Luis Bustamante Robin; Jose Guillermo Gonzalez Cornejo; Jennifer Angelica Ponce Ponce; Francia Carolina Vera Valdes; Carolina Ivonne Reyes Candia; Mario Alberto Correa Manríquez; Enrique Alejandro Valenzuela Erazo; Gardo Francisco Valencia Avaria; Alvaro Gonzalo Andaur Medina; Carla Veronica Barrientos Melendez; Luis Alberto Cortes Aguilera; Ricardo Adolfo Price Toro; Julio César Gil Saladrina; Ivette Renee Mourguet Besoain; Marcelo Andres Oyarse Reyes; Franco Gonzalez Fortunatti; Patricio Hernández Jara; Demetrio Protopsaltis Palma;Nelson Gonzalez Urra ; Ricardo Matias Heredia Sanchez; Katherine Alejandra Del Carmen Lafoy Guzmán; Alamiro Fernandez Acevedo; Soledad García Nannig; Paula Flores Vargas; María Veronica Rossi Valenzuela; Aldo Ahumada Chu Han;
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El juez letrado don Ramón Araya Arenas fue asesinado en 1911 por haber ordenado la prisión de un criminal. Más de cien años después, su familia rescata su legado como magistrado y combatiente en la Guerra Civil de 1891. María José Soler Cristián Araya Escobar (51) muestra con orgullo su oficina de abogado en la calle Prat de Valparaíso. El escritorio donde confecciona sus documentos tiene más de un siglo de antigüedad. Desde esos cajones rescató cartas y escritos que databan de 1890. Como un tesoro, en la biblioteca de ese mismo estudio, guarda una copia de la Novísima Recopilación de Leyes de Indias, un texto legal español del siglo XIX. Este documento, además de un título de abogado de 1892 y la placa de bronce curvo donde se especifica su profesión, pertenecieron a su bisabuelo Ramón Araya Arenas, juez letrado de Quillota y mártir del Poder Judicial chileno. Aunque la historia del crimen ocurrido en 1911 en esa ciudad de la Región de Valparaíso ha sido revivida varias veces en crónicas policiales, pocos saben que el juez Araya ha sido el único magistrado muerto en acto de servicio en los casi 200 años de vida del Poder Judicial. Es por eso que el viernes 27 de diciembre la Corte Suprema hará un homenaje al juez Ramón Araya, inaugurando con su nombre el edificio del Tribunal Oral de Quillota. A la ceremonia asistirá, además del bisnieto del mártir, el presidente del máximo tribunal, Rubén Ballesteros, y el ministro Pedro Pierry, que además es amigo de la familia Araya y ha abogado por el reconocimiento del único mártir de la judicatura. "Un crimen por encargo" Además de ejercer en su oficina de abogados, Cristián Araya es auditor general de la Armada de Chile y ministro de la Corte Marcial de dicha institución. Este año su hija se tituló de abogada, transformándose en la quinta generación de la familia Araya en ejercer el derecho. "Para la familia ha sido siempre un hecho histórico que hemos guardado con mucho celo, el asesinato de nuestro bisabuelo, porque su legado ha sido mantenido intacto por generaciones de abogados", relata el bisnieto. En mayo de 1911, Ramón Araya fue asesinado de una estocada en el corazón afuera de su casa en Quillota. Días después, Alfredo Brito Brito, un reo que estaba preso en Valparaíso por provocar incendios y luego cobrar las indemnizaciones, confesó ser el inductor del crimen del juez. Le pagó $1.000 de la época a un intermediario y luego a un sicario. Días antes le envió una nota anónima al juez donde amenazaba con matarlo si no ordenaba su libertad. Araya se negó. Cien años después, Cristián reflexiona que su bisabuelo prefirió "hacer justicia leal y honestamente antes de ceder a esa petición, con independencia de las terribles consecuencias personales que le traería". El homicida del juez fue fusilado unos años después en los terrenos de la entonces cárcel de Quillota, donde -paradójicamente- la próxima semana se inaugurará el tribunal oral que llevará el nombre del magistrado Araya. Brito Brito fue condenado a cadena perpetua. Guerra Civil Décadas antes del crimen, Ramón Araya había sobrevivido a los combates de la Revolución de 1891, donde peleó por el Ejército Constitucional en el regimiento Atacama. Su bisnieto guarda una carta que el futuro juez envió a su padre en 1891, a los 21 años. En ella describía las batallas de Concón y Placilla, y el trayecto que hizo en el buque Cachapoal de la Armada hasta Quintero.
