—¿Por qué lees tanto? —(…) Mi mejor arma está en el cerebro. Mi hermano tiene su espada; el rey Robert tiene su maza, y yo tengo mi mente… Pero una mente necesita de los libros, igual que una espada de una piedra de amolar, para conservar el filo. —(…)—. Por eso leo tanto, Jon Snow.

TYRION LANNISTER.

martes, 23 de junio de 2015

339.-José Antonio Primo de Rivera y Juicio en Alicante II Biografía de los jueces y los fiscales.-a


Luis Alberto Bustamante Robin; Jose Guillermo Gonzalez Cornejo; Jennifer Angelica Ponce Ponce; Francia Carolina Vera Valdes;  Carolina Ivonne Reyes Candia; Mario Alberto  Correa Manríquez; Enrique Alejandro Valenzuela Erazo; Gardo Francisco Valencia Avaria; Alvaro Gonzalo  Andaur Medina; Carla Veronica Barrientos Melendez;  Luis Alberto Cortes Aguilera; Ricardo Adolfo  Price Toro;  Julio César  Gil Saladrina; Ivette Renee Mourguet Besoain; Marcelo Andres Oyarse Reyes; Franco Gonzalez Fortunatti; Patricio Hernandez Jara;  Demetrio Protopsaltis Palma; Katherine Alejandra Del Carmen  Lafoy Guzmán 

Escudo del ducado de Primo de Rivera.
 Blasonado: Medio cortado y partido: 1º, en campo de oro, un león, rampante, de gules; 2º, en oro, un águila de sable; 3º, en campo de plata, cuatro fajas, ondeadas de azur. Sobre el todo, un escusón de sable, con tres luceros, en faja, de oro, surmontados de cinco flechas cruzadas por un yugo, de gules. 

Jueces del tribunal popular.

Juicio de Alicante.

 A las diez y media de la mañana del 16 de noviembre de 1936, en la sala de audiencia de la Prisión Provincial de Alicante, comienza la vista de la causa contra José Antonio Primo de Rivera, su hermano Miguel y la esposa de este, Margarita Larios, así como contra Teodorico Serna, ex director de la Prisión y otros cinco funcionarios de Prisiones.

 Preside el magistrado Eduardo Iglesias del Portal con los vocales Enrique Griñán Guillén y Rafael Antón Carratalá. Actúa como fiscal Vidal Gil Tirado. Y es instructor del sumario Federico Enjuto Ferrán, designado por el Tribunal Supremo con fecha 3 de octubre. El Tribunal Popular (decreto de 23 de agosto) está compuesto por los tres magistrados citados y un jurado de catorce miembros designados por los partidos del Frente Popular y los sindicatos afectos. José Antonio se constituye en defensor de sí mismo, de su hermano y de su cuñada.

José Antonio, con Miguel, llega a las nueve y media, adelgazado "pelado al rape, sin afeitar, calzando alpargatas, con un gabán gris, largo y viejo, sobre el mono azul con cremallera". La sala y los pasillos están abarrotados de "milicianos, abogados y soldados", que se impacientan por el retraso del comienzo de la sesión, por la demora de uno de los magistrados. 
Antes de la vista, el día 10, José Antonio había sido interrogado por el fiscal Gil Tirado, en presencia del juez Enjuto. Como consecuencia del interrogatorio, el 14 por la noche, juez instructor y fiscal leen a los acusados el auto de procesamiento. A esta lectura se refiere José Antonio, en su informe de la defensa, cuando agradece al Tribunal haber dispuesto de dos horas y media para "instruirme en ese montón de papeles, preparar mi defensa y someterla a vuestra conciencia"



Presidente: Eduardo Iglesias Portal (1884-1969)
            
iglesias Portal

Nació en la localidad asturiana de Luarca el 25 de julio de 1884: Eduardo Cristino Iglesias Portal, hijo de Ángel y de Albina, bautizado en la parroquia de Santa Eulalia de esa villa marinera.
Eduardo Iglesias cursó estudios de derecho y el doctorado en la Universidad Central de Madrid. Debió de ser un alumno brillantísimo, ya que la única información que tenemos sobre sus calificaciones, relativa a su primer curso de doctorado, nos permite saber que obtuvo sobresaliente en todas las asignaturas.
 En 1908 aprobó las oposiciones a la judicatura, aunque hasta 1910 no tenemos las primeras noticias de su carrera profesional cuando ejerce como juez en Becerreá (Lugo), pasando con posterioridad a ocupar plaza en Castropol (Asturias), donde estuvo aproximadamente entre 1910 y 1913.
Su vinculación a tierras cordobesas data de finales de ese año 13. Entonces participará en una celebración de la Inmaculada en Aguilar de la Frontera (no sabemos si aquí ejercía como juez). Poco después lo localizamos como titular del juzgado de Castro del Río, pueblo en el que permaneció hasta 1916.
Estudiante impenitente, en 1915 aprobó las oposiciones de registrador de Propiedad.
Entre 1916 y 1922, en su condición de juez o de abogado fiscal, recorre diversas poblaciones de España (Jaén, Gandesa, Córdoba -llegará primero como fiscal de Audiencia-, Martos, Lugo) hasta que finalmente es destinado nuevamente a Córdoba, ahora como juez de Primera Instancia del Distrito de la Izquierda. En este desempeño le tocará actuar como instructor de un caso que conmovió a la opinión pública española,  “La tragedia del Expreso de Andalucía”, ocurrida  en abril de 1924.
En la capital de la provincia de Cordoba estará hasta su ascenso como magistrado de la Audiencia Provincial de Cádiz en 1925. En estas fechas, ocupaba el número 1 en el escalafón de funcionarios de su categoría. Sin embargo, no permanecerá mucho tiempo en ese puesto ya que, a petición propia, al año siguiente se trasladará nuevamente a Córdoba, esta vez como Magistrado de la Audiencia Provincial. En 1927 será promovido a Magistrado de Entrada manteniendo su destino.
 A finales de diciembre de 1928 volverá a la Audiencia de Cádiz, en la que recibirá nuevos ascensos que lo convertirán primero en Magistrado de Ascenso en 1929 y luego en Presidente de dicha Audiencia en 1932, iniciada ya la II República, cuando la cartera de Justicia es desempeñada por su paisano Álvaro de Albornoz.
 1932 se convertirá en un año clave en la biografía de Eduardo Iglesias Portal ya que es entonces cuando es nombrado magistrado del Tribunal Supremo y destinado a su Sala Sexta. Casi sin tiempo para tomar posesión recibirá el siguiente encargo:

Reunido esta mañana el Tribunal Supremo ha acordado que en todo lo relativo a la sublevación entienda la sala sexta.
Se incoarán con motivo de los sucesos dos sumarios: uno relativo a todo lo de Andalucía.
El otro comprenderá los sucesos de Madrid y Alcalá de Henares.
Será juez del primer sumario el magistrado del Tribuna Supremo señor Camarero [Dimas Camarero y Marrón].
Idem del segundo, el señor Iglesias Portal
Anciano

El asunto hizo correr ríos de tinta durante más de dos años y convirtió a Iglesias en lo que hoy denominaríamos “un juez estrella” dadas sus continuas apariciones en la prensa. También, cómo no, cimentó su prestigio en la magistratura y su identificación con el régimen nacido el 14 de abril hasta el punto de que en 1935 será definido como magistrado republicano.
A mediados de julio de 1936, su cursus honorum se verá enriquecido con la instrucción de otro difícil y mediático caso, el de los asesinatos del teniente de asalto Castillo y del diputado de Renovación Española José Calvo Sotelo.
En estas circunstancias, se produce el golpe de estado de los militares que conducirá a una guerra civil que asolará España entre 1936 y 1939. El conflicto no frena la carrera profesional de Eduardo Iglesias. En su condición de magistrado del Supremo será el presidente del Tribunal Popular que juzgue, y sentencie a muerte, al líder de Falange Española José Antonio Primo de Rivera.
En 1937 es elegido vicepresidente segundo del Consejo Nacional de Tutela de Menores, lo que traía aparejada la vicepresidencia primera del Tribunal de Apelación de los Tribunales Tutelares de menores de España.
Tiempo después, ya en 1938, será el presidente del Tribunal Central de Espionaje y Alta Traición que dirimirá el proceso contra los dirigentes del Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM) acusados de espionaje y alta traición. El fallo condenó a diversos trotskistas a penas de prisión y a la disolución del POUM y de la Juventud Comunista Ibérica.

