DECIMO SEPTIMO: Alegatos del abogado Defensor Penal Público Juan Pablo Gómez Concha por el acusado FERNANDO ANDRÉS ORREGO GALARCE.
Que en su alegato de apertura señala que esta investigación ha durado dos años y en esta audiencia quiere denunciar a la persona que es responsable de esta tragedia, quien se encuentra en esta sala de audiencias. Esa entidad ha financiado actividades del Ministerio Público, ha hecho aportes al Poder Judicial y ha sustentado el sueldo del defensor. La persona a la que se refiere, conforme al artículo 1° de la Constitución Política de la República, debe estar al servicio de la persona humana, sin embargo esa entidad en este juicio ha utilizado la persona humana para eximirse y exculparse de responsabilidad. Ha traído a personas de carne y hueso como su representado y él está en otro Tribunal siendo enjuiciado por los abogados particulares de esta causa. Esa persona es el Estado.
A pesar que pueda ser resistido y poco comprensivo a la defensa le surge absoluta claridad en cuanto a que es él el responsable, y como no va a ser responsable de la tragedia si el año 2010 existía $0 para la reparación de las redes contra incendio en la cárcel de San Miguel. Los presupuestos para tal envergadura de obra deben de provenir de discusiones parlamentarias, asignaciones en lo ítems presupuestarios de los Ministerios y de los servicios
propiamente tales, y el año 2010 existía cero peso para la reparación de redes húmedas y redes secas en el penal de San Miguel. Esa persona alguna vez intentó repararlo. El año 2008 asignó $6.000.000 para lo que se suponía podía significar reparar estas redes húmedas. Esa suma no logra reparara nada. A pesar de que obras fueron entregadas en el 2010, lo fueron en las mismas condiciones, no siendo operativas dichas instalaciones. Tuvieron que morir 81 personas para que el Estado se diera cuenta de lo necesario y urgente que era poder reparar esta red. Tuvieron que morir 81 nacionales para que el Estado se atreviera a discutir algo que políticamente es muy poco discutido, que son las condiciones de
vida de los internos. Tuvieron que morir 81 compatriotas nuestros para que se aprobaran las partidas presupuestarias que permitieran en definitiva la reparación de las redes, que costó del orden de los $580.000.000.
Hay responsabilidad del Estado porque el Estado desde el año 2008 en adelante no ha querido o no tenido la visión de invertir en las cárceles públicas,
sino que por el contrario ha favorecido el lucro de los establecimientos penales
privados. Desde el año 2008 en adelante el Estado viene pagando a las
sociedades concesionarias del orden de los 5.800 millones de pesos. El 2010 el
estado pagó a la sociedad concesionaria que opera en la Región Metropolitana en
una sociedad, en Santiago Uno, pagó del orden de los 1.200 millones de pesos,
sólo por concepto de sobrepoblación penal. Ese ítem no está representado en
ningún gasto para la institución, es una multa, una especie de indemnización que
paga el Estado por el sobrecupo a estos establecimientos. Es un dinero que entra
fresco al establecimiento penal privado. Es más, hoy en Santiago Uno los
trabajadores de la sociedad concesionaria están reclamando porque algo de esa
ganancia no les llega a ellos también. El Estado prefirió pagar esa indemnización
de 1200 millones pesos, y por el contrario, no pagó ningún pesos para la
reparación de redes. Habría costado la mitad reparar y haber evitado por tanto la
muerte de 81 nacionales. El Estado prefirió lucrar a estas entidades privadas en
desmedro de las condiciones de seguridad y humanidad de los internos que se
encuentran en las cárceles públicas. Desvistió un santo para vestir otro. No paga
en reparaciones de redes, pero si paga indemnizaciones cuantiosas para que este
negocio o modelo de administración licitado funcione. Esta situación fue advertida
por la Tesorería General de la República en el año 2009 y levantó observaciones
en el año 2010 a Gendarmería y a la Subsecretaría para los efectos que estos
pagos no se siguieran realizando. Gendarmería se vio conminada a tratar de
rebajar estas tasas y trasladaron 503 internos que estaban en la cárcel de
Santiago Uno a la cárcel de San Miguel, incrementando con ello las condiciones
de hacinamiento que ya existían. Una cárcel que estaba dispuesta para 700
internos termina con 1900 internos a la fecha de la tragedia. 500 de ellos no
debieron haber estado ahí, estaban en el recinto penal de Santiago Uno. Para los
efectos de poder disminuir, o evitar esta sanción o sobrepago Gendarmería lo que
hace es trasladar 503 internos de la cárcel privada a la pública. Con ello se
agravaron las condiciones de hacinamiento en la cárcel de San Miguel porque el
año 2010 fue el año del terremoto y recintos penales tuvieron falencias. Todos
esos internos también fueron trasladados a la cárcel de San Miguel que
