico real ni en su comprensión analítica, del conflicto, ya prolongado por sesenta años, entre Cuba y Estados Unidos (Domínguez 2015; Hernández 2015). Tanto el proceso migratorio implicado como el exilio de él derivado, así como la situación del país emisor y del receptor de esa migración, han cambiado a lo largo de los seis decenios que han transcurrido. La migración es la resultante histórica de un proceso de prolongada presencia en la sociedad cubana, donde se conjugan, como ya se ha señalado, muy diversos factores: políticos, económicos, sociales e ideológicos, entre los que se incluyen condicionantes y características objetivas y subjetivas. En el caso de Cuba, ese proceso comienza a desarrollarse en el marco de una situación económica y contradicciones políticas que caracterizaban la realidad de la isla desde el siglo XIX, a partir de 1860, en la medida en que se agudizan los conflictos entre la sociedad colonial cubana y la metrópoli española. Una parte significativa de dicha migración, establecida en Estados Unidos, daría lugar a una comunidad exiliada, atendiendo a la situación política que obligó a figuras de relieve a establecerse en dicho país, y a la connotación patriótica de sus actividades allí, en función de la organización y apoyo al proceso independista en la isla. La dinámica migratoria proseguiría durante la primera mitad del siglo XX, en el seno de la sociedad neocolonial cubana y bajo el condicionamiento de la hegemonía y cercanía geográfica del vecino del Norte. Así, a finales de la década de los cincuenta, se calculaba que la población cubana en ese país alcanzaba aproximadamente entre 50 y 60 mil personas, muchas de las cuales buscaban allí horizontes económicos que ofrecía el mercado laboral. Los cálculos establecidos por la historiografía fijan a fines de ese siglo una cifra aproximada de 25 mil cubanos en Estados Unidos, radicados fundamentalmente en regiones del sur y del noreste norteamericano (Aja 2014). Han transcurrido seis décadas desde que a partir del triunfo de la Revolución Cubana en 1959 se despliega una significativa migración que tiene como principal destino a Estados Unidos y a la ciudad de Miami, en el estado de Florida, si bien un gran número de cubanos se iría radicando también en otros centros urbanos de ese país, así como en España y Venezuela. Como denominador común, esos primeros migrantes salieron de la isla en un marco de confrontación ante los profundos cambios que se estaban produciendo, que incluían la expropiación de tierras, negocios, industrias y la nacionalización de la economía nacional. Tras ese éxodo inicial comienza un proceso que se mantiene de forma prácticamente constante, que acrecienta de manera vertiginosa la conformación de comunidades o asentamientos de cubanos en dichos países, que se extendían a otras ciudades norteamericanas, como las de Hialeah, en el estado mencionado, Union City y West New York, en el de New Jersey, y las de Madrid y Valencia, respectivamente, en España y Venezuela. El resultado básico de ese drenaje migratorio, más allá de constituir un proceso demográfico, como movimiento internacional de personas, fue de carácter político. De cierta manera, se trataba de una migración forzosa, en la medida que las razones y motivaciones de los implicados implicaban la búsqueda de refugio, al ser enjuiciados unos por la legalidad revolucionaria, resentidos otros por la pérdida de propiedades, junto a familias atemorizadas por la orientación política radical que se prefiguraba aun antes de que oficialmente se declarara el carácter socialista de la revolución en 1961. Ese proceso —desarrollado a través de un flujo migratorio sistemático, que comprendió fases de mayor intensidad, cual oleadas que en circunstancias de crisis llevaron consigo desplazamientos masivos significativos—, fue estimulado desde muy temprano por la política de Estados Unidos, al identificarse a la migración como una pieza funcional en el diseño y puesta en marcha de un proyecto subversivo enfilado contra la Revolución cubana. Es en tal contexto que se ubica el surgimiento del exilio cubano contemporáneo, es decir, el que se configura como consecuencia de las radicales y profundas transformaciones políticas que bajo el liderazgo de Fidel Castro se desatan en la isla a partir del primero de enero de 1959. Considerado en la literatura sociológica y politológica especializada como el “exilio histórico”, se trata de un fenómeno cuya articulación data desde ese mismo año y comienzos de la década de los sesenta, con el establecimiento en las mencionadas