 Con la derrota republicana en la guerra civil se verá obligado a marchar primero a Francia y luego a México. Entretanto, las nuevas autoridades franquistas lo habrán separado de su cargo de registrador, dándole de baja en el escalafón; habrán cursado contra él una orden de busca y captura, según lo publicado en el B.O.P. de Cáceres por pertenecer al Tribunal Central de Espionaje y Alta Traición rojo; y habrán decretado –orden de 25 de abril de 1939- su separación y baja definitivas de la carrera judicial.

En mexico prosigue nuestro biografiado sus altas responsabilidades. Por orden de la presidencia del Gobierno republicano en el exilio forma parte de la Comisión encargada de revisar cuentas de la JARE (Junta de Auxilio a los Republicanos Españoles) presidida por el socialista Indalecio Prieto. Estuvo 18 años en el exilio mejicano, como tantas otras destacadas personalidades identificadas con el régimen republicano.

Tras unos años de exilio regresa a España. Fueron las propias hijas de Eduardo Iglesias quienes escribieron en 1955 a Miguel Primo de Rivera, entonces embajador en Londres y juzgado por el magistrado en el mismo proceso que José Antonio, para que intercediera a favor de la repatriación de su padre, algo que casi de inmediato consiguió. En 1961 se publica en el B.O.E. su jubilación por haber cumplido la edad reglamentaria.
Se casó con la aguilarense Ana Arcos Tíscar y residió, cuando sus obligaciones profesionales se lo permitieron, en la casa número 3 de la calle Arrabal donde falleció el 19 de enero de 1969.

 



Vocal : Enrique Griñán Guillén.


1908: Nació en Albacete 30 abril 1908, hijo de Virgilio Griñán y María Guillén de Toledo Giménez; 
1933: Contrajo matrimonio con El vira García-Saúco Rodríguez; 
1934: Nace su primer hijo Enrique; 
1935: Después de aprobar la oposición a Juez es destinado a Montánchez (Cáceres); Nace su hija El vira; 
1936: Juez en Monóvar (Alicante); 
1939: Al finalizar la Guerra Civil, huye a Francia desde Barcelona; 
1940: Buscado por la Gestapo, junto a Lluis Companys, Zugazagoitia y otros políticos que fueron capturados, logra llegar a Marsella y de allí embarca a México, en un barco fletado por el Cónsul de México a instancias del Presidente Cárdenas. Vivió en México D. F. trabajando como representante de laboratorios farmacéuticos; 
1970: Viene secretamente a España junto con su esposa para regresar inmediatamente a México; 
1977: Regresa a España tras la primera amnistía, siendo rehabilitado y destinado a la Audiencia de Palma de Mallorca, dónde se jubiló inmediatamente después para volver a México; 
1982: Falleció el 28 de abril en México; Sus cenizas descansan junto a las de su esposa en la Catedral de México D. F. 


Vocal: Rafael Antón Carratalá.

Rafael Antón Carratalá fue redactor de Diario de Alicante. Pero también era abogado y el 31 de agosto de 1936 fue designado magistrado interino del Tribunal de Justicia Popular. En mayo del año siguiente ocupaba la presidencia de la Audiencia de Alicante. Al finalizar la guerra se exilió a Filipinas.
Era Natural y vecino de Alicante. Abogado. Miembro del Partido Radical y de la Agrupación Regionalista de Alicante




…el que fuera el más joven magistrado vocal del Tribunal Popular que, en noviembre de 1936, juzgara y condenara a muerte a José Antonio Primo de Rivera. Rafael Antón vivía, diría opulentamente, en un dorado exilio en Filipinas, donde había fundado una compañía mercantil que trabajaba, a su vez, para grandes empresas norteamericanas de aquella zona del Pacífico.
Me invitó varias veces a comer en los más lujosos y deliciosos restaurantes, entre ellos los de cocina china, de Manila y durante esas convivales jornadas me contó muchas cosas de aquel proceso judicial. Aunque no dudó en firmar la sentencia a muerte del fundador de la Falange, no pudo por menos de reconocer y admirar el extraordinario magnetismo y el entusiasta y generoso patriotismo que Primo de Rivera desprendía de su trato personal. Admiración que, como es sabido, también compartían Indalecio Prieto y Manuel Azaña, que hicieron todo lo posible para impedir la ejecución de la sentencia. Rafael Antón reconocía que el fusilamiento de José Antonio había sido un error descomunal que había hecho un flaquísimo servicio a la causa republicana por culpa, sobre todo, de aquel "estúpido y bárbaro cabestro de Largo Caballero…




Secretario Federico Amérigo Marín.

Federico AMÉRIGO MARÍN



Alicante (Provincia de Alicante) 1911 -- México DF 1971.-Abogado y productor de cine en México. Estudió derecho en la Universidad Central de Madrid. Ejerció la abogacía en Madrid y en Alicante. Afiliado a la UGT y a la AS de Alicante en mayo de 1936. Durante la guerra civil fue magistrado y secretario de los Tribunales Especiales Populares de Alicante (intervino en el Tribunal que juzgó a José Antonio Primo de Rivera), Valencia y Barcelona.
 Finalizada la guerra civil se exilió en Francia, donde estuvo internado en los campos de concentración hasta que logró marchar hacia México, donde llegó a bordo del Nyassa en mayo de 1942.

 Allí trabajó en la industria cinematográfica como ejecutivo de las productoras “Películas Anahuac”, “Ultramar Films”, “Ultramar Ediciones”, “Producciones Tepeyac”, “Producciones Barbachano”, “Compañía Cinematográfica Marco Polo” y “Clasa Films Mundiales”. Participó en la creación de los Estudios Rivatón de Cinematografía, donde durante años se produjeron los “Noticieros” y “Documentales” del cine mexicano. Fue productor ejecutivo de varias películas de Luis Buñuel (Gran Casino, 1946; El gran calavera, 1949; Los olvidados, 1950; La hija del engaño, 1951; Él, 1952; Robinson Crussoe, 1952; Abismos de pasión, 1953; Don Quintín el amargao, 1953 y Nazarín, 1958, etc.) y de otros directores como Jaime Salvador, Julián Soler, Emilio Fernández “Indio” y Juan Antonio Bardem y tuvo a su cargo la producción de la película oficial de los XIX Juegos Olímpicos celebrados en México en 1968. 
Falleció en dicha ciudad en 1971.



