El homicidio de Latasha Harlins y los disturbios de los ángeles de 1992. |
Los disturbios de Los Ángeles de 1992, también conocidos como la revuelta de Rodney King, o los disturbios de Rodney King, se iniciaron el 29 de abril de ese año, cuando un jurado compuesto casi completamente por blancos absolvió a los cuatro agentes de policía que aparecieron en unas grabaciones tomadas por el videoaficionado George Holliday, mientras propinaban una paliza al taxista negro Rodney King. King, que huía de la policía, fue perseguido por la autopista a unos 180 km/h. Miles de personas en Los Ángeles, California, principalmente jóvenes afroamericanos y latinos, se unieron en lo que fue frecuentemente presentado como un disturbio racial y étnico, llevando a cabo multitud de infracciones de la ley, incluyendo pillajes, incendios provocados y asesinatos. En total, hubo 54 muertos y más de 2.000 heridos durante los disturbios. Causas subyacentes Aunque fue el veredicto del juicio sobre Rodney King lo que prendió la mecha, hubo otros factores normalmente citados como causas de las protestas. A saber: el extremadamente elevado nivel de desempleo entre los residentes de South Los Ángeles, un barrio predominantemente afroamericano que sufrió duramente la recesión económica de finales de los años 1980; la percepción generalizada de que el Departamento de Policía de Los Ángeles hacía discriminación por raza y abusaba de la fuerza, como atestiguaría la investigación llevada a cabo por Warren Christopher (quien dos años después se convertiría en secretario de Estado bajo el mandato de Bill Clinton); la rabia contenida por la leve sentencia dictada contra una tendera coreana por el tiroteo de Latasha Harlins, una joven afroamericana. Además, desde que se reveló el vídeo hasta que se dictó veredicto, las dos mayores bandas callejeras de L.A., los Crips y los Bloods, acordaron un alto el fuego mutuo, y empezaron a trabajar en demandas políticas conjuntas a la Policía y los políticos de la ciudad. Tensiones raciales Cuando los comentaristas hablan sobre las causas de la erupción violenta, suelen hacer énfasis en las tensiones provocadas por la cambiante demografía de South Los Ángeles. La composición racial de barrios históricamente afroamericanos cambió cuando los latinos y coreanos compraron licorerías y tiendas de ultramarinos antiguamente dirigidas por negros. De acuerdo a los datos del censo, en las áreas de los disturbios, la población hispana creció un 119% durante la década anterior a la violencia. La competencia entre etnias por el mercado de trabajo y la pequeña empresa crispó los ánimos. En concreto, durante los 80, la mayoría del personal afroamericano de jardinería del centro de la urbe fue despedido, y reemplazado por latinos (principalmente mexicanos y centroamericanos) que, al no estar sindicados, cobraban la mitad que sus predecesores. La fractura entre empresas propiedad de coreanos y la población negra a la que servían era especialmente pronunciada. La comunidad afroamericana se quejaba de malos tratos por parte de los tenderos y de unos precios excesivos. Relación con la comunidad coreana americana Para comprender el tiroteo de Harlins, antes de resaltar la tensión subyacente en la relación coreana-negra, es importante entender la marginación por el bajo estatus social mas la barrera del idioma de la comunidad coreana americana, la pobre precaución, protección de los Korean Towns, y la falta de represión de los disturbios, una vez ya sucedidos. Los espacios en donde los levantamientos tomaron lugar, estaban comprendidos y rodeados de población coreana, en otras palabras de Korean Towns. La reacción de los policías ante el problema central, el disturbio, era pararlo mediante el cierre de caminos hacia las zonas de residencia de estadounidenses blancos. Su lógica era limitada en primer plano, la justificación suponía que la causa principal de las revueltas era la tensión entre blancos y negros. Sin embargo, los senderos hacia las residencias asiáticas se dejaron abiertos, permitiendo que los disturbios se propagasen hacia esas zonas. La comunidad coreana estaba angustiada, una vez que las protestas se transformaron en disturbios, conflictos armados, situación en la cual la protección de la Policía era centrada y restringida en zonas de habitantes blancos. Por esta medida, las relaciones internacionales entre Corea del Sur y Estados Unidos se vio torcida. Latasha Harlins Los medios masivos de comunicación comenzaron a reportar un suceso anteriormente al de King, en donde los bandos no eran blancos contra negros, sino una joven negra y una mujer coreana, expandiendo así las fronteras de tensión hacia los asiáticos. Este hecho toma lugar el 16 de marzo de 1991, en un local llamado Empire Liquor, en Compton, donde un enfrentamiento entre una mujer coreana de 51 años, Soon Ja Du, y una joven afroamericana de 15 años de edad, Latasha Harlins, termina en la muerte de Harlins por un disparo de Du en la nuca de la afroamericana, que supuestamente intentaba hurtar un producto del local. El suceso se encuentra grabado en vídeo, el cual muestra que la señora Du se hallaba cuidando la caja y su marido, Billy Heung Ki Du, descansando en su furgoneta. La joven Harlins ingresa al local y la señora Du advierte que la joven mete una botella de zumo de naranja en su mochila, pero no consigue ver el billete en su mano y concluye que se trata de un caso de robo. La señora retiene a la joven por la sudadera e intenta quitarle la mochila. Al instante, Harlins responde con tres puñetazos que derriban a Du, y luego se aleja. La señora procede a lanzarle un taburete y Harlins responde arrojando la botella de zumo hacia la caja, mientras da media vuelta para marcharse, momento en el que Du coge una pistola y, finalmente, dispara. El esposo de Du escucha el tiro y se dirige hacia el negocio, sin saber lo que ha ocurrido. Cuando llega, ve a la joven tendida en el suelo, llama al 911 y denuncia la situación. |
