—¿Por qué lees tanto? —(…) Mi mejor arma está en el cerebro. Mi hermano tiene su espada; el rey Robert tiene su maza, y yo tengo mi mente… Pero una mente necesita de los libros, igual que una espada de una piedra de amolar, para conservar el filo. —(…)—. Por eso leo tanto, Jon Snow.

TYRION LANNISTER.

lunes, 8 de octubre de 2018

470.-Derecho civil japonés.-a


Esteban Aguilar Orellana; Giovani Barbatos Epple;Ismael Barrenechea Samaniego; Jorge Catalán Nuñez; Boris Díaz Carrasco; Rafael Díaz del Río Martí;Alfredo Francisco Eloy Barra ;Rodrigo Farias Picon; Franco Antonio González Fortunatti;Patricio Ernesto Hernández Jara; Walter Imilan Ojeda;Jaime Jamet Rojas;Gustavo Morales Guajardo;Francisco Moreno Gallardo; Boris Ormeño Rojas;José Oyarzún Villa;Rodrigo Palacios Marambio;Demetrio Protopsaltis Palma;Cristian Quezada Moreno;Edison Reyes Aramburu; Rodrigo Rivera Hernández;Jorge Rojas Bustos; Alejandro Suau Figueroa; Cristian Vergara Torrealba; Rodrigo Villela Díaz; Nicolas Wasiliew Sala;Marcelo Yañez Garin;Katherine Alejandra del Carmen  Lafoy Guzmán; Franco Natalino; 


japón 

Introducción 

La emblemática fecha de 1898 supuso la promulgación del Código civil japonés, en el período comprendido en la Época Meiji (1868 - 1912). Hasta el momento no existía una normativa coherente ni ordenada, quizás a consecuencia de la supremacía internacional de las potencias coloniales que estaban representadas por Estados Unidos, Holanda, Rusia, Francia y Gran Bretaña. Entre sus antecedentes se encuentra el llamado Código Civil Antiguo o de Boissonade. 

En 1869 comenzó un período de asimilación de los principios jurídicos del viejo continente y anglosajones, cuando el entonces Ministro de Justicia Shimpei Eto (1834 - 1874) encargó a Rinsho Mitsukuri (1846 - 1897) la difícil labor de traducir a su lengua materna el Código napoleónico, a pesar de que en el Derecho japonés se desconocían términos tan básicos como la expresión derechos civiles. Para dar solución a estos inconvenientes se encomendó la labor a civilistas galos de la talla de Gustavo Emilio Boissonade de Fontarabie, para que enseñaran el Derecho continental y asesoraran al Gobierno en temas legislativos, con la labor de redactar en su lengua paterna un Código penal y un Código de procedimiento penal, pero respetando el espíritu japonés al mismo tiempo que la técnica occidental. 
La promulgación en 1880 de estos dos Códigos japoneses y su entrada en vigor el 1 de enero de 1882, primeros de la era moderna, supusieron la recepción de principios tales como el de legalidad penal (nulla poena sine lege) o la irretroactividad de la ley penal desfavorable, pero su vida en el ámbito jurídico fue breve: hasta 1907 el primero de ellos y hasta 1890 el de procedimiento criminal. 

A partir de 1879 se encargó a Boissonade -que le dedicó una década de su vida- la elaboración de un proyecto de Código Civil, cuya división estaba comprendida en cinco libros: 

I. De las personas y de la familia; II. De los bienes; III. De los modos de adquirir los bienes; IV. De las garantías; y el último de ellos, De las pruebas y de la prescripción. 

El nuevo Código Civil japonés preveía una vacatio legis de tres años, el 1 de enero de 1893, si bien no llegó nunca a nacer en el ámbito jurídico a consecuencia de la situación política de la época (p. 25). A pesar de esta innegable labor codificadora, la tarea de Boissonade sufrió duras críticas como el Manifiesto firmado el 14 de abril de 1892 por once juristas japoneses de formación anglosajona que le acusaron de no respetar las antiguas costumbres tradicionales de la familia japonesa, así como apoyarse en los principios cristianos, al mismo tiempo que admitía un Derecho natural anterior al Derecho positivo, entre otras acusaciones.

 En marzo de 1893 se nombró un consejo con el encargo de revisar este Código, que elaboró un nuevo proyecto redactado en cinco Libros. El que sería el nuevo Código civil, que entró en vigor el 16 de julio de 1898, contaba con 1762 artículos y es el que en la actualidad es aplicable. Este texto codificador fue redactado en la lengua vernácula y por juristas insulares, al mismo tiempo que contemplaba una simbiosis entre las Escuelas inglesa, francesa y alemana, si bien las doctrinas alemanas denotaban una cierta supremacía. 

En su redacción se utilizaron _según R. Domingo_ más de treinta Códigos de las más diversas culturas, entre ellos el español de 1889, el prusiano de 1793, el austriaco de 1811, el italiano de 1865 y en mayor medida el BGB, del que copia no sólo la estructura sino parte de su contenido.

 De hecho, la compensación, regulada en los arts. 505 a 512 del Código insular, hace un análisis similar al establecido en el BGB, si bien contemplando algunos aspectos del Derecho francés. En otras cuestiones como la posesión (arts. 180 a 205 del Código japonés), la cesión de créditos (arts. 466 a 473 del Código japonés) o el contrato de arrendamiento (arts. 601 a 622 del citado Código) cuenta también con una regulación ecléctica entre germánica y gala. Una de las diferencias más importantes está representada en el art. 176 del Código japonés que acoge la teoría "espiritualista" francesa de transmisión de la propiedad, descartándose la abstracta del alemán. Asimismo encontramos otras instituciones de influencia francófona: el art. 709 del Código japonés que contempla la responsabilidad por culpa extracontractual, el art. 423 que establece el principio de la acción obligacional o los privilegios que aparecen en los arts. 303 a 341 del Código japonés.

Rafael Domingo (discípulo amado del romanista Álvaro d'Ors, dedicado en los últimos años a ser el trovador de las gestas científicas de su maestro) ha señalado que "el Código civil japonés tiene mucho de Derecho alemán, bastante de Derecho francés y poco de tradición jurídica japonesa, pero, en todo caso, se trata de un Derecho elaborado en Japón por japoneses". 

 Iriai

Aparecen instituciones propias de esa tierra: el Iriai, que es un derecho real consuetudinario de explotación forestal de tierras comunales, o los Libros IV y V que regulan la familia y la herencia, respectivamente. La primera de estas instituciones se caracterizaba por organizarse en torno a una "casa" (Ie), que estaba a su vez gobernada por un jefe de familia. 
Esta casa estaba integrada por la esposa, los parientes consanguíneos hasta el sexto grado y los afines hasta tercero, con sus respectivos cónyuges (art. 732 del Código Civil japonés de 1898, en relación con el 735). Entre las obligaciones del jefe se encontraba la manutención de todos los miembros de la Casa (art. 746 del Código Civil japonés). A modo de contrapartida éstos no podían cambiar su residencia sin su autorización (art. 749 del Código japonés) y necesitaban contar igualmente con la autorización del mismo para contraer matrimonio o reconocer un hijo (art. 750 del Código japonés). A la muerte del jefe le sustituía su heredero. 
Una de las aportaciones propias del Código japonés fue la de otorgar capacidad jurídica y cierta capacidad de obrar a cada uno de los miembros de la Casa (arts. 1 y 748 del Código japonés de 1898). 
En su articulado se contemplaba un divorcio bilateral por mutuo consentimiento (art. 808 del texto de 1898) o judicial con "justa causa" (art. 813 del Código japonés), que suprimía el divorcio unilateral por parte del marido y que venía a ser una especie de repudio, vigente hasta 1873 en supuestos de esterilidad, lascivia, desobediencia a los suegros, locuacidad, hurto, celos o enfermedad incurable. En el Derecho sucesorio el eje fundamental era el jefe de la Casa. A su muerte o retiro le sucedía el pariente de sangre de grado más próximo que fuera varón y, entre éstos, el de más edad (art. 970 del Código japonés).

 Ley 222/ 1947, de 22 de diciembre, que entró en vigor el 1 de enero de 1948 conllevaba la supresión de la institución de la Casa, y la tradicional concepción del matrimonio. Con la nueva regulación del 47 se eliminó la autorización paterna como requisito de validez del consentimiento matrimonial del esposo menor de 30 años y la mujer menor de 25 años; se protegía al mismo tiempo la separación de patrimonios entre los esposos que así lo desearan (art. 762 del Código japonés), y se dejaba libertad a los cónyuges en la elección de apellido (art. 750). La supresión de los privilegios sucesorios del primogénito fue otro paso importante en materia de sucesiones, si bien se mantuvo inalterable la distinción entre hijo legítimo e ilegítimo (art. 900 del Código japonés).

A partir de la finalización de la II Guerra Mundial se promulgaron otras reformas en estas dos materias: la Ley núm. 40, de 29 de marzo de 1962, y la Ley núm. 51, de 17 de mayo de 1980, también en materia de sucesiones. A la materia de adopción le afectó la reforma de 26 de septiembre de 1987, dictada por la Ley núm. 101, que vino a extinguir todos los vínculos de parentesco entre el adoptante y la familia anterior. Más reciente ha sido la Ley 149/1999, de 8 de diciembre, que entró en vigor el 1 de abril de 2000, y que vino a afectar a la capacidad de obrar (arts. 7 a 20 del Código Civil japonés), así como a la tutela (arts. 838 a 876 del citado Código).

EL CÓDIGO CIVIL JAPONÉS, UN CÓDIGO A LA EUROPEA.

La promulgación del Código civil japonés de 1898 fue una concreción de la intensa actividad legislativa desplegada en el archipiélago nipón durante la denominada Época Meiji (1868-1912), en la que se produjo una rápida modernización del país gracias, en parte,a su apertura a Occidente.
 En un congreso internacional celebrado en San Luis (Misuri) a los pocos años de su entrada en vigor, uno de sus tres redactores —Nobushige Hozumi— calificó el Código como «un ito de la ciencia del derecho comparado» y afirmó que con el derecho japonés se había emancipado de la familia jurídica china a fin de incorporarse a la romana. La ausencia de una legislación adecuada se había puesto ya especialmente de relieve al final de la época de Tokugawa (1603-1868), a raíz de los tratados comerciales firmados, en 1858, con Estados Unidos, Holanda, Rusia, Francia, y Gran Bretaña.

En estos tratados, que pude consultar en la Widener Library de Harvard, el gobierno baku-* Conferencia pronunciada en Pontevedra, el 11 de julio de 2001, en uncurso de verano de la UNED organizado por su Departamento de Derecho Romano y dirigido por los profesores Manuel Jesús García Garrido y Federico Fernández de Buján. 

fu hubo de conceder a estas potencias un amplísimo privilegio de extraterritorialidad en los ámbitos civil y penal, que dejó al Japón en una incómoda y desventajosa posición de inferioridad. Cuando el gobierno del Meiji, años después, intentó revisar los tratados a fin de abolir esta supremacía extranjera, y muy particularmente la jurisdicción consular, se encontró con una rotunda negativa por parte de estos países fundada en la escasa eficacia y la insegura aplicabilidad del derecho japonés entonces vigente.La salida del multisecular aislamiento exigía, pues, una actualización de su ordenamiento legal, que se hizo con la mirada puesta en el derecho de estos países. 

Comenzaba una nueva etapa en la historia del derecho japonés marcada por la capacidad de asimilación de los principios jurídicos del derecho civil europeo y del anglosajón, así como de armonización de éstos entre sí y con la propia idiosincrasia nipona. El proceso de recepción del derecho fue en todo caso complicado, pues estaban en juego muchos intereses políticos y económicos.Se inició en 1869 cuando el Ministro de Justicia Shimpei Eto, condenado cuatro años después a la pena capital, encomendó a Rinsho Mitsukuri la traducción al japonés del Código penal francés.
 Contento con la labor realizada por el traductor, le encargó la compleja traducción del Code civil, cuyo prestigio e influencia mundial eran incuestionables. La elección del ordenamiento francés frente al sistema del common law, por ejemplo, tenía la ventaja de que los cinco códigos franceses podían ser «recibidos» conjuntamente y en «unidad de acto», sin necesidad de un complejo proceso de adaptación,que sí hubiera requerido la importación del derecho anglosajón,basado en el precedente judicial, o del derecho de Pandectas que venía aplicándose en la recién unificada Alemania.

Se cuenta que, en cierta ocasión, habiendo acudido el Ministro Shimpei Eto al despacho de Mitsukuri para llevarse una parte del Código civil francés ya traducida, éste le manifestó sus dificultades en la traducción, entre otras razones porque no era jurista y además no había diccionario francés-japonés, y que el Ministro le tranquilizó con las siguientes palabras: «No se preocupe Usted por los errores. Elaboraremos los códigos japoneses aun utilizando como modelo traducciones plagadas de faltas». Una parte de la traducción se publicó ya en 1871, pero la traducción completa, en cambio, no pudo acabarse hasta siete años después.


En efecto, la traducción del Código de Napoleón requería la utilización de una nueva terminología jurídica japonesa, ya que mucho seran los conceptos del Code inexistentes en japonés. Baste mencionar la paradigmática expresión droits civils, que es, sin duda, esencial en la filosofía jurídico-napoleónica. A pesar de la importante labor creativa del traductor, gran conocedor del francés pero sin previa formación jurídica, la idea de resolver la laguna legal con la posible aplicación directa de la versión japonesa del Código francés parecía invia-ble. Por lo demás, difícilmente se hubiera podido asumir un derecho no conocido en profundidad por los propios juristas japoneses.Con acierto, el Gobierno japonés comenzó a invitar a algunos juristas extranjeros para que enseñaran el derecho de Occidente y asesoraran al Gobierno en temas legislativos. 

Entre ellos, destaca, en el ámbito civil, el profesor de la Universidad de París Gustavo Emilio Boissonade de Fontarabie, que firmó un contrato de tres años conel Ministerio de Justicia japonés, en París, el 24 de junio de 1873. Boissonade recibió el encargo de redactar en Francés un código penal y un código de procedimiento penal «conforme al espíritu japonés ya la técnica occidental» así como de impartir docencia en la recién fundada Escuela de Derecho del Ministerio de Justicia. La cláusula octava del contrato, publicada recientemente por Yasuo Okubo, le prohibía expresamente dedicarse a los negocios así como inmiscuirse en cuestiones religiosas o políticas.La finalidad de esta Escuela no era otra que la de promocionar el derecho francés frente al ya presente derecho anglosajón, que sevenía enseñando en la «Universidad de Tokio». 