Fiscal: Vidal Gil Tirado


28  abril 1879-18-febrero-1939, falleció exiliado en Francia 



 Ayuntamiento franquista repudió a Vidal Gil Tirado en 1939. Su nombre se va a reparar ahora, 79 años después, con una declaración de desagravio.

22 julio 2018

Vidal Gil Tirado (Plasencia, 1879) fue uno de los cientos de miles de refugiados españoles que cruzaron la frontera de Francia en condiciones inhumanas en los primeros meses de 1939 huyendo del avance de las tropas franquistas. Murió el 19 de febrero de ese año, al poco tiempo de instalarse en el campo de internamiento de Argelès-sur-Mer. No se sabe si llegó a enterarse de que, tan solo nueve días antes, la comisión gestora que gobernaba el Ayuntamiento de su ciudad natal había emitido un decreto en el que le repudiaba y le despojaba de la ciudadanía placentina. 
El motivo: Gil Tirado fue el fiscal en el proceso que llevó a la ejecución de José Antonio Primo de Rivera en Alicante el 20 de noviembre de 1936. El Consistorio placentino, a petición de la Asociación Cultural Pedro de Trejo, va a proceder ahora, casi 80 años después, a revocar ese edicto de repudio y rehabilitar la memoria de un jurista que ostentó algunos de los cargos más importantes del sistema judicial durante la República.
Vidal Gil Tirado es el único placentino del que se tiene constancia que haya sido desnaturalizado, un castigo de carácter simbólico que ni siquiera aparece, ni aparecía en 1939, en las ordenanzas, pero que fue adoptado por los regidores municipales de entonces con el objeto de cubrir de oprobio la figura del fiscal, que a sus ojos fue uno de los responsables directos de la muerte de José Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange Española. Queda patente ese deseo de vilipendiar al hombre en la redacción del edicto de repudio, recogido por el profesor e investigador Fernando Flores del Manzano en el libro que ha publicado recientemente sobre la represión franquista en el norte de Extremadura.
El edicto, que se ordenó fijar «en todas las carteleras de la población», decía así: «La Comisión Gestora de este Excelentísimo Ayuntamiento, en sesión celebrada el día tres del pasado mes de enero, con vista de documento que confirma plenamente de una manera oficial la participación del nacido en esta localidad Vidal Gil Tirado en el asesinato del fundador de Falange José Antonio Primo de Rivera, acordó por unanimidad en nombre de la Ciudad de Plasencia, hacer una solemne repudiación de la conducta de indignidad y traición del citado Vidal Gil Tirado, y borrar su nombre de entre los de sus hijos para siempre, en la forma pública que sea procedente». El repudio público de Gil Tirado se llevó a cabo a petición expresa del entonces jefe local de Falange, Fernando de la Cámara Cailhau, mediante un escrito dirigido a la comisión gestora del Ayuntamiento con fecha de 9 de octubre de 1938, en el que, al tiempo que exaltaba la figura de Primo de Rivera como «persona augusta, profeta y alma de nuestro glorioso movimiento», se refería al fiscal placentino con expresiones como «vil sujeto», «siniestra y odiosa figura», «hez de la incultura y la inmoralidad» o «baldón, oprobio y vergüenza de la Historia de España». 
El edicto de repudio califica de «indignidad y traición» el papel de Gil Tirado durante el juicio.

La Ley de Memoria Histórica reconoce el derecho a la reparación del nombre del jurista. Acusaron al placentino de pedir la ejecución a cambio de un puesto de magistrado del Supremo. Murió en un campo de refugiados del sur de Francia en los últimos meses de la Guerra Civil.
Le acusaba de «indignidad y traición», y aseguraba que desempeñó su papel de fiscal en Alicante «con un ensañamiento y una delectación que levantará clamores de indignación hasta el último rincón de la España de Franco».

Informe militar

La comisión gestora ordenó comprobar la certeza de los hechos manifestados por el jefe de Falange, para lo cual solicitó al Gobierno Civil que pidiera un informe al respecto al Servicio de Información y Policía Militar. Ese informe llegó el 31 de enero de 1939 y en él se confirmaba que Gil Tirado participó «de una manera clara y resuelta» en la acusación contra Primo de Rivera.
 Se apuntaba además que «después de asesinado José Antonio, Vidal Gil Tirado manifestó a un amigo suyo que no podía vivir tranquilo por los remordimientos de su conciencia». 
La comisión gestora ni siquiera esperó a recibir esos documentos para llevar a cabo la declaración de repudio, que apareció en un acta del 3 de enero, aunque fue con los informes ya en su poder cuando, el 10 de febrero, publicó «en todas las carteleras de la población» el edicto de desnaturalización del fiscal.
La historia del repudio de Gil Tirado apenas era conocida hasta la fecha por un puñado de placentinos. De hecho, en la ciudad casi nadie sabe quién fue. El primero en hacerla pública fue el investigador José María Sánchez y Torreño, quien la mencionó en su libro de 2009 'Plasencia 1936-1939. La vida municipal a través de las actas de sesiones'. Más recientemente, el también investigador Fernando Flores del Manzano ha recogido los documentos en su libro 'Guerra Civil y represión en el norte de Extremadura', publicado en marzo de este año.
Fue en la presentación de ese libro cuando la Asociación Cultural Pedro de Trejo, presidida por Francisco Valverde, hizo pública su intención de solicitar al Ayuntamiento la rehabilitación del nombre de Gil Tirado y devolverle la condición de placentino, un acto, al igual que el de repudio, sin efectos prácticos pero con una gran carga simbólica.
La solicitud fue presentada en el registro municipal a principios de julio. De manera casi inmediata el alcalde, el popular Fernando Pizarro, encargó un informe histórico sobre el personaje al Archivo Municipal y otro jurídico al secretario para determinar la forma legal en la que debe resolverse la restitución del nombre de Gil Tirado, que será aprobada oficialmente en el pleno municipal de este mes de julio.
En ese informe, el secretario indica que la rehabilitación de la persona y nombre del jurista placentino resulta procedente a la luz de la Ley de Memoria Histórica, la cual establece en su primer apartado que «como expresión del derecho de todos los ciudadanos a la reparación moral y la recuperación de su memoria personal, se reconoce y declara el carácter radicalmente injusto de todas las condenas, sanciones y cualesquiera formas de violencia personal producidas por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa, durante la Guerra Civil, así como las sufridas por las mismas causas durante la Dictadura». La misma ley reconoce «el derecho a obtener una declaración de reparación y reconocimiento personal a quienes durante la Guerra Civil y la Dictadura padecieron los efectos de las resoluciones» antes mencionadas.