El 3 de marzo de 1991, Rodney King, taxista estadounidense de origen afroamericano, con antecedentes por delincuencia y en libertad condicional por robo[cita requerida], fue perseguido en la autopista por la Policía a alta velocidad, negándose a detenerse cuando se le indicaba mediante luces y sirenas. Tras saltarse varios semáforos y señales de stop, se paró en el distrito de Lake View Terrace. King, que tenía antecedentes de conducción bajo los efectos del alcohol, y se creía que había consumido fenciclidina, se resistió a su arresto, y fue derribado, inmovilizado y golpeado con porras por cuatro miembros del LAPD. También se le acusó de haber intentado alcanzar el arma de uno de los agentes, aunque ese evento, supuestamente ocurrido al principio del altercado, no fue capturado en vídeo. En una entrevista posterior, King admitió que al estar en libertad condicional temía ser devuelto a prisión por violaciones del régimen. El incidente, excepto por los primeros minutos, fue grabado por George Holliday, un videoaficionado, y dio la vuelta al mundo, convirtiéndose en un importante argumento para los activistas pro minorías de Los Ángeles y Estados Unidos en general (los medios de comunicación mostraron varias secuencias del vídeo en repetidas ocasiones). El fiscal del distrito de Los Ángeles acusó a los cuatro agentes de uso excesivo de la fuerza durante la paliza. Debido a la amplia cobertura del suceso, el juicio fue llevado a un nuevo juzgado en Simi Valley, una zona predominantemente blanca de la ciudad de Ventura County. Al contrario de lo creído popularmente, ningún residente de Simi Valley formó parte del jurado, que había sido escogido en el condado de Los Ángeles; El jurado fue, sin embargo, reclutado en el cercano valle de San Fernando, que estaba compuesto en su mayoría por personas de raza blanca. El 29 de abril de 1992, el jurado rechazó todas menos una de las acusaciones. |
PEOPLE v. SOON JA DU.- Los disturbios de Los Ángeles en 1992 comenzaron con un disturbio en una licorería cerca de las avenidas West Florence y Normandie en el sur de Los Angeles. Eso no es una coincidencia. Historia
Un año antes del veredicto en el caso Rodney King, otra licorería a solo 7 minutos de distancia atrajo la ira de un vecindario. Fue una de las principales razones por las que los coreanos estadounidenses creyeron que fueron atacados durante los disturbios de 1992: la muerte de Latasha Harlins, de 15 años, a manos de un coreano-estadounidense en 1991. Empire Liquor era una tienda blanca, indescriptible y cuadrada, propiedad de la familia Du, cerca de las calles West 91st y South Figueroa. Las tensiones habían aumentado durante años entre los negros que vivían en el sur de Los Ángeles y los coreanoamericanos que, como los Dus, tenían negocios allí. "Los coreano estadounideses dijeron que los afroamericanos robaron y fueron clientes peligrosos", dijo la historiadora de UCLA Brenda Stevenson, autora de "El asesinato disputado de Latasha Harlins". "Los afroamericanos acusan a los coreanos estadounidenses de ser racistas". Los hechos
Era el sábado por la mañana, 16 de marzo de 1991, cuando un amigo dejó a Harlins en la tienda después de una noche de fiesta "Latasha venía a comprar jugo de naranja para llevar a casa con su familia", relató Stevenson. Harlins vivía a solo 5 minutos a pie. "Aunque su abuela le pidió que no viniera aquí, porque la tienda tenía una reputación, eso como propietarios, por acusar a los niños del vecindario de robar", dijo Stevenson. Empire Liquor en el sur de Los Ángeles, 1991. La adolescente Latasha Harlins fue asesinada por el dueño de la tienda Soon Ja Du. La tienda nunca volvió a abrir después de la muerte de Harlins. Empire Liquor en el sur de Los Ángeles, 1991. La adolescente Latasha Harlins fue asesinada por el dueño de la tienda Soon Ja Du. La tienda nunca volvió a abrir después de la muerte de Harlins. Pero Harlins no tenía muchas opciones. La tienda era uno de los pocos lugares en el área para comprar alimentos. Entonces fue a la nevera y puso un poco de jugo en su mochila. Cuesta $ 1.79 en aquel entonces. Pronto Ja Du, la matriarca de la familia que dirigía la tienda, estaba trabajando en la caja registradora. Harlins se acercó a Du con $ 2 en la mano. "Pero ella no tiene la oportunidad de presentar el dinero porque tan pronto como llega al mostrador, Pronto Ja Du le pregunta si está tratando de robarle", dijo Stevenson. Du, ella misma, había estado nerviosa. Su familia dirigía varias tiendas, pero rara vez trabajaba en este lugar. Su hijo había testificado recientemente en la corte contra miembros de pandillas en el área porque estaban robando de la tienda y hostigando al personal, por lo que Du se hizo cargo de él esa mañana. Creyendo que Harlins también le estaba robando, Du extendió la mano sobre el mostrador para agarrar su mochila. "Y así, ya sabes, se produce una pelea", dijo Stevenson. Harlins empujó a Du hacia atrás. Pero Du se levantó y trató de agarrar la mochila de Harlins nuevamente, solo para ser golpeado una vez más. "Cuando [Du] aparece por segunda vez, tiene una pistola en la mano", dijo Stevenson. "Entonces, cuando Latasha se da vuelta para salir de la tienda, le dispara a Latasha". Punto en blanco en la parte posterior de la cabeza. El cuerpo de Harlins yacía inmóvil en un charco de sangre. Cuando la policía llegó a la escena, encontraron $ 2 en su mano. Meses después, en noviembre de ese mismo año, Soon Ja Du fue condenado por homicidio involuntario. Pero la sentencia fue ligera: cinco años de libertad condicional.