incrementó la condición de hacinamiento que existía en dicho recinto, pero a la
vez de eso no existían normas que permitieran eximir del pago de la multa como
hoy. Esas personas que no pagaban multas tenían, bajo apercibimiento, el ingreso
a la cárcel. Tuvieron que morir 81 internos para que esa situación en algo se
morigerara y también porque existía una política distinta a la de hoy donde existía
un incremento en cuanto a las solicitudes de prisión preventiva. Todas esas
circunstancias, las circunstancias del terremoto, las circunstancias de las menores
medidas o restricciones de las medidas de cumplimiento, sumadas al incremento
en las solicitudes de prisión preventiva y agravada por el traslado de estos 503
internos de la cárcel concesionada a esta cárcel pública, incrementaron por cierto
la situación de hacinamiento. Es responsable el Estado porque dispuso su
traslado, su hacinamiento, pero no dispuso ninguna medida papa palear dicho
hacinamiento, no dispuso ninguna medida para los efectos de tener recursos para
reparar esas redes. La inversión es de gran envergadura, no es algo que pueda
ser dispuesto con caja chica. Es algo que requiere una política institucional detrás
que viene del Estado y es el Estado, no los gobiernos, el que tiene que proveer los
recursos necesarios para la dignidad y trato de los internos y asegurar sus
condiciones. Producto de esta situación de hacinamiento al interior de la cárcel de
San Miguel, a las distintas torres fueron llegando más habitantes y se generan las
disputas territoriales. Al interior del colectivo mayor, cruceta 5, cuarto piso, ala sur
hay dos áreas. Un área mayor y área menor, esta última denominada pieza chica
que tiene más espacio y mayor comodidades, por lo cual los internos pugnan por
ganar esa área. Como el año 2010 existieron estos traslados de internos, existió
permanente movilidad, y en este escenario existieron disputas territoriales, lo que
se llaman asaltos, que son planificaciones de los internos para ganar espacios en
el interior de los colectivos. Lo que ocurrió el 08 de diciembre de 2010 fue muestra
de ello, de esa situación carcelaria. Los internos tienen que pelear por espacios
porque la forma como están constituidas las cárceles públicas no son de
habitaciones independientes con baja cantidad de personas, son espacios
abiertos, en donde los internos al interior distribuyen sus espacios y por ende se
propician pugnas territoriales y eso pasó el 8 de diciembre del año 2010.
En ese escenario un grupo de internos aprovechando que ese día era
feriado y que además esa torre recibiría visitas y que sus compañeros no los
denunciarían en esa intención. Existe cultura carcelaria del secreto. Ese es su
mundo y piden respeto acerca de su mundo. Las reglas al interior de la cárcel son
dadas por ellos, al interior de los módulos ellos establecen reglas y una de ellas es
no denunciar, de manera tal que en este asalto nadie anunció su ocurrencia hasta
que este se verificó. Contaban con cultura del secreto y con que al otro día
recibían visitas, no serían objetos de denuncias, porque si no los otros internos
que si estaban interesados en visitas las perderían. Cuando se producen los
motines o los allanamientos Gendarmería ingresa al módulo y desaloja a los
internos y eso significa perder sus visitas. Por tanto, ellos sabiendo de esas
circunstancias, siendo un grupo considerable de internos los que participaron en
este asalto a la pieza chica ellos tienen en consideración que los demás internos
no los denunciarán y se enfrentan en esta gresca que parte con la discusión entre
internos hasta que a uno de ellos se le ocurre utilizar un balón de gas, saca la
manguera de la cocinilla y le enciende una llama, pero esa llama no se sostenía,
por lo que vino otro con más experiencia y a la manguera le pone punta metálica y
llama se hace más sostenida. Son dos los balones de gas que operan como lanza
llamas. Sacan un colchón de un camarote, lo prenden con fuego y tiran ese
colchón prendido al interior de la pieza chica con el objetivo que el fuego
ahuyentara a los habitantes de la pieza chica, salieran de esa pieza y ahí poder,
agresiones mediante, tomar ocupación de dichas dependencias. Pero lo que ellos
no contaban es que los ocupantes de dicha pieza la resistirían y defenderían, no la
abandonarían fácilmente. Los habitantes de la pieza chica cruzan un camarote a la
entrada de esta pieza impidiendo el ingreso. Se tiene un colchón prendido y un
camarote cruzado que empiezan a prenderse en zona estratégica, porque a
diferencia de los incendios que relataron los querellantes, es un incendio que
empieza muy cerca de la puerta de salida. Si se simularan las condiciones de
hacinamiento al interior de la cárcel de San Miguel e daría un escenario muy
parecido al de la sala, no más de dos metros cuadrados de espacio por habitante.