Revocación 

El secretario concluye que «es evidente» que Vidal Gil Tirado fue objeto de una resolución municipal en la que «se le denigra», dentro de un procedimiento administrativo en el que además se ensalza «casi hasta el paroxismo» la figura de Primo de Rivera, por lo que a su juicio el caso «entra de lleno» en el mandato de la Ley de Memoria Histórica. 
Sobre la forma jurídica que debe tomar la reparación, el secretario indica que «bastaría la simple revocación del acuerdo de la comisión gestora», acompañada por «un nuevo acuerdo plenario por el que se acordara la rehabilitación de la memoria y nombre del Sr. Vidal Gil Tirado».
El papel que jugó el jurista placentino en el juicio a Primo de Rivera por rebelión militar y su posterior ejecución ha sido objeto de controversia entre los historiadores e investigadores que, a veces con un evidente sesgo ideológico, han escrito sobre lo que ocurrió en la prisión de Alicante entre el 16 y el 20 de noviembre de 1936. Los artículos y publicaciones aparecidos durante el franquismo van todos en la misma dirección: que fue un procedimiento amañado desde el principio con el único fin darle una apariencia de legalidad a un asesinato decidido de antemano, para lo cual las autoridades republicanas contaron con la colaboración entusiasta tanto del tribunal como del fiscal placentino, designados a conveniencia, como de los 14 miembros de jurado. La prueba sería que tanto el juez especial del proceso, Federico Enjuto, como el propio Gil Tirado fueron recompensados nombrándoles al poco tiempo magistrados del Tribunal Supremo. Esta versión ha sido defendida también de manera más reciente por autores modernos, como el periodista José María Zavala en su libro de 2015 'Las últimas horas de José Antonio'.

Otras versiones

Fue tras la Transición cuando algunos estudios comenzaron a ofrecer versiones alternativas. Aparecieron defensores de que los juristas del tribunal actuaron con toda la profesionalidad que era posible bajo esas circunstancias, aunque la mayor parte admite que, tanto de la lectura de la transcripción que se conserva del juicio como de diversos testimonios directos de la época, se deduce que el proceso no contó ni mucho menos con las garantías de imparcialidad deseables, algo por otra parte casi imposible en un contexto de Guerra Civil y brutal represión como el de esos días.
El fundador de la Falange había sido arrestado en Madrid el 14 de marzo de 1936 acusado de posesión de armas. El 5 de junio, apenas 40 días antes del levantamiento militar, fue trasladado a la prisión de Alicante, donde permaneció recluido hasta el comienzo del juicio, el 16 de noviembre, contra él, su hermano Miguel, su cuñada Margarita Larios y varios carceleros, todos ellos acusados de rebelión militar.
Por esas fechas Vidal Gil Tirado ocupaba el cargo de fiscal jefe de la Audiencia de Alicante, que había alcanzado tras ejercer como teniente fiscal, y también como gobernador civil en varias provincias españolas, entre ellas la de Badajoz. Inicialmente había sido designado para el juicio de Primo de Rivera el fiscal jefe de Valencia, Juan Serna Navarro. Investigadores como Ruiz-Funes han apuntado que este pensaba pedir una pena de pocos años para el fundador de Falange, lo cual habría sido la causa de que, por recomendación del juez especial del caso, Federico Enjuto, se le sustituyera en el último momento por Gil Tirado.
Jeroni Miquel Mas Rigo afirma en su artículo 'Manuel Azaña y el proceso de José Antonio en Alicante' que al fiscal placentino «los nacionales le habían fusilado un hijo en Badajoz», y que ya había demostrado su «dureza» como presidente del Tribunal Popular de Alicante, que entre el 1 de septiembre de 1936 y finales de ese año dictó un total de 125 sentencias de muerte, según cifras aportadas por el historiador Francisco Moreno Sáez.
Esa «dureza» habría sido determinante para su nombramiento como acusador público en un proceso que iba a ser centro de atención tanto nacional como internacional, y que en apenas cuatro días culminó con la condena a muerte y el fusilamiento de José Antonio Primo de Rivera en el patio de la enfermería de la prisión de Alicante al amanecer del 20 de noviembre de 1936. Su hermano Miguel fue condenado a cadena perpetua y Margarita Larios a seis años y un día. Los tres carceleros acusados de complicidad fueron absueltos.

Fernando Flores del Manzano Investigador «Se limitó a cumplir con su obligación de funcionario de un régimen legítimamente constituido» 

José María Sánchez y Torreño Investigador «La figura de Gil Tirado fue distorsionada por el franquismo y repararla es una cuestión de justicia» 

Fernando Pizarro Alcalde de Plasencia «Es un caso especialmente denigrante; hemos actuado lo más rápido posible para cumplir la ley» 

El interrogatorio al que Vidal Gil Tirado sometió a Primo de Rivera el 16 de noviembre fue publicado íntegro por José María Mancisidor en su libro 'Frente a frente'. Ese diálogo ha sido objeto de análisis por parte de José María Sánchez y Torreño, vocal de la Asociación Cultural Placentina Pedro de Trejo, en un libro que está ultimando sobre la figura de Gil Tirado y que verá la luz en los próximos meses.
Sánchez y Torreño fue quien anunció en marzo que esta asociación solicitaría que se redimiera oficialmente la memoria del jurista placentino. 

«La figura de Gil Tirado fue distorsionada por el franquismo y repararla es una cuestión de justicia», asegura. De la misma opinión es Fernando Flores del Manzano, quien señala que Gil Tirado «se limitó a cumplir con su obligación como funcionario de justicia de un régimen legítimamente constituido, como lo era la República». Considera por lo tanto que «merece la reparación de su nombre»
Memoria Histórica

El alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, ya tenía tomada la decisión de aceptar la solicitud de la Asociación Pedro de Trejo, aunque ha encargado el informe jurídico al secretario para que no queden dudas de la legalidad de la medida. «Hemos hecho con esto lo mismo que con todos los asuntos de la Memoria Histórica, que es actuar con la mayor rapidez posible y para cumplir lo que dice la ley», afirma. Además, en este caso en concreto considera «especialmente denigrante» el edicto emitido contra Gil Tirado, usando una herramienta, la retirada de la ciudadanía, que ni siquiera existe en la normativa placentina y que buscaba únicamente el agravio personal del jurista.
El ascenso en la carrera profesional de Vidal Gil Tirado tras el proceso de Alicante fue meteórico. Al poco se le designó magistrado del Tribunal Supremo, y el 4 de julio de 1937 fue nombrado primer presidente del Tribunal Central de Espionaje y Alta Traición por el ministro Manuel de Irujo. Cesó en el cargo en marzo de 1938 para regresar al Tribunal Supremo, donde permaneció hasta que a comienzos de 1939 el avance de las tropas franquistas le obligó a abandonar España por Cataluña en dirección a Francia. De sus últimos días poco se sabe, tan solo que logró cruzar la frontera y fue uno de los primeros ocupantes del campo de refugiados de Argelès-sur-Mer, donde falleció a los pocos días de llegar. Una muerte que pasó prácticamente inadvertida entre las miles de tragedias humanas de aquellos meses finales de la Guerra Civil española.

 
Vidal Facundo Gil Tirado nació el 28 de abril de 1879 en el seno de una familia que, según apunta el investigador José María Sánchez y Torreño en un libro de próxima aparición, contaba con «ocho apellidos placentinos». 

Se crió en las calles San Martín y Coria hasta que marchó a estudiar Derecho a Madrid, algo que nunca hubiera podido hacer sin la ayuda económica que le prestó el Ayuntamiento de Plasencia por su extraordinariamente brillante currículum de Bachillerato.
Se conservan en el Archivo Municipal las solicitudes presentadas por su padre, Pedro Gil Berrocoso, «jornalero de oficio», la primera de ellas una instancia de septiembre de 1891 para que se le concediera a su hijo «una de las seis plazas para otros tantos jóvenes pobres» en el instituto de secundaria de Plasencia. El Ayuntamiento se la otorgó atendiendo a la «notoria pobreza del recurrente» y a las notas de «meritísimus» obtenidas por el joven Vidal en el Seminario.