"La niña fue asesinada y esencialmente asesinada sin provocación", dijo Larry Aubry, un afro estadounidense que, en los años 90, trabajaba en su comunidad del sur de Los Ángeles para construir puentes con los coreanos estadounidenses. Pero en ese momento todo lo que escuchó de los afroamericanos fue ira. "Lo llamaron un sistema de injusticia criminal", dijo. Mientras tanto, los coreano-estadounidense tenían una opinión diferente. "La gente decía que la dueña de la tienda, la Sra. Du, era una persona que cometió un grave error", dijo Angela Oh, una abogada de derechos civiles coreano-estadounidense que trabajaba con su propia comunidad en ese momento. "La gente también rezó por el bienestar de la familia del adolescente que había sido asesinado". Pero no se vieron en medio de una guerra racial. "No se veían a sí mismos como objetivos potenciales", dijo. Los inmigrantes coreanos y los coreanos estadounidenses comenzaron negocios en el sur de Los Ángeles porque los bienes raíces allí eran baratos y era uno de los pocos lugares que podían pagar. Pero no llegaron sabiendo el pasado racial del país. No sabían sobre las luchas históricas de los afro estadounidense Entonces, en las décadas previas a este momento, los coreanos no sabían cómo se convirtieron en parte de esa lucha también. Pero los negros sí, dijo Aubry, y tenían rencor. "Ese es el contexto más amplio en el que ocurrió todo esto", dijo. Los afroamericanos vieron pasar la oportunidad. Muchos no pudieron reunir el dinero o obtener un préstamo para iniciar un negocio, sin embargo, aquí estaban los estadounidenses de origen coreano que se mudaban al vecindario y podían hacerlo.
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Consecuencia. Cuando Latasha Harlins fue asesinada en 1991 y Soon Ja Du recibió libertad condicional, los negros lo vieron como otro ejemplo de injusticia. "No hay duda de que Latasha Harlins alimentó directamente los sentimientos negativos de la comunidad sobre la aplicación de la ley y cómo se trata a las personas negras", dijo. De modo que la ira y la frustración se calentaron antes de explotar el 29 de abril de 1992, con el caso de Harlins en el fondo de las mentes de los alborotadores. Es por eso que Angela Oh cree que los disturbios finalmente se trasladaron del sur de Los Ángeles a Koreatown. "Bueno, el nombre Koreatown", dijo. "Hubo muchas cosas que identificaron a los coreanos como el problema". Eso a pesar de que fue el LAPD y el gobierno de la ciudad a juicio en el caso Rodney King.
"Lo coreano se mezcla en todo con la aplicación de la ley", dijo Aubry. "Los percibieron como enemigos por un lado". La licorería donde murió Latasha Harlins nunca volvió a abrir después de su muerte. Angela Oh dijo que los coreanos le preguntarían después: "¿Qué hemos hecho? ¿No hemos hecho nada malo?" El caso Harlins y Empire Liquor es la respuesta, y tuvo tanto que ver con los disturbios como la ira por la golpiza de Rodney King. En julio de 1992, la familia Harlins recibió $ 300,000 dólares, en acuerdo transacción, por la muerte de Latasha Harlins. Angela Eunjin Oh (nacida el 8 de septiembre de 1955) es una abogada, maestra y profesora pública estadounidense mejor conocida por su papel como portavoz de la comunidad coreana estadounidense después de los disturbios de Los Ángeles en 1992 |
Joyce Ann Karlin Fahey. (nacida el 5 de enero de 1951) es una abogada y política estadounidense. Se desempeñó como fiscal federal y jueza de la Corte Superior del Condado de Los Ángeles . Es conocida por haber sentenciado a Soon Ja Du, el comerciante que disparó a Latasha Harlins en la nuca, a solo cinco años de libertad condicional y 400 horas de servicio comunitario, sin tiempo en la cárcel. La sentencia fue ampliamente condenada, incluso por el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles y los líderes de la comunidad negra en Los Ángeles, y a menudo se cita como un catalizador de los disturbios de 1992 en Los Ángeles . Karlin nació en Caracas , Venezuela . Su padre era un rico ejecutivo de un estudio cinematográfico que fue presidente de Warner Bros. International. Durante su infancia, Karlin vivió en varios países, incluidos Italia, Alemania y Argentina. Su familia se mudó a Chicago. Karlin se licenció en la Facultad de Derecho de Chicago de la Universidad Loyola en 1974. Carrera Karlin fue empleada por abogados defensores en Chicago y Los Ángeles. Se desempeñó como asistente del fiscal de los Estados Unidos en Los Ángeles. Ella presidió el caso del ex agente de la Administración de Control de Drogas (DEA) Darnell García . Karlin se convirtió en juez del Tribunal Superior en 1991 y ese año presidió el controvertido caso de homicidio voluntario que involucraba la muerte de Latasha Harlins. La sentencia leve de Karlin se vio en contraste con su sentencia más severa de un hombre de Glendale por patear a un perro una semana después, y fue recibida con indignación y protesta por parte de la comunidad afroamericana. Es la opinión de los historiadores que la decisión alimentó el malestar racial que la comunidad negra ya estaba sintiendo después de la golpiza de Rodney King y posiblemente contribuyó a los disturbios de 1992 en Los Ángeles. El fiscal de distrito del condado de Los Ángeles emitió una " política general de declaración jurada ", que prohibía a Karlin juzgar casos de delitos graves "relacionados con delitos violentos". En 1992, un esfuerzo por recordar a Karlin fracasó por poco. Karlin fue elegido en la primavera de 1992 para el Tribunal Superior de California. Recibió el 51% de los votos, derrotando a otros cuatro candidatos. En 1997, Karlin se retiró de su puesto de juez. Más tarde fue elegida para el consejo de la ciudad de Manhattan Beach, California y en 2002 sirvió una rotación como alcaldesa, según el sistema utilizado para Manhattan Beach. Desde que se retiró del banco, ha utilizado el apellido de su marido, Fahey. |