Las quince ediciones alcanzadas por el libro del jurista americano Henry T. Terry, titulado The first Principies of Law (Tokio 1878), son un claro exponente del peso que llegó a adquirir el derecho anglosajón. En 1877, el jurista parisino había cumplido su tarea codificadora, y en 1880, después de ser traducidos y discutidos en el Senado (Genroin), se promulgaron por ley imperial estos dos primeros códigos japoneses modernos —penal y de procedimiento criminal—, que entraron en vigor el 1 de enero de 1882. Entre otros principios penales, hay que mencionar la recepción del principio de legalidad penal (nulla poena sinelege), en el art. 2 del Código penal, así como el de la irretroactividad de la ley penal desfavorable (art. 3). Ambos códigos tuvieron, sin embargo, una corta vida: el Código de procedimiento criminal estuvo vigente hasta 1890; el penal, hasta la entrada en vigor del ya casi centenario Código penal de 1907.

Cumplido el encargo, Boissonade se afanó, a partir de marzo de 1879, en la elaboración de un proyecto de Código civil, para el que gozó de una gran libertad. Así lo reconoció en un escrito dirigido al entonces Ministro de Justicia Takato Oki, fechado en Tokio el 30 de septiembre de 1882, en el que afirma haber tenido una «completeliberté pour la premiére rédaction du projet du Code civil». El Proyecto —inspirado principal pero no únicamente en el modelo francés, y con parte de elaboración propia— constaba de cinco libros:

 I.De las personas y de la familia; II. De los bienes; III. De los modos de adquirir los bienes; IV. De las garantías; y V. De las pruebas y de la prescripción. 

Como no conocía el profesor parisino las costumbres japonesas, ni tampoco el idioma, prefirió, con buen criterio, que el libro sobre las personas y la parte de sucesiones (que se incorporaría allibro III) fueran elaborados por los juristas japoneses Shiro Isobe yToshikazu Kumano, con el fin de dedicarse él personalmente a los restantes libros, que fueron traducidos y revisados por las correspondientes comisiones. Boissonade puso punto final al proyecto al cabo de diez años, en abril de 1889. Cuando el equipo japonés finalizó, unos meses después, el libro I sobre las personas y la parte correspondiente al derecho de sucesiones del libro III, se reunieron los cinco libros en un solo Código, cuya entrada en vigor se fijó el 1 de enero de 1893. No podía menos de ser grande la alegría de Boissonade convertido en pocos años en el «padre del derecho japonés moderno».

Durante estos tres años de vacado legis, necesarios por lo demás para que los juristas se familiarizan con el Código, tuvo lugar una fuerte controversia que impidió que éste entrara en vigor. Tres fue-ron quizá las principales causas que provocaron, a la postre, el rechazo del Código de Boissona de. En primer lugar, las tensiones en el seno del gobierno japonés debido a las negociaciones en la revisión de los mencionados Tratados comerciales firmados con Estados Unidos, Francia, Inglaterra y Holanda en 1858, ya que,como se dijo, estas potencias no querían renunciar a su privilegiado régimen de extraterritorialidad.

 El compromiso del Ministro de Asuntos Exteriores, Shigenobu Okuma, víctima de un atentado enoctubre de 1889, de entregar a estos países una versión inglesa yotra francesa de los Códigos japoneses para que fueran aprobados por ellas y de nombrar jueces extranjeros en sus tribunales precipitó su dimisión el 24 de diciembre de 1889. Le siguió Shuzo Aoki,y a éste Takeaki Enomoto, que sólo ocupó el cargo hasta el 8 de agosto de 1892.266

La promulgación de la nueva Constitución de Meiji de 11 defebrero de 1889, exaltadora de los valores nacionales e inspirada en la de Prusia de 1850, confirmaba el giro en la política legislati-va del gobierno hacia el derecho alemán, iniciado con el encargo de los Códigos de comercio y procesal civil a los juristas alemanes Hermann Roesler y Hermann Techow, respectivamente. En efecto,el padre de la Constitución Meiji, el Ministro Hirobumi Ito, en su viaje a Europa, fue cautivado por el pensamiento constitucional de juristas como Rudolf von Gneist y Lorenz von Stein y no vio, en cambio, con buenos ojos la Constitución francesa de 1791 por considerarla revolucionaria e incompatible con el régimen imperial nipón.

El duro antagonismo entre la Escuela de Derecho del Ministerio de Justicia en la que profesaba Boissonade y la Facultad de Derecho de la Universidad de Tokio, más atenta a los principios anglosajones,también favoreció esta política de acercamiento a la ciencia jurídica alemana.En 1889, el más tarde célebre jurista americano John Henry Wig-more, recién licenciado en Harvard, se trasladó a Japón para dirigir el Departamento de derecho anglosajón de la Universidad de Keio,en Tokio. Sus investigaciones sobre la tradición jurídica japonesa y el alto desarrollo del derecho japonés en la época de Tokugawa apoyaban sus tesis contrarias a la codificación, y, en particular, al proyecto de Boissonade, que criticó con dureza.Pero muy probablemente el golpe definitivo contra el Código de Boissona de se lo dio el famoso Manifiesto en contra de la entrada en vigor del Código de Boissonade (y del Código de comercio), rubricado por once juristas japoneses de formación anglosajona y publicado, aprovechando un viaje de Boissonade a Francia, el 14 de abrilde 1892. 

El Manifiesto centraba su crítica, entre otros, en los siguientes puntos: que el Código había despreciado las antiguas costumbres referentes a la organización familiar; que estaba inspirado en principios del Cristianismo —que no era la religión del país— defensores de la igualdad de todos los seres humanos con independencia de su posición social; que daba más importancia a la teoría de los bienes que a las personas; que admitía un derecho natural anterior al derecho positivo; y que estaba informado por un principio individualista, desconocedor de los distintos grupos configuradores de la sociedad.

Aunque Boissona de no perdió la esperanza de que su Código seaplicara a partir del 1 de enero de 1893, tal y como estaba previsto,lo cierto es que el 22 de noviembre, por Ley 8/1892, se «retrasó» la entrada en vigor de los códigos civil y de comercio hasta el 31 dediciembre de 1896. El Código de Boissonade estaba llamado a ocupar en la historia del derecho el amplio lugar reservado a los muchos códices sine effectu que en el mundo han sido. A la vista de los acontecimientos, Gustavo de Boissonade regresó a Francia, en 1895, don-de vivió retirado en Antibes hasta su muerte en 1910.

En marzo de 1893, se creó por edicto imperial un consejo para la«revisión» del Código de Boissonade y se nombró una comisión eje-cutiva compuesta por tres profesores de la Facultad de Derecho dela Universidad Imperial de Tokio: Nobushige Hozumi, formado en Londres y Berlín, Masaaki Tomii, políglota y doctor en derecho porla Universidad de Lyon, y Kenjiro Ume, que había ampliado estudiosen Lyon y se había doctorado en la Universidad de Berlín. Tanto Hozumi como Tomii habían defendido el retraso de la entrada en vigor del Código Boissonade; el profesor Ume, en cambio, había sido uno de los más acérrimos defensores de su inmediata vigencia, quizá por haberse iniciado en la ciencia jurídica de la mano de este jurista francés.Esta comisión, más que revisar el Código de Boissonade, pre-paró un nuevo proyecto, en cinco libros.

 En marzo de 1896, fueron aprobados por la Dieta Imperial los tres primeros, con ligeras modificaciones, y promulgados por Ley 89/1896, de 27 de abril. El libroI contenía la Parte general; el II, los derechos reales, y el III, las obligaciones. Los libros IV (De la Familia) y V (De las sucesiones) fue-ron promulgados dos años después por Ley 9/1898, de 21 de junio.El nuevo Código civil japonés entró en vigor, todo él, al mes siguiente, el 16 de julio de 1898 y es el que todavía se aplica en nuestros días. Una gran ventaja que ofrecía este Código frente al de Boissona-de era el de haber sido escrito en lengua vernácula y por juristas dela tierra.

 Otra, no menos importante, era que, al haber tenido en cuenta distintos sistemas jurídicos, podía presentarse, en los ambientes políticos, como un Código ecléctico de las tres Escuelas (inglesa,francesa y alemana). Pero no en el ámbito jurídico, pues el Código de 1898 venía a confirmar que, a partir de ese momento, la Escuela alemana iba a marcar la pauta de la actividad jurídica del Japón. 
Por último, el Código de 1898 era más breve. Tenía seiscientos dieciséis artículos menos que el Código de Boissonade (1762 artículos en suversión definitiva), gracias a la incorporación de una Parte General,que fue muy bien recibida en Japón. Los cinco libros de que constaba seguían fundamentalmente la estructura pandectista del primer(1888) y segundo borrador (1895) del BGB, presente ya en el Código de Sajonia, de 1863.En la redacción, sin embargo, se tuvieron en cuenta muchos otros Códigos —más de treinta—, entre los cuales se encontraba el nuestro español de 1889. Con estas palabras, que traduzco con cierta libertad, explicaba el propio Hozumi, en el citado congreso internacional de 1904, la elaboración del Código civil japonés:

«A primera vista, podría parecer que la factura del nuevo Códi-go es muy próxima a la del Código alemán. He leído frecuente-mente afirmaciones en este sentido. Es cierto que tanto el primer como el segundo proyecto del Código alemán proporcionaron un material muy valioso a la Comisión codificadora y que fueron muy tenidos en cuenta en sus deliberaciones. Pero un examen más aten-to de las reglas y principios informadores del Código muestra que la Comisión recogió material de todas las partes del mundo civilizado y que, con gran libertad, se sirvió de reglas y principios jurídicos de otros países, siempre que vio la conveniencia de actuara sí. En algunas capítulos, se adoptaron las reglas del código francés; en otros, los principios del derecho anglosajón; otras veces,proporcionaron material a los redactores del Código leyes como el Código de las Obligaciones de Suiza de 1881, el nuevo Código español de 1889, el Código general de los bienes de Montenegro,las Leyes de Sucesiones y Contratos de la India, o los Códigos de civiles de Louisiana, Baja Canadá, distintas repúblicas Sudamericanas, el proyecto del Código civil de Nueva York, así como otros similares».

Entre estos otros códigos utilizados a que se refiere Hozumi, se deben mencionar el código de Prusia (Preuf^isches Allgemeines Lan-drecht), de 1793; el importante código austríaco {Allgemeines Bür-gerliches Gesetzbuch), de 1811, el ya citado Código de Sajonia {DasSdchsische Bürgerliche Gesetzbuch), de 1863, y muy particularmente el italiano de 25 de junio de 1865. 

En realidad, estos Códigos tuvieron más importancia que algunos de los citados por el jurista japonés. Pero no hay que olvidar que Hozumi pertenecía a la Escuela anglosajona y estaba disertando en los Estados Unidos, por lo que se comprende que, entre los códigos de influencia más secundaria,sin faltar a la verdad, refiriera aquellos más conocidos por el auditorio. Así, por ejemplo, el Código italiano de 1865, junto con el Código civil de los Países Bajos de 1827, inspiró ni más ni menos que el art. 2 CC jap., que venía a resolver el estatuto de los extranjeros extendiendo a ellos los derechos privados en tanto no fueren excluidos porley, reglamento o tratado internacional.
En cualquier caso, la impronta sobre el Código japonés de 1898 de todos los códigos citados, con el francés a la cabeza, es menor,bastante menor, que la del BGB, del que tomó, no sólo la estructura, sino también gran parte de su contenido, especialmente en sulibro I: los conceptos alemanes de capacidad jurídica (Rechtsfahig-keit), capacidad de obrar (Geschaftsfahigkeit), declaración de voluntad (WiUenserklarung), negocio jurídico (Rechtsgeschaft) y representación (Vertretung), la teoría de la persona jurídica (juristischePerson), la distinción entre la asociación (Verein) y la fundación(Stiftung) así como otros muchos más han pasado sin filtros al derecho japonés.

De ahí que, más que tratar de lo que hay de derecho alemán en el Código japonés, un criterio más simple invita a considerar lo que no es estrictamente derecho alemán. Conviene advertir, sin embargo, que sería un error crear un inexistente muro de separación entre el BGB y el Code u otros códigos, pues casi todos ellos están fuerte-mente inspirados en el derecho romano, tan presente en el Código japonés.

 Por lo demás, como se ha dicho, la formación jurídica dela comisión legislativa era ecléctica. Permítanse me algunos ejemplos. La regulación de la compensación (arts. 505 a 512 del CCjap.)está tomada del BGB, pero el legislador tuvo también en cuenta el derecho francés; el art. 91 del Código japonés recoge el principio de libertad civil, basándose en el art. 6 del Code, pero a la luz, más tenue, eso sí, del §134 BGB. Para digmáticos en este sentido sontambién el título de la posesión (arts. 180 a 205 Cjap.), en el que tanto la impronta del BGB como la del Code se vislumbran en los distintos artículos; el capítulo de la cesión de créditos (arts. 466 a 473 CCjap.) o la regulación del arrendamiento (arts. 601 a 622CCjap.).270

Si hay algo que separa el Código japonés del BGB es que los legisladores japoneses de 1898 no recogieron el principio alemán de abs-tracción {Abstraktionsprinzip, del §929 BGB) y sí, en cambio, el principio «espiritualista» francés de transmisión de la propiedad. Enefecto, los famosos artículos 1138 y 1583 del Code dejaron su impronta en el art. 176 del CCjap., que recoge el principio de constitución y transmisión de los derechos reales por simple declaración de voluntad. Ya sólo este hecho es suficiente para dar carta de naturaleza ala influencia francesa en el Código japonés. 
Pero es que a la comisión no se le escapó la sencillez y profundidad del art. 1382 Code sobre responsabilidad por culpa extracontractual {vid. art. 709CCjap.), el principio de libertad contractual del art. 6 Code, el principio de l'action obligue del art. 1166 Code, que pasó casi literalmente al art. 423 CCjap., ni el famoso principio de que la possession vauttitre del art. 2279 Code, recogido en el art. 1192 CCjap. 

La Comisión tuvo especialmente en cuenta el Code en la redacción del título delos privilegios —que no se encuentra en el BGB—, pero también del título de las servidumbres, de la fianza, o la novación, por citar algunos ejemplos.Muy superior a la influencia anglosajona, a pesar de la mención privilegiada de Hozumi, es la del propio Código de Boissonade así como la del llamado Código suizo de las obligaciones, de 1881, cuyo contenido pasó en gran parte al nuevo Código de las obligaciones,que entró en vigor, junto al Código civil suizo, el 1 de enero de 1912.
Así, la regulación de la representación aparente del art. 109 CCjap. está inspirada en el art. 33.3 del Código suizo de las obligaciones; ola extensión de las disposiciones del mandato del art. 656 CCjap. a aquellos encargos que no constituyan otro contrato regulado legal-mente está tomada del art. 394.2 (igual al vigente) del Código suizo de las obligaciones.No fatigaré al auditorio con referencias concretas a distintos códigos que pasaron por las manos de los legisladores, muy probable-mente como el agua entre ellas. 
Sí me parece, en cambio, obligado intentar dar respuesta a dos cuestiones, a saber: cuál fuera la posi-ble influencia del Código español en el Código japonés y qué hay de japonés en el Código japonés.Bastantes son las semejanzas entre el Código japonés y el Código civil español de 1889.