ciudades de grupos de migrantes o de comunidades de cubanos, que en su mayoría procedían de la burguesía, la pequeña burguesía y otros sectores que fueron afectados por las nuevas leyes revolucionarias, junto a militares y en general, personal vinculado a las estructuras políticas y castrenses del gobierno dictatorial que encabezaba el presidente Fulgencio Batista. El naciente exilio, por tanto, no era homogéneo. Desde el punto de vista de su composición social y clasista se conformó por segmentos diversos de la sociedad cubana, predominando los nombrados, pero abarcando también una amplia gama de individuos y familias completas, provenientes tanto de capas medias como de trabajadores, empleados en muchos casos en la esfera de los servicios y en labores domésticas, en cuyos mundos subjetivos se mezclaban diversos motivos: inseguridad, temor, rechazo y cierto contagio psicológico o reacción imitativa, ya que no pocos se marchaban del país siguiendo el ejemplo de patrones, amistades y vecinos, sin convicciones políticas definidas. Los estereotipos y prejuicios existentes entonces sobre el comunismo y sus excesos estaban generalizados en el contexto social e ideológico de la sociedad cubana, como en muchas otras partes de América Latina, en las que las clases dominantes representadas por los gobiernos de turno divulgaban e imponían a través de los aparatos ideológicos del Estado: instituciones educativas, culturales y formadoras de la opinión pública, como la televisión, la radio, unidas a productos del arte como el cine, las historietas gráficas y tiras cómicas (Grenier y Pérez 2003). Quienes habían nutrido en la isla las filas de las nacientes organizaciones opositoras contrarrevolucionarias, y terminado en prisión, neutralizados por los órganos de la seguridad estatal cubana, integrarían, al ser liberados, el núcleo del éxodo migratorio y serían componentes centrales en la estructuración del citado “exilio histórico”, creando agrupaciones políticas y medios de comunicación que organizaban o incentivaban actividades dirigidas a derrocar la Revolución y al retorno al país, algunas de ellas con una definida connotación terrorista, fijando una notoria cultura de intolerancia, un clima de presión psicológica en las comunidades de migrantes cubanos, que creaba o imponía un consenso frente al cual no cabía la discrepancia (Arboleya 2013). Migración y exilio en la política norteamericana. Así, la política gubernamental de Estados Unidos estableció, prácticamente desde el triunfo mismo de la Revolución cubana, un esquema subversivo intervencionista que ha mantenido vigencia, adquiriendo relieves descollantes en determinadas etapas, como las de Eisenhower, Kennedy, Nixon, Reagan, W. Bush, Obama y Trump, tanto durante administraciones demócratas como republicanas, liberales o conservadoras, entre variantes que han aplicado en unos casos el “poder duro” (bloqueo, asfixia económica, aislamiento diplomático internacional, actos terroristas, negación de visas), en otros el “blando” (influencia ideológica, robo de cerebros, intercambios académicos, culturales, deportivos, religiosos, relaciones pueblo a pueblo, otorgamiento de visas), apreciándose con frecuencia la combinación de ambos métodos. En ese esquema se identificó con precocidad la utilización de la migración como un instrumento subversivo, al incitar por un lado la salida ilegal de la isla mediante la creación del Programa de Refugiados y la Ley de Ajuste Cubano, a comienzos de la década de 1960, como vía de desestabilización del proceso revolucionario, y al propicia por otro el uso de las organizaciones del exilio para la realización de acciones de infiltración dentro de territorio cubano con el propósito de estructurar la contrarrevolución interna, llevando a cabo actos de sabotaje y atentados a los líderes revolucionarios. En ese contexto, el accionar del exilio histórico se vio beneficiado con la imagen de no pocos exponentes relevantes de la intelectualidad cubana que pusieron sus nombres al servicio del sistema ideológico de propaganda que denigraba a la Revolución y condenaba, por cobardía o traición patriótica, a sus homólogos —escritores y artistas— que decidieron quedarse en la isla. Esta tendencia no fue monolítica ni en todos los casos implicó una manipulación maniquea del gobierno estadounidense, pero contribuyó a cohesionar la ideología predominante en dicho exilio y a fomentar la intransigencia en las comunidades de cubanos emigrados. Figuras como las de Guillermo Cabrera Infante y Jesús Díaz, en diferentes tiempos, abonaron a la construcción