La armera Hannah Gutiérrez-Reed. |
.webp)   .jpg)        Sentencian a 18 meses de prisión a Hannah Gutiérrez-Reed, la armera del filme ‘Rust’, por el disparo que mató a su directora de fotografía La supervisora de armas del filme rodado en Nuevo México había sido hallada culpable de homicidio involuntario por la muerte de Halyna Hutchins cuando el actor Alec Baldwin disparó una pistola de utilería que tenía balas reales.       El juez hizo referencia a la falta de remordimiento de Gutiérrez-Reed antes de dictar la sentencia. “Su abogado tuvo que decirle al tribunal que estaba arrepentida”, indicó tras emitir la condena.   Y tras la sentencia, agregó: “Usted fue la armera que hizo la diferencia entre un arma segura y una capaz de matar a alguien. Dependía que ti que ella viviera”. El juicio surge a raíz de los hechos que tuvieron lugar en octubre de 2021, cuando Baldwin disparó, en un entrenamiento de armas por el rodaje, una pistola que debía estar cargada con balas de fogueo y que, no obstante, llevaba en su interior munición real. Ese incidente se saldó con la muerte de la directora de fotografía de la película y con el director con varias heridas. |
ROGERS, PAMELA JOAN OFFENDER ID: 00396311  ALIASES ROGERS, PAMELA D; ROGERS, PAM JOAN; TURNER, PAM JOAN; TURNER, PAMELA JOAN; TURNER-ROGERS, PAMELA JOAN; TURNER, PAMELA J.; ROGERS, PAMELA J.  OFFENSES DATE OF OFFENSE DESCRIPTION TCA CODE 07/07/2006 SOLICITATION TO COMMIT SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR 39-17-1003 02-07-2005 SEXUAL BATTERY BY AN AUTHORITY FIGURE 39-13-527  Pamela Joan Rogers Turner (nacida el 1 de julio de 1977) es una ex maestra y entrenadora de educación física de la escuela primaria estadounidense que enseñó en McMinnville, Tennessee. Tuvo una relación sexual con un niño de 13 años que era uno de sus estudiantes en la escuela primaria de Centertown. Según la documentación de la corte, Rogers tuvo relaciones sexuales con la estudiante en al menos 12 ocasiones.  Rogers se enfrentó a 15 cargos de agresión sexual por parte de una figura de autoridad y 13 cargos de violación legal el 4 de febrero de 2005. Los cargos se derivaron de su relación de 3 meses con un adolescente. Tenía 27 años de edad en el momento de la relación. Después de su arresto, ella pagó una fianza de $ 50,000. Cuando fue acusada originalmente, se declaró inocente. Posteriormente, Rogers no se opuso a cuatro cargos de agresión sexual por parte de una figura de autoridad el 12 de agosto de 2005, como parte de un acuerdo con la fiscalía. Su sentencia fue de 270 días (aproximadamente nueve meses) en la cárcel del condado de Warren en Tennessee, como parte de una sentencia suspendida ( suspended sentence) de ocho años, también debió cumplir un período de siete años y tres meses de libertad condicional ( probation.), entregar su certificado de enseñanza y registrarse como delincuente sexual de por vida porque la agresión sexual por parte de una figura de autoridad es “delito sexual violento” según la ley de Tennessee. |
Caso Convenios. |
El caso convenios —también conocido como caso fundaciones— es un escándalo político y un caso de malversación de fondos públicos dado a conocer el 16 de junio de 2023 por un reportaje del medio online Timeline. En él se hablaba del traspaso directo de fondos públicos a la Fundación Democracia Viva, cuyos integrantes pertenecen a la coalición oficialista del gobierno de Gabriel Boric, principalmente del partido Revolución Democrática; el reportaje también mostraba que dicha fundación operaba mediante la fragmentación de fondos públicos para evadir la fiscalización de Contraloría General de la República, con propósitos tales como la propaganda y financiamiento de la política, los que son materia de investigación judicial. El caso de Democracia Viva abrió toda una línea de investigación a otras 53 fundaciones de diferentes corrientes políticas, a lo largo del país, las que tendrían procedimientos similares. Según informes de la Fiscalía de Chile el monto de defraudación ascendería a 14 mil millones de pesos chilenos (16,4 millones de dólares). Antecedentes. El caso cero En agosto de 2023 la fiscalía chilena acreditó que Karina Oliva (Comunes) utilizó a la fundación Chile Movilizado para triangular dineros fiscales en su campaña electoral. El monto de esta operación asciende a los 137 millones de pesos, los que corresponderían a su candidatura a gorbernadora de la Región Metropolitana, intentando desligar su responsabilidad en los hechos. Oliva era objeto de controversia por sus gastos electorales desde 2021 debido a las elevadas sumas rendidas ante el Servicio