Si eliminamos las puertas de acceso y de salida y solo dejamos una salida y en
esa puerta generamos un incendio a escasos metros, vamos a tener condiciones
para escapar de ese fuego muy dificultosas. El 8 de diciembre su representado
cumplía funciones en el recinto penal. Estaba en la garita 3. Fernando Orrego
Galarce a la fecha hechos tenía 25 años, es un joven que después de salir de un
liceo industrial sale con un oficio eléctrico y empieza a desarrollar sus labores de
eléctrico. Es joven, y cuando nace su hija, tiene una hija y tiene que asumir
responsabilidades. Es de Quillota, de una población baja allí. Su padre no le
puede permitir que asuma esa responsabilidad. Él la asume, y la manera que tiene
de afrontar esta responsabilidad es ingresando a la Escuela de Gendarmería.
Estuvo ocho meses en instrucción con un promedio bueno, de 6,4 e ingresa a
trabajar al interior de la institución. Ha querido ser presentado por los abogados
querellantes, por uno, como uno de los máximos violadores de los derechos
humanos, y él está acá con la idea que tenía él de tener un futuro para su hija.
El día 08 de diciembre su representado tenía dos cosas en sus manos. En
una un cigarro y en la otra un fusil. Las condiciones de trabajo de los funcionarios
de Gendarmería muchas veces pasan por esos dos elementos. Las largas
jornadas y stress al que están expuestos los llevan a esa dicotomía. Muchos de
sus compañeros en sus puestos de guardia por el stress optan por el fusil y
terminan su vida en esos puestos de guardia, porque son estresantes y no
siempre se les entrega la instrucción suficiente para afrontarlos. Ocho meses para
que una persona salga con la responsabilidad salga con la responsabilidad de
tener un fusil es muy poco.
Alrededor de las 05:30 horas se encuentra en su garita hasta donde llega el vigilante Poblete el que le pregunta qué pasa en su torre porque están como desordenados. Le responde es que como mañana tienen visita están tomando probablemente, que no se preocupe que como mañana hay visitas difícilmente harán un desorden mayor. Reproduce un diálogo:
“oye, pero qué están gritando”,“no sé, que dicen “ algo de una cama”, respondiendo “parece”, “qué es eso que cae” , “una cuerda”, “ahh, están tirando una cuerda del cuarto piso al tercer piso”,“hay que ver que van a amarrar en esa cuerda”, “están amarrando un estoque”,“estos van a pelear, así que hay que dar aviso” (muestra letrero con las 05:36 ).
“Atención personal nocturno, garita 193, atención personal nocturno en garita 193,en cruceta 5, 51 137”, que significa hacer una ronda urgente en cruceta 5.
Continúa con la conversación:
“Oye, estarán despiertos los nocturnos”, “ah, no sé, si estamos llamado, estamos aviando, y además esto lo escuchan los de despacho y carga así que tienen que estar despiertos”; “igual gritan harto”, “¿y que es eso que se ve ahí?”, “no porque las sombras de un lado y otro no se ve muy bien”, “¿que es eso?, “parece que es humo”, “no porque el humo se prende acá en la cocina, donde está el baño”, “si parece que es humo, hay que avisar esta
cuestión”, “ está saliendo humo” (letrero con las 05:38), “habrán escuchado”, “si ya
escucharon la alerta”, “y será humo realmente”, “sí, parece que es humo, hay que
avisar, que la embarran estos lesos, van a perder las visitas”,” avisa, está saliendo
como harto humo” (letreo con las 05:40).