de esa historia. A través del tiempo, tales organizaciones ganaron en membresía, visibilidad y papel político en la vida local en los asentamientos mayores de migrantes, como Miami, Hialeah, Union City, Valencia, Madrid, conformando una red contrarrevolucionaria subordinada a, o insertada en, la política exterior norteamericana (Rodríguez 2000). En ello que sobresalían Alpha 66, Omega 7, el Movimiento 30 de Noviembre, los Comandos L, la Junta Patriótica Cubana, el Partido Socialdemócrata Cubano, la Coordinadora de Organizaciones Revolucionarias en el Exilio (CORU), Recuperación Cubana en el Exilio (Rece), la Plataforma Democrática Cubana, Los Municipios de Cuba en el Exilio, Hermanos al Rescate y la Fundación Nacional Cubano-Americana (FNCA), entre las principales, con personajes destacados como Eloy Gutiérrez Menoyo, Andrés Nazario, Hubert Matos, Jorge Más Canosa, Jorge Más Santos, algunos de los cuales, como Mario y Lincoln Díaz Balart, Ileana Ross-Lethinen, Robert (Bob) Menéndez, Marcos Rubio, Ted Cruz, quienes en fechas relativamente recientes y muy recientes, se ubican en estructuras legislativas y sobresalen en ámbitos políticos estaduales y nacionales, así como en círculos empresariales y financieros, con capacidad, además, de influencia económica. Como regla, mantuvieron la intención de incidir en la toma de decisiones con respecto a Cuba en las instancias del gobierno de Estados Unidos, y con frecuencia, la literatura académica y la prensa especializadas han sobrestimado ese alcance, afirmando incluso, con cierta asiduidad, que la política estadounidense hacia la Revolución no se fabricaba en Washington, sino en Miami. La historia ha demostrado, sin embargo, en más de una ocasión, que ante circunstancias críticas en las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Cuba, en las que la FNCA y otras organizaciones presionaron de manera descollante e histérica —procurando que se interrumpieran acuerdos entre los dos gobiernos encaminados a solucionar problemas de la mayor importancia (la pacificación en el cono Sur africano en 1988, que implicaba el cese del apoyo militar norteamericano a Sudáfrica, la retirada de las tropas cubanas de Angola y la independencia de Namibia, y la firma del Acuerdo Migratorio para resolver la crisis migratoria de los balseros, en 1994)—, lo que prevaleció fue la razón de Estado. Con ello lo que se quiere subrayar es que la política de Estados Unidos hacia Cuba ha dependido mucho más de la raison d’ Etat norteamericana, es decir, de los intereses permanentes de las elites de poder, que de los objetivos de una u otra administración de turno (demócrata o republicana, en términos partidistas, liberal o conservadora, en términos ideológicos), o de los propósitos de los grupos de presión del exilio cubano, al estilo de la FNCA. Cuba es considerada, por consiguiente, en el expediente de ayer y de hoy del sistema político de Estados Unidos, como un asunto que concierne tanto a su política interna, con una connotación simbólica, como a la orientación pragmática de su proyección exterior. En los ejemplos aludidos se concretaron procesos de diálogo y concertación jurídica, a contrapelo de las presiones del exilio, cuyas argumentaciones acusaban al gobierno de Estados Unidos de traición al exilio, al negociar con un ilegítimo cadáver político a las autoridades estatales cubanas. Como complemento del mapa político del exilio, de manera paralela al desarrollo de las organizaciones representativas de la ideología contrarrevolucionaria dominante, y con mucha menor fuerza y presencia, nacen también de modo paulatino otras, portadoras de voces alternativas desafiantes, como la Brigada Antonio Maceo, la Alianza de Trabajadores Cubanos y la Alianza Martiana, donde se hicieron conocidas figuras como la de Carlos Muñiz Varela, asesinado por grupos terroristas, Francisco Aruca y Andrés Gómez, este último muy activo, en constantes viajes entre Miami y La Habana. La FNCA ha sido quizás, en ese contexto, la organización más conocida, que logró introducirse en el sistema político norteamericano, en los medios de Washington, como lobby o grupo de presión, con el apoyo de la administración republicana de Ronald Reagan en la década de 1980, que mantuvo su protagonismo más allá de la muerte de Más Canosa, dados los vínculos de amistad personal de su hijo, Jorge Más Santos, con los hijos de quien fuese el vicepresidente de Reagan durante ocho años, y luego presidente por un único mandato, el también republicano George H. Bush (Pérez 2014). En la década de los noventa, en la presidencia