 Casi todas ellas, sin embargo, se deben a que tanto el legislador japonés como el español tuvieron muy presenté el Código francés. La influencia española, por tanto, puede venir por una doble vía: por haberse tenido en cuenta á cóté du Codeen aquellas instituciones reguladas por el código napoleónico (por ejemplo, en tema de servidumbres, créditos privilegiados o transmisión de la propiedad), o por haberlo sido malgré le Code, como Códi-go independiente, en instituciones que no se hallan en el Code o que están reguladas de forma diferente al Código japonés.La influencia á cóté du Code se manifiesta, por ejemplo, en tema de paso a la finca ajena para construir o reparar un edificio de la propia que regula el art. 209 CCjap., muy probablemente inspirado en nuestro art. 569 CCesp. 
El Código francés trata de este derecho de paso, pero no con la proximidad con que lo hacen los códigos japonés y español. Otro ejemplo de influencia española es el del artículo 215 del CCjap., en tema de contención de aguas, que pudo inspirarse en los arts. 421 y 422 del Código español. 

El Code se refiere a este tema en el art. 640, pero este artículo se halla bastante más alejado de Código japonés que los artículos mencionados del Código espa-ñol. Un tercer ejemplo que puede servir para mostrar esta influencia española es el del art. 220 CCjap., que regula el derecho de conducción de agua sobre el fundo inferior para evacuarla, de forma muy semejante a los arts. 557 y 558 CCesp. Por último, y no por ello menos importante, se puede citar el art. 580.1 CCjap., en tema de retracto convencional, que, aunque inspirado en el Code, establece sin embargo un plazo de ejercicio máximo de diez años, semejante al art. 1508.2 CCesp., y no de cinco años, como dispone el art. 1660 Code. Para mostrar la influencia malgré le Code es necesario acudir a instituciones que, no hallándose en el Code, estén reguladas en elCódigo español, o a artículos de nuestro Código que difieran del francés y se encuentran de forma similar en el código japonés. Tal es el caso, por ejemplo, de la enfíteusis (arts. 270 a 279 CCjap.), que suprimió el Code, pero que regula extensamente nuestro Código civil. 

Aunque pudo ser tenida en cuenta por el legislador nipón, la regulación española es bastante diferente de la japonesa. Por lo demás, también se halla regulada en el Código austríaco (§1122 ABGB), aunque con poco paralelismo con el Código japonés. Se encuentra también en el ABGB (§323) y en nuestro Código civil (art. 448 CCesp.) la presunción de justo título, que ha pasado al art. 188 del CCjap. El tenor del art. 488 CCjap., en tema de imputación de pagos, es casi idéntico a nuestro art. 1172.1 CCesp., pero tampoco se distancia tanto del §366.1 BGB como para pensar en una procedencia directa. Lo mismo sucede con el art. 649 CCjap. en tema de anticipos al mandatario, idéntico a nuestro art. 1728.1 CCesp. (pero también muy próximo al §669 BGB).

 Sí es probable, en cambio, que esté inspirado el art. 535 CCjap., sobre responsabilidad en caso de contrato sometido a condición suspensiva, en los párrafos 3 y 4 del art. 1122 CCesp. En todo caso, la cuestión sobre la influencia del derecho español en el Código civil japonés —real por cuanto la menciona Hozumi en lugar destacado— queda abierta y pendiente de un estudio profundo, que brindo a la civilística japonesa y española.

 Con-testaré esta pregunta diciendo que el Código civil japonés tiene mucho de derecho alemán, bastante de derecho francés y poco de tradición jurídica japonesa, pero, en todo caso, se trata de un derecho«elaborado» en Japón por japoneses. La Comisión legislativa se des-pegó de los códigos occidentales en el art. 263 CCjap., por ejemplo,que regula el derecho de «Iriai», que es un derecho real consuetudinario de explotación forestal de tierras comunales. Parte de elaboración japonesa tiene también el contrato de compraventa, que pres-cinde del concepto romano de cosa (merx) para incorporar el de«derecho patrimonial» (art. 555 CCjap.). 
Pero, sobre todo, donde realmente se nota la actividad creativa de los legisladores japonesesfue en los libros IV y V, sobre familia y herencia, respectivamente.En estos libros finales, se suceden, sin solución de continuidad, artículos del BGB o del Code con artículos de nueva factura. Y es que la organización familiar japonesa poco tenía que ver a finales de sigloXIX con la europea o la americana.La familia japonesa se organizaba en tomo a una «Casa» (le),registrada en el llamado Koseki (registro de casas). 

Gobernada por un jefe de familia —en muchos casos el abuelo— a ella pertenecían su esposa, sus parientes consanguíneos hasta sexto grado y los afines hasta tercero, con sus respectivos cónyuges. El jefe tenía el deber de manutención de los miembros de la casa. Éstos, a cambio, tomaban el apellido del jefe, no podían cambiar su residencia sin su autorización y necesitaban su consentimiento para contraer matrimonio o reconocer un hijo. Al morir el jefe sucedía en la jefatura su heredero. Esta estructura familiar explica que el matrimonio fuera tenido más por una institución de la propia casa que por un convenio Ínter virum et uxorem.
La gran novedad que introdujo el Código japonés fue la de otorgar capacidad jurídica y cierta capacidad de obrar a cada uno de los miembros de la Casa. A su vez, mejoró considerablemente la posición de la mujer, especialmente de la casada, aunque todavía quedaba muy lejana su equiparación en derechos al varón. En este sentido,se puede citar como revolucionario para el Japón el art. 790CC jap.1898, inspirado en el §1360 BGB, que imponía a los esposos el deber de «mutua ayuda y sostenimiento». 

Se permitió que la mujercasada tuviere su propio patrimonio, si así se había establecido enlas capitulaciones matrimoniales, pero éste debía ser administrado,en principio, por el marido. Hasta la publicación del Código, el Derecho japonés venía aplicando la doctrina china de la perpetua obediencia de la mujer al varón, concretada en las llamadas tres obediencia: la mujer, de soltera, debía obediencia a su padre; de casada,a su marido; y de viuda, a su hijo.

El Código civil Meiji incorporó un divorcio bilateral por mutuo consentimiento o judicial con «justa causa» (art. 813 CC jap.1898)—en sustitución del «divorcio unilateral», en realidad repudio,vigente hasta 1873— que permitía al marido —conforme al entonces vigente Código Tahio-Ryo (del 708 d.C.)— abandonar a la mujer,sin aviso previo, en caso de:

 i) esterilidad, ii) lascivia, iii) desobediencia a los suegros, iv) locuacidad, v) hurto, vi) celos o vii) enfermedad incurable. 

La sustitución en el Código Meiji del repudio unilateral (sin consentimiento de la mujer) por el divorcio bilateral (con consentimiento del otro cónyuge) produjo, a juzgar por las estadísticas, una mayor estabilidad matrimonial en Japón. 
En 1897, son datos del Ministerio japonés de Salud y Bienestar, el índice de divorcio por mil habitantes fue 2,93 (es decir, hubo 115.654 divorcio); tres años después, en 1900, el índice era de 1.45 (es decir, hubo 63.828 divorcios). Y es que, dada la posición social de la mujer, en realidad,lo que de facto incorporaba el Código de 1898 era el requisito del consentimiento de la mujer para ser repudiada por su marido. 

También servía para que la mujer maltratada se liberara del marido con consentimiento de éste, y retornara a su antigua casa, donde frecuentemente ya no era aceptada. El divorcio llamado judicial no tuvo ninguna repercusión social.El derecho sucesorio del libro V giraba también en torno a la Casa, pues la sucesión por antonomasia era la del jefe, que tenía lugar cuando éste moría o se retiraba. Al jefe le sucedía el pariente de sangre de grado más próximo que fuere varón, y, entre éstos, el de más edad. Esta sucesión incluía los documentos de la casa, la propiedad sobre las sepulturas y los instrumentos rituales del culto ancestral,conforme a la tradición cultural japonesa. 

Junto a esta sucesión,como gran novedad, introdujo el Código de 1898 una sucesión sobre los bienes privativos de cada uno de los miembros de la casa, inspirada en el BGB y en el Code, en virtud de la capacidad patrimonial que el propio Código les reconocía, así como una llamada «sucesión Ínter vivos y>, que aumentó la capacidad de disposición de los miembros de la casa.Esta labor de filigrana jurídica realizada por los legisladores japoneses a fin de compatibilizar los elementos culturales japoneses con el derecho recibido tuvo una vigencia de medio siglo, hasta después de la segunda Guerra Mundial.

viernes, 5 de octubre de 2018

469.-Delaware, un paraíso de las empresas.-a


Luis  Bustamante Robin; Jose Guillermo Gonzalez Cornejo; Jennifer Angelica Ponce Ponce; Francia Carolina Vera Valdes;  Carolina Ivonne Reyes Candia; Mario Alberto  Correa Manríquez; Enrique Alejandro Valenzuela Erazo; Gardo Francisco Valencia Avaria; Alvaro Gonzalo  Andaur Medina; Carla Veronica Barrientos Melendez;  Luis Alberto Cortes Aguilera; Ricardo Adolfo  Price Toro;  Julio César  Gil Saladrina; Ivette Renee Mourguet Besoain; Marcelo Andres Oyarse Reyes; Franco Gonzalez Fortunatti; Patricio  Hernández Jara;  Demetrio Protopsaltis Palma;Nelson Gonzalez Urra ; Ricardo Matias Heredia Sanchez;Katherine Alejandra Del Carmen  Lafoy Guzmán; Alamiro Fernandez Acevedo;  Soledad García Nannig; Paula Flores Vargas; María Veronica Rossi Valenzuela; Aldo Ahumada Chu Han; Katherine Alejandra Del Carmen  Lafoy Guzmán


Delaware, un paraíso de las empresas.




Bandera de Delaware


El Gran Sello del Estado de Delaware fue adoptado el 17 de enero de 1777, con la versión corriente adoptada el 29 de abril de 2004. Contiene el escudo de armas del estado surmontado por la inscripción. Está formado por tres franjas (roja, azul y blanca) situadas en horizontal, con motivos representativos de la agricultura local. Situado encima del escudo está un barco de pesca. Los elementos del mencionado escudo estatal están flanqueados por dos figuras: un granjero a la izquierda y un soldado a la derecha. El lema del estado, debajo del escudo, reza: "Liberty and Independence" ("Libertad e Independencia")



Estado.






Delaware es uno de estados forman los Estados Unidos de América. Su capital es Dover y su ciudad más poblada, Wilmington. Está ubicado en la región Nordeste del país, división Atlántico Medio, limitando al norte con Pensilvania, al noreste con la bahía de Delaware que lo separa de Nueva Jersey, al este con el océano Atlántico y al sur con Maryland.
A pesar de su pequeña extensión, Delaware es un gran centro financiero. Más de 200 mil empresas tienen su sede en el estado. Esto sucede gracias a las leyes estatales que conceden beneficios fiscales a las compañías que deciden instalar sus sedes en el estado, atrayendo incluso a muchas que operan principalmente fuera de él. 
Este hecho dio al estado el apodo de The Land of Free-Tax Shopping. Por ello, este estado es también uno de los mayores centros bancarios de Estados Unidos. También posee una fuerte industria petroquímica.

Historia.

La región que constituye actualmente el estado estadounidense de Delaware estaba habitado, antes de la llegada de los primeros exploradores europeos a la región, por dos tribus de nativos americanos pertenecientes a la familia amerindia de los algonquinos: los delaware, a lo largo del valle del río Delaware, y los nanticoke, a lo largo de los ríos que desembocan en la bahía de Chesapeake. Los delaware eran una tribu sedentaria, que vivían de la caza y de la agricultura.
El primer europeo en descubrir Delaware fue el explorador inglés Henry Hudson, en 1609, que navegó por el interior de la bahía de Delaware. Los neerlandeses fueron los primeros europeos en intentar poblar la región del actual Delaware. La primera tentativa ocurrió en 1631, en un fuerte llamado de Zwaanendael, próximo al actual Lewes. 
Sin embargo las desavenencias con los nativos de la región acabaron, al año siguiente, con la masacre de todos los neerlandeses de Zwaanendael y la quema del fuerte. En 1638, los suecos fundaron Nueva Suecia, en la región del actual Delaware. El primer asentamiento sueco en la nueva colonia fue Fort Christina, actual Wilmington. Casi de inmediato se produjeron conflictos entre los suecos y los neerlandeses, ambos reivindicando la posesión de la región. Los holandeses, liderados por Peter Stuyvesant, expulsarían a los suecos de la región en 1655, incorporando a la colonia sueca los Nuevos Países Bajos. 
Sin embargo, nueve años después, en 1664, una expedición inglesa, liderada por James, Duque de York, expulsaría los a los neerlandeses de la región. Maryland, entonces administrada por Cæcilius Calvert, y Pensilvania, administrada por William Penn (que quería la región para que Pensilvania pudiera tener un acceso directo al océano Atlántico), inmediatamente reivindicaron derechos sobre la región. La posesión de Delaware se le otorgó a Pensilvania en 1682.

William Penn organizó Delaware en tres condados: Kent, New Castle y Susex. El resto de Pensilvania también fue dividida en tres condados diferentes. Tanto la región de Delaware como el resto de Pensilvania poseían el mismo número de representantes en el gobierno de Pensilvania. Sin embargo, a medida que la población de esta última fue creciendo por encima de la población de Delaware, fueron añadidos más condados. Mientras tanto, Delaware permanecía con poco crecimiento poblacional, con los tres condados, llamados Lower Counties (Condados Menores).
 La región de Delaware, así, fue perdiendo representación en el gobierno de Pensilvania. La población de Delaware pidió a William Penn permiso para la creación de un Legislativo regional, petición que fue aceptada. Delaware fundó su Legislativo en 1704, aunque continuó siendo gobernada por el gobernador de Pensilvania, hasta el inicio de la Revolución Estadounidense de 1776.
Delaware reaccionó fuertemente contra actos impuestos por los británicos después del fin de la Guerra Franco-Indígena, en 1754, con diversos políticos de la región criticando duramente a los británicos, entre ellos, Thomas McKean. Este, juntamente con Caesar Rodney, convencieron la Asamblea General de Delaware a declarar su independencia del Reino Unido, y por lo tanto, de Pensilvania, el 15 de junio de 1776.
En 1776, en el inicio de la Revolución Estadounidense, oficiales de los tres condados de Delaware se reunieron en New Castle, con objeto de organizar un gobierno estatal. Se creó el estado, y el nombre Delaware, que ya era ampliamente utilizado para designar la región, fue adoptado con carácter oficial. El mismo año, Delaware adoptó su primera Constitución, con John McKinly como su primer gobernador.
El único conflicto armado entre estadounidenses y británicos que ocurrió exclusivamente dentro del territorio fue registrado en un puente. Se cree que la bandera de los Estados Unidos (Stars and Stripes) haya sido izada en batalla por primera vez en este conflicto. Delaware fue escenario de solo una batalla durante la guerra de independencia, la Batalla de Brandywine, el 11 de septiembre de 1777, en Delaware y en el condado de Delaware, Pensilvania, donde tropas americanas intentaron impedir sin éxito que tropas británicas continuaran su avance contra Filadelfia. 
El día siguiente, los británicos ocuparon Wilmington, apresaron a John McKinly, y ocuparon la ciudad durante un mes, aunque mantuvieran el control del río Delaware durante la mayor parte del resto de la guerra, entorpeciendo el comercio del estado e incentivando a colonos leales a los británicos, especialmente en el condado de Sussex, realizando diversos actos de sabotaje y ataques contra tropas y milicias americanas. Diversos ataques militares realizados por el segundo gobernador de Delaware, Caesar Rodney, mantuvieron a los colonos leales a los británicos bajo control.
El 22 de febrero de 1779, Delaware ratificó los Artículos de la Confederación. Siete años después, el 7 de diciembre de 1787, Delaware ratificó la Constitución de los Estados Unidos de América, siendo así el primer estado estadounidense en hacerlo, y, por tanto, oficialmente el primer estado de la Unión.