Electoral,8 el cual anunció que revisaría los antecedentes evaluando una denuncia ante la fiscalía. Por su parte, el Fiscal Nacional Jorge Abbott decidió iniciar de oficio la investigación del caso. Entre los antecedentes se encontrarían pagos a miembros del mismo partido político, pagos por servicios nunca prestados y un desayuno con organizaciones feministas, entre otros. Se suma, además, que Chile Movilizado poseía un directorio fantasma, por lo que, según testigos, era usada por Oliva para triangular dineros. La fiscalía podría formalizarla por fraude de subvenciones. El rol Dipres, Segpres y Minvu En agosto de 2023 se dio a conocer que Javiera Martínez, directora de presupuesto (Dipres), eliminó durante su gestión algunas obligaciones que debían cumplir las organizaciones para la asignación de recursos. Lo anterior generó fuertes críticas desde distintos sectores políticos debido a que dicho acto facilitó las transferencias irregulares a las fundaciones cuestionadas. Por otra parte, la oposición política del gobierno de Gabriel Boric sindicó a Giorgio Jackson como también responsable de la eliminación de requisitos para las organizaciones en la asignación de recursos mientras era ministro Segpres. En dicho ministerio tuvo a su cargo el Consejo de Auditoria Interna General de Gobierno, debilitando sus facultades fiscalizadoras. Asimismo, se acusó también a Carlos Montes, ministro Minvu, por su actuar poco riguroso en la asignación de recursos a las fundaciones cuestionadas, siendo citado a declarar ante la justicia por aquello.En la misma línea, Montes aseguró que todos los dineros mal asignados serían recuperados por el ministerio que él dirige. Instituciones involucradas. Fundaciones. Democracia Viva En junio de 2023 el medio de comunicación regional chileno Timeline, mediante un reportaje, dio a conocer la existencia de convenios entre la fundación Democracia Viva y la Seremi de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta. Dichos convenios ascendían a un total de 426 millones de pesos, siendo la fundación liderada por Daniel Andrade Andrade, a su vez, fue relacionado sentimentalmente con la diputada Catalina Pérez (RD). Democracia Viva es ONG que obtuvo su personalidad jurídica en Ñuñoa el 25 de febrero de 2022, mientras era liderada por Emilia Ríos (RD). En junio de 2023 el ministro de justicia, Luis Cordero, comenzó una investigación con el fin de reunir antecedentes sobre la fundación de Democracia Viva. Liderada por Daniel Andrade y Catalina Pérez fue cuestinonada por la obtención de recursos públicos pese a su corta experiencia. Lo anterior de parte de la Seremi de Vivienda de la segunda región liderada por Carlos Contreras El 28 de junio de 2023 la Brigada de Delitos Económicos de la PDI allanó la vivienda Pérez con finalidad de recabar antecedentes relacionados al caso. Asimismo, la Contraloría General de la República, a cargo de Jorge Bermúdez, ordenó la suspensión de la toma de razón de todos los contratos celebrados entre entidades públicas y fundaciones privadas del país. El 30 de junio de 2023 el tribunal supremo de Revolución Democrática determinó la expulsión de Daniel Andrade y Carlos Contreras de la colectividad. Contreras fue jefe de gabinete de la Catalina Pérez. En julio de 2023 la Seremi de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta emitió una resolución en la que pidieron la restitución del 92 % de los fondos otorgados a Democracia Viva, argumentando que solo el 8 % de dichos recursos fueron rendidos de manera correcta siguiendo la normativa legal. Ante dicho acto la fundación presentó un recurso de protección alegando arbitrariedad e ilegalidad. Urbanismo Social A dos semanas de conocerse el caso de la fundación Democracia Viva —ocurrido en junio de 2023— se informó de una nueva institución involucrada, Urbanismo Social. A esta se le criticó la asignación de recursos ascendientes a 500 millones de pesos por parte de la Seremi de Vivienda de la región del Maule. Por estos hechos la Fiscalía regional inició una investigación de oficio en contra de la Seremi. En medio de esta investigación fueron cuestionados los contratos celebrados entre Urbanismo Social y la Seremi por 109 millones de pesos. A estos se sumó una renovación del contrato suscrito en 2018 por, el entonces seremi, Rodrigo Hernández. Este fungía como director jurídico de Urbanismo Social, por lo cual debía inhabilitarse para dicho acto. Como dicha situación no ocurrió, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, le solicitó la renuncia. Horizonte Ciudadano En julio de 2023 saltó a la escena pública Horizonte Ciudadano tras revelarse que había sido acreedora de cuantiosos montos en la región del Biobío. Esta fue cuestionada por el proyecto llamado «niños, niñas y adolescentes: voces del Biobío para vivir sin violencia», el cual dictaba charlas en colegios para jóvenes desde 5.° básico a 4.