del demócrata William Clinton, las presiones del exilio cubano condicionaron notablemente la política de Estados Unidos hacia Cuba, al aprobarse la Ley Torricelli en 1992 y la Ley Helms-Burton en 1996, que reforzaron las regulaciones y restricciones establecidas por el bloqueo desde su nacimiento, al imprimirle un carácter extraterritorial, que agregan una verdadera persecución financiera transnacional a los intentos de Cuba por ampliar sus espacios y relaciones comerciales en Europa y otras latitudes. La FNCA renace bajo el doble gobierno de George W. Bush y la gobernatura en el estado de Florida de su hermano, Jeb Bush, ambos de la misma afiliación partidista que su padre. Sin embargo, la declinación institucional de la pujanza del exilio tradicional comienza a percibirse desde los inicios del presente siglo, a partir de la confluencia de diversos factores, cuyo papel se intensifica en las dos últimas décadas. Hoy día, la mayor parte de las organizaciones mencionadas ha disminuido su repercusión pública, capacidad de influencia gubernamental y de movilización popular entre los emigrados. ¿Migración o exilio cubano en Estados Unidos? Aunque ha tenido lugar sin anuncios previos y oficiales, como es la práctica gubernamental acostumbrada ente situaciones tan sensibles como las vinculadas a las políticas migratorias, el presidente estadounidense, Donald Trump, de hecho ha suspendido en los dos últimos años la marcha de los acuerdos migratorios establecidos desde 1994, a raíz de lo que se conoció entonces como “la crisis de los balseros”, que a causa de la difícil situación económica en la isla produjo la desaparición de la Unión Soviética y del campo socialista en Europa Oriental, lo que afectó sustancialmente un flujo de migrantes que alcanzaba aproximadamente a veinte mil personas anuales. En ese contexto, las visitas de cubanos residentes en la isla a familiares en Estados Unidos se verían, a la vez, afectadas: en la práctica se redujeron a su mínima expresión, como resultado del cierre de las oficinas consulares norteamericanas en Cuba. Por otro lado, se registra desde entonces una visible ralentización en la aplicación de la vieja Ley de Ajuste Cubano, lo que impacta en el estatus legal de miles de migrantes, que llegan a la sociedad estadounidense, “la tierra prometida”, la del “sueño americano”, procedentes de Cuba en los últimos años. No puede obviarse, en el cuadro descrito, la cancelación realizada por el gobierno de Barack Obama en 2017, de la conocida política establecida por Estados Unidos desde el decenio de 1990, relacionada con la crisis mencionada, según la cual si el cuerpo de guardacostas de dicho país interceptaba y capturaba en alta mar a los migrantes que en rústicas e inseguras embarcaciones (en su mayoría se trataba de balsas y pequeños botes), los regresaba a la isla, en tanto que aquellos que alcanzaban el territorio estadounidense eran admitidos y bienvenidos. Se trata de la interrupción de la política denominada “de pie seco/pie mojado”, que hasta esa fecha favorecía la permanencia de migrantes ilegales cubanos en Estados Unidos. De ese modo, de manera inesperada y vertiginosa, los migrantes cubanos transitan de ser los más privilegiados de Estados Unidos, a uno de los grupos más restringidos del mundo. Con ello, se pierde buena parte del condicionamiento que hacía de la migración cubana un exilio. En esta situación ha confluido el hecho de que los políticos identificados como “cubanoamericanos”, en realidad han sido cada vez más norteamericanos y cada vez menos cubanos, al tratarse en muchos casos de individuos nacidos en Estados Unidos, y en otros, de personas que salieron de Cuba en edades muy tempranas y se fueron insertando en las estructuras sociales, económicas, políticas y culturales de ese país. En esa medida, han ido perdiendo la funcionalidad que tenían en el diseño de una proyección gubernamental que alimentaba, en términos objetivos y subjetivos, la imagen de un exilio dorado. Las premisas que condicionaban la excepcionalidad del lugar de los migrantes cubanos en la sociedad norteamericana, así como el carácter preferencial de la política de Estados Unidos hacia las comunidades de cubanos allí asentadas, habían cambiado. En resumen, lo que está sucediendo en la actualidad es un proceso de dirección contraria. Lo que resulta funcional o conviene a los políticos de la derecha cubanoamericana y al enfoque gubernamental de Trump es que lleguen pocos migrantes cubanos a territorio nacional y que se demoren en avanzar en el proceso de obtención de la residencia