Condados 

Delaware
State of Delaware
Otros nombres: En inglés: "The First State"
(En español: "El Primer Estado")
Lema: En inglés: Liberty and independence
(En español: Libertad e independencia)
Coordenadas39°00′N 75°30′O
CapitalDover
 • Población32.135
Ciudad más pobladaWilmington
EntidadEstado federado de los Estados Unidos
 • PaísEstados Unidos
Subdivisiones3 condados
Fundación
Admisión
7 de diciembre de 1787
1.er estado
SuperficiePuesto 49.º de 50
 • Total6.446 km²
 • Agua1.388 km² (21,5%) km²
Altitud 
 • Media18 m s. n. m.
 • Máxima137 m s. n. m.
 • Mínima0 m s. n. m.
Población (2020)Puesto 45.º de 50
 • Total989 948​ hab.
 • Densidad134,16 hab./km²
GentilicioDelawarense

Ventajas fiscales.

Aunque la mayoría de estados requieren que una empresa tenga por lo menos un director y dos ejecutivos, Delaware no tiene esta restricción. Todos los cargos pueden ser ostentados por una sola persona que también puede ser el único accionista, y no se necesita ser ciudadano estadounidense ni residente.
La jurisdicción fiscal de Delaware ha atraído un buen número de bancos y entidades de crédito debido a la ausencia de regulación sobre la usura. La mayoría de otros estados tienen unos tipos de interés máximos establecidos pero las leyes federales permiten que un banco nacional pueda acogerse a las leyes de la jurisdicción de su sede principal.
Las tasas gubernamentales pagadas por el gran número de empresas que se han establecido en la jurisdicción permiten que Delaware también sea uno de los cinco estados sin impuestos sobre las ventas (Alaska, Montana, New Hampshire, Delaware, Oregon). Sí aplica unos impuestos especiales al combustible, tabaco, bebidas alcohólicas, ocio, primas de seguros y otros artículos seleccionados.
El impuesto sobre la renta de las personas físicas es progresivo y va del 2,2% al 5,55% para los ingresos inferiores a $60,000 y 5,95% para los ingresos superiores a esa cantidad.
El impuesto sobre sociedades que se aplica a las empresas que operan en el estado es un fijo del 8,7%, incluso mayor que en otros estados.
Los impuestos para corporaciones sin presencia física en el estado de Delaware o que son operadas desde el extranjero se calculan en base a una compleja fórmula en función del número de acciones emitidas y capital de valor nominal, con cantidades que van desde un mínimo de $175 a un máximo de $180,000 anual.
Debido a la amplia experiencia de los tribunales de Delaware, este estado tiene un sistema de jurisprudencias más desarrollado que en otros estados, que sirve para dar a las empresas una mayor orientación sobre cuestiones de gobierno corporativo y cuestiones de responsabilidad en las transacciones.

Confidencialidad.

Una empresa de Delaware puede operar de forma anónima a través de un Agente Autorizado con el que se crea la compañía. Esto supone una ventaja en los juicios civiles en los que los propietarios no se pueden divulgar bajo las leyes de Delaware y por lo tanto están a salvo de ser demandados junto con la empresa. Esta protección aplica en el caso de juicios civiles donde la empresa resulte condenada por la comisión de un delito. 
Las empresas tienen que presentar un informe anual que debe incluir el nombre y dirección de uno de los miembros de la junta directiva y la identidad de todos los directores. Los accionistas no aparecen en el informe anual y no se reportan al estado.



Derecho Societario  de Delaware.



La Sensata y Permisiva Ley de Delaware

La base de la ventaja corporativa de Delaware es la Ley General de Corporaciones de Delaware (“DGCL”). Delaware también ha desarrollado leyes avanzadas y modernas para entidades empresariales distintas de las corporaciones. [Ver Las Alternativas de Delaware a las Corporaciones.] La DGCL ayuda a empresarios, administradores y accionistas a crear riqueza a través de la forma corporativa, tanto por lo que no es, como por lo que es.

Para empezar, es importante entender lo que la DGCL no es. La DGCL gobierna sólo asuntos internos de la corporación—la relación entre dueños (accionistas) y administradores (directores y gerentes) de una corporación. En otras palabras, la DGCL es esencialmente una ley contractual especializada que gobierna los roles, deberes y relaciones entre los que manejan una corporación y aquellos que invierten en ella. La DGCL regula los demás aspectos variados de la ley comercial, tales como leyes de competencia, leyes laborales o leyes de títulos valores y divulgación de información, como normalmente lo hace una ley prescriptiva de código civil de sociedades. Todas las corporaciones deben cumplir con la legislación estatal y federal cuando operan en relación con aquellas y otras materias, pero Delaware no mezcla dichas áreas de la ley con el gobierno corporativo. Aunque Delaware tiene leyes que regulan estos y otros temas regulatorios que afectan a la sociedad, sus normas regulatorias solamente aplican a aquellas corporaciones que llevan a cabo negocios dentro del estado de Delaware. Por ejemplo, las leyes laborales y ambientales de Delaware sólo aplican a la actividad empresarial dentro de las fronteras de Delaware. Por el contrario, la ley corporativa de Delaware se aplica a todas las corporaciones incorporadas en Delaware –sin importar donde se ubiquen, ya sea que sus oficinas principales se encuentren en otro estado o en otro país.

La ley federal puede jugar un rol importante en los negocios de una corporación, pero la ley estatal juega un rol primario en los asuntos internos de la corporación. Una corporación es creada bajo las leyes del estado específico que ésta elige para incorporarse. Ese proceso típicamente incluye la presentación de documentos de incorporación con una agencia estatal (como la División de Corporaciones de la Oficina del Secretario de Estado de Delaware). La ley estatal entonces gobernará asuntos como los documentos de organización de la corporación, los derechos de los accionistas y los deberes fiduciarios de los directores. [Ver El Estilo Delaware: Deferencia a la Regla del Criterio de Negocios de Directores que Actúan Leal y Cuidadosamente.]

A la luz del considerable rol que la ley estatal juega en los asuntos corporativos, y debido a que la ley estatal se aplica sin importar la ubicación física de las oficinas principales de la corporación, la decisión de donde incorporar la corporación es sumamente importante para los administradores e inversionistas. Una corporación puede también ser demandada en su estado de incorporación, haciendo que las cortes que interpretarán la ley estatal sean un factor importante a considerar. [Ver Litigios ante la Corte de Equidad de Delaware y la Corte Suprema de Delaware.]

Entre las razones por las cuales las corporaciones son incorporadas bajo ley de Delaware está la política de la DGCL de proveer a accionistas y corporaciones con la máxima flexibilidad para organizar sus asuntos. A diferencia de las jurisdicciones de derecho civil, que por lo general tendrán una ley de corporaciones con disposiciones obligatorias, la DGCL está diseñada para ser una ley permisiva que permite y facilita los procesos específicos de cada compañía. Las disposiciones obligatorias de la DGCL son mínimas y regulan sólo temas de máxima importancia para la protección de inversionistas, tales como el derecho a elegir directores y de votar en ciertas transacciones importantes. Inclusive algunas de las disposiciones obligatorias de la ley admiten pacto en contrario si administradores y accionistas, en conjunto, optan por una solución distinta.

A pesar de que el proceso de creación de la ley con respecto a temas de gobierno corporativo y de regulación de valores fuera de Delaware se somete a veces a discusiones partidarias, acciones apresuradas y escandalosas, y presiones por parte de grupos de intereses específicos, la ley de Delaware es una isla de estabilidad, en donde los cambios sólo se hacen luego de un cuidadoso estudio y reflexión. La constitución del estado de Delaware requiere un voto de mayoría calificada por parte del legislador para modificar la ley de corporaciones, protegiendo a la DGCL de modificaciones individuales propuestas por grupos de intereses específicos o corporaciones influyentes. Esto mantiene a la DGCL estable y predecible para todas las corporaciones de Delaware, lo cual es importante para los administradores en su diseño del plan a largo plazo del curso de sus negocios.

Adicionalmente, el legislador de Delaware se apoya en la asistencia de un grupo de abogados corporativos experimentados de Delaware que asesoran y recomiendan modificaciones anuales. Este grupo está formado de una amplia variedad de abogados (abogados transaccionales, abogados de demandantes y abogados de litigios corporativos), cada uno de los cuales tiene experiencia en ley corporativa de Delaware y trabaja con ella diariamente, y que individualmente puede solicitar opiniones de expertos de fuera de Delaware. Cada año, este grupo estudia la DGCL y recomienda la promulgación de modificaciones cruciales y necesarias para mantener la DGCL actualizada y receptiva de las necesidades de los administradores y dueños de las corporaciones de Delaware. Las divisiones partidarias no ocurren porque ambos partidos políticos entienden que trillones de dólares son invertidos en estas corporaciones y respetan la importancia de asegurar que los administradores e inversionistas puedan confiar en una ley con integridad, eficiencia y confiabilidad. La DGCL entonces combina la estabilidad de su larga historia con las más actualizadas y avanzadas ideas en materia de derecho corporativo.


Litigios ante la Corte de Equidad de Delaware y la Corte Suprema de Delaware.

Delaware es reconocida mundialmente por su eficiente y profesional sistema judicial, el cual es particularmente prominente en áreas de derecho corporativo, empresarial y comercial. Para muchos abogados con experiencia alrededor del mundo, las principales razones por las cuales recomendarle a una empresa que se incorpore en Delaware son las cortes de Delaware y el catálogo de jurisprudencia desarrollado por dichas cortes. Estos resaltan, en particular, a la Corte de Equidad.

La Corte de Equidad de Delaware es la corte corporativa preeminente de los Estados Unidos. En su calidad de corte de equidad, la Corte de Equidad tiene jurisdicción para oír y decidir casos que involucren derechos de equidad (como fideicomisos y deberes fiduciarios) y remedios de equidad (como órdenes judiciales (injunctions) y cumplimiento específico (specific performance)). La Corte también tiene jurisdicción sobre demandas relacionadas con la Ley General de Corporaciones de Delaware y otras leyes relacionadas con entidades empresariales, así como demandas en relación con documentos corporativos tales como documentos de incorporación, estatutos y acuerdos de fusión. La jurisdicción limitada de la Corte promueve la especialización y la experiencia de sus jueces, así como las de los abogados que practican frente a ella.

La Corte de Equidad está constituida por un Magistrado (Chancellor) y 4 Vice Magistrados (Vice Chancellors), cada uno de los cuales es nombrado por el Gobernador, sujeto a la asesoría y consentimiento del Senado de Delaware, por términos de 12 años. Aquellos que son seleccionados para servir en la Corte, históricamente han sido sofisticados practicantes del derecho, familiarizados con materias corporativas y comerciales que rutinariamente se presentan ante la Corte. La constitución de Delaware requiere que las cortes de Delaware mantengan un balance entre los principales partidos políticos, y los miembros de la Corte de Equidad se esfuerzan para emitir decisiones imparciales. Más aun, debido a que la mayoría de litigios corporativos involucran corporaciones incorporadas en Delaware cuyas oficinas principales se encuentran fuera del estado de Delaware, la Corte no está sujeta a ninguna predisposición favorable hacia dicho estado. Las cortes de Delaware ofrecen un campo de juego parejo en donde tanto los accionistas de las empresas como sus administradores a veces ganan y a veces pierden casos—dependiendo de los méritos de los mismos y no en función a influencias políticas.

La Corte de Equidad no tiene jurados, de modo que todos los casos son decididos por el Magistrado o un Vice Magistrado, quienes explican sus decisiones en opiniones escritas detalladas y razonadas. La tradición de la Corte de Equidad de emitir opiniones escritas data de hace más de cien años atrás. La cantidad y calidad de las opiniones de la Corte de Equidad confiere una ventaja sustantiva a las entidades empresariales de Delaware, proveyéndolas de un amplio y predecible catálogo de jurisprudencia interpretativa de la ley. Los administradores y abogados de las entidades empresariales de Delaware pueden usar esta amplia jurisprudencia como guía para la planeación de sus negocios y asuntos.

Otra ventaja que la Corte de Equidad tiene sobre la mayoría de otras cortes es su flexibilidad. Cuando un caso nuevo es presentado ante la Corte, es asignado por el Magistrado a alguno de los jueces. El juez asignado supervisa el litigio y administra el cronograma hasta la conclusión del caso. La Corte de Equidad adoptó tempranamente la presentación electrónica, facilitando a las partes la presentación de, y acceso a, documentos de la Corte. Las reglas procesales de la Corte de Equidad no imponen cronogramas o procedimientos formalistas y en cambio permiten que la Corte y las partes diseñen el litigio según sea necesario. La Corte también tiene la discreción de emitir remedios de equidad diseñados para las circunstancias del caso en particular.

La jurisdicción limitada de la Corte le permite considerar y disponer sobre asuntos complejos de una manera rápida cuando las circunstancias lo requieren, sin sacrificar la calidad y atención cuidadosa. Como una corte de equidad, la Corte de Equidad no resuelve sobre casos penales y rara vez resuelve sobre casos civiles rutinarios que solo buscan daños pecuniarios (tales como responsabilidad por productos y de negligencia automovilística). Esto mantiene a la Corte de Equidad libre para decidir sobre disputas corporativas importantes y disputas contractuales de negocio, tales como disputas entre socios de empresas de riesgo compartido (joint ventures), con la velocidad que la actividad comercial actual requiere. A diferencia de muchas otras cortes entonces, los litigantes pueden buscar (y obtener) una determinación experta de la Corte en unos días o semanas, de ser necesario.

