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| Este retrato del conocido tribuno, cuyo asesinato en 1936 precedió a la Guerra Civil española, es una obra muy característica del pintor Fernando Álvarez de Sotomayor, artista vinculado a las corrientes conservadoras que el retratado, José Calvo Sotelo, encarnó en vida. Álvarez de Sotomayor fue el primer director del Museo del Prado bajo el régimen de Franco, cargo en que se mantuvo hasta 1960 y que ya había ocupado hasta el advenimiento de la Segunda República. La obra fue seguramente un encargo relacionado con la presencia de Calvo Sotelo como asesor del Banco de España. Es altamente probable que sea póstumo, pensado para invocar la memoria de una de las primeras víctimas prominentes dentro de la facción conservadora en los días previos al golpe militar. Sotomayor hace gala en el retrato de su pincelada fluida y de su fácil elegancia, que tiende a emular la retratística inglesa. Es notable que haya colocado en la mesa del político, junto a los consabidos libros que suelen acreditar la dedicación al estudio y al trabajo, un reloj, elemento tradicional de la pintura española en retratos de monarcas y prelados, especialmente desde el Barroco. |
[1] Sobre las numerosas fuentes que pueden consultarse, nos remitimos al completo trabajo sobre este punto José Ignacio de Cruz Orozco, «Avance del mapa masónico de España durante la II República» en La masonería en la España del siglo xix (Consejería de Educación y Cultura, 1987), 911-936. [2] El 20 de abril de 1937 se creó la OIPA, para la represión de actividades marxistas y masónicas, y el 26 de abril de 1938 el archivo específico que quedaría radicado en Salamanca. [3] www.scg33esp.org/.24/01/2015. [4] Miguel Morayta Sagrario fue Soberano Gran Comendador del Supremo Consejo del grado 33 y último del rito Escocés, Antiguo y Aceptado para España, durante el periodo 1889-1906. Catedrático de Historia Universal y de España, fue separado de la Universidad como consecuencia de la denominada «Noche de San Daniel» y en solidaridad con D. Emilio Castelar, posteriormente, volvería a las aulas tras la revolución de 1868. [5] Masonería española: páginas de su historia. Memoria leída en la Asamblea del Grande Oriente Español de 1915 por el Gran Maestre Miguel Morayta, Madrid 1915. [6] Cayetano Núñez Rivero, «Masonería y Estado de Derecho», en La masonería abre sus puertas (Ed. Atanor, 2012), 201-244. [7] Charles de Secondat, fue un miembro muy activo de la Orden, especialmente hasta 1737; iniciado en 1730 en la Logia «Horn» de Londres; frecuentó con gran asiduidad las logias «Aubigny» y «Buci» en París; en sus obras no existen alusiones concretas a la masonería, aunque sí de la defensa de sus postulados coincidentes con el Estado de Derecho. [8] El ingreso de Francisco María Arquet, Voltaire se produjo en la Logia «Las nueve hermanas» de París; su iniciación en la masonería fue tardía, el 7 de febrero de 1778 y próxima a su muerte. [9] Cayetano Núñez Rivero, ob. ant. cit. [10] J. M. Cayetano Núñez Rivero, El Estado Laico. La iglesia católica y el Estado Constitucional. El caso español (Ed. Endymion, 2011): 57-135. [11] Debe recordarse la vigencia del decreto de 1751 de Fernando VI, referente a la persecución de la masonería, que sigue las directrices del Papado al respecto, así como la Real Orden del 19 de enero de 1812, dada por el Consejo de Regencia, en cuya argumentación insisten en las condenas de la Iglesia Católica sobre la orden masónica. Sobre este punto no debe olvidarse la confusión entre la esfera pública y la religiosa que se produce en la España del Antiguo Régimen. [12] A la citada reunión asistieron. Alianza Republicana: Alejandro Lerroux, del Partido Republicano Radical, Manuel Azaña, de Acción Republicana; Partido Radical-Socialista: Marcelino Domingo, Álvaro de Albornoz y Ángel Galarza; Derecha Liberal Republicana: Niceto Alcalá-Zamora y Miguel Maura; Acción Catalana: Manuel Carrasco Formiguera; Acción Republicana de Cataluña: Matías Mallol Bosch; Estat Català: Jaume Aiguader; Federación Republicana Gallega: Santiago Casares Quiroga; del partido socialista, aunque a título particular, asistieron: Indalecio Prieto y Fernando de los Ríos; también a título particular acudió Felipe Sánchez Román y Eduardo Ortega y Gasset; la reunión contó con importantes adhesiones escritas como la del Dr. Gregorio Marañón, así como con diversas aquiescencias militares. [13] Punto 4. Gaceta de Madrid, 15 de abril de 1931.Se completaría mediante Decreto de 22 de mayo, en el que se prohibía tanto a las autoridades civiles como militares preguntar sobre las creencias religiosas de quienes compareciesen ante ellos o les estuvieran subordinados. [14] En todo caso, debe resaltarse, que el proceso constituyente se inicia en un momento de gran agitación respecto al tratamiento de la libertad religiosa, pues por una parte, el concepto de laicidad adquiere pronto en la prensa de sectores de la izquierda un tono anticlerical, mientras que en la católica más conservadora, se hace una defensa a ultranza de la integridad católica española, que en ocasiones incide en el golpismo contra el régimen republicano, valga como ejemplo, el artículo «Agotada ya la paciencia, debe ocupar su puesto la resistencia viril» publicado en la Gaceta del Norte el 15 de agosto «(…) pero la prudencia hoy deja ya de aconsejar el uso de la paciencia y manda empuñar las armas de la oposición varonil a la tremenda agresión de que está siendo víctima la religión católica de nuestro pueblo… ni podemos estar dispuestos a soportar estas nuevas violaciones sustanciales, porque nos lo prohíbe la conciencia, porque nos lo prohíbe nuestra propia dignidad de cristianos (…)». El Gobierno republicano procedió a suspender en estas fechas la publicación de varios periódicos, especialmente en el País Vasco y Navarra, algunos de ellos de carácter nacionalista, como es el de referencia y Euzkadi. [15] La Conferencia de Metropolitanos es una institución nacida en los últimos años del sistema de la Restauración (1921), que se consolida durante la Dictadura de Primo de Rivera (Reglamento de 1929); responde a una iniciativa vaticana, similar a otras acaecidas en el continente europeo, con el fin de impulsar una mayor presencia de la Iglesia en la sociedad, así como de constituir una sola voz en cada Estado de la jerarquía católica en el mismo; no obstante, debe destacarse que según el citado Reglamento, para la ejecución de sus acuerdos precisaba de la autorización de Roma, lo que en la práctica, otorgaba una gran esfera de poder al Nuncio apostólico en España. Es el antecedente directo de la Conferencia Episcopal Española. Sobre su formación y desarrollo, véase Santiago Casas Rabasa, «La agenda de la Conferencia de Metropolitanos españoles» en Católicos entre dos guerras. La religión de España en los años 20 y 30, ed. Por J. Aurell Pérez López, (Madrid: Biblioteca Nueva, 2006). [16] Sobre las relaciones Iglesia-Estado en el periodo constituyente de la Segunda república, véase. Cayetano Núñez Rivero, «La configuración constitucional del Estado Laico en la Segunda República española» en Rev. Laicidad y Libertades. Escritos jurídicos, n.º 13 (2013): 201-241. [17] Los puntos citados por la jerarquía eclesiástica eran: a) Anuncio oficial de secularización de cementerios; b) Separación de la Iglesia y del Estado; c) Prohibición a las autoridades gubernativas y del ejército de participar oficialmente en actos religiosos; d) Supresión de las cuatro Órdenes Militares; e)Privación de los derechos civiles a la Confederación Nacional Católica Agraria por el hecho de denominarse católica; f) Privación a la Iglesia de intervenir en los Consejos de Instrucción; g) Supresión de honores militares al Santísimo Sacramento a su paso por las calles; h) Supresión de la obligatoriedad de la enseñanza religiosa en las escuelas primarias y en las superiores; i) Prohibición del crucifijo en las escuelas; j) Libertad de cultos; k) Intervención del Estado en el tesoro artístico de la Iglesia; l) Infracción de la inmunidad personal eclesiástica, a lo que añadía la acusación correspondiente por la quema de iglesias y conventos acaecida unos días antes. [18] Sobre este punto se invocaba el Concordato entre el Estado Español y la Santa Sede de 1851. [19] Artículo 26.C.E.1931. [20] Artículo 27, párrafo primero. [21] Artículo 27, párrafo tercero. [22] Artículo 27, párrafo cuarto. [23] Artículo 41, párrafo dos. [24] Artículo 70. [25] Artículo 87. [26] Artículo 26, párrafo segundo. [27] Al advenimiento de la República, el 78% del clero percibía menos de 2.000 pesetas anuales, el 15% cobraba las 2.000, y sólo el 6% alcanzaba una cifra superior, incluyendo en este grupo a los Obispos, que percibían de 26.500 a 45.000 pesetas. En Víctor Manuel Arbeloa, «Iglesia y república: diálogo imposible», Historia 16, n.