En julio de 1896 Pedro Gil vuelve a presentar una instancia, esta vez para pedir una subvención que permita a su hijo irse a Madrid a estudiar Derecho. El padre se compromete a cambio a «tener en perfecto estado de conservación las bombas para sofocar incendios» del municipio. El Ayuntamiento no duda en conceder la beca por el «buen comportamiento y probada aptitud en los estudios» de Vidal, y renuncia al ofrecimiento de mantener las bombas porque de eso ya se encarga «el maestro fontanero».

Se sabe que en la primera década del siglo XX el ya entonces abogado Vidal Gil Tirado se encuentra en Plasencia, pues aparece en el padrón de 1910 domiciliado en la calle Monroy (actual calle Coria) junto con su esposa, Victoria Sánchez, natural de Guadalajara, y sus dos hijos Elena y Pedro.

Fue en 1914 cuando Gil Tirado inició su carrera en la judicatura y el ministerio fiscal. Algunos de sus destinos como teniente fiscal y juez de instrucción fueron Boltaña (Huesca), Hervás (Cáceres), Castuera (Badajoz), Tarragona o Melilla. Su afinidad a la II República le llevó a ser nombrado en los años treinta gobernador civil de Badajoz y Santa Cruz de Tenerife. En 1935 fue enviado como teniente fiscal a Alicante, donde ascendió a fiscal jefe de la Audiencia Provincial en enero de 1936. A partir del 1 de septiembre de ese mismo año presidió junto a dos jueces el Tribunal Popular de Alicante.

Su designación como fiscal en el proceso contra Primo de Rivera, desarrollado del 16 al 20 de noviembre de 1936, marcó a Vidal Gil Tirado para el resto de sus días. Poco después fue elegido magistrado de la sala segunda del Tribunal Supremo, y el 4 de julio de 1937 se publicó en el BOE su nombramiento como primer presidente del Tribunal Central de Espionaje y Alta Traición, creado durante la guerra expresamente «para la exigencia y efectividad de las responsabilidades civiles derivadas de los delitos de rebelión, sedición, contra la seguridad del Estado, traición y espionaje, y para la de aquellas otras en que hayan podido incurrir los que hubieran participado en el movimiento rebelde».

Gil Tirado permaneció en ese cargo hasta marzo de 1938, cuando regresó a la sala segunda del Supremo. Según apunta José María Sánchez y Torreño en el borrador de su próximo libro, tras la salida de Valencia del gobierno republicano recaló en Barcelona, desde donde marchó al exilio en el sur de Francia a principios de 1939, al igual que otros cientos de miles de españoles que huían de la inminente victoria franquista. Acabó como refugiado en el recién construido campo de Argelès-sur-Mer, bajo unas condiciones de vida terribles, donde murió el 19 de febrero a la edad de 59 años.



Juez instructor del sumario. Federico Enjuto Ferrán.


Nació el 23 de mayo de 1884, en Arecibo en la isla de Puerto Rico, y falleció el año 1965 en la mismas isla. Se casó dos veces, siendo su segunda esposa Cecilia Bernal con la que tuvo cuatro hijos: Carmen, Jorge,  Luis y Rafael. Murió a la edad de 81 años.

Censo 1940, de Puerto Rico.

-Jefe de la casa: Federico Enjuto Ferran 56 años.
-Cónyuge: Cecilia Bernal 46  años.
-Hijos: 
I.-  Carmen Enjuto Bernal 19   años.
II.-  Luis Enjuto Bernal 18   años.
III.- Jorge Enjuto Bernal 17   años. (1922-1984: Director gerente del Patronato de la Feria del Campo, falleció anteayer en Puerto Rico, a consecuencia de un cáncer de pulmón. Nacido en Madrid en 1922, Enjuto Bernal fue autor de multitud de libros de filosofía y ensayo, decano de Humanidades en la Universidad de Puerto Rico y en 1976, director ejecutivo de la Comisión Portorriqueña para el Desarrollo de las Humanidades. Con posterioridad fue catedrático de Filosofía en la Universidad de Alcalá de Henares. Desde octubre de 1980 ocupaba el cargo de director gerente en la Feria del Campo. )    
IV.-   Rafael Enjuto Bernal 12   años

Nota de prensa. 

Zenobia Campntbi (Malgrat de Mar, 31 de agosto de 1887-San Juan de Puerto Rico, 28 de octubre de 1956, fue una escritora, traductora y lingüista española) y Juan Ramón Jiménez. (Moguer, 23 de diciembre de 1881-San Juan de Puerto Rico, 29 de mayo de 1958) fue un poeta español. Ganó el Premio Nobel de Literatura en 1956, por el conjunto de su obra, entre la cual destaca la obra lírica en prosa Platero y yo.)

(Entre estos estaba el matrimonio Enjuto, ya citado, que eran exiliados españoles, aunque él nacido en Puerto Rico.Según contaba, su padre era un funcionario español,  que destinaron a Puerto Rico, y allí se casó con una parienta de Zenobia, por lo que ellos se llamaban primos. Sus padres se tuvieron que marchar a España, al perderse Puerto Rico en 1898. Enjuto hijo haría sus estudios, se casó dos veces, la última con Cecilia, y nacieron sus hijos aquí. En 1936 era magistrado del Tribunal Supremo)
Durante la agonía de Zenobia, su mujer, Cecilia, estaba al cuidado de ella, cuando cerraba su tienda de niños. Su marido pasaba allí muchas horas, los sábados y domingos, que volvía a San Juan de su trabajo por toda la isla. Era el extremo opuesto a Juan Ramón, totalmente antagónicos, «hablaba por los codos» y muy alto; su charla era amenísima y muy instructiva para mi. Cuando llegaba al hospital, en cuanto saludaba a los dos, hacía lo posible para sacarlo del cuarto y nos sentábamos lejos en un amplio pasillo, donde me contaba de su vida en España y Puerto Rico. Tenía buena memoria y era un gran narrador, pero la razón principal era que hablaba muy alto. Mi tío no lo soportaba y temía cualquier choque; me decía que no comprendía que lo soportara tanto tiempo y añadía: «rero no ves que siempre está informando la Sala». Recordaba a oradores pasados, como los de la República: Alcalá Zamora, Azaña, Besteiro,
Calvo Sotelo, Gil Robles, etc.; y me interesaba por su amenidad y sobre unos hechos, para mi desconocidos, que daba con gran detalle y buenos datos.
(En 1936, su gran amigo Indalecio Prieto, le encomendó ser juez instructor en la causa contra José Antonio Primo de Rivera, para procurar evitar su muerte, por ser un renén muy valioso para algún intercambio en la guerra. Me decía que sufrió grandes presiones y hasta un atentado de los comunistas, durante su instrucción, pues deseaban matarlo pronto y más cuando lo condenaron a muerte. Alarmado se marchó a Madrid, para informar a Prieto y que tomaran las decisiones que procedieran. Nada más salir lo fusilaron y no había nada que hacer. Algún tiempo después, el Gobierno inglés pedía al de Madrid certificación de su muerte, que no existía, ya que el instructor estuvo ausente. Así que le ordenaron volver a Alicante, para desenterrar su cadáver y hacerlo. 
AI llegar, supo que con él habían fusilado a otros dos, que enterraron juntos. Por haber pasado algún tiempo, preguntó si estarían seguros de poder reconocerlo; le dijeron que a José Antonio lo pusieron «boca abajo». Al pedir la razón, le decían que si resucitaba e intentaba salir, se iría más hondo. Así lo encontraron y se pudo comprobar, para hacer el documento pedido)
Tenía tal añoranza de España, que sus hermanas, Teresa y Rosario, le mandaba paquetes con varios números deABC. Los fines de semana los leía con tal interés, emoción y detalle, que gozaba hasta de los anuncios. Así encerrado se creía que estaba en Madrid, su mayor ilusión. Decía que le ocurría igual a sus hijos; ellos nacieron en Madrid y son verdaderos puertorriqueños. «Lo peor es no ir ya nunca».