Las decisiones de la Corte de Equidad pueden ser apeladas directamente ante la Corte Suprema de Delaware, la cual es la corte de más alta jerarquía en el estado. La Corte Suprema de Delaware es la autoridad definitiva en temas corporativos, empresariales y comerciales bajo la ley de Delaware.

Cinco Jueces integran en la Corte Suprema de Delaware, cada uno es nombrado (de la misma manera bi-partidaria basada en méritocracia como se eligen los miembros de la Corte de Equidad) por el Gobernador, con el consejo y aprobación del Senado, por términos de 12 años. La Corte puede dividirse en paneles de tres miembros o puede oír y decidir los casos “en banc“; i.e., con los cinco miembros, como lo hace en la mayoría de casos corporativos. Las apelaciones generalmente involucran alegatos escritos y una audiencia oral frente a la Corte, la cual normalmente emite una opinión escrita resolviendo el asunto.

De manera similar a la Corte de Equidad, la Corte Suprema de Delaware está dispuesta a acelerar los asuntos cuando surja la necesidad de hacerlo. Aunque las apelaciones frente a la Corte Suprema suelen resolverse dentro de los 180 días desde la fecha de presentación, la Corte puede decidir sobre las apelaciones dentro de un menor plazo de ser necesario, especialmente en disputas corporativas que demandan una respuesta rápida y en tiempo real.

Las cortes de Delaware proveen a las entidades empresariales de una larga historia de opiniones escritas sobre ley de Delaware, así como expertos imparciales que emiten las decisiones y que están dispuestos y capacitados para moldear los litigios de manera que respondan a las circunstancias particulares de cada caso, permitiendo a las entidades obtener decisiones autoritativas y expeditas bajo las leyes de Delaware.


Para información sobre las firmas de abogados y proveedores de servicios que prepararon y tradujeron estos artículos, por favor visite nuestra página de Agradecimientos o en inglés Acknowledgements. El Estado de Delaware agradece la oportunidad de asistirlos.


 
El Estilo Delaware: Deferencia a la Regla del Criterio de Negocios de Directores que Actúan Leal y Cuidadosamente.

La disposición principal de la Ley General de Corporaciones de Delaware aparece en la Sección 141(a); dicha disposición señala que los negocios y asuntos internos de toda corporación de Delaware son manejados por o bajo la dirección del directorio de la corporación. En el cumplimiento de su labor de administración y supervisión de la corporación, los directores tienen deberes fiduciarios de lealtad y cuidado frente a la corporación y sus accionistas.

Regla del criterio de negocios: Aunque ciertas transacciones importantes requieren del consentimiento de los accionistas además de la aprobación del directorio, es el directorio el que generalmente tiene el poder y el deber de tomar las decisiones de negocio para la corporación. Dichas decisiones incluyen el establecimiento y la supervisión de los planes de negocio y estrategia de largo plazo de la corporación, y la contratación y despido de los ejecutivos con cargos gerenciales. La ley de Delaware establece ciertas presunciones a favor de los directores que toman dichas decisiones ciertas presunciones—conocidas como la “regla del criterio de negocios” (“business judgment rule”)—para que, siempre que la mayoría de los directores no tenga intereses en conflicto con los intereses de la corporación (ver “deber de lealtad” abajo) en relación con la decisión, su decisión no sea luego cuestionada por una corte, siempre que haya sido tomada con el debido cuidado y en buena fe. La regla del criterio de negocios, la cual aplica aun cuando posteriormente se determine que la decisión de negocios no fue acertada, es la pieza central de la ley de corporaciones de Delaware.

Deber de lealtad: De manera general, el deber de lealtad requiere que los directores actúen de buena fe para promover los mejores intereses de la corporación y, similarmente, de abstenerse de conductas que perjudiquen a la corporación.

Fundamentalmente, el deber de lealtad empieza por asegurar que la corporación actúe consistentemente con su certificado de constitución que normalmente permite que la corporación lleve a cabo cualquier tipo de negocio legal por cualquier medio legal. Un director, entonces, no puede hacer que una corporación de Delaware viole la ley con el objetivo de obtener una ganancia. Por el contrario, los directores deben ejercer esfuerzos de buena fe para asegurar que la corporación tenga políticas que aseguren el cumplimiento con las normas regulatorias aplicables a sus operaciones (tales como normas ambientales, laborales y penales) y monitorear el cumplimiento de dichas políticas por la alta gerencia. 
Aunque la ley de Delaware da a los directores una amplia discreción para decidir cómo la corporación debe buscar ganancias, el deber de lealtad requiere que estos consideren también qué curso de acción legal y ético va a producir el mejor resultado para los accionistas de la corporación.

El deber de lealtad también prohíbe que los directores usen sus cargos para promover sus propios intereses personales. La ley de Delaware requiere que los directores dediquen su lealtad a la corporación y a sus accionistas, sin considerar el interés personal. Por lo tanto, el deber de lealtad prohíbe que los directores, por ejemplo, causen que la corporación se involucre en una transacción injusta en la que el director tenga un interés personal, tomando acciones no razonables para mantener su cargo como director o lucrándose del uso confidencial de información corporativa. En general, el deber de lealtad prohíbe toda acción que subordine los mejores intereses de la corporación y sus accionistas a los intereses personales de los directores.

Si la mayoría del directorio tiene un conflicto de interés con una transacción cuestionada en la corte, la decisión del directorio podría no ser protegida por la regla del criterio de negocios. Por el contrario, las cortes de Delaware normalmente requerirán que los directores demuestren que una transacción en la que tenían interés personal fue completamente justa para la corporación. Por esa razón, las cortes de Delaware motivan a directores con conflictos de interés a adoptar protecciones procedimentales—como el nombramiento de tomadores de decisiones imparciales e independientes—para ayudar a asegurar que las transacciones sean justas.
 Más aun, debido a que Delaware busca proteger a los inversionistas minoritarios, las transacciones corporativas importantes con accionistas controladores están sujetas a esta revisión detallada en busca de justicia, aun cuando se hayan adoptado protecciones procedimentales.

Deber de cuidado: En la administración y supervisión de los asuntos corporativos, los directores deben tomar decisiones y también apoyarse en subordinados. El deber de cuidado exige que los directores tomen decisiones de negocio informadas, pero reconoce que los directores deben tomar decisiones constantemente y por ello no pueden tomarse demasiado tiempo en cada una. Por ende, los directores no están obligados a revisar toda la información existente cuando toman las decisiones—sólo aquella información que resulte material para la decisión a tomar.
 No obstante, al evaluar la información proporcionada por la administración, se espera que los directores revisen la información de manera crítica y no la acepten ciegamente.

Determinar si los directores han cumplido con su deber de cuidado o no típicamente depende de las circunstancias específicas. Las cortes de Delaware normalmente consideran cuánto tiempo los directores tuvieron para revisar la información, qué información revisaron, cuan críticamente revisaron dicha información, y si buscaron o no asesoría de expertos legales o financieros. Dado que accionistas racionales no quisieran que los directores teman que decisiones adoptadas de buena fe, pero, inevitablemente riesgosas, sean posteriormente cuestionadas y calificadas como una falta de cuidado, la ley de Delaware típicamente aplica un estándar de “negligencia grave” para determinar si los directores satisfacen o no su deber de cuidado. En otras palabras, a pesar de que se espera que los directores actúen con diligencia razonable, las cortes de Delaware sólo intervendrán si los directores se han apartado drásticamente de lo que se esperaría de un fiduciario cuidadoso. 
Más aun, la ley de Delaware permite que las corporaciones incluyan en sus estatutos una disposición inmunizando a los directores contra responsabilidad monetaria personal por violación de su deber de cuidado—dicha disposición no podrá sin embargo evitar que los directores sean responsables por violar su deber de lealtad. 
Esta disposición, la Sección 102(b)(7), está diseñada para promover la creatividad en el manejo de la empresa y la asunción de riesgos tomados de buena fe para aumentar la riqueza de los accionistas.



Más allá de las Fronteras: Los Beneficios de Delaware para Negocios Internacionales.

Delaware ha sido por mucho tiempo la principal jurisdicción para la organización de todo tipo de entidades empresariales en los Estados Unidos. Pero las leyes empresariales de Delaware resultan también atractivas para empresas extranjeras buscando un hogar para sus negocios en los Estados Unidos. Dichas leyes son regularmente revisadas y actualizadas, con una importante contribución de abogados en ejercicio que se especializan en entidades empresariales de Delaware. [Ver La Sensata y Permisiva Ley de Delaware.] Delaware permite a los dueños de negocios crear entidades a través de un proceso simple y eficiente. El Secretario de Estado de Delaware ha refinado sus operaciones para alcanzar estándares de calidad internacionales. El estado ofrece procesamiento expedito de documentación y acepta la presentación de documentos electrónicamente, permitiendo una formación rápida de entidades. El Secretario de Estado incluso ofrece un “Servicio Global de Presentación” permitiendo—con notificación previa—la formación de entidades internacionales durante fines de semana o feriados estadounidenses.

Las leyes comerciales del Estado de Delaware generalmente ofrecen una serie de ventajas a los negocios internacionales. La ley de Delaware también permite y ofrece procedimientos eficientes para combinaciones empresariales y otras transacciones, incluyendo fusiones, transferencias y conversiones.

Delaware provee un número de métodos alternativos por medio de los cuales las combinaciones empresariales pueden ser realizados, incluyendo fusiones y ventas de activos. Delaware también facilita las combinaciones empresariales con una gran variedad de entidades, incluyendo entidades nacionales y extranjeras. No es necesario que se obtenga ninguna aprobación judicial o regulatoria a nivel estatal con anterioridad a que las empresas de Delaware acuerden combinaciones empresariales con otras entidades. Más aún, debido a que la ley de Delaware ofrece claridad sobre este tipo de transacciones, los inversionistas internacionales usualmente pueden obtener opiniones legales con respecto a la naturaleza post-transaccional de la entidad resultante.

En comparación con muchas leyes corporativas internacionales, que pueden involucrar más regulación o requerir procedimientos más onerosos, tales como “esquemas de organización” (“schemes of arrangement”), los métodos legales de Delaware para completar fusiones y adquisiciones son flexibles y han sido probados por un uso real, efectivo y eficiente por varias generaciones. Por esa razón, incluso muchas corporaciones americanas domiciliadas en otros estados de los Estados Unidos se han reincorporado en Delaware específicamente porque esperan involucrarse en un mayor nivel de actividad en fusiones y adquisiciones y ven a Delaware como el estado cuyas leyes más eficientemente facilitan dichas transacciones.

Adicionalmente, Delaware generalmente elimina la responsabilidad personal de los inversionistas respecto de las deudas y obligaciones de sus entidades empresariales. La ley de Delaware también permite la limitación de responsabilidad fiduciaria por incumplimiento del deber de cuidado en ciertas situaciones, así como la amplia indemnización por responsabilidad, ofreciendo de esta manera una mayor certeza y menor exposición para los directores y ejecutivos.

Delaware ofrece una sustancial flexibilidad para las partes involucradas en comercio internacional para formar entidades empresariales distintas de las corporaciones, incluyendo sociedades de responsabilidad limitada y sociedades en participación (o en comandita) que pudieran ser apropiadas para situaciones específicas. [Ver Las Alternativas de Delaware a las Corporaciones.] Las leyes de Delaware para estas entidades alternativas se basan en el principio de libertad contractual. Las entidades alternativas de Delaware consecuentemente permiten a sus dueños determinar si es que los deberes fiduciarias (en caso de existir) aplican y establecer contractualmente los derechos y obligaciones de las partes.

Los dueños de entidades empresariales de Delaware pueden estructurar sus entidades de manera que encajen en sus situaciones particulares porque la ley de Delaware permite múltiples tipos de intereses de propiedad, cada uno de los cuales puede otorgar diferentes derechos de control y derechos económicos. Dicha flexibilidad estructural es especialmente ventajosa para empresas de riesgo compartido (joint venture), donde las partes pueden no tener iguales derechos de propiedad.

Delaware no requiere que ninguna actividad comercial u oficina este localizada en Delaware, excepto por un agente registrado. Propietarios y administradores no necesitan ser ciudadanos estadounidenses. Administradores e inversionistas pueden votar o actuar por consentimiento escrito desde cualquier lugar del mundo, sin el requerimiento de una reunión formal; dicho consentimiento escrito puede ser otorgado electrónicamente.

Cuando surgen disputas, las entidades empresariales de Delaware gozan de procedimientos eficientes para la resolución de disputas. Por ejemplo, las cortes de Delaware pueden ejercer jurisdicción sobre administradores de entidades de Delaware, dándole a los inversionistas acceso a las principales cortes comerciales de la nación. [Ver Litigios ante la Corte de Equidad de Delaware y la Corte Suprema de Delaware.] Las cortes de Delaware también proveen a las entidades de Delaware un número de opciones para aquellos que prefieren la resolución de disputas fuera del ámbito público y el costoso litigio. En la última década, por ejemplo, Delaware ha adoptado una ley que otorga a las partes de una empresa de riesgo compartido (joint venture) que involucre cualquier tipo de desarrollo, división o uso conjunto de propiedad intelectual, la habilidad de resolver sus disputas en la Corte de Equidad, siempre que una de las partes sea una entidad de Delaware, aun cuando la disputa sea solo una demanda por daños pecuniarios que normalmente iría a un jurado.
 Esta ley, las otras opciones disponibles de ADR y la tradicional habilidad de la Corte de Equidad para decidir casos rápidamente y de manera eficiente desde el punto de vista de costos, hacen de una entidad de Delaware la entidad ideal para una empresa de riesgo compartido (joint venture) internacional o en general para contratos comerciales internacionales significativos.

En caso que las partes de una empresa de riesgo compartido (joint venture) utilicen subsidiarias de Delaware para llevar a cabo una empresa de riesgo compartido (joint venture) u otro contrato comercial en un mercado emergente con sistemas de resolución de conflictos menos desarrollados, éstas pueden elegir decidir sus disputas en la Corte de Equidad de Delaware, con la elección de medios dejada a su discreción en el contrato de empresa de riesgo compartido (joint venture). [Ver Las Opciones de Delaware para Resolución Alternativa de Disputas.] Consistente con la política de Delaware de respetar los contratos, las cortes de Delaware generalmente harán cumplir las cláusulas de elección de foro y de elección de ley aplicable que señalan otra jurisdicción, incluyendo aquellas fuera de Estados Unidos. 
En caso que se emita una decisión judicial en una jurisdicción extranjera, su ejecución en Delaware estará disponible bajo las leyes de Delaware que reconocen sentencias extranjeras.

La facilidad de creación, flexibilidad en la administración y en estructuras de propiedad, la limitación de responsabilidad y los eficientes y justos procesos de resolución de disputas, son solamente algunos de los beneficios que gozan las entidades empresariales organizadas en Delaware. Estos beneficios hacen de Delaware un lugar deseable para organizar cualquier empresa, incluyendo aquellas que tienen sus oficinas principales fuera de los Estados Unidos.