º 60 (1981): 76. [28] Artículo 26, párrafo tercero. Aprobado el texto constitucional, el Gobierno mantuvo hasta 1933 la cantidad de 525 pesetas anuales para los 9.222 párrocos mayores de de cincuenta años. En Arbeloa, ob. ant. cit. 77. [29] A ello debe unirse la proclamación del artículo 45, referente a la posible intervención estatal en el rico patrimonio artístico de la Iglesia. «Toda la riqueza artística e histórica del país, sea quien fuere su dueño, constituye tesoro cultural de la Nación y estará bajo la salvaguardia del Estado, que podrá prohibir su exportación y enajenación y decretar las expropiaciones legales que estimare oportunas para su defensa. El Estado organizará un registro de la riqueza artística e histórica, asegurará su celosa custodia y atenderá a su perfecta conservación». [30] Artículo 44, párrafo primero. [31] Artículo 26, párrafo quinto, 5.ª. [32] Artículo 26, párrafo quinto, 3.ª. [33] Artículo 26, párrafo quinto, 4.ª. [34] Artículo 26, párrafo quinto, 6.º. [35] Artículo 27, párrafo segundo. [36] La medida iba dirigida al voto de obediencia al Papa, que manifestaban los miembros de determinadas órdenes religiosas, especialmente la Compañía de Jesús. Esta medida tiene precedentes en el constitucionalismo europeo, especialmente el francés, en los primeros años de la conformación del Estado de Derecho, respondiendo en ese caso a los intentos de culminar una política regalista no sujeta a la autoridad directa del Vaticano, sino vinculada a los intereses nacionales. [37] Artículo 26, párrafo cuarto. [38] Artículo 26, párrafo quinto. [39] Artículo 43, párrafos tres y cuatro. [40] Artículo 43, párrafo primero. [41] Puede destacarse, que el esfuerzo más importante que la II República realizó fue en educación. España contaba al advenimiento de la República con un 40% de analfabetismo. Se llevó a cabo una considerable inversión a favor de la escolarización y la enseñanza pública, construyendo en 1931, 7000 escuelas y 6.500 más entre 1932-33, aumentando el número de alumnos de 70.876 en 1930, a 130.572 en 1934. Vid al respecto. Cayetano Núñez Rivero y Rosa Martínez Segarra, Historia Constitucional de España, (Madrid:Ed.Universitas, 1997), 213. [42] En el momento de la proclamación de la Segunda República, los colegios católicos englobaban a un tercio de los alumnos de enseñanza primaria y a casi un 80% de los de secundaria. Vid. José Luis Orella Martínez, «El Origen del primer catolicismo social español», (Tesis Doctoral, UNED, 2012). [43] Artículo 48, párrafo primero. [44] «La expedición de títulos académicos y profesionales corresponde exclusivamente al Estado, que establecerá las pruebas y requisitos necesarios para obtenerlos aun en los casos en que los certificados de estudios procedan de centros de enseñanza de las regiones autónomas. Una ley de Instrucción pública determinará la edad escolar para cada grado, la duración de los periodos de escolaridad, el contenido de los planes pedagógicos y las condiciones en que se podrá autorizar la enseñanza en los establecimientos privados». Artículo 49. [45] Artículo 48, párrafo dos; además mediante el párrafo cuatro del citado artículo, la República se comprometía a remover los obstáculos para el estudio de los más necesitados, de tal forma, que éste «…no se halle condicionado más que por la aptitud y la vocación». [46] Artículo 48, párrafo cinco. [47] Artículo 26, base 4.ª. [48] Artículo 47, párrafo seis. [49] Ángel Semblancat y Salanova, de Izquierda Catalana. [50] José María Gil-Robles y Quiñones, diputado agrario. [51] Artículo 10 de la declaración de los Derechos del Hombre y del ciudadano y Ley de 1905. [52] A este respecto, podemos destacar las siguientes normas y disposiciones: a) Ley de disolución de la Compañía de Jesús. b) Ley del divorcio. c) Decreto de secularización de los cementerios. d) Orden de retirar los símbolos religiosos de los centros educativos oficiales. e) Ley de Confesiones y Asociaciones Religiosas. La Ley de Confesiones y Asociaciones Religiosas, denominada como Ley del Candado por sus detractores, puede considerarse la de carácter más radical contra el interés concreto de la Iglesia española, ya que no sólo afecta a los principios del Estado Laico, sino también a importantes aspectos materiales [53] La carta fue firmada por los Obispos el 20 de diciembre de 1931. Véase El Debate, 1.º de enero de 1932. [54] «Hemos pasado, en días, de la paz a la guerra abierta… desde la destrucción vandálica de nuestros templos al asedio por el hambre… De una situación de privilegio y de respeto se nos ha colocado en condición de inferioridad civil y social…En dos años se nos ha aislado como si fuera la Iglesia una institución dañina o antisocial… y después de habérsenos quitado el pan de cada día, se ha traspasado al Estado toda nuestra riqueza… No parece sino que el Señor haya querido que se realizase en su Iglesia la visión del Profeta. In angustia et vastitate opprmet te hostis tuus (Deut,28,53)». [55] «Radicalmente, el error moderno de la separación absoluta de los dos poderes arranca del protestantismo. Desde el momento en que, según el principio de Lutero, la fe sola justifica, queda la religión relegada a un plano personal y reducida a negocio puramente individual. Es la tesis de Marx, que en este punto no ha hecho más que sacar las últimas consecuencias de la doctrina de Lutero, estableciendo una separación radical entre la religión y la sociedad y, por lo mismo, entre el poder político y la autoridad religiosa». [56] Emplea el concepto de las dos ciudades que manejara San Agustín y que con tanta profusión se ha prodigado en las encíclicas papales; en este caso, identifica la terrena con las fuerzas republicanas –la revolución– («El comunismo y el anarquismo –que identifica con los hijos de Caín– son la idolatría propia hasta llegar al desprecio, al odio a Dios Nuestro Señor») y la celeste con las fuerzas contrarias al régimen republicano (enfrente de ellos han florecido de manera insospechada el heroísmo y el martirio, que, en amor exaltado a España y a Dios, ofrecen en sacrificio y holocausto la propia vida). [57] Editado en Pamplona. Versión íntegra de la segunda edición en Anastasio Granados, El Cardenal Gomá. Primado de España (Madrid: Espasa Calpe, 1969): 318 a 329. [58] Puede verse íntegro en Montero Moreno, Historia de la persecución religiosa en España 1936-1939 (Madrid: 1961) Biblioteca de autores cristianos, Vol. II (Madrid: 1956), 708 a 726. [59] No es la única vez que el citado Cardenal hace referencias de carácter anti semita, valga recordar a este respecto el Segundo Informe que remite al Cardenal Pacelli acerca del movimiento cívico militar, el 4 de septiembre de 1936,en el que identifica al «organizador de la resistencia comunista de Madrid» al israelita ruso Newman, indicando igualmente, que detrás de la persecución a la Iglesia Católica en Barcelona, pudieran encontrarse el judaísmo, «Hay en esta ciudad un fuerte núcleo de judíos, que allí se habían instalado al amparo de la ley española y por las persecuciones de otros países, y que coadyuvan a la acción de Moscú. Tal vez ello podría explicar el carácter de ensañamiento tan profundamente anticristiano contra todo lo de nuestra religión: sacerdotes, templos, sagradas instituciones». Archivo Gomá. Documentos de la Guerra Civil. Documento 1-39. Sección 1.ª. Legajo A. Carpeta I. Documento 2. [60] Documento 4-140. Sección 1.ª. Legajo G. Carpeta III. Documento 27. [61] Documento 4-140. Sección 1.ª. Legajo G. Carpeta III. Documento SC. [62] En Sección 1.ª. Legajo Carpeta VIII. Documento 51. [63] En Sección 1.ª. Legajo A. Carpeta I. Documento 11.S.N. [64] Boletín Oficial del Obispado de Tuy (Septiembre de 1937). [65] En el Archivo de Salamanca, en el Centro Documental de la Memoria Histórica (CDMH), dentro de la agrupación SE-Masonería-A se conserva, entre otros, documentación confiscada o relativa correspondencia, libros de actas, libros registro de correspondencia, listados nominales, reglamentos, etc. a la Logia Tinerfe). [66] Véase al respecto Ramón Viñals i Soler, El holocausto masónico en la España de Franco (Boletin n.º 33 del Archivo Nacional de Cataluña de la Generalidad de Cataluña, 2013). |
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| Escudo de Armas de Calvo Sotelo. |
I.-De Orense y Cuba: Cuartelado: 1º y 4º, en azur, tres fajas, de oro, y 2 ° y 3 °, en plata, un león, rampante, de gules; II.-Linaje de infanzones de Aragón, originarios de Galicia pasaron a Aragón en el siglo XVII. De oo con una encina al natural y a cada lado una cabra en sable que se empinan al árbol y comen el fruto.