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31 diciembre de 2013 “Juez Ramón Araya Arenas”, es el nombre que desde el pasado viernes 27 de diciembre, identifica al edificio que alberga al Tribunal de Juicio Oral en lo Penal y al Juzgado Garantía de Quillota, en honor del magistrado asesinado -el 20 de mayo de 1911, en dicha ciudad- en represalia a una sentencia judicial que adoptó. La ceremonia donde se descubrió la placa que da cuenta de este homenaje estuvo encabezada por el presidente de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros, y contó con la presencia de los ministros del máximo tribunal del país Hugo Dolmetch, Pedro Pierry y Lamberto Cisternas; el presidente de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Jaime Arancibia; el ministro del Tribunal Constitucional, Raúl Bertelsen; y el alcalde de Quillota, Luis Mella, además de familiares del homenajeado. La placa -ubicada en el hall principal del edificio- simboliza el reconocimiento del Poder Judicial y de la comunidad de Quillota a la labor de un juez intachable, lo que fue destacado por el presidente de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros, y por Cristián Araya Escobar, bisnieto del magistrado Araya, quienes fueron los oradores de la jornada. Un crimen por encargo. El asesinato del magistrado Ramón Araya provocó gran conmoción en la comunidad de la época, que se vio impactada por la trama que precedió al crimen, los que fueron clarificados tras una acuciosa investigación encabezada por el ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, don Carlos Silva Domínguez, quien pudo determinar que el asesino había actuado pagado y siguiendo instrucciones de personas que tenían incidencias judiciales y fallos adversos. El 25 de mayo de 1911, uno de los sospechosos aprendidos confesó la autoría material del homicidio del juez Ramón Araya, señalando como instigadores a Eloy Pérez Olmos y Juan de Dios Calderón. El primero había sido condenado por el juez Ramón Araya por el delito de incendio, por lo que contactó a Calderón a fin que este consiguiera un sicario que diera muerte al magistrado, lo que finalmente Alfredo Brito hizo a cambio de la suma de cuatrocientos pesos. El proceso judicial siguió su camino, y el 17 de octubre siguiente la Corte de Apelaciones de Valparaíso confirmó la condena a muerte impuesta al autor material, Alfredo Brito, y a presidio perpetuo a los instigadores, Pérez Olmos y Calderón, pena que, el 3 de junio de 1912, fue ratificada por la Corte Suprema, que desechó el último recurso de casación interpuesto por la defensa. La ejecución de esta sentencia se realizó en la Cárcel de Quillota. |
El crimen del juez Ramón Araya, el primer caso de sicariato en Chile. 19/04/2024 Por Roberto Silva Bijit Fundador Diario “El Observador” Fue un crimen brutal. El juez condena a un tipo y lo encarcelan. Desde atrás de las rejas, el reo contrata a un bandido y le paga para que vaya a matar al juez. Y así lo hizo, lo siguió a la salida del tribunal y antes de que el magistrado llegara a su casa, en calle Pudeto, casi al llegar a Blanco, le clavó una daga en el corazón. Ahí cayó el juez y el asesino se arrancó en dirección a las casas que estaban al pie del cerro Mayaca. Era el viernes 20 de mayo de 1911. Se suspendió hasta el desfile del día siguiente. El crimen tuvo impacto nacional e internacional, no se conocía ese tipo de asesinatos por encargo desde la cárcel. Quillota había alcanzado el triste récord de tener al primer mártir del Poder Judicial de Chile y el primer caso de sicariato en el país. El tema volvió a la memoria con el lanzamiento del libro “El asesinato del juez Araya”, una entretenida novela del actor y escritor Ivo Herrera Ávila, que mezcla muy bien la ficción con la realidad. Incluso manteniendo los nombres reales de los protagonistas de los hechos, Ivo Herrera recrea el vil crimen y pone en relieve la geografía de los bajos fondos quillotanos, con el drama que vivió un hombre bueno y justo, que fue víctima de gente del mundo de la delincuencia. Hay que destacar que esta es la tercera novela de Ivo Herrera, ya que antes había publicado “El hombre del maletín”, con peripecias en torno al fútbol profesional y “Pacto en el Mayaca”, con una trama que envuelve un hallazgo arqueológico con brujerías. La ciudad de Quillota quedó tan conmocionada que hizo contribuciones para construirle un mausoleo al “querido y malogrado” (como dice la placa) juez Ramón Araya Arenas, muerto como víctima del deber cumplido. Al ingreso del camposanto, a mano izquierda, con vista sobre toda la ciudad, se encuentra su solemne tumba. El sicario que lo mató, Alfredo Brito Brito, alias “El Canteado”, recibió 450 pesos por el crimen. Era un bruto contratado para matar. Un hombre de la orilla de la sociedad, sin conciencia real de lo que hizo. Lo pillaron esa misma noche y con las manos todavía con sangre. Fue condenado a muerte y fusilado en la cárcel de Quillota el 1 de julio de 1912. Fue el único que pagó el crimen con su vida, ya que quien lo contactó, Juan de Dios Calderón, conocido de Brito, terminó pasando preso poco tiempo para después quedar en libertad. Lo peor fue que el autor intelectual del crimen por encargo, Eloy Pérez, que fue también condenado a muerte, logró conseguir bajo cuerdas un indulto presidencial (práctica que se ha mantenido) y después de unos pocos años quedó en libertad. Nunca pagó el asesinato que ordenó. Venía de maniobras oscuras, ya que había estado en la cárcel por causar un incendio para cobrar el seguro. Y en ese incendio hasta murió una persona. Pérez era un hombre sin principios ni ley. El juez Araya gozó siempre de gran prestigio en la ciudad, como un respetado miembro del Poder Judicial. A fines del año 2013, se realizó un emotivo homenaje en el edificio que alberga al Tribunal de Juicio Oral en lo Penal y al Juzgado de Garantía de Quillota, colocándose una placa con el nombre del juez que fue “un hombre de convicciones muerto en el ejercicio de sus funciones”, como señala el texto. En el acto en el que estaban los descendientes del juez, que tiene cinco generaciones de abogados, habló el presidente de la Corte Suprema y María Catalina Araya, también abogado, para entregar la Corona Fúnebre que en 1911 se publicó en Quillota con la dolorosa muerte del juez. El destino, que no perdona, quiso que en el mismo recinto donde se realizó la ceremonia para poner el nombre del juez Ramón Araya Arenas, haya sido también el mismo lugar donde el pelotón fusiló a su infeliz asesino, “El Canteado”. |
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