permanente de la ciudadanía, y del logro de una inserción ágil en las estructuras socioeconómicas, políticas y culturales de ese país. En ese cambio influye, también, el interés estadounidense de promover o estimular las tensiones políticas y sociales en Cuba, asumiendo el punto de vista de que al limitar las posibilidades migratorias, se propicia la tendencia a “aumentar la presión en la caldera doméstica” en la isla, para fomentar descontento y posturas de oposición y enfrentamiento al gobierno cubano. Sin embargo, para Cuba lo más preocupante no son las dificultades para viajar como resultado de la política norteamericana, sino que, aun así, los niveles migratorios continúan siendo muy altos, sobre todo entre los jóvenes en plena capacidad laboral. Se trata de un fenómeno endógeno, relacionado con la situación económica del país y la satisfacción de las expectativas existenciales de estos sectores, por lo que su solución rebasa las posibilidades de cualquier política migratoria. Por cierto, en Cuba no se han establecido en este reciente entorno nuevas restricciones migratorias —luego del proceso de flexibilización y apertura migratoria que tuvo lugar en los últimos años—, el flujo de migrantes hacia otras partes tiende a compensar las limitaciones impuestas por Estados Unidos y los niveles de salidas ilegales se mantienen bajos, lo que ha garantizado cierta estabilidad interna alrededor de este tema. Los déficits de la política migratoria cubana ya no están referidos a los procesos de salida y entrada al país, sino al tratamiento a los emigrantes durante su estancia en el extranjero. Los cambios en la aludida política, adoptada a partir de 2013, tienden a resolver el vínculo legal con el país de aquellas personas que emigraron desde esa fecha, aun y cuando se mantengan las restricciones para los que salieron con anterioridad. En la actualidad, bajo el gobierno de Trump, es notorio el papel de varias figuras de origen cubano (cuya identidad, según se indicaba, se define mejor como de estadounidenses que de cubanoamericanos), que fundamentalmente desde las filas del Partido Republicano y las instancias parlamentarias están desempeñando una influencia decisiva en el enfoque de la hostil política hacia Cuba y, en general, en la orientación de extrema derecha que distingue a la política de Estados Unidos hacia los procesos y gobiernos progresistas, emancipadores y antimperialistas en América Latina. Algunas de ellas aspiraron por el mencionado partido, incluso, a la nominación presidencial. A partir de ahí, se ha tratado con atención el tema en no pocos medios intelectuales y periodísticos, pues se considera que el exilio cubano ha adquirido una energía política renovada. En rigor, esta última apreciación sobredimensiona la envergadura cualitativa de dicho exilio, basada en una percepción errónea, que magnifica el papel de determinados individuos (Marcos Rubio, Mauricio Claver-Carone, Lincoln y Mario Balart, Ted Cruz) que, si bien cuentan con respaldo partidista y gubernamental y han aprovechado de modo oportunista determinados espacios y ocupado posiciones institucionales, ello no es representativo de un exilio, como fenómeno sociológico, cuyo sujeto político se halla notablemente envejecido desde el punto de vista demográfico y generacional, con reducidas bases de sustentación social, con un discurso autoritario e intolerante que era típico del “exilio histórico”, que ha ido perdiendo resonancia y capacidad de movilización a nivel popular. Su proyección retórica se ha quedado como congelada, saturada de definiciones estáticas, anacrónicas, acompañadas de rigidez, dogmatismo e intransigencia, con un pobre activismo político efectivo. Lo que está sucediendo es una consolidación del proceso que venía caracterizando en los últimos decenios el cambio en ese exilio inicial. En resumen, y como ya se ha señalado, desde la década de los noventa y hasta el presente, se ha ido modificando su naturaleza, y de manera gradual, aquel exilio se ha transformado en una comunidad de inmigrantes, primero, y en un grupo étnico, después. Así, se visualizan señales de nuevas tendencias. El exilio cubano se halla hoy en plena transición. La vida política de la emigración cubana —durante la última década del siglo XX y las dos que han transcurrido en el actual, tanto en Estados Unidos como en España y Venezuela, como principales sociedades anfitrionas, pero a las que se han ido sumando otras, como la mexicana, entre muchas otras, con menores concentraciones de migrantes—, se caracteriza, en sentido general, por un