María Teresa Osende Cuenca –«Piruca», en familia– es prima hermana de Luis Cuenca Estevas, el verdugo del líder monárquico José Calvo Sotelo. Nacida en La Coruña el 15 de marzo de 1929, María Teresa conserva todavía hoy la mente lúcida a sus 88 años y ha decidido romper por fin su silencio para proclamar con rotundidad, en honor a la tranquilidad de su conciencia ante la Historia: «Luis Cuenca fue el autor del asesinato de Calvo Sotelo», asegura a LA RAZÓN. Nadie de su familia había sido capaz hasta ahora de reconocer públicamente que Luis Cuenca disparó a bocajarro por dos veces consecutivas en la nuca al líder monárquico Calvo Sotelo, cuyo crimen provocó, como ya sabe el lector, el estallido de la Guerra Civil española. Cuenca viajaba aquel infausto 13 de julio de 1936 justo detrás del diputado, a bordo de la camioneta número 17 de la Dirección General de Seguridad. María Teresa Osende Cuenca nos ha facilitado también una valiosa fotografía de Luis Cuenca de niño-adolescente, pues nunca hasta ahora se había publicado un solo retrato de él, permitiéndonos acceder además a parte de su correspondencia privada; en concreto, a una carta de Luis dirigida a su padre seis años antes de perpetrar el vil asesinato. Fechada el 30 de marzo de 1930, a la edad de veinte años, la epístola constituye una prueba de la bondad que caracterizaba entonces al futuro homicida:
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Castillo Sáenz de Tejada, José del. Alcalá la Real (Jaén), 29.VI.1901 – Madrid, 12.VII.1936. Teniente de Infantería. Hijo del abogado Valeriano del Castillo Martínez y de Cariño Sáenz de Tejada, emparentada con los condes de Ripalda. Tras finalizar los estudios de bachillerato en el colegio del Sagrado Corazón de Granada, ingresó por oposición en la Academia de Infantería de Toledo el 21 de agosto de 1922, en una abultada promoción formada por 458 alumnos, a causa de la necesidad de nutrir de mandos subalternos las tropas que combatían en Marruecos. En julio de 1926, tras repetir curso en la Academia, recibió el despacho de segundo teniente y fue destinado al Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas de Infantería Tetuán n.º 1, con el que intervino en las operaciones que condujeron al total sometimiento de la zona occidental del Protectorado en 1927. Allí trabó estrecha amistad con Fernando Condés Romero, un teniente de la promoción siguiente a la suya, de ideas muy radicales. En julio de 1928 ascendió a primer teniente, siendo destinado al Regimiento de Infantería Saboya n.º 6, de guarnición en Alcalá de Henares. Poco después, el teniente Condés ingresó en la Guardia Civil y fue trasladado a Madrid, donde se consolidó la amistad entre los dos oficiales. A partir de la proclamación de la Segunda República en 1931 ambos comenzaron a frecuentar círculos vinculados al Partido Socialista Obrero Español, a cuyas Juventudes terminarían afiliándose. En octubre de 1934, el teniente Castillo marchó con su unidad a Asturias, al frente de una sección de morteros, para intervenir en la represión del estallido revolucionario. Al serle ordenado abrir fuego sobre una concentración de mineros en la zona de Villaviciosa, se negó a cumplir la orden, por lo que fue procesado y condenado a un año de reclusión, que cumplió en la Prisión Militar de Alcalá de Henares. En noviembre de 1935, al ser puesto en libertad, se afilió a la Unión Militar Republicana Antifascista (UMRA). En enero de 1936 fue procesado por pertenecer a las Juventudes Socialistas, pero resultó absuelto por falta de pruebas. Tras el triunfo electoral del Frente Popular el 16 febrero, solicitó destino en el Cuerpo de Seguridad y Asalto, quedando encargado del mando de una de las secciones de la 2.ª Compañía de Especialidades de Madrid. Al frente de ella intervino para preservar el orden público en diversas manifestaciones y algaradas organizadas por grupos violentos de ultraderecha. Especial relevancia tuvo la realizada el 16 de abril en el entierro del alférez de la Guardia Civil Anastasio de los Reyes López, que dos días antes, mientras presenciaba el desfile conmemorativo del quinto aniversario de la proclamación de la República, había sido accidentalmente abatido por unos pistoleros en el curso de los disturbios producidos al paso de las unidades de la Guardia Civil. Durante su sepelio, presidido por las autoridades de los Ministerios de la Guerra y de la Gobernación, se produjeron varios tiroteos y menudearon los incidentes, que se recrudecieron tras despedirse el duelo en la plaza de Manuel Becerra, donde se habían concentrado numerosos militantes ultraderechistas. El jefe superior de Policía ordenó disolverlos, la situación se encrespó y la policía hizo uso de sus armas de fuego, causando cinco muertos y numerosos heridos graves. Entre los muertos estaba el falangista Andrés Sáenz de Heredia y Arteta, primo hermano de José Antonio Primo de Rivera, y entre los heridos, el requeté José Llaguno Acha, alcanzado por un proyectil procedente de la pistola del teniente Castillo, que estuvo a punto de ser linchado por la enfurecida multitud. Los hombres de su Sección lo rescataron y, al llegar al cuartel de Pontejos, se le abrió un expediente informativo, que consideró su conducta ajustada a la legalidad vigente. No obstante, los elementos violentos ligados a los partidos de extrema derecha ¾Acción Popular, Comunión Tradicionalista, Falange Española y Renovación Española¾, que ya estaban implicados en la preparación del golpe de Estado que se produciría en el mes de Julio, centraron sus miradas en el teniente Castillo, que comenzó a recibir amenazas de muerte. Sus superiores intentaron apartarlo de Madrid y a finales de abril quedó adscrito a la escolta del presidente del Consejo de Ministros, Diego Martínez Barrio, durante la visita que realizó a Sevilla. A su regreso a Madrid, rechazó el ofrecimiento de ser trasladado a Barcelona, alegando que el 20 de mayo iba a contraer matrimonio con Consuelo Morales del Castillo. También debió de pesar en su ánimo su deseo de no abandonar la instrucción de la Milicia de las Juventudes Socialistas, tarea a la que dedicaba todos sus ratos libres y que consideraba esencial para poder hacer frente a los golpistas. Tras sufrir dos intentos de atentado, que hicieron que la citada Milicia le prestara contra su voluntad un servicio de escolta en sus desplazamientos rutinarios al cuartel de Pontejos, cuatro requetés pertenecientes al Tercio de Madrid le localizaron el domingo 12 de julio a la salida de la Plaza de Toros de las Ventas y le siguieron los pasos. Primero recogió a su mujer en la calle de Augusto Figueroa y fueron a dar un paseo. Alrededor de las nueve, dejó a su esposa en su domicilio y él continuó hacia la de Fuencarral para tomar el tranvía que llevaba a la Puerta del Sol pues aquella noche estaba de servicio. Justo en el cruce de ambas calles, frente a la ermita del Humilladero, los requetés descargaron sobre él sus pistolas, resultando gravemente herido y falleciendo durante su traslado a la Casa de Socorro de la calle Ternera. En el atentado resultaron también heridos dos transeúntes. Al conocerse la noticia, decenas de guardias civiles y de guardias de asalto abarrotaron los pasillos de la Casa de Socorro, atribuyeron el asesinato a los falangistas y la Dirección General de Seguridad puso en marcha un dispositivo para intentar detener a los culpables. Entre los reunidos, se significó el capitán Condés, quien se comprometió entre lágrimas de despecho a vengar la muerte de su amigo. Unas horas después, Condés reunió un grupo de guardias de asalto y de militantes de las Juventudes