Emilio Castelar y Ripoll; Vicente de Manterola y Pérez. |
Noche de San Daniel. |
La tribuna. ¿De quién es el Patrimonio Nacional? El autor reflexiona sobre la composición del Patrimonio Nacional después de que desde el Tribunal de Cuentas se haya propuesto que edificios ligados por historia a la Corona reviertan al Estado. Ángel Menéndez Rexach 17 mayo, 2016 El artículo "Zarpazo a la Corona desde el Tribunal de Cuentas", publicado en este periódico el pasado 18 de abril, suscita algunos interrogantes sobre el significado actual del Patrimonio Nacional (PN) y la conveniencia de mantener o revisar el régimen jurídico de los bienes que lo integran. El artículo reseña las posiciones contrapuestas de una consejera del Tribunal de Cuentas y de la Abogacía del Estado, que parecen resumirse en la propuesta de integrar la mayor parte de los bienes del PN en el general del Estado o bien mantener el statu quo. Sin ánimo de terciar en el debate, pues desconozco el contenido de los informes en que se basa el artículo, algunas consideraciones sobre el origen y la regulación actual de la institución pueden ser útiles para centrar la cuestión. Hace ya bastantes años Luis Carandell publicó en su Celtiberia show la foto de un cartel en el que se leía: "Patrimonio Nacional. Propiedad privada. Prohibido el paso". Recuerdo haberlo visto en el Monte de El Pardo y en algún otro sitio del PN y, desde luego, uno se quedaba perplejo ante lo que parecía una manifiesta contradicción: si es patrimonio nacional, ¿cómo puede ser propiedad privada y por qué está prohibido el paso? Esa información tan sucinta no era, desde luego, políticamente correcta, pero tampoco lo era jurídicamente, porque los bienes del PN no son propiedad privada del Estado, sino que tienen un régimen de especial protección sustancialmente idéntico al de los bienes de dominio público. Su titular es el Estado, como organización política de la nación, pero están fuera del tráfico jurídico, por lo que no se pueden enajenar ni ser objeto de cualquier forma de privatización. En cambio, los bienes del patrimonio del Estado sí son propiedad de éste y, por ello, se pueden vender, gravar, etc. conforme a la legislación aplicable. A primera vista, proponer la integración de los bienes del PN en el general del Estado no parece un avance, sino más bien un retroceso en cuanto a la protección de estos bienes, salvo que se declarase expresamente que no son bienes patrimoniales, sino de dominio público. El PN y el del Estado son instituciones distintas según la Constitución (art. 132.2), por lo que, salvo reforma constitucional, hay que mantener la sustantividad de aquél, que no se puede diluir sin más en éste, aunque ambos sean de titularidad estatal. Según su ley reguladora de 1982 "tienen la calificación jurídica de bienes del Patrimonio Nacional los de titularidad del Estado afectados al uso y servicio del rey y de los miembros de la Real Familia para el ejercicio de la alta representación que la Constitución y las leyes les atribuyen". Esa vinculación es una reminiscencia histórica, que hoy resulta anacrónica y que sólo se entiende en el contexto de la evolución del Real Patrimonio desde el Antiguo Régimen hasta nuestros días. Lo mismo puede decirse de los derechos y cargas de patronato sobre fundaciones religiosas, que también se integran en el PN. En el Antiguo Régimen las rentas reales se aplicaban indistintamente a las atenciones de la Real Casa y de las Secretarías de Estado y del Despacho, en una situación de gran confusión, que la Constitución de Cádiz intentó resolver implantando un sistema de "dotación" del rey y su familia. El preámbulo lo explicó en un párrafo muy conocido: "La falta de conveniente separación entre los fondos que la Nación destinaba para la decorosa manutención del rey, su familia y casa, y los que señalaba para el servicio público de cada año, o para los gastos extraordinarios que ocurrían imprevistamente, ha sido una de las principales causas de la espantosa confusión que ha habido siempre en la inversión de los caudales públicos. De aquí también la funesta opinión de haberse creído por no pocos, y aun intentando sostener como axioma, que las rentas del Estado eran una propiedad del monarca y su familia". El remedio fue la fijación, al principio de cada reinado, de una dotación anual para el rey y su familia (lo que se conoce como "lista civil"). Además de esta dotación anual, la Constitución de 1812 atribuyó al rey "todos los Palacios Reales que han disfrutado sus predecesores", así como los terrenos que las Cortes "tengan por conveniente reservar para el recreo de su persona" (art. 214). Al restablecer el Antiguo Régimen (y, por tanto, el Real Patrimonio) en 1814, Fernando VII decidió separar "enteramente el gobierno e interés de mi Real Casa de los demás del Estado", encargando al mayordomo mayor el conocimiento "de todos los asuntos de palacios, bosques y jardines reales, patrimonio real y alcázares, nombramiento de empleados en todos estos ramos y sus dependencias". Esos bienes se consideraban de titularidad