gran dinamismo, por frustraciones, búsquedas, aperturas y cierres, posiciones de moderación política, intereses en la relación con la isla, por encima de su gobierno, en mantener las visitas, junto a posturas de intolerancia y dogmatismo, ancladas en la tradición ideológica inicial del exilio histórico. Ello tiene lugar, desde luego, en estrecha relación con lo que ocurre en Cuba, en la medida que las diferentes percepciones que coexisten en la migración se construyen a partir de los procesos internos en la Isla. En este sentido, se aprecian distintas tendencias en el arco ideológico del llamado Miami cubano, asumiéndolo como epicentro de la migración cubana en su conjunto —aunque no sea representativo de los procesos de cambio que tienen lugar en ese universo—, sobre la base de la gravitación ideológica de los sectores de poder que allí aún predominan, cuyo control de los medios de comunicación impone su visión e intereses, a contrapelo de aspiraciones de crecientes segmentos de población cubana, que desde el extranjero se interesan en normalizar sus relaciones con su país de origen, a partir de intereses tanto familiares como económicos y políticos. Los procesos son contradictorios. Por un lado, la sobrevivencia de la Revolución, en medio de enormes dificultades, ha fortalecido la convicción de los segmentos minoritarios del exilio histórico, acerca de que es necesario utilizar el estrangulamiento económico y la vía violenta como solución definitiva, en contubernio con un gobierno norteamericano como lo fueron ayer, en sus momentos, el de Reagan y W. Bush, como lo es hoy el de Trump. Por otro, la ya vieja experiencia de Europa del Este ha seguido alimentando las esperanzas de que con recetas similares se lograría la llamada “transición” pacífica al capitalismo en Cuba. Esto ha sostenido a aquellos proyectos que tratan de presionar internacionalmente a la Revolución a través de gobiernos y partidos políticos en Europa y América Latina, al tiempo que estimulan la oposición supuestamente “civilizada, no violenta”, dentro de Cuba, que por cierto, ha ido perdiendo dinamismo, legitimidad, credibilidad y membresía, sin capacidad alguna real de impulsar cambios políticos en el país. Ante la dinámica interna en la isla, que incluye en medio de muchos e importantes apuros cierta reanimación económica relativa, reformas del trabajo por cuenta propia, una significativa reinserción internacional, la flexibilización de la política migratoria y hacia la emigración, y una definida capacidad de resistencia ante el hegemonismo estadounidense, se crean condiciones que favorecen la expectativa y las tendencias y organizaciones del mundo emigrado (Domínguez; Machado; Delgado 2016). Ellas se distancian de las alternativas dogmáticas e intransigentes del exilio histórico, y promueven opciones desde la moderación y el respeto a las diferencias, comprometidas con la soberanía nacional. Exponentes de estas tendencias han incrementado y mantenido sus vínculos con Cuba durante los últimos años, y cuestionan la política de Trump, que limita o impide visitas y remesas, bajo la presión de exponentes del exilio cubano que le estimulan y acompañan. A pesar de todo, las visitas a Cuba por parte de los emigrados se mantienen. Otro tanto sucede con el envío de remesas a los familiares en la isla, que sortean obstáculos, con gran capacidad imaginativa y burlan la legalidad norteamericana, asumiendo, claro está, riesgos legales. En Miami, como en otras áreas donde se concentran comunidades relevantes de cubanos en el exterior, pueden comprarse desde hace más de dos decenios los CDs con la música de los más destacados músicos cubanos, no pocos de los cuales viajan a esa y a otras ciudades estadounidenses con reiteración, y DVDs con las películas más recientes, facturadas en Cuba. Escritores, artistas y académicos emigrados o exiliados participan ya habitualmente en eventos culturales o científicos en la isla. Los procesos que viven la migración y el exilio, en efecto, son complejos y contradictorios. Estas características se incrementan con la diversidad creciente que define al proceso migratorio en la actualidad, a partir de las constantes llegadas a Estados Unidos y otros países de personas de la isla, muchas de ellas nacidas después de 1959, quienes se han socializado y educado bajo la influencia de la Revolución, y a pesar de lo que probablemente quisieran, no pueden escapar totalmente a ese condicionamiento objetivo. A ello se suma la presencia que van adquiriendo en la vida social, cultural y económica de lo que ya no sería un “exilio histórico”, los jóvenes de segunda o tercera generación (hijos o nietos de los emigrados de los años de 1960, 1970 y 1980), que ya se han hecho adultos o al menos adolescentes, quienes no conocieron directamente la sociedad cubana, no la han visitado, sino que tienen una imagen legendaria de la isla, a partir de las historias, recuerdos y vivencias de sus familiares. Estos jóvenes, por tanto, como en parte es el caso de los balseros y de los que llegan a Estados Unidos mediante el sorteo, no se proyectan, en lo fundamental, con la obsesión ni el resentimiento hacia la Revolución de sus padres o abuelos. Y en el caso de aquellos que han dejado en Cuba, en fechas relativamente recientes, a familiares, les resulta imperioso mantener el contacto con el país de procedencia (Aja y Rodríguez 2017). ¿Un debate superado? Sobre las bases expuestas, la situación más reciente de la migración cubana apunta hacia una nueva etapa, definida por contradicciones, en la que coexiste aún una cultura de intolerancia y un activismo político minoritario en sentido cuantitativo, pero con rasgos cualitativos de peso, junto a voces alternativas y rechazos al exilio histórico, cuya expresión en términos sociológicos es decreciente y se aleja cada vez más de lo que fue. Sus transformaciones tienen como telón de fondo los procesos de cambios que se han venido analizando (Pedraza 2015). Queda abierto un campo de análisis, reflexiones e interpretaciones. Se trata de un debate en curso. Las perspectivas se orientan hacia la profundización de las tendencias señaladas, es decir, hacia la continuidad de los cambios sociodemográficos, político-ideológicos e incluso, culturales, del exilio cubano, cuyas características generacionales implican la desaparición física de sus líderes históricos, una renovación de su estructura etaria, con predominio de jóvenes, con menor capacidad de comunicación en idioma español, en el caso de la descendencia de los primeros exiliados, sin conocimiento directo de la isla, pero a la vez, junto a crecientes figuras que han emigrado de Cuba en fechas recientes, marcados por la dinámica social establecida, en medio de muchas contradicciones, por la Revolución, que mantienen el contacto cotidiano con el mundo de familiares, amigos y vecinos que dejaron atrás. De ahí que pueda afirmarse que, al examinar el momento político actual del exilio cubano, y al pensar en su evolución, habría que valorar una serie de factores que gravitarán sobre el futuro, que apuntan en su interrelación hacia dimensiones específicas que harán aún más compleja la cultura política de la migración en su conjunto y del exilio en particular, planteando interrogantes e hipótesis a su indagación y debate. Entre tales factores no pueden omitirse los siguientes: a) el proceso demográfico, de cambios generacionales: el envejecimiento de la primera generación, que ha sido base social del exilio histórico y de algunos segmentos de la izquierda, junto al auge natural de la segunda generación; b) el proceso de inserción, de integración social y cultural a la sociedad norteamericana receptora, principalmente en Estados Unidos, o sea la definitiva evolución del exilio hacia comunidad inmigrante y hacia grupo étnico; c) el proceso de transición específico que tenga lugar en el enclave de Miami, por su significado central para la comunidad cubana y el exilio histórico, que allí se forjó; d) la inyección de nuevos migrantes cubanos, con motivaciones y aspiraciones diferentes, así como con orientaciones ideológicas y compromisos políticos distintos; e) los procesos que tengan lugar en Cuba, junto a la percepción sobre los mismos en el exterior (Eckstein 2014). Entretanto, la política de Estados Unidos hacia la isla arrecia su agresividad y enrarece el clima bilateral, del cual la migración ha sido, durante mucho tiempo, rehén inevitable. En Estados Unidos radica la mayor parte de los cubanos que residen en el exterior, alcanzan una cifra cercana a los 2 millones. Más allá de las raíces que se encuentran en la base de la historia del proceso migratorio cubano posterior al triunfo de la Revolución y del legado que llega al presente a través de sesenta años en los que la intolerancia satura las proyecciones hacia la isla, los cambios operados y los que se encuentran en curso propician un contexto objetivo y subjetivo que condiciona, o más exactamente, determina, la transición sociodemográfica, política y cultural de lo que ha sido el exilio histórico cubano, en el marco de la tercera década del siglo en curso (Duany 2017). Como proceso que forma