Socialistas, requisó una furgoneta de la Dirección General de Seguridad y partió con intención de detener a un falangista que tenía localizado. Al no lograrlo, se encaminaron al domicilio de Antonio Goicoechea Cosculluela, uno de los líderes de Renovación Española, a quien tampoco localizaron. Finalmente, hacia las tres de la madrugada, al circular por la calle de Velázquez, cayeron en la cuenta de que allí residía el diputado de Renovación Española José Calvo Sotelo. Condés logró que accediera a acompañarle y, nada más entrar en el vehículo, Luis Cuenca Estevas, un exaltado militante de las Juventudes Socialistas, sentado detrás del líder conservador, le descerrajó dos tiros en la nuca, dejando después su cadáver en el depósito del cementerio del Este, donde no sería identificado hasta el mediodía. Aquella misma mañana, la capilla ardiente del teniente Castillo se instaló en el Salón Rojo de la Dirección General de Seguridad y por la tarde se le inhumó en el llamado Cementerio Civil, acto al que acudieron miles de madrileños. Bibl.: Historia de las Campañas de Marruecos, Madrid, Servicio Histórico Militar, 1951; R. de la Cierva, “¿Quién mató al teniente Castillo?”, en Nueva Historia, 2 (1977); I. Gibson, La noche en que mataron a Calvo Sotelo, Barcelona, Plaza & Janés, 1986; F. Puell de la Villa, Historia del Ejército en España, Madrid, Alianza, 2005 (2ª ed.). F. Puell de la Villa |
EL ROBO DE LA AUTOPSIA Presentado el «personaje», reconstruyamos los hechos advirtiendo antes que el informe de la autopsia practicada al cadáver de José Calvo Sotelo resulta todavía hoy tan estremecedor como ignorado. A las seis de la mañana del 14 de julio de 1936, Antonio Piga, médico forense del Juzgado número 3 y profesor de la Escuela de Medicina Legal, acudió al cementerio de Nuestra Señora de la Almudena acompañado por los también doctores Blas Aznar y José Águila Collantes, forense éste del Juzgado número 2 saliente, que realizaría también la autopsia al cadáver del republicano Melquíades Álvarez, acribillado a balazos al mes siguiente en la cárcel Modelo. Los tres galenos se disponían a cumplir una misión decisiva para desentrañar las circunstancias que rodearon la fechoría cometida con nocturnidad y alevosía contra un hombre inocente e indefenso. El magistrado de Guardia Ursicino Gómez Carbajo, sustituido luego al frente del caso por el Juez Especial Eduardo Iglesias del Portal, el mismo que presidiría en noviembre el Tribunal Popular que condenaría a muerte a José Antonio Primo de Rivera, había ordenado la autopsia de Calvo Sotelo, cuyos detalles quedaron plasmados en un revelador informe. Hasta tal punto era trascendental este documento para esclarecer el crimen, que un grupo de milicianos armados hasta los dientes sustrajo con violencia la copia literal del mismo, custodiada en el Juzgado que instruía la causa. Por fortuna, además de su buena memoria, los médicos forenses conservaban todas sus notas sobre la inspección del cadáver y las fotografías de las lesiones externas en el Archivo de la Sección de Investigación Criminal de la Escuela de Medicina Legal. Gracias a eso, pudieron reconstruir fidedignamente por segunda vez los hechos y las conclusiones a las que llegaron el 14 de julio de 1936, remitiéndoselas al fiscal instructor delegado de la Causa General de Madrid, el 5 de julio de 1941. Cabello ensangrentado. Los médicos habían procedido en su momento a desnudar el cadáver, comprobando la completa rigidez de las cuatro extremidades. Llamó enseguida su atención el cabello impregnado de sangre. En la órbita del ojo izquierdo había un orificio de salida de bala; y en el dorso de la nariz, un hematoma de un centímetro de diámetro. Dieron la vuelta al cuerpo inerte y hallaron en la nuca dos orificios de entrada de proyectiles, cuya separación distaba tan sólo 25 milímetros. Las balas habían atravesado el cerebro por su base, produciendo con toda seguridad la muerte instantánea. En la cara externa de la pierna izquierda detectaron otro hematoma de unos quince centímetros de largo por tres de ancho. Distinguieron también las inconfundibles manchas hipostáticas de color rojo vivo que salpicaban el cadáver, cuya presencia solía hacerse patente a partir de las tres o cuatro primeras horas post mortem. Los ojos estaban recubiertos por una especie de tela corneal y la deshidratación del cuerpo, iniciada a partir de la octava hora de la muerte, se apreciaba en la depresión de los globos oculares. La temperatura del cadáver estaba equilibrada con la del medio ambiente. Las manos de concertista del doctor Antonio Piga sujetaron con firmeza el bisturí para practicar una profunda incisión en el cuero cabelludo de la víctima. El bisturí de Piga recorrió con destreza la parte trasera de la oreja derecha de Calvo Sotelo, pasando por la coronilla de su cabeza, y alcanzando instantes después el lado posterior de la otra oreja. Luego, fue desprendiendo con admirable pericia la piel y los tejidos, desde la parte inferior del rostro hasta la nuca. Echó mano de la sierra para cortar el cráneo por el ecuador. Levantó la tapa y cogió el cerebro con los guantes, con la misma delicadeza que si sostuviera una esfera de cristal de Bohemia.
A continuación, el fiscal Lacambra transcribía, en folios numerados, la primera versión impresa que se conoce del asesinato de Calvo Sotelo. Su autor, el gallego Manuel Domínguez Benavides (1895-1947), no era un consumado fabulador, aunque así lo considerase Luis Romero en su meritoria obra «Por qué y cómo mataron a Calvo Sotelo». De hecho, el relato de los acontecimientos efectuado por Benavides coincidiría en aspectos y detalles fundamentales con la propia narración final del instructor de la Causa General, tras tomar declaración a una legión de testigos. Por primera vez, Benavides desenmascaraba ya en 1937 al asesino de Calvo Sotelo y facilitaba extremos y situaciones que ayudarían a completar la secuencia de los hechos criminales tal y como sucedieron. Asesino, por cierto, que se llamaba Luis Cuenca, y no «Victoriano Cuenca», como le denominaba reiteradas veces Luis Romero en su obra galardonada con el Premio Espejo de España 1982. Movido por el interés, no me conformé con leer la transcripción de la docena de páginas del libro de Benavides, perdida entre los centenares de legajos de la Causa General; ni tan siquiera con verlas reproducidas en uno de los anexos del también valioso libro «La noche en que mataron a Calvo Sotelo», del hispanista irlandés Ian Gibson, quien sí denominaba a Cuenca por su verdadero nombre. La temprana versión de Benavides me llevó a conseguir un ejemplar en una librería anticuaria y a devorarlo enseguida. El insigne poeta y doctor en Filología Románica, Eugenio García de Nora, elogiaba a Benavides en su célebre estudio «La novela española contemporánea»: «Es un escritor más culto, o un temperamento más equilibrado y armónico que Arderíus [el murciano Joaquín Arderíus y Sánchez-Fortún]; de modo que lo que pierde acaso frente a él en originalidad o fuerza creadora, lo gana en ponderación, claridad de ideas, precisión en el análisis de la sociedad que lo rodea, y eficacia y belleza formal y expresiva del lenguaje». Su biografía novelada del magnate Juan March, titulada «El último pirata del Mediterráneo», le valió a Benavides la pena de cárcel en 1934. Estudió Derecho en la Universidad de Santiago y fue funcionario del Ministerio de Hacienda, además de redactor del semanario «Estampa» y colaborador del diario «El Liberal». Antes de su muerte en el exilio mexicano, registrada el 19 de octubre de 1947, dejó escrita para la posteridad su narración del crimen de Calvo Sotelo que no merece pasar inadvertida, como hasta ahora, en cuanto a documento primigenio se refiere. Advirtamos en justicia, eso sí, que Benavides incurría en algunas partes de su relato en un juicio ignominioso de Calvo Sotelo, inducido sin duda por su odio visceral al líder monárquico, a quien acusaba sin pruebas de ser un criminal de la derecha:
Nos interesa ahora su relato estricto del crimen porque, al margen de algunos errores garrafales, como confundir la fecha del asesinato del teniente Castillo y la del propio Calvo Sotelo, facilitaba ya entonces la identidad del asesino y de algunos de sus cómplices, así como el doble disparo efectuado contra la víctima en la nuca; por no hablar del crimen premeditado de Calvo Sotelo, a quien el capitán de la Guardia Civil Fernando Condés y Luis Cuenca habían decidido ya asesinar antes de que la camioneta saliese del Cuartel de Pontejos. Como si el mismo Benavides hubiese estado allí... Comparto la tesis de Gibson, según la cual Benavides debió hablar con un testigo presencial del asesinato que le refirió multitud de detalles del mismo; testigo a quien el autor llamaba «Julio Robles» y que Gibson sospechaba que fuera el trasunto literario de Enrique Robles Rechina quien, según la Causa General, fue uno de los ocupantes de la camioneta número 17. Pero, en todo caso, a Benavides le hubiese bastado con leer el informe de la autopsia de Calvo Sotelo, robado a punta de pistola por un grupo de milicianos en julio de 1936, para componer su crónica negra del luctuoso episodio. Párrafos coincidentes ¿Quién estaba en condiciones de asegurar, acaso, que el documento o una copia del mismo no pudo llegar a sus manos por conducto de alguno de sus confidentes? Sea como fuere, su larga versión del crimen coincide, insistimos, con algunos detalles esenciales de la minuciosa reconstrucción efectuada por los médicos forenses. Al año siguiente de publicarse la versión de Benavides, la revista «Fotos» dio a conocer el relato de uno de los ocupantes de la maldita camioneta. Incluido en el número 91 del citado semanario gráfico, correspondiente al 26 de noviembre de 1938, y bajo el llamativo título «Yo iba en la camioneta número 17», el autor del testimonio era el ex guardia de Asalto Aniceto Castro Piñeiro, recluido entonces en la cárcel conquense de Tinajas. Castro Piñeiro tenía veintisiete años entonces y era natural de Pol, un pueblo de Lugo donde residían sus padres José Manuel y Manuela. En un despacho de la prisión se llevó a cabo la desconocida entrevista, firmada por un tal «Raniato», de la que existen algunos párrafos coincidentes, en líneas generales, con la versión publicada por Benavides; salvo en algún que otro detalle significativo, como que el cadáver de Calvo Sotelo fue abandonado a la entrada del Depósito, y no en el interior del mismo. La memoria debió traicionar también a Castro Piñeiro al referirse a sus cómplices del crimen con nombres o apellidos incorrectos, aunque respetando en todo momento su graduación; o tal vez se debió a un error del reportero durante la transcripción de la entrevista. El testigo ocular eludió, por último, pronunciar el nombre del indeseable que disparó a bocajarro sobre la víctima, alegando que no lo sabía. Pero ahora ya sí, confirmado por su prima hermana María Teresa Osende Cuenca. |
Luis Cuenca Estevas (La Coruña, 1910 - Somosierra, 22 de julio de 1936) fue uno de los participantes en el asesinato de José Calvo Sotelo.-26- Hijo de un ingeniero, estudió en el instituto Eusebio da Guarda de La Coruña e intentó acceder al Cuerpo de Aduanas, pero no superó los exámenes de acceso. En 1928 su familia marchó a Cuba, país donde residiría durante los siguientes cuatro años. Fue en 1932, con la Segunda República ya instaurada, cuando regresó a España, donde se le conocería como El cubano o El pistolero (sobre la base de los rumores de que había sido guardaespaldas del dictador Gerardo Machado). En 1932 se integró en las Juventudes Socialistas y más adelante sería miembro de la Motorizada, un grupo de guardaespaldas formado por militantes socialistas que protegían a miembros del PSOE, especialmente a Indalecio Prieto, durante los actos de masas organizados por el partido. Dirigentes socialistas como Julián Zugazagoitia tenían una pésima opinión sobre Cuenca, por su carácter agresivo y violento. Esta opinión era compartida por algunos compañeros socialistas de Cuenca, que también lo consideraban una mala persona. En 1936, durante un mitin electoral Luis Cuenca intervino personalmente para proteger a Indalecio Prieto, después de un alboroto. El 12 de julio de 1936 el teniente de Asalto José del Castillo fue asesinado en Madrid por pistoleros no identificados. Castillo también era uno de los instructores de la Motorizada. Esa madrugada se congregaron en el cuartel de la Guardia de Asalto en Pontejos algunos paisanos pertenecientes a las milicias socialistas entre los que se encontraban Cuenca y el oficial de la guardia civil Fernando Condés, al que ya conocía con anterioridad. En medio de la indignación, muchos clamaban venganza por este y otros asesinatos cometidos por pistoleros derechistas. Desde Pontejos partieron varias camionetas policiales con listas de falangistas a los que detener. En una de estas camionetas se encontraban un grupo de guardias de Asalto, miembros de las milicias socialistas, Condés, Santiago Garcés y el propio Cuenca. Con el pretexto de efectuar un registro, y amparados en las credenciales de la Guardia Civil de Condés, este y algunos otros penetraron en casa del diputado monárquico José Calvo Sotelo, a quien pidieron les acompañase a la sede de la Dirección General de Seguridad. Según su hija Enriqueta, Calvo Sotelo dijo sorprendido: “¿Detenido? ¿Pero por qué?; ¿y mi inmunidad parlamentaria? ¿Y la inviolabilidad de domicilio? ¡Soy Diputado y me protege la Constitución!”. Condés entonces se identificó como oficial de la Guardia Civil, lo que tranquilizó a Calvo Sotelo, quien, a pesar de las reticencias iniciales, finalmente aceptó ir. Calvo Sotelo se despidió de su familia y prometió telefonear cuando llegara, "a no ser que estos señores se me lleven para darme cuatro tiros". La camioneta se dirigía hacia la Dirección General de Seguridad cuando, tras circular unos doscientos metros, se realizaron dos disparos sobre Calvo Sotelo que falleció en la madrugada del 13 de julio. Desde la Guerra Civil mucho se ha escrito sobre este suceso, pero a día de hoy la mayoría de autores que lo han investigado, en especial Ian Gibson y Luis Romero, coinciden en señalar a Cuenca como el autor material del disparo que mató a Calvo Sotelo. Mientras el cadáver de Calvo Sotelo era depositado en el Cementerio del Este, Cuenca fue a la sede del periódico El Socialista y le contó a Julián Zugazagoitia lo que había ocurrido. Al día siguiente, Luis Cuenca, Condés y otros de los que iban en la camioneta fueron detenidos por la policía e interrogados. Tras el comienzo de la Guerra civil, Cuenca marchó al frente de la Sierra de Madrid, donde moriría en combate a los pocos días de empezar la guerra. |
 Castillo Sáenz de Tejada, José del. Alcalá la Real (Jaén), 29.VI.1901 – Madrid, 12.VII.1936. Teniente de Infantería. Hijo del abogado Valeriano del Castillo Martínez y de Cariño Sáenz de Tejada, emparentada con los condes de Ripalda. Tras finalizar los estudios de bachillerato en el colegio del Sagrado Corazón de Granada, ingresó por oposición en la Academia de Infantería de Toledo el 21 de agosto de 1922, en una abultada promoción formada por 458 alumnos, a causa de la necesidad de nutrir de mandos subalternos las tropas que combatían en Marruecos.