° medio. Horizonte Ciudadano es una fundación creada por Michelle Bachelet en 2018 cuyo eje funcional son centro de estudios y combate a la desigualdad. También tuvo una activa participación en la propaganda política de los plebiscitos de 2020 y 2022, el último por opción «apruebo». Tras las acusaciones, la fundación manifestó su disposición a proporcionar todos los antecedentes para la investigación, señalando que todos los traspasos de dinero entre el GORE y fundación se encuentran en regla, cumpliendo los procedimientos administrativos correspondientes. Para el desarrollo del proyecto el Gobierno Regional del Biobío transfirió 379 millones de pesos, siendo el convenio autorizado por Rodrigo Díaz, quien ostentó los cargos de gobernador e intendente en los gobiernos de Michelle Bachelet. La Fiscalía Nacional de Chile abrió una investigación a gobernación del Biobío por los convenios con Horizonte Ciudadano. Estamentos públicos. GORE de Antofagasta En noviembre de 2022 el Gobierno Regional de Antofagasta suscribió un convenio con la Fundación ProCultura para el pintado del casco histórico de la ciudad. Este ascendía a 629 millones y consistía en el pintado de tres fachadas de inmuebles ubicados por un total de 2400 m2. Producto de lo anterior la PDI allanó la sede gubernamental el 11 de julio de 2023. El 28 de julio de la jefa de la subsecretaria de las Culturas y las Artes, Andrea Gutiérrez, renunció a su cargo tras un sumario administrativo por dos convenios suscritos con la Corporación para el Desarrollo de Santiago debido a que fungía como directora de ProCultura antes de su nombramiento como subsecretaria. Región de La Araucanía: GORE y SEREMI de Vivienda. En julio de 2023, se abrió una investigación penal en contra del Gobierno Regional de la Araucanía, por millonarios traspasos entre este y la Fundación Local, una fundación creada en 2020 que recibió 1.200 millones de pesos para la ejecución de proyectos turísticos en la región. La Fundación no contaba con sitio web ni redes sociales, y recién arribaron en junio de 2023 a la capital regional Temuco, pese a esto el gobernador regional Luciano Rivas defendió la legalidad de los traspasos de dinero. También se reveló que el representante legal de la Fundación Local, el empresario Héctor Troncoso, es cercano a Rivas, incluso compartiendo registros de su relación en redes sociales. En medio de las acusaciones, el alcalde de Padre Las Casas Mario González confirmó un retraso en la ejecución de un plan de reciclaje adjudicado hacia la Fundación Local por 380 millones de pesos. El Consejero Regional Cristián Neira (PLR) defendió el traspaso de recursos, indicando que "[La Fundación Local] Tiene experiencia, no le puedo decir a ciencia cierta ni en detalle, pero la tiene. La verdad es que no tiene experiencia en reciclaje específicamente, pero tiene experiencia en el tiempo. La experiencia de los años que tiene". El 19 de julio de 2023, Radio Bío-Bío reveló en un reportaje el traspaso de 400 millones de pesos a la Fundación Espacio Coigüe, liderada por la excandidata a diputada por la región de Chile Vamos Claudia Lillo, para ejecutar el programa de capacitación y formación para dirigentes de la región. La fundación cuenta en su directorio con el sobrino de la diputada Gloria Naveillán, quien mediante un oficio solicitó información a la Contraloría, además de indicar que la fundación no tiene experiencia en capacitación. El Gobernador Rivas indicó, como en la acusación anterior, que "Está todo en regla". El domingo 9 de julio de 2023, el diputado Andrés Jouannet (Amarillos por Chile) ofició para fiscalizar contratos suscritos entre la Seremi de Vivienda de La Araucanía y la Fundación Urbanismo Social. En el oficio se solicitó indagar el traspaso de más de $120 millones entre ambas entidades, argumentando que la ONG es cuestionada en una serie de regiones del país. GORE de Los Ríos A fines de junio de 2023, la Fiscalía Regional de la Región de Los Lagos abrió una investigación de oficio por un convenio firmado entre el GORE de la región y la Corporación Kimün, cuyo objetivo era realizar un programa de regularización a 24 meses de terrenos destinado a pequeños y medianos agricultores de la zona. El representante legal de dicha Corporación es Jaime Huincahue, rector del Instituto Profesional Los Lagos de Osorno, mientras que uno de los trabajadores era Diego Ancalao, excandidato a diputado y fallido candidato presidencial de La Lista del Pueblo para las elecciones presidenciales de 2021. Dicha investigación se abrió en contra de 3 fundaciones, Chinquihue y Participa, además de la Corporación Kimún, quienes recibieron alrededor de 1.200 millones de pesos. En los 6 meses de ejecución, no se habían cumplido ningún de los objetivos del convenio, por lo que el GORE terminó anticipadamente el convenio con la Corporación. Además, la Corporación Kimún compró las acciones del IP Los lagos, que a su vez las vendió a la Fundación Fundelín, de propiedad de Ancalao. Tras el GORE solicitar la restitución de los fondos traspasados, la Corporación indicó no tener ninguna posibilida de devolver dichos recursos, por lo que la Gobernación se querelló contra la Corporación Kimún por defraudación y apropiación indebida. El viernes 4 de agosto, Ancalao fue detenido en Osorno, señalando ser sólo un chivo expiatorio. Judicialización El 20 de junio de 2023 los diputados republicanos Cristián Araya y Juan Irarrázaval ingresaron una querella ante el 8.