parte, en su sentido más amplio, de las migraciones latinoamericanas, cuyas tendencias históricas han seguido el trayecto sur-norte, conformando un patrón en el que las motivaciones económicas han tenido un sitio central, al que le acompañan el envío de remesas a los países de origen y conformando una migración de retorno, con circularidad, el cubano ha ido acercándose cada vez a ese patrón (Santana 2008). En la medida que pasan a un segundo orden las razones políticas y el carácter definitivo de la salida de la isla, la migración cubana incluye también el regreso y el sentido de brindar “ayuda” a las familias que quedan en Cuba. La perspectiva futura de la migración cubana, empero, estará condicionada por los efectos que, del corto al mediano plazo pueda introducir la administración que se establezca como resultado de las elecciones de 2020 en Estados Unidos (una permanencia de Trump en la Casa Blanca, de otra figura republicana, o resulte victorioso el candidato demócrata), y por el derrotero de la situación cubana bajo las nuevas estructuras de gobierno (en 2021 tendrá lugar el Congreso del Partido Comunista y se constará el éxito o fracaso del modelo económico en marcha). Bibliografía Aja Díaz, Antonio. Al cruzar las fronteras. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales, 2014. _____ y María Ofelia Rodríguez Soriano. “La migración internacional de cubanos. Escenarios actuales”. Novedades en Población 26 (2017). Arboleya Cervera, Jesús. Cuba y los cubanoamericanos. El fenómeno migratorio cubano. La Habana: Casa de las Américas, 2013. Castro, Max J. “¿Habrá transición en la ideología del exilio?”. Temas 12-13 (1998). Domínguez Guadarrama, Ricardo. “Cuba y Estados Unidos: el largo camino del reconocimiento”. Latinoamérica 60 (2015). Domínguez López, Ernesto, Landy Machado Cajide y Dalia González Delgado. “Nueva inmigración y comunidad cubana en Estados Unidos en los albores del siglo XXI”. Migraciones Internacionales 8 4 (2016). Duany, Jorge. “Cuban Migration: A Postrevolution Exodus Ebbs and Flows”. Migration Information Source (2017). Eckstein, Susan. “La transformación de la diáspora y la transformación de Cuba”. Woodrow Wilson Center Report On the Americas. Cambios en la sociedad cubana de los 90 16 (2014). Grenier, Guillemo y Lisandro Pérez. The Legacy of Exile: Cubans in the United States. Boston: Allyn & Bacon (New Immigrants Series), 2003. Hernández Martínez, Jorge. “Antinomias en la cultura política de la emigración cubana en Estados Unidos”. Temas 10 (1997). _____. “El conflicto Cuba-Estados Unidos y la dinámica hemisférica: más allá de la coyuntura”. Cuadernos Americanos 153 (2015). Pedraza Bailey, Silvia. “Cuba’s Exiles: Portrait of a Refugee Migration”. The International Migration Revie 19 1 (2015). Pérez, Lisandro. “Cuban Americans and U.S. Cuba Policy”. Josh DeWind y Renata Segura (ed.). Diaspora Lobbies and the U.S. Government: Convergence and Divergence in Making Foreign Policy. Nueva York: Nueva York University Press and the Social Science Research Council, 2014. Rodríguez Chávez, Ernesto. “Determinantes de la emigración cubana actual y su impacto en la redefinición del fenómeno”. Caderno CRH 3 (2000). Santana, Adalberto (coord.). Proyección global de la migración latinoamericana. México: CIALC-UNAM, 2008. |
Recibido: 04 de Febrero de 2020; Aprobado: 25 de Marzo de 2020 Jorge Hernández Martínez. Doctor en Ciencias Históricas por la Universidad de La Habana (UH). Sociólogo y politólogo. Profesor e investigador titular del Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos (CEHSEU) y presidente de la Cátedra “Nuestra América” de la uh. Sus líneas de investigación se relacionan con procesos políticos e ideológicos actuales en la sociedad norteamericana y las relaciones interamericanas. Ha realizado estancias de investigación en el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe (CIALC) de la UNAM. Entre sus publicaciones recientes se encuentran “Inmigración, simbolismo y percepciones de amenaza en la sociedad norteamericana”. Novedades en Población 30 (2019); “Rearticulación del consenso y cultura política en Estados Unidos”. Casandra Castorena, Marco A. Gandásegui (hijo) y Leandro Morgenfeld [eds]. Estados Unidos contra el mundo: Trump y la nueva geopolítica. México: Siglo XXI, 2018, y “Estados Unidos en su contexto político-ideológico: crisis y transición en las elecciones de 2016”. Jaime Preciado y Marco A. Gandásegui [coords.]. Hegemonía y democracia en disputa. Trump y la geopolítica del conservadurismo. Buenos Aires: Clacso, 2017. |
.jpg){kind=link}