En julio de 1926, tras repetir curso en la Academia, recibió el despacho de segundo teniente y fue destinado al Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas de Infantería Tetuán n.º 1, con el que intervino en las operaciones que condujeron al total sometimiento de la zona occidental del Protectorado en 1927. Allí trabó estrecha amistad con Fernando Condés Romero, un teniente de la promoción siguiente a la suya, de ideas muy radicales. En julio de 1928 ascendió a primer teniente, siendo destinado al Regimiento de Infantería Saboya n.º 6, de guarnición en Alcalá de Henares. Poco después, el teniente Condés ingresó en la Guardia Civil y fue trasladado a Madrid, donde se consolidó la amistad entre los dos oficiales. A partir de la proclamación de la Segunda República en 1931 ambos comenzaron a frecuentar círculos vinculados al Partido Socialista Obrero Español, a cuyas Juventudes terminarían afiliándose. En octubre de 1934, el teniente Castillo marchó con su unidad a Asturias, al frente de una sección de morteros, para intervenir en la represión del estallido revolucionario. Al serle ordenado abrir fuego sobre una concentración de mineros en la zona de Villaviciosa, se negó a cumplir la orden, por lo que fue procesado y condenado a un año de reclusión, que cumplió en la Prisión Militar de Alcalá de Henares. En noviembre de 1935, al ser puesto en libertad, se afilió a la Unión Militar Republicana Antifascista (UMRA). En enero de 1936 fue procesado por pertenecer a las Juventudes Socialistas, pero resultó absuelto por falta de pruebas. Tras el triunfo electoral del Frente Popular el 16 febrero, solicitó destino en el Cuerpo de Seguridad y Asalto, quedando encargado del mando de una de las secciones de la 2.ª Compañía de Especialidades de Madrid. Al frente de ella intervino para preservar el orden público en diversas manifestaciones y algaradas organizadas por grupos violentos de ultraderecha. Especial relevancia tuvo la realizada el 16 de abril en el entierro del alférez de la Guardia Civil Anastasio de los Reyes López, que dos días antes, mientras presenciaba el desfile conmemorativo del quinto aniversario de la proclamación de la República, había sido accidentalmente abatido por unos pistoleros en el curso de los disturbios producidos al paso de las unidades de la Guardia Civil. Durante su sepelio, presidido por las autoridades de los Ministerios de la Guerra y de la Gobernación, se produjeron varios tiroteos y menudearon los incidentes, que se recrudecieron tras despedirse el duelo en la plaza de Manuel Becerra, donde se habían concentrado numerosos militantes ultraderechistas. El jefe superior de Policía ordenó disolverlos, la situación se encrespó y la policía hizo uso de sus armas de fuego, causando cinco muertos y numerosos heridos graves. Entre los muertos estaba el falangista Andrés Sáenz de Heredia y Arteta, primo hermano de José Antonio Primo de Rivera, y entre los heridos, el requeté José Llaguno Acha, alcanzado por un proyectil procedente de la pistola del teniente Castillo, que estuvo a punto de ser linchado por la enfurecida multitud. Los hombres de su Sección lo rescataron y, al llegar al cuartel de Pontejos, se le abrió un expediente informativo, que consideró su conducta ajustada a la legalidad vigente. No obstante, los elementos violentos ligados a los partidos de extrema derecha ¾Acción Popular, Comunión Tradicionalista, Falange Española y Renovación Española¾, que ya estaban implicados en la preparación del golpe de Estado que se produciría en el mes de Julio, centraron sus miradas en el teniente Castillo, que comenzó a recibir amenazas de muerte. Sus superiores intentaron apartarlo de Madrid y a finales de abril quedó adscrito a la escolta del presidente del Consejo de Ministros, Diego Martínez Barrio, durante la visita que realizó a Sevilla. A su regreso a Madrid, rechazó el ofrecimiento de ser trasladado a Barcelona, alegando que el 20 de mayo iba a contraer matrimonio con Consuelo Morales del Castillo. También debió de pesar en su ánimo su deseo de no abandonar la instrucción de la Milicia de las Juventudes Socialistas, tarea a la que dedicaba todos sus ratos libres y que consideraba esencial para poder hacer frente a los golpistas.
Tras sufrir dos intentos de atentado, que hicieron que la citada Milicia le prestara contra su voluntad un servicio de escolta en sus desplazamientos rutinarios al cuartel de Pontejos, cuatro requetés pertenecientes al Tercio de Madrid le localizaron el domingo 12 de julio a la salida de la Plaza de Toros de las Ventas y le siguieron los pasos. Primero recogió a su mujer en la calle de Augusto Figueroa y fueron a dar un paseo. Alrededor de las nueve, dejó a su esposa en su domicilio y él continuó hacia la de Fuencarral para tomar el tranvía que llevaba a la Puerta del Sol pues aquella noche estaba de servicio. Justo en el cruce de ambas calles, frente a la ermita del Humilladero, los requetés descargaron sobre él sus pistolas, resultando gravemente herido y falleciendo durante su traslado a la Casa de Socorro de la calle Ternera. En el atentado resultaron también heridos dos transeúntes. Al conocerse la noticia, decenas de guardias civiles y de guardias de asalto abarrotaron los pasillos de la Casa de Socorro, atribuyeron el asesinato a los falangistas y la Dirección General de Seguridad puso en marcha un dispositivo para intentar detener a los culpables. Entre los reunidos, se significó el capitán Condés, quien se comprometió entre lágrimas de despecho a vengar la muerte de su amigo. Unas horas después, Condés reunió un grupo de guardias de asalto y de militantes de las Juventudes Socialistas, requisó una furgoneta de la Dirección General de Seguridad y partió con intención de detener a un falangista que tenía localizado. Al no lograrlo, se encaminaron al domicilio de Antonio Goicoechea Cosculluela, uno de los líderes de Renovación Española, a quien tampoco localizaron. Finalmente, hacia las tres de la madrugada, al circular por la calle de Velázquez, cayeron en la cuenta de que allí residía el diputado de Renovación Española José Calvo Sotelo. Condés logró que accediera a acompañarle y, nada más entrar en el vehículo, Luis Cuenca Estevas, un exaltado militante de las Juventudes Socialistas, sentado detrás del líder conservador, le descerrajó dos tiros en la nuca, dejando después su cadáver en el depósito del cementerio del Este, donde no sería identificado hasta el mediodía. Aquella misma mañana, la capilla ardiente del teniente Castillo se instaló en el Salón Rojo de la Dirección General de Seguridad y por la tarde se le inhumó en el llamado Cementerio Civil, acto al que acudieron miles de madrileños.
Bibl.: Historia de las Campañas de Marruecos, Madrid, Servicio Histórico Militar, 1951; R. de la Cierva, “¿Quién mató al teniente Castillo?”, en Nueva Historia, 2 (1977); I. Gibson, La noche en que mataron a Calvo Sotelo, Barcelona, Plaza & Janés, 1986; F. Puell de la Villa, Historia del Ejército en España, Madrid, Alianza, 2005 (2ª ed.).