Las Alternativas de Delaware a las Corporaciones.

Delaware ofrece alternativas de negocio para administradores e inversionistas que van mucho más allá de las tradicionales corporaciones por acciones. Aunque las leyes aplicables puedan diferir, las ventajas de Delaware se mantienen igualmente para estas entidades alternativas —excelentes cortes, un legislador dispuesto a trabajar con los abogados corporativos de Delaware y una Oficina del Secretario de Estado orientada al servicio. Por ende, sin importar qué forma corporativa se elija, todas las entidades de Delaware gozan de los mejores aspectos de la formación de empresas en Delaware.

Además de las corporaciones, las entidades empresariales de Delaware más populares son las sociedades en participación (o en comandita) (LPs) y las sociedades de responsabilidad limitada (LLCs). Las leyes que regulan ambos tipos de entidad incluyen sólidos principios de libertad contractual, permitiendo a los administradores e inversionistas obtener soluciones óptimas para las necesidades de ambos. Una LP de Delaware es formada por dos o más personas—al menos un socio general (encargado de la administración de la LP) y al menos un socio limitado (que se beneficia de la limitación de responsabilidad). La ley de la LP es predominantemente una ley permisiva con muy pocas disposiciones obligatorias, permitiendo a las partes establecer los términos que gobernarán sus relaciones en el acuerdo social.

Las LLCs de Delaware son muy parecidas a las LPs, excepto por el hecho que las LLCs pueden ser administradas por los miembros o por un administrador. Un aspecto clave de las LPs y LLCs de Delaware es que, en los acuerdos societarios, las partes pueden modificar o eliminar deberes fiduciarios y responsabilidad fiduciaria si lo hacen de manera clara—de manera que todos los inversionistas entiendan que ese es el acuerdo. Para proteger a los inversionistas, las partes, sin embargo, no pueden eliminar la obligación implícita de buena fe y trato justo.

Delaware también ofrece fideicomisos legales, los cuales son normalmente utilizados en operaciones de financiamiento estructurado o para manejo de activos. Los fideicomisos legales son creados por un instrumento gobernante bajo el cual la propiedad es manejada o el negocio es conducido por uno o más fiduciarios para el beneficio de dueños que tienen un interés beneficiario en la propiedad del fideicomiso. Los fideicomisos legales ofrecen flexibilidad, ya que su instrumento gobernante puede establecer cualesquiera derechos y obligaciones que los fiduciarios y beneficiarios quieran. También ofrecen protección contra acreedores y limitación de responsabilidad.

La ley de Delaware también contempla corporaciones sin acciones, que difieren de las típicas corporaciones por acciones en el hecho de que no tienen propietarios del capital, sino solamente miembros. Estas “corporaciones de membresía” ofrecen la misma estructura corporativa estable que las corporaciones tradicionales, pero también ofrecen a los administradores e inversores una flexibilidad adicional (y menos complejidad) para organizar sus asuntos de negocios. Las corporaciones de Delaware sin acciones son ideales para entidades sin fines de lucro que no generan ganancia ni pagan dividendos a su miembros. 
Muchas importantes entidades de caridad son organizadas como corporaciones sin acciones y sin fines de lucro en Delaware, las cuales gozan de los beneficios que Delaware ofrece a todas las corporaciones mientras disfrutan una base legal flexible que las exceptúa de muchas de las cargas administrativas de las corporaciones por acciones con fines de lucro.

No importa cuáles son las necesidades de un negocio, Delaware ofrece una entidad que satisface dichas necesidades. Las leyes estables pero a la vez flexibles de Delaware ofrecen diferentes opciones de entidades, cada una de las cuales está facultada para gozar de todos los beneficios disponibles para las entidades empresariales de Delaware.



Mitos y Hechos.

Mito: Delaware es la jurisdicción más grande de Estados Unidos para formación de compañías.

Hechos: Delaware es la jurisdicción líder para corporaciones públicas listadas en bolsas de valores estadounidenses. Más de la mitad de dichas corporaciones (incluyendo el 64% de las compañías de Fortune 500) han escogido Delaware para incorporarse. Delaware es también la jurisdicción líder para incorporaciones fuera de estado, en donde una corporación cuyas oficinas principales se encuentran en un estado decide incorporarse en otro estado.

Pero varios estados cuentan con más entidades empresariales – aunque no más compañías públicas – registradas en su jurisdicción. En términos del total de entidades formadas por año, Delaware se posiciona consistentemente entre los primeros cinco estados, junto con Florida, California, Nueva York y Texas. Aunque cerca de un millón de personas jurídicas activas se incorporaron en Delaware al final de 2012, más de 20 millones de personas jurídicas se incorporaron en los Estados Unidos, altamente concentradas en algunos estados.

Para mucha pequeñas entidades empresariales, la formación en el estado donde la corporación va a llevar a cabo la mayor parte de su negocio puede ser más eficiente a nivel de costos. Pero Delaware es internacionalmente reconocido como el estado preferido como domicilio legal en Estados Unidos para la mayoría de corporaciones públicas, para empresas multinacionales que se involucran en actividades de fusiones y adquisiciones, y para entidades alternativas complejas. 
Para estas entidades sofisticadas, la predictibilidad y flexibilidad que las leyes corporativas de Delaware ofrecen a los administradores y las importantes protecciones que sus leyes y cortes ofrecen a los inversionistas son muy valiosas y justifican el costo de mantener una entidad de Delaware, aun cuando dichas entidades no tengan operaciones en Delaware.

Mito: Delaware siempre ha sido el domicilio líder para compañías públicas.

Hechos: Aunque hoy Delaware es la jurisdicción preferida para la incorporación de las compañías públicas, este no ha sido siempre el caso. Antes de que Delaware surgiera como líder, Nueva Jersey era el líder del mercado para formación de compañías, incluyendo a las compañías públicas. En efecto, luego del desarrollo de leyes corporativas modernas en los Estados Unidos al llegar el siglo 20, Nueva Jersey, Maine, y Nueva York eran los líderes del país en formación de entidades, mientras que Delaware representaba una pequeña pero creciente posición minoritaria.

En 1899, Delaware promulgó una ley general de corporaciones basada en la de Nueva Jersey. Más de una década después, Nueva Jersey promulgó una serie de cambios a sus leyes corporativas limitando la capacidad de sus corporaciones para involucrarse en actividades de fusión. Estos cambios fueron impulsados en la legislatura de Nueva Jersey por el en ese entonces Gobernador Woodrow Wilson luego de una altamente cuestionada campaña presidencial. 
Esto generó que abogados corporativos y otros cuestionaran el clima político y legal en Nueva Jersey. En ese momento, la ley corporativa de Delaware tenía los mismos componentes atractivos que la ley de Nueva Jersey, sin las recientes restricciones que Nueva Jersey había promulgado. Delaware también ofrecía más estabilidad que otros estados, ejemplificada en la constitución de Delaware de 1897 que requería de una mayoría de dos tercios en cada cámara de la legislatura para aprobar cambios a la Ley General de Corporaciones de Delaware. 
Estas características de la ley de Delaware la hicieron más ventajosa para la incorporación de entidades que otros estados de Estados Unidos. Desde entonces, el énfasis de Delaware en consistencia, predictibilidad, estabilidad y calidad – ejemplificado por su excelente sistema judicial – le ha permitido mantener su ventaja.

Mito: Delaware ha ganado una “carrera hacia abajo” ofreciendo a las compañías poca o ninguna regulación.

Hechos: Delaware tiene un completo régimen legal y regulatorio para proteger al público de un comportamiento inapropiado de las entidades empresariales, tal como otros estados. Este régimen comprende temas que van desde el aire que respiramos en Delaware, la seguridad de trabajadores, la discriminación racial y sexual, hasta el agua que bebemos y la salud de los pollos que producimos y vendemos. Más restrictiva en algunas áreas y menos en otras, no se trata de “poca o ninguna regulación”. Estas regulaciones aplican a compañías que operan en Delaware.

Este régimen regulatorio no está relacionado, sin embargo, con las leyes corporativas de Delaware o a la decisión de incorporación en Delaware. Una compañía que escoge incorporarse en Delaware está escogiendo solo tener sus “asuntos internos” – esto es, temas como la interpretación de su certificado de incorporación, o las relaciones entre sus accionistas y sus directores – gobernados por ley de Delaware. Incorporarse en Delaware significa que la ley corporativa de Delaware aplicará, no necesariamente significa que otras leyes o reglamentos de Delaware aplicarán.
 Una compañía que es incorporada en Delaware esta generalmente sujeta a regulación dondequiera que lleve a cabo negocios, y su incorporación en Delaware no la mantendrá inmune de ninguna manera de las regulaciones no relacionadas con asuntos internos.
 Por ejemplo, una corporación de Delaware que opera minas en diez estados (pero no en Delaware) estará sujeta a las leyes y reglamentos relacionados con minería en cada uno de esos diez estados (pero no aquellos de Delaware), así como a leyes y reglamentos federales de minería. Los deberes que sus directores deben a sus accionistas, de otro lado, si estarían gobernados por las leyes de Delaware y su cumplimiento podría ser impuesto por las cortes de Delaware.

Por favor ver “La Sensata y Permisiva Ley de Delaware” para aprender más sobre la Ley General de Corporaciones de Delaware y “Las alternativas de Delaware a las Corporaciones” para una introducción a otras avanzadas y modernas leyes sobre entidades empresariales. Estas leyes pueden ser encontradas también en la página web del estado de Delaware.

Mito: Delaware ha ganado una “carrera hacia abajo” favoreciendo los intereses de los administradores sobre los intereses de los accionistas.

Hechos: Muchas empresas escogen incorporarse en Delaware porque Delaware ofrece un catálogo muy desarrollado de leyes corporativas (aplicadas eficientemente por jueces expertos) que hacen que las corporaciones de Delaware sean creadoras de valor más efectivas. Delaware logra esto permitiendo que administradores y directores tomen de buena fe decisiones empresariales—incluyendo tomar riesgos de negocio en el mejor interés de la corporación – así como supervisando y castigando la conducta desleal y los conflictos de interés. Esta balanceada legislación corporativa se encuentra en un punto medio entre los estados que han diseñado deliberadamente sus leyes corporativas para ser más proteccionistas de los directores, ejecutivos y accionistas controladores, y otros estados que han buscado mover el balance más a favor de los accionistas minoritarios. 
Es por estas razones que muchos académicos piensan que, o bien no existe esta “carrera” o que la carrera es o fue “hacia arriba”.

En balance, se puede sostener que no existe otro estado en los Estados Unidos que ofrezca a los accionistas mayor flexibilidad y derechos que Delaware, ni que sus cortes hayan sido tan consistentes vindicando los derechos de los accionistas en litigios. Por el contrario, la mayoría de estados hermanos de Delaware compiten con Delaware siendo más protectores de los administradores. Estos estados tienen leyes muy fuertes contra las tomas de control y leyes relacionadas, que impiden las tomas de control y limitan el nivel hasta el cual los administradores deben hacer que los intereses de los accionistas sean su principal preocupación. Precisamente porque sus leyes son balanceadas y flexibles, y protegen los intereses legítimos de los inversionistas, Delaware es el domicilio estadounidense preferido por la mayoría de inversionistas en, y la mayoría de administradores de, compañías públicas americanas.

Mito: Los “vacíos” en la legislación fiscal de Delaware ayudan a las compañías a evadir impuestos cobrados por otros estados.

Hechos: Bajo el sistema federal americano, ningún estado tiene un monopolio para gravar las operaciones y ganancias de las corporaciones y otras entidades empresariales que operan en múltiples jurisdicciones. En cambio, los impuestos, como regla general, son divididos entre los varios estados en los cuales un negocio opera, de acuerdo con factores como ventas, propiedades y empleados en cada estado. Debido a que Delaware es un estado pequeño, la carga impositiva total impuesta por Delaware es pequeña para una empresa que conduce una cantidad considerable de operaciones comerciales nacionales e internacionales, especialmente en comparación con los impuestos debidos por dichas compañías al gobierno federal de los Estados Unidos y a los estados más grandes de Estados Unidos donde dichas empresas operan.

Cada uno de los 50 estados escoge diferentes opciones sobre cómo generar ingresos. Muchos estados americanos obtienen la mayoría de sus ingresos a través de a las ventas (similares al VAT), impuestos a los ingresos personales, impuestos a la propiedad e impuestos a las ganancias corporativas. La fuente principal de ingresos de Delaware proviene de impuestos a los ingresos personales e impuestos anuales de franquicia pagados por las empresas incorporadas en Delaware.
 Las empresas con operaciones en Delaware están frecuentemente sujetas a impuestos sobre ingresos corporativos e ingresos netos de operaciones y venta al interior Delaware. Delaware es generalmente conocido por tener un clima fiscal razonable para compañías operativas, aunque muchos estados de Estados Unidos imponen impuestos menores (ya sea específicos o generales) a las compañías que operan dentro de sus fronteras.

Las leyes fiscales de los 50 estados incluyen una variedad de exoneraciones, créditos y deducciones. La ley de Delaware exonera del impuesto a las ganancias corporativas a ciertas compañías tenedoras (holdings) de Delaware, que son corporaciones que derivan el 100% de su ingreso de una actividad económica pasiva, tal como licencias por activos intangibles. Este no es un vacío sino una exoneración que es parte de una estrategia fiscal general de Delaware—ayudando a Delaware a atraer corporaciones que operan en múltiples estados a realizar operaciones en Delaware. Otros estados han escogido promulgar distintas exoneraciones o utilizan menores tasas fiscales para empresas, si es que gravan a las empresas. Más aún, esta exoneración puede ser de utilidad limitada – de más de un millón de personas jurídicas en Delaware, menos del 1% son compañías tenedoras (holdings), y ese número sigue disminuyendo.

Adicionalmente, muchos estados han adoptado pasos que éstos consideran justos para asegurarse de recibir una proporción de los ingresos fiscales provenientes de compañías que operan dentro de sus fronteras que ellos consideran justos. Más de 20 estados americanos usan el sistema fiscal llamado “reporte combinado”, el cual efectivamente elimina la habilidad de las corporaciones con operaciones en múltiples estados de mover sus ingresos de un estado fiscal alto a un estado fiscal bajo o sin impuestos estatales.
 Los estados que no tienen reporte combinado han utilizado también su autoridad regulatoria de “add-back” para no permitir las deducciones de impuestos de transacciones inter-compañías que parezcan existir principalmente por propósitos fiscales.

Mito: Delaware es el paraíso fiscal Americano.