Con este diálogo pretende ilustrar lo que en ese momento existió. Lo que sí es importante es que a las 05:36 horas el vigilante Fernando Orrego da un primer aviso a lo que para él en ese momento
constituía solamente una riña por el hecho que internos del cuarto piso al tercero
tiraran una lienza y subieran estoques.
Las obligaciones que les impone la institución es que ellos den cuenta
oportunamente y esa oportunidad les indica a ellos tener que discernir en algunos
eventos, porque no cualquier hecho al interior supone necesariamente una
intervención. No se habla aquí de un internado de señoritas.
Lamentablemente se habla de un establecimiento donde existen internos,
donde es corriente los insultos, garabatos y las formas amenazantes de trato y
ruido al interior de dichos módulos. No porque un interno le grite a otro va a
generar necesariamente una intervención. Sin embargo cuando ellos observan un
elemento indicativo objetivamente de riña ellos dan aviso y consecuentemente con
ello, a los pocos minutos (05:28) ellos dan cuenta de la existencia de humo y a los
menos minutos dan cuenta que este humo es bastante abundante (05:40). Ellos
no tienen la obligación de dar cuenta, aviso de incendio, ellos solamente ilustran
señales de lo que ven para que sean otros quienes las interpreten.
Esta tragedia pasa porque lamentablemente existieron estas deficiencias
estructurales que durante el curso del juicio se conocerán. Conoceremos del
deficitario sistema de encierro de los internos, los internos no tienen puertas
imantadas o eléctricas, tienen un sistema arcaico que es de candados y un
candado a un metro y un candado a dos metros. Es un sistema bastante arcaico
también porque estas redes no operan, las ventanas de los colectivos estaban
tapizadas, tapadas por la administración penitenciaria para que ellos no pudieran
gritar al exterior a sus familiares, deficitario porque las salida de humo estaban
tapizadas para que los internos no arrancaran por dichas salidas.
Existen condiciones de infraestructura que en algún sentido generaron
problemas para el rescate. Los internos no mueren porque la respuesta no hubiera
sido oportuna, cuando llega el primer funcionario los internos, o al menos muchos
de ellos estaban vivos, pudieron ser rescatados con vida cinco. No pudieron ser
rescatados más porque solamente fue permitido o posible abrir un candado, el que
estaba a un metro, pero no pudo ser abierto el que estaba dos metros, porque en
esa ubicación es donde se alojan la mayor cantidad de gases tóxicos, se habla de
las 05.45 de la mañana, horario en que no hay luz natural, donde la electricidad es
cortada, donde para poder visualizar donde está el candado se necesita una
linterna pequeña, y donde las condiciones de humo y este humo tóxico no
permitían su visualización y de hecho la manipulación se hacía bastante difícil
porque el calor asciende y se aloja en las partes altas. Si el candado está en una
parte alta muy ciertamente va a ser afectado por el incendio. Este fue un incendio
que se generó a una proximidad de la puerta de egreso y fue lo que impidió el
rescate, no pudieron ser rescatados. El aviso, la alerta, pidiendo urgente una
ronda, independiente de si se daba cuenta del humo era oportuno. La prueba del
Ministerio Público ilustrará del colapso del sistema, han ilustrado de las
deficiencias estructurales, la falta de capacitación, las faltas de capacitación en los
implementos, la falta de reparación de las redes húmedas.
Todos esos elementos son los que determinaron la tragedia. Su
representado no tiene nada que ver en que a sus demás compañeros no los
capaciten, no tiene nada que ver en que no se gasten 500 millones de pesos en
las reparaciones, no tiene nada que ver en la forma como se efectúa el encierro y
la utilización de candados. No tiene nada que ver con la capacitación de sus
demás colegas, si esos son los factores y esa es la prueba que el Ministerio
Público ha señalado que va a traer, la verdad es que no tiene nada que ver su
representado en todas las deficiencias estructurales.
El Ministerio Público traerá a los testigos internos que alojaban ese día.