F. Puell de la Villa |
La Unión Militar Republicana Antifascista (UMRA) fue una asociación española clandestina militar de tendencia izquierdista surgida hacia 1934 en la época de la II República Española. Surgió en respuesta a la actividad de su antagónica Unión Militar Española (UME), de signo reaccionario y conservador y creada en diciembre de 1933. Muchos militares que luego se mantuvieron fieles a la República durante la guerra civil española habían pertenecido o participado en la UMRA antes de la contienda. Entre los fundadores de la UMRA destacó inicialmente el teniente coronel Ernesto Carratalá. Historia El preludio al Golpe de Estado. Los antecedentes de la Unión Militar Republicana Antifascista (UMRA) hay que buscarlos en la Unión Militar Antifascista (UMA), que nació con los siguientes fines: contrarrestar la actividad de la UME; prestar ayuda de todo género a los compañeros presos; unir a los militares republicanos para que los gobernantes tuvieran un instrumento contra la reacción. Además, acordaron publicar un manifiesto, que allí mismo redactó el teniente coronel Ernesto Carratalá, dirigido "a todos los compañeros antifascistas, sin distinción de ideas políticas", basándose en que "cada militar, cualquiera que sea el partido al que pertenezca, debe trabajar en el seno de una organización militar, como defensor de la República en peligro, contra el fascismo amenazante". Así, se acabarían fusionando la Unión Militar Antifascista, de iniciativa comunista, y la Unión Militar Republicana, de iniciativa socialista, respondiendo al impulso unitario que se desarrollaba en todo el país, lo que dio origen a la Unión Militar Republicana Antifascista (UMRA). La UMRA fue creada durante el año 1934 y rápidamente tuvo una gran adhesión por parte de algunos sectores militares republicanos, en especial de los Tenientes Urbano Orad de la Torre o Vicente Guarner Vivancos, los cuales se iban a convertir en sus principales ayudantes. Nace con unos objetivos claros, entre los cuales figuraban contrarrestar en el seno del ejército la influencia de la derecha más reaccionaria y conservadora que representaba la Unión Militar Española. El oficial Eleuterio Díaz-Tendero Merchán tendrá una gran actividad en la organización desde los mismos comienzos y se encargará muy especialmente de confeccionar un fichero con datos personales y cualidades castrenses no solo de los militares miembros de la UMRA sino también de un gran número de militares sospechosos o significados derechistas. Antonio Cordón, otro de los militares que se afilió en esta época, confiesa en sus memorias que la base de este enorme fichero lo constituyeron otro archivo de ficheros personales confeccionados por la UME para el caso de una sublevación militar, aunque reconoce que ignora cómo cayeron en manos de Díaz-Tendero estos ficheros. Después de la victoria del Frente Popular en las Elecciones de febrero de 1936 crecieron las conspiraciones de los sectores más conservadores del Ejército, que buscaban derribar definitivamente a la República. La actividad de sectores de la extrema-derecha contra significados militares republicanos, como el capitán Carlos Faraudo (ya afiliado la UMRA) se puso de manifiesto al ser este asesinado el 9 de mayo. Su muerte provocó que entre los miembros de la UMRA se organizaran escoltas para los integrantes más significativos y sus cuadros de mando, pero ello no pudo evitar que dos meses después fuera asesinado otro de sus miembros, el Teniente Castillo. Para esas fechas, a los dirigentes de la UMRA no paraban ya de llegarles informes y avisos sobre la conspiración que urdían numerosos miembros del Ejército, muchos conocidos por su conservadurismo o que habían participado en la Sanjurjada de 1932. Guerra civil española. El 16 de julio una comisión de militares encabezada por Díaz-Tendero visitó al Presidente del Consejo de ministros, Casares Quiroga, para informarle de las conspiraciones que había en curso hasta la fecha.8 Que fueran a verle ese día no era casual, ya que avisaban de que en los días próximos (y muy posiblemente dos días después, el 18 de julio) se produjera una sublevación militar. Entregaron al presidente una lista donde recomendaban el pase a disponible forzoso (lo que equivalía a tenerlos sujetos a una autoridad) o destituyera a los generales Goded, Franco, Fanjul, Mola, Varela o Aranda, así como otros muchos militares (especialmente, africanistas como Yagüe). Proponían otra serie de medidas, siendo la más importante la propuesta de disolución del Ejército como medida extrema para controlar un posible golpe de Estado en caso de que la situación se le fuera de las manos al gobierno. El resultado de la entrevista fue en vano, ya que Casares Quiroga no hizo absolutamente nada y cuando se produjo la sublevación militar fue incapaz de reaccionar, lo que en parte daría lugar a la guerra civil española. La única medida que si se aplicó plenamente —la disolución del Ejército— se hizo tarde y mal, y de hecho fue más perjudicial que beneficiosa para la República. Una vez iniciada la contienda, los militares miembros de la UMRA, en su totalidad, se mantuvieron fieles a la Segunda República Española y se incorporaron posteriormente al nuevo Ejército Popular, en el que ocuparían importantes puestos y mandos. El siempre completo y exhaustivo archivo de la UMRA fue muy utilizado durante las primeras semanas de la guerra para depurar militares republicanos sobre la base de las informaciones que se tenían de ello durante la preguerra. A principios de 1939, con la derrota militar de la Segunda República Española, Díaz-Tendero pasó a Francia junto a una parte significativa de los miembros de la asociación y también con el controvertido archivo de la UMRA. Los ficheros de personal militar, no obstante, fueron destruidos por Díaz-Tendero en Toulouse.11 Después de la guerra la UMRA no volvió a tener actividad alguna, teniendo en cuenta que parte de sus miembros habían muerto en la guerra, y otros se encontraban prisioneros en la España franquista o, en el mejor de los casos, habían logrado pasar al exilio. Organización. Su fundador fue el capitán Eleuterio Díaz-Tendero, destacado militar republicano de izquierdas que moriría en 1945 en el campo de concentración nazi de Dachau. Entre sus miembros fundadores (y también algunos de los integrantes más activos y destacados) se encontraban los oficiales Luis Barceló Jover, Antonio Cordón García, Urbano Orad de la Torre o Ricardo Burillo Stholle. Para 1935 la organización había aumentado su tamaño considerablemente y otro destacado miembro, Vicente Guarner Vivancos, fue enviado a Barcelona para encargarse de la ramificación de la UMRA en Cataluña, siendo el responsable de la organización en territorio catalán y convirtiéndose a la vez en uno de los principales miembros de la UMRA. Además de los ficheros de personal, se sirvieron de las informaciones ofrecidas por los miembros de la UMRA, en especial la enviada por cabos y soldados que lograban infiltrarse en la UME y transmitir informes sobre conspiraciones entre ciertos sectores del Ejércitos. Principales miembros. A ella pertenecieron también los generales Miguel Núñez de Prado y Juan Hernández Saravia, y otros como el coronel José Asensio Torrado más como simpatizantes que como verdaderos miembros activos. También hubo otros destacados miembros como el teniente coronel Ernesto Carratalá, los capitanes Carlos Faraudo (asesinado en mayo de 1936 por elementos de la Extrema derecha), y Fernando Condés, o el Teniente de la Guardia de Asalto José del Castillo, oficial que fue asesinado el 12 de julio de 1936 y cuyo asesinato motivará el posterior asesinato del líder derechista José Calvo Sotelo. |
El asesinato de Calvo Sotelo y la masonería. Por: María José Turrión 18 de julio de 2014 Si el comienzo de la I Guerra Mundial viene asociado al atentado de Sarajevo, el de la Guerra Civil Española, al menos para un amplio sector historiográfico, va unido pertinazmente al asesinato de Calvo Sotelo. Para algunos historiadores sin embargo, como Santos Juliá o Julián Casanova, el complot contra la República comenzaría en febrero de 1936 con el triunfo de la coalición de izquierdas. Los precedentes que rodearon la muerte del diputado, como fue la acalorada sesión parlamentaria del día 16 de junio, donde José Calvo Sotelo y Santiago Casares Quiroga se cruzaron fortísimas acusaciones y, el hecho de que para muchos sea el asesinato el desencadenante de la Guerra, hace que sea un tema ampliamente tratado en diversos sectores. Posturas cercanas al diputado y líder de Renovación Española asesinado, y posicionamientos políticos radicalmente opuestos, coinciden en el grueso de la narración de los acontecimientos que se desarrollan en la madrugada del día 13 de julio de 1936, la del asesinato, reflejados también en el sumario correspondiente de la Causa General que instruyó la Fiscalía General una vez terminada la Guerra. No podemos dejar de recordar que, el sumario que comenzó a instruir el magistrado del Tribunal Supremo, Iglesias Portal, inmediatamente después de la muerte del diputado y en el que actuaba como fiscal, el Fiscal General de la República, Paz Mateos, fue robado por milicianos en los días posteriores al comienzo de la Guerra Civil, se cita el 25 de julio de 1936 como fecha del robo, sin que del mismo nada se sepa hasta la fecha. Inseparable al relato de la muerte del diputado, el de otro crimen que tuvo lugar en la tarde noche del domingo 12 de julio de 1936, el del teniente Castillo. José del Castillo Sáez de Tejada, demócrata y republicano, pertenecía a la Guardia de Asalto, cuerpo de policía mandado crear por Miguel Maura, cuando estaba Ángel Galarza al frente de la Dirección General de Seguridad y organizado al parecer con gran profesionalidad por Muñoz Grandes y a cuyos mandos se les atribuye en el año 1936 una tendencia demócrata y el ser muy cercanos y leales a la República. En esas fechas prestaba sus servicios el teniente