Jorge Enjuto Bernal

Cargo: Miembro del Partido Socialista del Interior en Madrid. Nacimiento: 20/9/1922, Madrid, provincia de Madrid. Fallecimiento 19/9/1984, San Juan, Puerto Rico. Catedrático de Filosofía. Hijo de Federico Enjuto Ferrán, magistrado del Tribunal Supremo y juez instructor del proceso que se siguió en la cárcel de Alicante contra José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange. 
Después del juicio y la condena a muerte de éste, el magistrado fue autorizado para salir de España con su familia, llegando a Toulouse (Francia) en abril de 1938. En julio siguiente embarcaron en Dover (Inglaterra) con destino a Puerto Rico, de donde era originario Federico Enjuto. Allí, Jorge comenzó los estudios de comercio, que abandonó para iniciar la carrera de Filosofía en la Universidad de Puerto Rico, en la que posteriormente fue profesor. Estuvo en Estados Unidos y en París (Francia) donde se doctoró en Filosofía y fue profesor en la Universidad de La Sorbona.
 En 1957 se trasladó a Madrid donde en 1966 se incorporó a la organización socialista clandestina tras contactar con Enrique Tierno Galván, participando en 1968 en la constitución del Partido Socialista del Interior y que en 1974 pasó a denominarse Partido Socialista Popular. En 1968 regresó a Puerto Rico como profesor de la Universidad de Río Piedras, siendo Decano de Humanidades y Rector de dicha Universidad. En 1976 fue nombrado director ejecutivo de la Comisión Portorriqueña para el Desarrollo de las Humanidades. Este año regresó a Madrid y en el III Congreso del PSOE celebrado en junio fue elegido secretario de Organización del mismo y después de la dimisión de Raúl Morodo, sustituyó a éste en la secretaría general. Miembro de la Comisión Mixta para la unidad PSOE-PSP.
 Al producirse ésta en 1978 fue nombrado director de la Fundación Pablo Iglesias, de la que fue patrono hasta 1983. Perteneció a la AS del PSOE de Moncloa (Madrid). Fue Catedrático de Filosofía en la universidad de Alcalá de Henares (Madrid) y desde octubre de 1980 director gerente del Patronato de la Feria del Campo en el ayuntamiento de Madrid, siendo alcalde Enrique Tierno Galván. Falleció en San Juan de Puerto Rico el 19 de septiembre de 1984.


La cárcel de José Antonio.


ALICANTE. Hoy es el albergue juvenil de Florida-Babel, pero hasta 1990, el edificio -demolido y reconstruido en su mayor parte- era conocido como «la cárcel de José Antonio». Sin embargo, Primo de Rivera, fundador en 1933 de la organización de inspiración fascista Falange Española -más tarde fusionada con otras similares y convertida en el partido único durante la dictadura franquista- no fue el único «huésped» ilustre del penal.

La entonces Prisión Provincial de Alicante constaba de un edificio principal, una capilla -que todavía se conserva- dos brazos en los que se distribuían las celdas y el patio donde fue ajusticiado el falangista en 1936. 

José Antonio Primo de Rivera llegó a la cárcel alicantina -en la que también estuvieron encarcelados su hermano Miguel, la esposa de éste y otros líderes falangistas- el 5 de junio de 1936, trasladado desde la Cárcel Modelo de Madrid. Había sido detenido tras declarar el Gobierno ilegal su partido y atribuirle diversos altercados.

El actual albergue se convirtió entonces en el centro de mando de Falange Española (FE), dado que Primo de Rivera continuó dirigiendo el partido detrás de las rejas, e incluso envió circulares a sus militantes y manifiestos a la prensa.

El fundador y líder espiritual de FE, que vivió desde la prisión alicantina el inicio de la Guerra Civil, fue fusilado al salir el sol el 20 de noviembre de 1936, tras asumir su defensa en el proceso que lo condenó a muerte -aunque logró apelar para conmutar la misma pena a su hermano y su cuñada-.

Antes, todas las tentativas para liberarle se habían estrellado contra la determinación de los anarquistas, que controlaban el centro penitenciario. Algunos autores ponen en duda que se tuviese un verdadero interés en liberar a Primo de Rivera, pero en cualquier caso la estrategia abarcó desde el pago en metálico a la acción militar, pasando por el canje.

Según recogen distintos historiadores, el socialista Indalecio Prieto incluso llegó a aceptar una oferta que incluía treinta presos en manos del bando nacional y seis millones de pesetas por su vida. No obstante, con la operación cerrada, Prieto advirtió a su interlocutor que los anarquistas «no entregarán al preso». Los nacionales jugaron entonces la baza de un hijo de Largo Caballero, preso en Sevilla, que también fracasó. La última tentativa, la liberación militar, terminó en masacre ante la prisión.

Años más tarde, un jefe local de FE en la localidad alicantina de Rojales aseguró haber extraído de los muros del patio de la cárcel «la bala que mató a José Antonio». El 20 de noviembre de 1936, a las seis y media de la mañana, Primo de Rivera moría fusilado en dicho patio,junto a otros dos falangistas de Novelda y dos carlistas.


Capilla de la Prisión de José Antonio

«....Lo que la mayoría de alicantinos conocían como la casa prisión de José Antonio, actualmente es la residencia juvenil La Florida, que depende del Instituto Valenciano de la Juventud (IVAJ), situada en la manzana delimitada por las actuales calles Perseo, Asturias, Rigel y la avenida de Orihuela.


En otro tiempo fue cárcel preventiva de Alicante, dirigida desde su inauguración por Ramón Maldonado, que ya ejerció el cargo en la antigua y primitiva cárcel de Benalúa.

A finales de septiembre de 1925 se inauguró la nueva prisión preventiva de la ciudad. Entonces se decía: El edificio es suntuoso, regio. La última palabra en el aspecto de la construcción carcelaria. En el mismo se ha logrado reunir todas las enseñanzas que los modernos sistemas penitenciarios tienen establecido en las naciones más adelantadas. Más que prisión, la cárcel del Portazgo parece enteramente un gran hotel para los presos.
El proyecto fue del arquitecto de la Dirección de Penales Vicente Agustí Elguero que también realizó en aquellos años las cárceles preventivas de Hellín y Orihuela. La obra de la cárcel alicantina la materializaron la contratistas Sociedad Cabrera Hermanos. Se realizó en 32 meses, cuando en el pliego se consignaba cuatro años. Trabajaron a diario unos ochenta obreros, que supuso un coste de jornales de 76.800 pesetas. El presupuesto inicial fue de 922.000 pesetas. Finalmente quedó aumentado, por los suplementos añadidos.
El local contaba con diversas galerías con un total de 108 celdas individuales, todas ellas espaciosas y con luz directa vertida por ventanales. Un recluso podía tener allí además de su cama todas las comodidades que sus recursos les permitían.