º juzgado de Garantía de Santiago, en contra de la diputada por Antofagasta Catalina Pérez (RD), su pareja, Daniel Andrade y el exseremi de vivienda de Antofagasta Carlos Conteras por los eventuales delitos de fraude al fisco y cohecho agravado. El 11 de julio de 2023 el Consejo de Defensa del Estado (CDE) anunció a través de su presidente, Raúl Letelier Wartenberg, que realizaría un análisis jurídico de la documentación proporcionada en la investigación realizada por la Fiscalía en este caso. Además vigilaría las diligencias del Poder Judicial en relación con las irregularidades en la asignación de recursos públicos. El 26 de julio de 2023, el senador Fidel Espinoza (PS), presentó una querella criminal ante el Juzgado de Garantía de Antofagasta, con el fin de entregar todos los antecedentes y determinar responsabilidades en el caso de existir malversación de caudales públicos en la asignación de recursos en todas las instituciones implicadas en esa región. El 7 de agosto de 2023 los diputados republicanos solicitron ante el Juzgado de Garantía de Antofagasta ampliar la querella criminal por el caso convenios. La acción judicial estaba dirigida en contra del exministro de desarrollo social, Giorgio Jackson; la directora de presupuesto, Javiera Martínez y el jefe de asesores del presidente, Miguel Crispi. El 8 de agosto la solicitud fue acogida. Asimismo, el 10 del mismo mes, el juzgado de garantía de Antofagasta acogió una solicitud de excluir a Revolución Democrática como parte querellante. Para el 12 de agosto de 2023 el Ministerio Público llevaba a cabo 23 causas judiciales en contra de 53 entidades. Para esto se contó con mayores antecedentes, los cuales se mantuvieron bajo reserva, en donde podría haber un aumento de las organizaciones involucradas. |
PRISIONES Los arrestos domiciliarios de Cathy Barriga y Camila Polizzi, en la mira de la Fiscalía chilena por las fotos disfrutando de sus casas. El fiscal nacional Ángel Valencia aboga por una revisión del sistema de medidas cautelares luego que ambas políticas imputadas por corrupción compartieran imágenes en bikini o acostadas en su cama |
 Acostadas en la cama, jugando tenis de mesa o disfrutando de una piscina durante un día de calor. Así aparecieron Cathy Barriga y Camila Polizzi, dos figuras políticas chilenas que están imputadas por graves casos de corrupción, mientras cumplen el arresto domiciliario total que les decretó la justicia. Las imágenes molestaron al fiscal nacional, Ángel Valencia, quien solicitó una revisión del sistema con el que se definen las medidas cautelares aplicadas durante los procesos legales y que anteceden a las condenas. Barriga, que entre 2016 y 2021 ejerció como alcaldesa de Maipú, el segundo municipio más habitado del país sudamericano, fue formalizada durante la semana pasada por los delitos reiterados de falsificación de instrumento público y fraude al Fisco, acciones que habrían generado un déficit de 31.000 millones de pesos, unos 35 millones de dólares. El Ministerio Público había solicitado la prisión preventiva al considerar que la exautoridad había cometido “el fraude más cuantioso en la historia municipal de Chile”. El juez Hugo Salgado, que revisó el caso, determinó que la solicitud no cumplía con las condiciones debido a que no existían argumentos que sustentaran que la exalcaldesa cometiera delitos en libertad. Luego de la resolución judicial, la esposa del diputado Joaquín Lavín León —un militante de la Unión Demócrata Independiente, de la derecha tradicional— se trasladó a una vivienda en el municipio de Peñaflor, ubicado a las afueras de Santiago de Chile. Durante los últimos días la también exfigura televisiva ha publicado imágenes en donde aparece en una cama acostada y sonriente junto a uno de sus hijos, mientras que en otra practicando haciendo ejercicios físicos al costado de una ventana de su habitación. En la formalización, la defensa de Barriga había pedido que su representada no fuera enviada a la cárcel porque ejercía un rol de madre cuidadora de uno de sus hijos. La otra imputada involucrada en la controversia es Camila Polizzi. La protagonista del caso Lencería, una de las tramas del caso Convenios que está radicada en la región del Biobío, al sur de Santiago, quedó con arraigo nacional luego de ser acusada por los delitos de estafa, falsificación de documentos, usurpación de identidad, lavado de activos y fraude al fisco. La investigación de la Fiscalía se centró en el traslado de fondos que superan los 250 millones de pesos, unos 275.000 dólares, a la Fundación En Ti destinados a la capacitación de habitantes locales, los que habrían sido gastados en artículos personales como ropa y lencería. El tribunal decidió decretar la medida cautelar de arresto domiciliario total. Polizzi, que en 2021 fue candidata a alcaldesa de Concepción como independiente bajo la lista del Frente Amplio (FA), la coalición originaria del presidente de izquierdas Gabriel Boric, permanece desde el pasado mes de diciembre en su casa cumpliendo con la resolución judicial. Desde entonces ha permanecido activa en su cuenta de Instagram, publicando fotografías en donde aparece sonriendo y en bikini al costado de una piscina instalada en el patio de su casa. Las críticas del fiscal Valencia y la postura del Gobierno. Las fotografías de Cathy Barriga y Camila Polizzi provocaron debate e indignación en la sociedad chilena, que las interpretó como una