Hechos: Las comparaciones entre Delaware y naciones sobernas como las Islas Cayman son inexactas. Las compañías de Delaware están sujetas a las mismas leyes fiscales estadounidenses que las compañías formadas en otros estados. Algunos sugieren que Estados Unidos es un paraíso fiscal porque (1) el ingreso no americano de afiliadas en el exterior normalmente sólo ésta sujeto a impuestos cuando es repatriado y (2) las LLCs con un miembro que son formadas en cualquier estado son tratadas como “disregarded entities” (o inexistentes para efectos fiscales), permitiendo a los miembros no americanos de las LLCs evitar los impuestos americanos sobre ingresos no americanos. Ya sea que dichos argumentos sean exactos o no, éstas son funciones de la ley fiscal estadounidense y no tienen nada que ver con las leyes corporativas o fiscales estatales (incluyendo Delaware). Las claves para controlar la evasión internacional de impuestos son mecanismos fuertes de aplicación de la ley por parte del Departamento de Hacienda estadounidense y otras agencias y las leyes contra el lavado de dinero existentes que gobiernan a las instituciones financieras estadounidenses, así como fortalecimiento del cumplimiento de las leyes contra el lavado de dinero en países con sistemas regulatorios financieros débiles. Delaware es uno de los muchos estados que cooperan activamente con las agencias regulatorias federales e internacionales.

Mito: Delaware ofrece anonimidad y secreto a los dueños de empresas y administradores.

Hechos: En los Estados Unidos, la información relativa a los dueños de los negocios, socios, ejecutivos, y otras personas responsables es recopilada por autoridades fiscales tales como el U.S. Internal Revenue Service (IRS) y, en el caso de empresas con operaciones en Delaware, la Delaware Division of Revenue. Esta información es recolectada de diversas formas, incluyendo a través de las aplicaciones para obtener números de identificación fiscal, reportes anuales de devolución de impuestos, y reportes de tenencia de cuentas financieras.

En general, los estados de Estados Unidos no recolectan los nombres de los beneficiarios – las personas naturales que en última instancia son propietarias, controlan, o derivan sus beneficios de una compañía – a través del proceso de incorporación. Sin embargo, Delaware y la mayoría de estados si requieren que se revelen los nombres de las personas naturales que actúan como directores. Delaware también requiere que cada corporación de Delaware revele los nombres y las direcciones de sus directores en su reporte anual de impuesto de franquicia. Todas las presentaciones ante la División de Corporaciones de Delaware son registros públicos.

Delaware también ha adoptado una serie de importantes pasos para incrementar la transparencia. En 2002, Delaware se convirtió en el primer estado de la nación que prohibió por ley la venta de acciones al portador, que son acciones no registradas que solo requieren la transferencia de un documento físico y por lo tanto no están sometidas al control regulatorio de las acciones comunes. En 2006, Delaware promulgo la primera ley de la nación sobre Agentes Comerciales Registrados, sometiendo a los agentes de formación de compañías bajo una forma de regulación limitada, dando poder al estado para controlar prácticas deshonestas o fraudulentas. 
Delaware también requiere que las corporaciones y LLCs designen una persona que sirva de contacto directo a sus agentes registrados — proveyendo a los agentes de cumplimiento de las leyes de una manera para acceder a las personas naturales que representan cada compañía. 
En 2012, El Secretario de Estado de Delaware adoptó una serie de estándares de listado que anularon a agentes de formación de compañías que publicitaban “compañías cascarón y sociedades en reserva” o “carácter secreto y anonimato.” Las cortes de Delaware también ofrecen una avenida para combatir el uso inadecuado de entidades empresariales, incluyendo entidades “cascarón”.

Más importante aún, Delaware ofrece mecanismos legales que permiten a los administradores, inversionistas y agentes de cumplimento de la ley, solicitar la inspección de libros y registros de las entidades empresariales de Delaware. Dichas solicitudes de inspección ocurren frecuentemente. En conclusión, Delaware no es un paraíso de la reserva más de lo que lo es otro estado de los Estados Unidos. En efecto, Delaware ha hecho más que muchos estados para asegurar una adecuada transparencia.



Las Opciones de Delaware para Resolución Alternativa de Disputas.

La Corte de Equidad maneja mucho más que litigios tradicionales. [Ver Litigios ante la Corte de Equidad de Delaware y la Corte Suprema de Delaware.] Delaware y sus cortes han tomado recientemente una serie de pasos para ayudar a entidades alrededor del mundo a resolver disputas empresariales complejas fuera de la corte. Delaware ha adoptado leyes y reglas que contemplan una serie de mecanismos alternativos de resolución de disputas (ADR) en la Corte de Equidad. 
La Reglas de la Corte de Equidad permiten a las partes de un litigio optar por la mediación de su causa pendiente frente a un funcionario judicial diferente del que supervisa su litigio. Delaware también permite la mediación de disputas de negocios y tecnología en situaciones donde no hay un litigio pendiente.

En ese sentido, las partes pueden iniciar una mediación en la Corte de Equidad sin necesidad de interponer una demanda. Las entidades empresariales no sólo tienen acceso a los jueces experimentados de la Corte de Equidad, sino también a resolver sus disputas de una manera eficiente y confidencial. La tradición de flexibilidad de la Corte de Equidad aplica también en ADR, en la medida que las partes son libres de moldear el proceso de ADR para atender sus necesidades específicas.

Generalmente, para comenzar una mediación ante la Corte de Equidad ambas partes tienen que estar de acuerdo, y una de las entidades tiene que estar organizada o domiciliada en Delaware. El mediador será uno de los funcionarios judiciales de la Corte de Equidad. Dichos funcionarios judiciales tienen amplia experiencia en resolver diputas empresariales complejas, de modo que los participantes de ADR en la Corte de Equidad tienen acceso a algunos de los más experimentados jueces comerciales en el mundo.

La resolución alternativa de disputas en la Corte de Equidad es también rápida, a diferencia del cada vez más lento ADR privado, el cual está pareciéndose cada vez más al litigio tradicional. Cuando las partes escogen mediación, la expectativa es que la principal conferencia o audiencia ocurra dentro de solo unos meses luego de que el proceso haya comenzado. De ser apropiado, el mediador, en consulta con las partes, puede utilizar por un cronograma más rápido o más lento. Los participantes en ADR entonces no tienen que seguir un calendario típico de litigio, y en cambio pueden obtener una opción que se amolde a sus necesidades. 
Esta característica ayuda a que el ADR de la Corte de Equidad sea eficiente en términos de costos para sus participantes; asimismo, las tasas cobradas por la Corte son generalmente menores que en procedimientos similares llevados a cabo en otros lugares.

Otro beneficio sustancial de la mediación en la Corte de Equidad es la confidencialidad de los procesos. A diferencia de una demanda en un litigio, una petición para mediación es confidencial. Generalmente, todos los procesos de mediación ante la Corte de Equidad son confidenciales, incluyendo la resolución a la que lleguen las partes. 
Los participantes en ADR en la Corte de Equidad no solamente pueden resolver disputas complejas fuera de los ojos del público, sino que también, la habilidad de proceder confidencialmente puede también ayudarlos a mantener sus relaciones de negocio y continuar haciendo negocios en el futuro.


 
Artículos de la prensa.



Marco Legal.

El marco legal y fiscal bajo el que operan las empresas en Delaware es la General Corporation Law cuya regulación recae en la División de Corporaciones del Departamento de Estado del Gobierno de Delaware.

Delaware, el estado que tiene más empresas que ciudadano.
9 MAR. 2019 

Empresas e inversores tratan de eliminar la etiqueta de paraíso fiscal del estado de Delaware estadounidense, que la mayoría de compañías elige por su marco legal y su jurisprudencia.

Nadie conoce a Delaware, sin embargo, por su carácter pionero. La superficie de Delaware es pequeña, pero se trata de un gigantesco enclave financiero en el que se encuentran registradas más de 1,3 millones de entidades, frente a una población que no llega a alcanzar el millón de habitantes.
Desde hace siglos, el estado ha utilizado como gancho las ventajas fiscales y una atmósfera de bienvenida empresarial para atraer a cientos de miles de compañías de todo el mundo, lo que hace que muchos identifiquen a Delaware como paraíso fiscal, pese a no figurar en ninguna de las listas oficiales que identifican a esos territorios de especial tributación.

Los expertos consideran que la razón por la que en Delaware hay más empresas que habitantes no es la fiscalidad, sino el marco legal y la jurisprudencia. 
"Se ha ido creando un ecosistema que ha hecho que abogados, empresas, fondos y firmas de inversión se acostumbren a él. Delaware es más flexible que otros estados y protege más a directivos e inversores, pero las compañías no se registran en el territorio por eso, sino porque todos conocen sus reglas", según explica el director del departamento fiscal de una multinacional tecnológica estadounidense.

La mayor parte de las entidades están inscritas en Wilmington (Delaware),
en la imagen. El 1209 de North Orange Street es la dirección más popular.



Al contrario que en España, en Estados Unidos no existe un código mercantil federal, por lo que las relaciones empresariales se rigen por la legislación y jurisprudencia de cada estado. La trayectoria y experiencia de Delaware han convertido al territorio, en la práctica, en el código mercantil de los negocios del país.
Así que cualquier empresa que busque inversores en Estados Unidos está casi obligada a instalarse en Delaware, a instancias de fondos de inversión que buscan reglas claras y la menor incertidumbre posible.
"Nos instalamos en Delaware porque nos lo recomendaron nuestros abogados", explica Javier de la Torre, fundador de la start up española de geolocalización Carto
"El estado se ha especializado en Derecho Mercantil y sus reglas están claras. La mayoría de los abogados conoce las leyes de Delaware, lo que te crea un estándar. Sus servicios, además, son más fáciles y baratos", dice De la Torre.
 Este emprendedor se refiere a que, entre otras facilidades, las compañías deciden la composición del consejo de administración, que puede estar formado por un solo miembro. En otros estados, como en California, tiene que haber como mínimo tres consejeros si hay más de tres accionistas. Además, las notificaciones en Delaware son casi instantáneas, mientras que los procesos en California pueden tardar más de dos semanas.
Pequeñas, medianas y grandes compañías tienen dirección en Delaware, que acoge a más de la mitad de las empresas cotizadas en Estados Unidos, incluidos gigantes multinacionales como Apple, American Airlines, Coca-Cola y Google.
Las compañías estadounidenses pagan impuestos federales y locales. La tasa societaria federal se sitúa en el 21% tras la rebaja aplicada por la Administración de Donald Trump y no depende de Delaware. El impuesto estatal está en manos de cada territorio y, en el caso de Delaware, se sitúa en el 8,7%, incluso mayor que en otros estados. Sin embargo, no existe impuesto estatal si no se opera en la región.
Delaware es punto de referencia para las empresas LLC (un híbrido entre sociedad limitada, colectiva y empresa conjunta), que solo pagan impuestos en Estados Unidos si tienen negocio o socios en el país. Por otra parte, las empresas radicadas en Delaware pueden operar de manera anónima a través del agente encargado de crear la compañía, lo que es una de las características más criticadas y que el Congreso está tratando de eliminar.

Inversores.

"La mala fama de Delaware se debe a que algunos lo han utilizado para crear estructuras opacas", explica el directivo de la multinacional norteamericana, que insiste, no obstante, en que "lo que mantiene al estado como centro preferente no es ni la tributación ni la opacidad, sino la legislación". Según este abogado, "la compañía que quiera buscar inversores tiene que estar en Delaware".

Las start up que se instalan en Estados Unidos cuentan siempre con la denominación Inc relativa a las corporaciones, lo que les priva de las ventajas fiscales de las LLC.
"Las empresas hólding en Delaware que tienen filiales en Europa y ya han tributado no pagan impuestos, pero eso sucedería en cualquier otro estado", dice el directivo. b


Destino: Delaware.

A pesar de la época estival…, no vamos recomendar aquí un destino vacacional, no. La intención que se persigue es explicar por qué Delaware se ha convertido en el destino favorito, y permanente, para numerosas empresas españolas.

Aunque al principio algunos lo tacharon de «moda» entre las startups, lo cierto es que esta decisión empresarial ha ido consolidándose. Estados Unidos es ya de por sí un destino atractivo para las startups españolas: motivos fiscales, valoraciones más elevadas y fórmulas de financiación que en España aún son poco habituales (SAFEs), suelen ser objetivos perseguidos. Asimismo, es habitual que los inversores americanos exijan como condición para entrar a formar parte del captable de una empresa, que ésta tenga presencia en EE UU, entre otros motivos, para sentirse más cómodo en el momento del exit.



Pero ¿qué atractivo tiene Delaware que no tengan otros destinos para ser un lugar donde el número de empresas domiciliadas duplique al número de habitantes? Aunque la favorable fiscalidad para las empresas es una de las razones que frecuentemente se alegan para decidirse por Delaware, lo cierto es que esa fiscalidad no es distinta a la de otros estados americanos; sin embargo, resulta que además Delaware cuenta con tribunales altamente especializados en mercantil (Court of Chancery), lo que en un lugar donde rige el sistema de common law y no existe un código mercantil federal es una garantía. A la seguridad jurídica y a la atractiva fiscalidad, debemos añadir la ventaja del anonimato que ofrece la legislación sobre accionistas y directivos, dado que no es necesario que su nombre se registre públicamente.

Juez de cancillería.


Sentado lo anterior, dos son los modos principales de asentarse en Delaware:

 (i) crear allí una empresa holding y mantener una filial en España, esto es, un Delaware Flip; y

 (ii) trasladar directamente el domicilio y mantener en España una sucursal, es decir, hacer una redomiciliación (redomestication).

 El primer supuesto implicará un canje de acciones o participaciones, de tal forma que quienes antes eran los socios de la sociedad española, ahora lo serán de la sociedad de Delaware y ésta será la socia de la española, que seguirá existiendo como tal. En el segundo supuesto, la empresa española se convierte en una empresa de nacionalidad estadounidense domiciliada en Delaware, pudiendo crear una sucursal en España donde tenga sus activos. 

La elección de la opción correcta entre las dos expuestas deberá fundarse en un exhaustivo análisis de cuestiones comerciales, legales, fiscales y de valoraciones de activos que sin duda requiere de un buen asesoramiento mercantil, fiscal y de derecho tecnológico.

Abogada Corporate - M&A en Aktion Legal





El paraíso fiscal de Delaware seduce a España.

20 de abril del 2017.

Las grandes multinacionales comparten dirección postal con traficantes de armas y delincuentes

Las empresas del Ibex 35 usan siempre la misma justificación para argumentar que no operan en paraísos fiscales a pesar de que el informe anual de Oxfam identifica 969 sociedades de las grandes empresas españolas en territorios opacos de nula o baja tributación. El alegato que usan en su defensa es que la Unión Europea no ofrece una definición común de paraíso fiscal y que, por tanto, cada país tiene sus propios acuerdos en materia tributaria. Pues bien, si se considera paraíso fiscal alguno de los 48 territorios identificados por la legislación española, todavía se contabilizan 97 filiales pertenecientes a un total de 20 empresas del Ibex 35 en estos territorios con Santander en cabeza (19 filiales), seguido de ACS (13), IAG Iberia (13) e Indra (13).