La residencia juvenil.

La residencia juvenil, actualmente consta de dos alas de cuatro plantas articuladas por un patio central cubierto y acristalado, en las plantas superiores están las habitaciones y en los sótanos se cuenta con la biblioteca, comedor y cafetería. Tiene un salón de actos ubicado en la parte posterior del edificio.
De la antigua construcción únicamente subsisten algunos lienzos de los muros, las plantas inferiores de la fachada recayente a la hoy, avenida de Orihuela, que albergan dependencias administrativas y lo que fuera sacrista y capilla, esta última habilitada como salón de actos.


JUAN SERNA Y EL PROCESO DE JOSÉ ANTONIO EN ALICANTE.


Es sabido que el fiscal que actuó en el proceso incoado contra José Antonio, en Alicante, por el delito de rebelión militar, fue Vidal Gil Tirado; pero lo que normalmente se ignora es que Gil no fue el primero. El primer fiscal fue Juan Serna Navarro. Francisco Bravo, que en su libro José Antonio ante la justicia roja (1941) reproduce gran parte del sumario, no se refiere para nada a Serna, lo cual de por sí ya resulta un tanto sospechoso. Tampoco lo hacen Agustín del Río Cisneros y Enrique Pavón Pereyra en Los procesos de José Antonio (1963).

 Según Juan de Valencia: ‹‹Para el juicio hubo que introducir modificaciones en el tribunal. El Bohórquez (sic) abandonó la fiscalía, que fue ocupada por el propio Vidal Gil››. Gumersindo Montes Agudo sí menciona a Serna en su libro Vieja Guardia (1939, p. 305-306). Dice Montes:

‹‹Para actuar de fiscal se había señalado a don Juan Serna. Este se presentó cuando Enjuto ya tenía el sumario en marcha. Tienen un cambio de impresiones en el que no llegan a un acuerdo y entonces marchan a Madrid, donde el Gobierno concede toda su confianza a Enjuto y destituye al Fiscal señor Serna››.


Tomás López Zafra, secretario del Juzgado Especial Instructor del sumario, tampoco menciona a Serna en el extenso artículo que publicó en Arriba (20/XI/1948) sobre los detalles del proceso. Sólo cita a Gil y cuando se refiere a Serna calla su nombre. Hasta tal punto resulta esto extraño, que cualquiera que lea el artículo creerá que cada vez que menciona al “fiscal” se está refiriendo a Gil Tirado. Tampoco en la Causa General. La dominación roja en España (1944), en el anexo dedicado José Antonio, que recoge la declaración prestada por López Zafra (si bien, no se le nombra por su nombre, sino por el ‹‹Secretario judicial››), se menciona para nada a Serna.


Juan Serna Navarro (1884-1957) era el hijo mayor (tenía dos hermanos) de una familia muy modesta. Al quedar huérfano de padre y madre, a los once años, pasó a vivir con un tío suyo y, mientras cuidaba el rebaño de ovejas, estudió el bachillerato con unas notas excelentes. Lo que motivó que en un número de la revista Blanco y Negro, correspondiente al año 1902, se publicase una nota con este título «Un pastor bachiller». Posteriormente estudió Derecho (1903-1909), sacando matrícula de honor en todas las asignaturas (20) de la carrera y le fue adjudicado, por unanimidad, el premio extraordinario de licenciatura en Derecho. Aunque no estaba afiliado a ningún partido político, su ideología era republicana, liberal y con una gran sensibilidad para las cuestiones sociales.


Juan Serna, como fiscal jefe que era de la Audiencia Territorial de Valencia, fue comisionado, el día 3 de octubre de 1936, para que ‹‹en representación del Ministerio Fiscal y como delegado de esta Fiscalía General de la República, intervenga e inspeccione el sumario que por supuestas responsabilidades en la actual rebelión militar, se sigue en Alicante contra José Antonio Primo de Rivera para el que ha sido nombrado por la Sala de Gobierno de este Tribunal Supremo, Juez especial el Magistrado Don Federico Enjuto Ferrán,[5] y actúe en su día ante el Tribunal Popular especial de Alicante en la expresada causa››.[6]


En el dorso de este escrito hay una anotación manuscrita del propio Serna, que dice así:


«Nota. Sustituido en la Comisión por orden telegráfica del Fiscal General de la República en 7 de noviembre de 1936, por el Fiscal de Alicante Vidal Gil Tirado[7] que fue el que continuó hasta la celebración del juicio oral días después. (Las causas de la sustitución quedan en el misterio, aunque las supone el que suscribe, y son seguramente el celo con que procuraba que no se cometieran infracciones legales ni se cumpliesen[8] ofrecimientos ni coacciones morales con los detenidos, como se opuso a las sugerencias…».[9]


¿Se referían esas sugerencias a la petición de la pena capital para Primo de Rivera? Es posible. No es ilógico suponer que el fiscal general, antes de tomar la decisión de la substitución-destitución, se quisiera asegurar de las intenciones de Serna.


La sustitución del primer fiscal se produjo veintidós días después de haber empezado las declaraciones testificales y tres días antes de principiar la declaración de José Antonio (10 de noviembre) y nueve antes del inicio del juicio oral (16 de noviembre). Hasta el cambio de fiscal no había habido ninguna prisa en tramitar el sumario. Esto podría desmentir lo afirmado por los historiadores franquistas de que el Gobierno había decidido, cuando se incoa el sumario, eliminar a Primo de Rivera. Según Montes Agudo, ‹‹Enjuto tramitaba el sumario con lentitud, pues prefería vivir tranquilamente en Alicante a regresar a Madrid, en plena fiebre asesina›› (p. 308). La lentitud era debida, para López Zafra, a ‹‹razones ajenas en absoluto al juez instructor››, pero sin especificar cuáles eran esas razones. No obstante, en la Causa General se nos informa que el 25 de octubre Enjuto y López Zafra viajan a Madrid para conferenciar con Prieto, a la sazón ministro de Marina. A la reunión no asistió López Zafra. Regresando a Alicante a principios de noviembre, ‹‹procurando el Secretario aclarar cuáles fueran las instrucciones que el Juez recibió de Indalecio Prieto, sacando la impresión de que éste había ordenado a Enjuto llevara con calma la tramitación del sumario››. Las razones de Prieto ‹‹en llevar con calma el sumario se desconocen››.


Para Manuel Serna,hijo de Juan Serna, la demora era consecuencia de que el Gobierno quería ganar tiempo para poder canjear a Primo de Rivera con algún político de relieve que estuviera encarcelado por los rebeldes. Esto resulta perfectamente plausible, toda vez que sabemos que a Raimundo Fernández-Cuesta (secretario general de Falange) Prieto le dijo que ‹‹la condena de José Antonio, además de un crimen, resultaba una equivocación. Que él se opuso a que se llevara a efecto, pero no consiguió vencer la decisión del “animal” de Largo Caballero››.


Después de lo expuesto, parece claro que López Zafra no dijo toda la verdad. En 1974, Antonio Gibello (José Antonio. Apuntes para una biografía polémica, p. 382) escribe: ‹‹López Zafra testimonia en 1948, en circunstancia política difícil, propicia a la manipulación y a la insinceridad. ¿Trataba de congraciarse López Zafra con el Gobierno nacional o es veraz?››. Parece como si Gibello supiera, o sospechase, alguna cosa más, que tampoco osa confesar ¿Por qué miente el secretario judicial? Todo apunta que el motivo no es otro que el ocultar que el Gobierno republicano (o parte de él, Azaña, Prieto, Ruiz Funes…) querían canjear a Primo de Rivera, como sostiene Manuel Serna.