burla. La molestia también llegó hasta el fiscal nacional, Ángel Valencia, quien a través de los representantes del Ministerio Público en cada caso había solicitado la aplicación de la máxima medida cautelar, que es la prisión preventiva. En una declaración a la prensa, el abogado recordó la existencia de la cárcel Capuchinos, un extinto centro penitenciario que hasta hace algunos años era usado para recibir a presos de alta connotación pública, entre ellos políticos y empresarios, que estaban involucrados principalmente en delitos económicos. “Tampoco es razonable que sustituyamos el anexo cárcel Capuchinos y lo privaticemos, y que quienes antes iban a Capuchinos ahora se queden en sus casas y si tienen piscina, sea al costado de su piscina. Y que además esa situación de estar en sus casas y al costado de sus piscinas pasando el verano, puedan abonarla a una condena futura”, ha dicho el persecutor. Valencia fue más allá y solicitó una revisión del sistema de aplicación de las medidas cautelares. “No tenemos facultades colegisladoras, pero vamos a hacer una propuesta en orden a que esa situación se modifique porque es muy importante que recordemos que además de la aplicación de la ley en el sentido estricto, la ley tiene que ser interpretada en sentido de justicia y lo que la sociedad chilena demanda hoy día es precisamente que seamos todos tratados de la misma forma bajo la ley”, planteó. El Gobierno también entró al debate. El ministro de Justicia, Luis Cordero, puso el foco en el uso abusivo que se estaría haciendo de la prisión preventiva en un contexto de saturación del sistema carcelario, aunque reconoció que las imágenes de las imputadas “disfrutando” de su prisión domiciliaria son impropias. “A mí me parece que aquellas personas que están involucradas en delitos de connotación pública relevante y que han ejercido cargos públicos, el decoro en la función pública es algo que se ejerce, pero también se proyecta con posterioridad”, declaró la autoridad gubernamental en una entrevista a Radio Futuro. Durante este martes la Fiscalía Oriente deberá presentar el recurso judicial ante la Corte de Apelaciones de Santiago para revertir el arresto domiciliario de la Cathy Barriga. El Ministerio Público había reafirmado la necesidad de que la exalcaldesa ingresara a la cárcel mientras se desarrolla la investigación —extendida por 120 días— y a la espera del juicio. 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Camila Polizzi reaparece en redes sociales y lanza importante anuncio a sus seguidores en OnlyFans. A través de una serie de sensuales fotografías de tono erótico en sus historias de Instagram, Polizzi publicitó la cuenta de su servicio de suscripción para creadores de contenido para adultos. 4 de junio de 2024 Camila Polizzi reaparece en redes sociales y lanza importante anuncio a sus seguidores en OnlyFans La ex candidata a alcaldesa de Concepción e imputada por el denominado “Caso Lencería”, Camila Polizzi, volvió a subir contenido a sus redes sociales, esta vez, para promocionar su OnlyFans. A través de una serie de sensuales fotografías de tono erótico en sus historias de Instagram, Polizzi publicitó la cuenta de su servicio de suscripción para creadores de contenido para adultos. De hecho, en las postales apareció utilizando una máscara negra, lencería del mismo color, e incluso, en una de ellas, se le puede ver con un látigo. “Promo por 24 horas, 30 cupos, 50% de descuento”, informó Polizzi. Su posteo fue exitoso, porque poco tiempo después aseguró que las promociones se habían agotado.
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   Este jueves 14 de diciembre 2023, la Corte de Apelaciones de Concepción confirmó arresto domiciliario total para los cinco imputados por el denominado Caso Lencería: Camila Polizzi, Rodrigo Martínez, Simón Acuña, Sebastián y Diego Polanco. La medida, supuso rechazar los recursos presentados por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y por la Fiscalía del Biobío que solicitaban prisión preventiva, rechazo que ya había realizado el Juzgado de Garantía de Concepción. La audiencia por las apelaciones contra la resolución del Juzgado de Garantía de Concepción, duró más de cuatro horas y finalizó con los ministros de la Segunda Sala del Tribunal de alzada, rechazando la prisión preventiva. Respecto a los alegatos en sí, inició la fiscal María José Aguayo, quien pidió revocar el arresto para Martínez y Acuña, en consideración de la gravedad de los delitos imputados, tanto por el eventual fraude al Fisco, como otras causas abiertas en contra de los exempleados del Gore del Biobío. Frente a ello la defensora de Acuña, María Francisca González, señaló que el Minsiterio Público estaba dando a conocer antecedentes no fidedignos. El CDE, al igual que Aguayo, pidió también prsión preventiva a Martínez y Acuña, así como al resto de los imputados en el Caso Lencería, argumentando las altas penas de los cargos formulados, así como la posibilidad de una eventual fuga como la de la exalcaldesa, Karen Rojo. |
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Susie Guillory Phipps. |
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una tragedia para ciudad de los ángeles
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