Castillo en el Cuartel de Pontejos, sede desde donde habría de salir la famosa camioneta número 17 para vengar, según reza la Causa General, la muerte de Castillo por parte de sus indignados compañeros. Los hechos conocidos y reconocidos sobre el asesinato de José Calvo Sotelo son: la salida desde el Cuartel de Pontejos en la madrugada del día 13 de julio de una camioneta , la número 17, con aproximadamente dieciséis personas, al frente de las cuales se encontraba el guardia Civil Fernando Contés y junto a él, la persona que realizaría los disparos, Luis Cuenca (en la Causa General aparece erróneamente como Victoriano Cuenca). El secuestro del diputado en su residencia de la calle Velázquez de Madrid y el posterior asesinato en la misma camioneta que le trasladaba según dijeron sus captores a las dependencias de la Dirección General de Seguridad y por último el depósito del cadaver en el Cementerio del Este, donde con posterioridad sería realizada la autopsia. Desde el primer momento surge una ingente cantidad de comentarios y literatura sobre el crimen, publicando toda suerte de detalles sobre los autores físicos del mismo, su adscripción política y sus vículos con miembros del Gobierno y con la masonería. En relación a esta última como instigadora y responsable del crimen, no se presentan pruebas concluyentes, tan solo el hecho de señalar a miembros del Gobierno y de la Administración, como Azaña, Casares Quiroga o Alonso Mallol, que era el máximo responsable en la Dirección General de Seguridad, como pertenecientes a la masonería y poniéndolos en relación con los actores del crimen, algunos de los cuales también pertenecían a la masonería. Sin embargo, se imprimió ya por entonces una hoja de propaganda que reproducía un documento mecanografiado que lleva por título ALTO MANDO DE LA DEFENSA NACIONAL (BOLETÍN CONFIDENCIAL EXTRAORDINARIO, que de alguna manera ilustra la tenaz acusación que existe sobre la masonería como instigadora del crimen y, del que sorpresivamente no encontramos que se haga referencia ni en la Causa General, ni en prensa de época, así como tampoco en la extensa bibliografía existente sobre el hecho que nos ocupa, con la única excepción de la Revista Javeriana editada por la Universidad homónima de los Jesuitas en Bogotá, donde aparece publicado en el volumen 6 de la revista del mismo 1936. El documento no está fechado, pero está redactado entre la muerte de Calvo Sotelo (13 de julio de 1936) y el comienzo de la Guerra Civil (17/18 de julio de 1936) y de haberse difundido en las instancias oportunas, hubiera reforzado la tesis que relaciona a la masonería como instigadora del crimen. En fechas recientes, hemos podido encontrar impreso el documento en una conocida casa de venta a través de Internet y sabemos que el original mecanografiado de este Boletín fue guardado en un archivo familiar durante la dictadura. El Boletín, escrito con claro fin propagandístico, está dividido en una introducción y tres apartados titulados: El Complot, La Ejecución y Viva España. Viene firmado: “Por los organismos del Alto Mando. El Comandante General”. “Nuestro servicio confidencial en el extranjero nos ha puesto en posesión de cuantos datos se necesitan para atribuir al Gobierno de granujas que maltrata España, la cobarde ejecución del heroico mártir Calvo Sotelo…”  El texto sitúa en París en la calle Cadet nº 16, una tenida (reunión) de la Gran Logia de París celebrada el 8 de junio de 1936, y en la cual con la asistencia de cinco delegados masones españoles, cuyos nombres no se indican, se discutió la posibilidad de que se creara en España un Frente Nacional que hiciera peligrar al Frente Popular. En esa reunión de masones, el mencionado Boletín cuenta la existencia de un fichero elaborado en la logia y referido a políticos españoles, susceptibles de constituir peligro ante la eventual formación de ese frente nacional, en concreto hace referencia a cinco personas: “Albiñana, Calvo Sotelo, Domingo Arévalo, Gil Robles, Goicoechea, Primo de Rivera y Ventosa”. En la referencia de Calvo Sotelo se lee: “Monárquico. Ex ministro de la dictadura. Hombre de gran preparación técnica financiera. Peligrosísimo por su poder de captación de masas. Cuenta con el apoyo de grandes núcleos capitalistas. La única esperanza de las derechas nacionales. Es la única figura que puede aglutinar a su alrededor todos los elementos contrarios al Frente Popular. Se halla relacionado perfectamente con influyentes personalidades extranjeras. Es urgente su eliminación total para impedir la formación del Frente Nacional, cuya Jefatura ostentaría de modo indiscutible. Transmítase esta nota con urgencia a nuestros [espacio en blanco] de Madrid para su rigurosa observancia. Aprémiese a los HH [hermanos] Casares Quiroga y Barcia para su inmediata ejecución”. De este documento llama la atención varias cosas, pero la fundamental es el porqué no se utilizó en la Causa General. ¿Acaso no se dio a conocer al fiscal? ¿Podía interesar a alguien que no llegara a la instrucción del Caso?. Independientemente de que hubiera existido esa orden dada por la masonería francesa para “eliminar” a Calvo Sotelo o sea pura invención y propaganda, el hecho cierto es que hubiera servido para afianzar la tesis de culpabilizar a la Orden como autora o instigadora del crimen. ¿Es posible que el Régimen franquista no quisiera dar excesiva importancia a la figura de Calvo Sotelo? Antonio Ruiz Vilaplana, en su conocido y reeditado en 2010 y 2011, Doy fe… Un año de actuación en la España nacionalista, publicado en 1938 por Ediciones Españolas y en el que narra las atrocidades realizadas por los sublevados en la ciudad de Burgos y de las que él fue testigo presencial en razón de ocupar el cargo de Secretario del Juzgado de Instrucción de esa ciudad, menciona que el día 19 de julio en Burgos, Sáinz Rodríguez, diputado monárquico, ante un corro de gente se expresaba de la siguiente manera: “¡Qué lástima! – decía compungido-. En el día de hoy, aquí, para disfrutar de todo esto debía hallarse conmigo el pobre Calvo Sotelo. Él tenía designada conmigo esta región para el día del levantamiento. Desgraciadamente, el crimen de esos canallas, le ha impedido obtener hoy, aquí, el triunfo que merecía…”. Los escritos a partir del asesinato hablan de crimen de Estado. Luis de Galinsoga, gana el premio Luca de Tena, con un artículo publicado en ABC sobre Calvo Sotelo. A su entender, este crimen se fraguaría en las horas inmediatamente anteriores al acto, si bien “venía incubándose meses y años antes por los jerarcas del régimen que había de consumarlo” y ello por ser Calvo Sotelo el principal opositor a los ideales de la República. Galinsoga habla de un Calvo Sotelo “precursor de la Cruzada que hoy acaudilla el glorioso Generalísimo Franco”. Curiosamente en el Boletín Confidencial Extraordinario no se mencione en ningún momento el nombre de Francisco Franco, ni tampoco se dice de él que sea personaje importante al que haya que prestar atención y vigilancia ante la eventual formación de un frente de derechas. Bien es cierto que, no hay ningún militar entre los nombres que figuran como posibles candidatos para unir a las derechas. Con todo, Franco, un personaje que acabará siendo el principal actor en la sublevación militar y, que a la postre será el titular de una dictadura férrea, y para quién además la masonería era uno de los mayores peligros a tener en cuenta, ¿cómo se tomaría en caso de conocer el contenido de ese Boletín, el hecho de saber que él mismo no representaba ningún peligro para la masonería, que su figura para la organización era inexistente?. No es la primera vez que, Franco no da importancia a temas relacionados con la masonería. Celso Almuiña alude a ello en relación al documento titulado Máximas e instrucciones políticas para el Gran Oriente Español y Logias de la masonería egipciana. Un extraño documento que le hacen llegar a Franco a través del general Meléndez (este documento sí acabaría en la Causa General), del que no se sabe la autoría pero que se atribuye a la masonería y del que Franco dice al parecer: "No interesa, esto ya lo conocía yo". ¿Cuánto conocía Franco realmente de la masonería? Conocida es la gran suerte del dictador, todas las personas que le pudieron hacer sombra a la hora de llevar adelante sus sueños de poder, o morían en accidentes de avión, como Sanjurjo y Mola o eran asesinados como Calvo Sotelo y Primo de Rivera. Otros como el general Amado Balmes que, podría representar una seria oposición a la sublevación militar al no estar de acuerdo con ella, moría al tratar de desencasquillar un arma. Ángel Viñas no duda en sostener en La conspiración del general Franco y otras revelaciones acerca de una guerra civil desfigurada que, fue un asesinato organizado por Franco, con el doble fin de, por un lado eliminar posibles opositores a la sublevación militar en Canarias y por el otro, facilitar su marcha justificada (el propio Gobierno le envió a investigar los hechos), desde Santa Cruz de Tenerife a Las Palmas donde presidiría el funeral de su compañero de armas el día 17 de julio por la mañana. La misma tarde del 17 de julio se sublevaron las guarniciones de Ceuta, Melilla y Tetuán y al día siguiente Franco se unió alzando Canarias y trasladándose en el Dragón Rapide a Marruecos para hacerse cargo de la sublevación en el protectorado. Sobre la autenticidad o no del contenido del documento en el que se acusa al Gran oriente Francés de ser el instigador del crimen, un miembro de la masonería nos destaca tras la lectura del Boletín, la existencia de rasgos de verosimilitud, sin embargo en los archivos de la masonería de la Rue Cadet no hay testimonio que de fé de que se celebrase una reunión el 8 de junio de 1936, tan solo encontramos un museo, el Musée de la Franc-maçonnerie, creado en 1889, que fue víctima del expolio nazi durante la ocupación y que sería abierto de nuevo en 1973. |
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