Después de la Guerra Civil, Juan Serna fue condenado por un Consejo de Guerra de Oficiales Generales (5 de octubre de 1942) a doce años y un día de reclusión menor, ‹‹como responsable en concepto de autor de un delito consumado de auxilio a la rebelión››, a pesar de que el fiscal pedía sólo un año de prisión menor (ya que su único delito fue seguir ejerciendo la carrera fiscal). El capitán general de la Tercera Región Militar consideró que el delito cometido era de adhesión a la rebelión y la pena a imponer debía ser de treinta años de reclusión mayor. Por ello hubo de intervenir el Consejo Supremo de Justicia Militar que, en sentencia de 17 de marzo de 1943, confirmó la pena de doce años impuesta por el Consejo de Guerra, si bien acordó conmutar dicha pena por la de seis años y un día de reclusión menor.


En la sentencia del Consejo Supremo se dice lo siguiente:


‹‹durante el período en que desempeñó la Fiscalía en la Audiencia Territorial de Valencia fue comisionado para intervenir en el Sumario instruido contra José Antonio Primo de Rivera, detenido a la sazón en Alicante, limitándose el procesado a recibir dos o tres declaraciones testificales, y a presentarse en el Ministerio de Justicia para hacer constar la parcialidad con que actuaba el instructor de dicho Sumario Federico Enjuto, si bien la protesta de Don Juan Serna, no motivó otra cosa que la ratificación de la confianza que en Enjuto habían depositado las Autoridades Marxistas, que acordaron la situación del procesado››.


Por lo visto haber actuado a favor de Primo de Rivera, haber pedido el sobreseimiento de los sumarios instruidos en Murcia y haber dado órdenes a los fiscales de los Tribunales Populares para que actuasen con imparcialidad (todo ello reconocido en la sentencia) no fue suficiente para impedir que la “justicia” franquista lo condenase a doce años, sino que, además, el capitán general consideró que la pena a imponer era de treinta años.


Según Manuel Serna:


‹‹Mi padre, con la conformidad de Enjuto, pensaba pedir una pena de dos años y pico por conspiración. Consideraba que, al estar preso Primo de Rivera cuando se produjo el alzamiento, no era posible acusarlo de rebelión militar. Azaña y el Gobierno (en el que figuraba como Ministro de Justicia el eminente penalista Ruiz de Funes) estaban de acuerdo con la calificación del fiscal››.


¿Por qué cambio de parecer el Gobierno del Frente Popular?

 En mi opinión, por la confluencia de dos circunstancias. La primera fue el cambio de Gobierno producido en la noche del 4 de noviembre de 1936, cuando las tropas nacionales estaban a 13 kilómetros de Madrid. Entre los nuevos ministros había cuatro anarquistas, entre ellos el de Justicia ––García Oliver. Éste convocó en Valencia, nueva sede del Gobierno, a Enjuto, Gil Tirado y López Zafra y, según éste último, les dijo que ‹‹no se explicaba la demora en la terminación del sumario, pues bien se sabía la sentencia: la muerte para José Antonio››. ‹‹Concluida esta conferencia ––sigue relatando López Zafra––, que se celebró en el hotel Ingles, Enjuto acudió al lugar del comedor donde se encontraba Indalecio Prieto, en cuyo conocimiento puso cuanto acababa de ocurrir, órdenes que éste ratifico››.


Esto es lo que escribe López Zafra en el mencionado artículo del diario Arriba. Ahora bien, cuando declaró en la Causa General no dijo eso. Veámoslo:


‹‹Pero el Gobierno del Frente Popular no comparte este interés político de Indalecio Prieto ––cuyas razones en llevar con calma el sumario se desconocen–– y desde Valencia, donde reside dicho Gobierno, el Ministro de Justicia, García Oliver, llama por teléfono pocos días después al Juzgado, así como al Fiscal de la causa contra José Antonio, Vidal Gil Tirado, que hasta entonces había figurado como Presidente del Tribunal Popular, para que vayan a conferenciar con él››.


Eso merece un comentario. En primer lugar, hay que repetir que, entre el 25 de octubre y el 8 de noviembre, se ha producido un cambio de Gobierno. Por tanto, es este último Gobierno (no el de antes) el que no comparte el criterio de Prieto. Parece como si hubiera un interés en confundir los dos gabinetes. En segundo lugar, se reconoce que es a partir de la conferencia con García Oliver cuando empieza a actuar como fiscal Gil Tirado. ¿Por qué no se menciona que éste substituye a Juan Serna? Continuemos con el relato de la Causa General:


Cumpliendo la orden, acto seguido, desde Alicante se dirigen a Valencia, adonde llegan anochecido [seguramente, el sábado 7 de noviembre], reuniéndose con el Ministro de Justicia, García Oliver, el Subsecretario Sánchez Toca, el Juez Enjuto, el Fiscal Vidal Gil Tirado y el Secretario judicial que actúo en el sumario.


El Ministro y el Subsecretario piden noticias del sumario y concretan sus intenciones, diciendo que a José Antonio había que condenarlo a muerte y que el sumario tenía que terminarse, añadiendo García Oliver que, dada la resonancia mundial del proceso, había que darle la más sólida apariencia jurídica… “pero con prisa…”


Aquellas misma noche el Juzgado y el Fiscal salen de Valencia, llegando a Alicante de madrugada, y el día 9 de noviembre de 1936, en cumplimiento de las instrucciones recibidas, se reanuda la instrucción rápida del sumario; dictándose auto de procesamiento con fecha 13 de noviembre, notificándosele a José Antonio, en la celda que ocupaba en la cárcel, el día 14; encarándose José Antonio con Enjuto, a quien le dice: “¿No le da a usted vergüenza, llevar canas y vestir toga?”

En este relato, López Zafra no dice nada de la entrevista ––‹‹en el comedor››–– de Enjuto con Prieto. Nadie puede creer que esa ‹‹historia››, si hubiera sido cierta, la hubiese omitido el ‹‹secretario judicial››. Para el franquismo no podía haber dudas, todos los miembros del Gobierno republicano, incluido el socialista Prieto, habían deseado la muerte de José Antonio.


Es de justicia señalar que no todos los anarquistas estuvieron a favor del fusilamiento del fundador de la Falange. También es posible que García Oliver actuase presionado por los comunistas, que en aquellos momentos detentaban un gran poder gracias a la ayuda soviética y a las brigadas internacionales, ayuda que permitió que Madrid resistiera el avance de las tropas franquistas. Según el líder de la Federación Anarquista Ibérica, el mítico Durruti:

‹‹Con la muerte de José Antonio, si llega a consumarse, morirá también toda esperanza de reconciliar a los españoles antes de muchas décadas. Pero, en esta guerra, cada día menos civil y más internacional, se ventilan muchos intereses extraños a los propios españoles, que ni el mismo Gobierno de la República está en condiciones de desestimar o combatir››.



continuación

1 comentario:

  1. los jueces y fiscales del juicio de jose antonio Primo de Rivera, pagaron con el exilio su participación en famoso proceso

    ResponderEliminar