Habrá que escucharlos, pero habrá que poner atención en la forma como declaran
y en la animadversión que muchas tienen respecto de los funcionarios de
vigilancia. Los funcionarios de vigilancia son los que efectúan registros corporales
a sus visitas, son los que muchas veces revisan a sus visitas, son los que muchas
veces no dejan entrar los productos que a ellos les llegan y ellos lo saben. Son los
que están en las marquesinas y son los que permanentemente son objetos de
insultos. Esa es la forma de relacionarse y esos son los testigos que se
escucharán en el curso de la audiencia. La prueba de la Defensa ha querido ser lo
más técnica y objetiva posible. Se escucharán peritos de instituciones
universitarias o reconocido prestigio en la labor investigativa. Estarán dos de los
más importantes institutos, el DICTUC de la Universidad Católica, que en un
convenio con la Universidad de Edimburgo desarrollaron una investigación
respecto de la modelación del incendio. Existió un registro gráfico, una cámara de
vigilancia que advirtió cuando el humo sale por una de las dependencias
amagadas. Está la precisión de la hora, del momento en que el humo sale, y a
partir de ese evento las consideraciones científicas y técnicas permiten llegar a la
determinación de cuando fue el inicio, que es muy distinta a la que establece el
Ministerio Público. Serán los peritos del DICTUC, en base al registro gráfico los
que permitirán llegar a esa conclusión. Está el IDIEM, con peritos que hicieron
estudios respecto de las características del candado, y las características como
objeto de seguridad, y cómo se comporta ante el fuego. Declarara también el
perito Luis Ravanal que analizará las datas de muerte y podrá llegar a una
precisión respecto de las horas y los momentos en que estas habrían ocurrido y
las causas que habrían incidido en las mismas. Declarará Alexis Vasiliu que a
partir de pruebas científicas que realizó el Ministerio Público sobre rejas amagadas
que participaron en la tragedia permiten llegar a determinar la hora de inicio, muy
concordante con Luis Ravanal, llegando ambos a conclusiones similares a las del
Dictuc. Por último se escuchará una prueba sonora, porque las comunicaciones se
graban, y cuando se realizan las comunicaciones se escucha el sonido ambiente.
A través de la pericia sonora trataremos de averiguar si en estas primeras
comunicaciones que realiza el vigilante Orrego efectivamente existían avisos,
gritos de los internos, y que por el contrario en momentos muy posteriores, donde
sí se había generado el aviso a bomberos por parte de los internos en sus
comunicaciones radiales si existían los gritos de los internos, despejándose las
dudas que tiene el Ministerio Público de si a la hora que su representado da aviso
había sido o no advertido por los internos, planteando desde que ya que no.
Coincidentemente incluso el aviso que realizan los internos al cuerpo de bomberos
se realizó diez minutos después del aviso de su representado de la existencia de
humo.
Son 6 los vigilantes. Cuatro vigilantes tienen una perspectiva visual de la
torre. Uno podría hablar de la negligencia de uno, pero existir un acuerdo de
cuatro que están en posiciones distintas, la verdad es que se hace muy difícil.
En lo jurídico se está frente a un caso de omisión donde se plantea una
obligación de garante en base a Reglamentos, los que no pueden ser tenidos para
la determinación de la entidad de la culpa. No discutirá de si es dolosa ya que no
están los elementos en la acusación que permitan llegar a sostener ello sin
infracción al principio de congruencia. Solamente que la defensa va a plantear en
ese orden normativo si es factible la imputación del resultado a su cliente siendo
que su aviso fue oportuno, y siendo que en definitiva esta tragedia se determina
por condiciones anteriores, que son las condiciones de hacinamiento, déficit de
infraestructura, en las cuales su representado no tiene nada que ver, y también
por cuanto en definitiva no existen normas que apunten al objeto de protección
que él hubiese vulnerado. No existe un deber de cuidado que él hubiese omitido.
Plantea la absolución de su representado. Es muy resistido por parte de los
abogados querellantes poder atribuir responsabilidad a quien ha denunciado como
autor de este delito, porque solo después de este hecho el Estado cambió.
Tuvieron que morir 81 para que se dictaran las leyes de adecuación, para que se
modificara nuestro sistema de imposición de penas, para que se invirtieran
recursos.
Sabe que para las partes querellantes es muy abstracto querer atribuir responsabilidad al Estado, pero también es cierto que ellos lo demandaron en sede civil y no a su representado, porque saben que es el Estado el que es responsable aquí de esta tragedia.
Su cliente no es un violador de los de los Derechos Humanos.
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