Dentro de los territorios que no están en la lista negra española está Delaware, el destino favorito un año más del Ibex 35 con un total de 463 filiales (el año pasado 417). El segundo estado más pequeño de EEUU, por detrás de Rhode Island, tiene más sociedades registradas que habitantes (1,2 millones empresas versus 935.000 residentes). Las mayores compañías estadounidenses  del índice Fortune 500 de los EEUU han instalado en Delaware 19.000 filiales y el 65% de las subsidiarias que tienen en EEUU están en este territorio.

Delaware no es un territorio con cero tributación, ya que en él se paga el impuesto federal de los EEUU, que es superior al impuesto de sociedades español, aunque no se tributa por el impuesto estatal ni por el local y hay grandes ventajas fiscales. Pero lo que de verdad resulta atractivo de Delaware es la facilidad con la que se crea una empresa (pocas horas), la nula información que se requiere para ello (menos que para hacer un carnet de biblioteca) y la confidencialidad de los pactos entre socios.

En Delaware todo es posible en términos de flexibilidad mercantil lo que resulta especialmente atractivo para las empresas que buscan confidencialidad y barra libre en materia de regulación. Por último, Delaware cuenta con unos tribunales (The Chancery Court) que son extremadamente ágiles y expertos en resolución de conflictos mercantiles.

Todo esto hace, que sin ser un paraíso fiscal, según el criterio de la OCDE, sí se sera un agujero negro por el que se evaden miles de millones de euros y en el que las multinacionales hacen y deshacen a sus anchas.

De las 463 firmas españolas domiciliadas en Delaware, el 81% comparten las mismas dos direcciones postales en la pequeña ciudad de Wilmington (70.000 habitantes). En el número 1209 de Orange Street estas empresas comparten domicilio con otras 300.000 de otros países. Una cifra similar tiene domicilio en la suite número 400 del edificio ubicado en el número 2711 de Centreville Road. Viktor Bout, el traficante de armas ruso conocido como "el comerciante de la muerte", usó dos direcciones de Delaware, según una investigación que realizó The New York Times en el 2012. Un vecino de lujo para el Ibex 35 y el Fortune 500



Mitos y realidades de las Sociedades LLC de Delaware, Estados Unidos de América.
28 noviembre 2018

Agramunt, Luis
abogado

Sobre el Estado de Delaware existe una amplia y difundida concepción de que las sociedades constituidas en ese Estado, especialmente las Sociedades de Responsabilidad Limitada (“Limited Liability Companies”) -Sociedades LLC- se benefician de ciertas “ventajas legales y fiscales” que convierten al Estado de Delaware en un Estado que ha llegado a considerarse, en ciertos medios, como un “Cuasi Paraíso Fiscal”.

Sociedades LLC

Veamos que hay de verdad en ello, analizando si se trata de un mito o de una auténtica realidad, en especial, considerando los factores que afectan a los Empresarios y Profesionales Españoles que deciden implantarse en los Estados Unidos. Para ello conviene analizar cuatro tipos de consideraciones:

Legales
Fiscales
Comerciales
Migratorias

1.    Consideraciones Legales:

Mito: El Estado de Delaware es bien conocido por las peculiaridades de la normativa reguladora de las Sociedades LLC que otorga a estas sociedades cierta flexibilidad y grado de confidencialidad sobre la identidad de los responsables de su administración. Pero la equiparación de ello con la normativa comparable vigente en Paraísos Fiscales es cuanto menos exagerada, y poco tiene que ver con la realidad.

Realidad: La normativa que regula las Sociedades LLC en el Estado de Delaware es muy similar al resto de las Sociedades de los Estados de la Unión, y por tanto las características y funcionamiento de las Sociedades LLC de Delaware es similar a las sociedades que se constituyen en el resto de los Estados.
Ello no obstante, es bien cierto que la flexibilidad normativa de las Sociedades LLC de Delaware, sin duda ha contribuido a la proliferación de este modelo societario en la creación y expansión de "Sociedades Startups".
Más allá de ello, la principal diferencia, importante sin duda, es que el nombre del Administrador de una Sociedad LLC no consta en la documentación de constitución y registro de la sociedad y, por lo tanto, no es objeto de registro público.
Ahora bien, el nombre del Administrador debe figurar en todas las actividades de negocio que realiza cualquier sociedad de Delaware, y desde luego, tanto el nombre del Administrador como incluso el nombre del Último Beneficiario ("Ultimate Beneficial Owner"

-"UBO"- debe ser revelado a cualquier entidad bancaria o financiera con la que la sociedad establezca y mantenga actividades de negocio. Adicionalmente, el Administrador de la Sociedad LLC debe ser revelado anualmente a la Agencia Federal Tributaria ("Internal Revenue Service") 
-"IRS-, y también por temas de Tributos Estatales o Locales o incluso por otros requerimientos legales que puedan afectar la negocio, el Administrador debe ser registrado ante la Administración Estatal o Local.

2.    Consideraciones Fiscales:

Mito: En relación a las supuestas e internacionalmente difundidas "excepcionales ventajas fiscales" de las Sociedades LL de Delaware, en realidad ni son tantas, ni tampoco son aplicables a todo tipo de actividad empresarial o profesional.

Es cierto que a la Sociedad LLC se le otorga por el IRS en todos los Estados de la Unión, el beneficio del régimen de transparencia fiscal, que posibilita que el inversor extranjero tribute solo por los beneficios que recibe como Socio de la sociedad. Adicionalmente, las Sociedades LLC de un solo Socio no están obligadas a presentar una Declaración de Impuestos como sociedad como tal, ya que por el régimen de transparencia fiscal, los beneficios o pérdidas son imputables al Socio, y será el Socio el responsable de presentar Declaraciones de Impuestos como Residentes o No Residentes en los Estados Unidos (según sea el caso) sobre los ingresos y beneficios obtenidos por la actividad de la Sociedad LLC.

Realidad:

Contrariamente a la impresión que sobretodo a nivel internacional se ha difundido, las Sociedades de Delaware no gozan de ningún trato fiscal favorable a nivel federal, y sus obligaciones fiscales son las mismas que cualquier otra sociedad de los Estados Unidos a nivel de tributación federal en el IRS.
Por lo que respecta a las obligaciones fiscales estatales, las Sociedades de Delaware gozan de ciertos beneficios e incentivos fiscales del cual no disfrutan otras sociedades de otros Estados de la Unión.
El ejemplo más significativo es el de las Sociedades de Delaware que adoptan la forma de Sociedades Holding de Inversión ("Delaware Investment Holding Company"-"DIHC"- y que están exentas de tributación estatal en Delaware por la explotación de activos intangibles que sean propiedad de la DIHC o cuya explotación este cedida a favor de una DIHC.

3.    Consideraciones Comerciales:

Mito: Una Sociedad constituida en el Estado de Delaware puede desarrollar actividades empresariales y profesionales comerciales en todos los Estados de la Unión.

Realidad: Si bien es cierto que una Sociedad constituida en el Estado de Delaware (o cualquier Estado de la Unión) puede desarrollar desde su sede social actividades comerciales que alcancen a todos los Estados de la Unión, no es menos cierto que un error muy común, y que se produce muy frecuentemente, es que se constituya una sociedad en el Estado de Delaware para realizar actividades de negocio que realmente se desarrollan en otro Estado, en donde la sociedad mantiene oficinas, locales, almacenes, o un establecimiento permanente en eso otro Estado. 
Ello conlleva a que acabe siendo necesario constituir una nueva sociedad en ese otro Estado en donde efectivamente se desarrollan las actividades reales de negocio de la sociedad, o bien, registrar la Sociedad de Delaware en ese otro Estado.

4.    Consideraciones Migratorias:

Mito: El Servicio de Inmigración y Naturalización de los Estados Unidos ("United States Citizenship and Immigration Services"-"USCIS"- puede otorgar Visados de Trabajo a Empleados de una Sociedad de Delaware válidos para trabajar en todo el territorio federal de los Estados Unidos.
Realidad: Los Visados son concedidos por el USCIS a la sociedad constituida o registrada en el Estado donde se encuentra su base real y operativa, por lo que una sociedad constituida en el Estado de Delaware con el simple objeto de obtener una "trato fiscal favorable" y sin disponer de una base real y operativa de negocio basado en un establecimiento permanente compuesto de oficina, local, almacén, personal contratado, etc. etc., difícilmente podrá ser calificada por el USCIS como elegible para la obtención y concesión de un Visado Trabajo para cualquier empleado suyo extranjero.

Conclusión:

Más allá de rápidas, ilustrativas, e incluso algunas útiles referencias que sobre el establecimiento de empresarios y profesionales pueden encontrarse en internet, conviene, y es altamente recomendable, contar con los servicios de firmas especializadas de prestación de servicios profesionales legales, contables, fiscales y migratorios con objeto de conocer con detalle los derechos y obligaciones que mejor pueden contribuir a cualquier implantación empresarial o profesional en los Estados Unidos.



Trenes de cercanía.





Se denomina tren de cercanías o tren suburbano al sistema de transporte de pasajeros de corta distancia (menos de 100 km entre estaciones extremas) que presta servicios entre el centro de una ciudad y las afueras y ciudades dormitorio de esta u otras ciudades cercanas con un gran número de personas que viajan a diario. Los trenes operan de acuerdo a un horario, a velocidades que van desde 50 hasta 150 km/h.
El desarrollo de estos servicios de trenes está creciendo hoy en día, junto con el aumento de la conciencia pública de la congestión, la dependencia de los combustibles fósiles y otras cuestiones ambientales, así como el incremento de los costos de la propiedad en el centro de las ciudades, constituyéndose en una alternativa a otros medios.

Características

Estos trenes operan según un horario en lugar de intervalos fijos. Sirven a zonas con menor densidad de población, y a menudo comparten las vías del ferrocarril con los servicios interurbanos de trenes o con los de carga (no obstante, en algunos casos para hacer más eficiente la operación y disminuir los tiempos de traslado de residentes de cercanías, se segrega la vía parcial o totalmente en su recorrido de los trenes de carga, que usualmente son lentos, dando por resultado que solo trenes de pasajeros puedan ser los que comparten las vías). Algunos servicios sólo funcionan durante las horas punta o pico.
 Los coches de los mismos pueden ser individuales o de dos niveles, y tienen el objetivo de proporcionar asientos para todos. Sus promedios de velocidad superior son considerables, pero las estaciones generalmente se encuentran a considerable distancia entre sí (más de 30 km), por lo que sus usuarios muchas veces deben recurrir a otro sistema de transporte para llegar a ellas.
En comparación con los trenes interurbanos, los trenes de cercanías tienen menos espacio, menos comodidades y en algunos casos carecen de portaequipaje y de servicio sanitario a bordo. Sus tarifas se fijan de acuerdo a las distancias a recorrer y solo prestan servicio de comunicación entre dos ciudades dentro de una misma área metropolitana, asimismo con el aumento de densidad poblacional en ciertas áreas, ha llevado a muchos operadores de trenes de cercanías a homologar sus frecuencias y horarios con los de un sistema de metro.





La Empresa de los Ferrocarriles del Estado, conocida por su sigla EFE y denominada EFE Trenes de Chile desde mayo de 2021, es una empresa estatal chilena encargada del transporte de carga y pasajeros por ferrocarril. La empresa fue creada el 4 de enero de 1884, siendo una de las empresas públicas en operación más longevas del país.

La empresa de ferrocarriles ha utilizado desde sus primeras obras un ancho de vía principalmente de 1676 mm (trocha ancha) en el centro-sur del país (Red Sur); y utilizaba un ancho de vía de 1000 mm (trocha métrica) en el norte (Red Norte).
Pasajeros transportados por EFE por año (en millones)

Para todas estas cifras se consideran solo los pasajeros movilizados en la red ferroviaria centro sur.
Referencias: 1884,​ 1901-1920,​ 1930, 1946-1988,​ 2003,​ 2010,​ 2018,​ 2019,​ 2022




 
Santiago de Chile.

Estación Central luego de la ampliación de 1885.


El sistema ferroviario tuvo gran esplendor durante la primera mitad del siglo xx, teniendo como eje principal la Estación Central de Santiago. Sin embargo, actualmente está enfocado principalmente al transporte de carga hacia los puertos de San Antonio y Valparaíso. 
Para el servicio de pasajeros existe el servicio de cercanías Tren Nos-Estación Central, que cubre las comunas del sector centro-sur de Santiago hasta San Bernardo, y el servicio interurbano Tren Rancagua-Estación Central que tiene como destino la capital de la Región de O'Higgins. 

Trenes de cercanía de Santiago:

Tren Nos-Estación Central

Tren Rancagua-Estación Central.

Tren Melipilla-Estación Central (en ejecución)

Tren Batuco-Quinta Normal (en ejecución)

Demás regiones.


Talca: Tren Talca-Constitución

El Tren Talca-Constitución,​ anteriormente denominado Buscarril Talca-Constitución o Regional Talca-Constitución, es un servicio ferroviario de pasajeros tradicional, realizado en el Ramal Talca-Constitución, heredero de los antiguos servicios locales.

Concepción: Biotrén

El Biotren es un sistema de ferrocarril metropolitano suburbano chileno, que cubre parte del Gran Concepción. Brinda servicio a las comunas de Concepción, Talcahuano, Hualpén, San Pedro de la Paz, Coronel, Chiguayante y Hualqui. Es parte del Transporte Público Metropolitano de Concepción.

Valparaíso: Tren Limache-Puerto.

El Tren Limache-Puerto​, es un ferrocarril metropolitano suburbano chileno, que cruza gran parte del área urbana del Gran Valparaíso. Conecta a las comunas de Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana y Limache. 

Temuco: Tren Victoria-Temuco.

El Tren Victoria-Temuco,​ anteriormente denominado Servicio Regional Victoria-Temuco, es un servicio de tren de cercanías en la región de la Araucanía, Chile, y es operado por la Empresa de los Ferrocarriles del Estado.

Chillán: Tren Chillán-San Carlos (marcha blanca)

El Tren Parral-Chillán es un servicio de trenes de cercanías para pasajeros de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado. Abarca una longitud de 58 km, uniendo a las ciudades de Chillán, San Carlos y Parral en las regiones de Ñuble y Maule. Fue inaugurado el 29 de diciembre de 2022 y es controlado por EFE Central.

Puerto Montt:  El Tren Llanquihue-Puerto Montt es la propuesta de un servicio de trenes de cercanías para pasajeros de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado. El proyecto abarca una longitud de 27 km, que unirá a las comunas de Llanquihue, Puerto Varas y Puerto Montt en la región de Los Lagos.

Talca; El Tren Curicó-Linares será un servicio de tren de cercanías entre Curicó y Linares en la Región del Maule, Chile, que será operado por la Empresa de los Ferrocarriles del Estado.
Se estima  unirá 5 comunas pertenecientes a las provincias de Curicó, Talca y Linares: Curicó, Molina, Talca, San Javier y Linares.