del rey, quien los gestionaba a través de su Casa. A la muerte de Fernando VII (1833) había gran confusión, por no estar diferenciados con claridad tres conjuntos de bienes: a) los adscritos a la Corona para su uso y disfrute; b) el caudal privado del rey (es decir, los que posee como un particular); c) los bienes del Estado. En 1838 se creó una comisión para identificar los bienes del Real Patrimonio, pero la materia no se regularía hasta 1865, cuando la ejecución de la legislación desamortizadora hizo imprescindible deslindar los bienes del Estado y los de la Corona, para determinar cuáles se podían vender y cuáles no. La Ley de 19 de mayo de 1865, del Patrimonio de la Corona (denominación que sustituyó a la de Real Patrimonio), señaló los bienes integrantes (el Palacio Real de Madrid, los Reales Sitios del Buen Retiro, la Casa de Campo, la Florida, el Pardo, Aranjuez, la Alhambra, etc.) y declaró en estado de venta los demás, atribuyendo al Estado el 75% de los ingresos que se obtuvieran y a la Corona el 25% restante. Este reparto, alabado como una muestra de generosidad por los partidarios de la reina, fue duramente criticado desde las filas republicanas. Emilio Castelar publicó un artículo de título irónico ("El rasgo") en el que arremetía contra el todavía proyecto de ley porque "en los países constitucionales el rey debe contar por única renta la lista civil" y no tener una masa ingente de bienes como la que le atribuía la futura ley ("Los bienes que se reserva el Patrimonio son inmensos: el veinticinco por ciento desproporcionado"). El Gobierno exigió al rector la destitución de Castelar de su cátedra y, ante su negativa, sustituyó al rector. La reacción de los estudiantes y la represión policial dieron lugar a la tristemente célebre noche de San Daniel (10 de abril de 1865), de la que fue testigo Benito Pérez Galdós, a la sazón estudiante de Derecho, quien lo contó así en sus memorias: "En aquélla época fecunda de graves sucesos políticos, precursores de la Revolución, presencié, confundido con la turba estudiantil, el escandaloso motín de la noche de San Daniel (…) y en la Puerta del Sol me alcanzaron algunos linternazos de la Guardia Veterana". La situación jurídica del Patrimonio de la Corona ha sido un reflejo fiel de las vicisitudes políticas La Ley de 1865 tuvo el mérito de diferenciar tres conjuntos de bienes que hasta entonces estaban entremezclados: a) el Patrimonio de la Corona, indivisible, integrado por bienes inalienables, imprescriptibles y no sujetos a gravamen alguno; b) el caudal privado del rey, que le pertenece en pleno dominio y que está sujeto a las contribuciones y cargas públicas y, en general, a las normas del derecho común; c) los demás bienes del antiguo Real Patrimonio no integrados en el de la Corona, cuyo destino es la enajenación. En los años siguientes, la situación jurídica del Patrimonio de la Corona será un reflejo fiel de las vicisitudes políticas. En 1869, tras el exilio de Isabel II, se declaró extinguido, revirtiendo "en pleno dominio" al Estado los bienes que lo integraban. La medida no debió de ser efectiva, porque en 1873 se dispuso su "incautación" por el Ministerio de Hacienda, que continuaría administrándolos hasta que las Cortes decidieran sobre su destino. El PN tiene un régimen de especial protección que justifica su separación del resto de bienes del Estado La Restauración lo fue también del Patrimonio de la Corona, que se reguló por la Ley de 26 de junio de 1876, muy parecida a la de 1865. En 1931 se acordó de nuevo su incautación por el Estado, pasando sus bienes a integrar el "Patrimonio de la República". En 1940 se restableció con la denominación de "Patrimonio Nacional", propiedad del Estado, lo que explica la equívoca información contenida en los carteles antes mencionados. En la actualidad, ya hemos visto que, conforme a su ley reguladora de 1982, el PN es de titularidad estatal inequívoca. Su gestión corresponde a un organismo, el Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, encuadrado en la Administración General del Estado (en concreto, en el Ministerio de la Presidencia), no en la Casa Real. Pero tiene un régimen jurídico de especial protección que justifica su separación de la masa común de bienes patrimoniales del Estado. Ese tratamiento diferenciado viene impuesto por la Constitución y no parece seriamente cuestionable. Lo que sí se debería reconsiderar es la vinculación del PN "al uso y servicio del rey y de los miembros de la Real Familia”, que resulta hoy anacrónica. Cabe reflexionar sobre el destino del PN, pero el Tribunal de Cuentas no es el foro más adecuado Muchos bienes que integraban el Patrimonio de la Corona en 1865 ya no forman parte del PN (por ejemplo, la Alhambra, el Museo del Prado, el Retiro, la Casa de Campo, la Florida y otros), sin que ello signifique que hayan quedado desprotegidos. El debate del siglo XIX estuvo centrado en la titularidad de los bienes, si eran del rey o de la Nación. Esa cuestión está definitivamente zanjada. En la actualidad, vale la pena reflexionar sobre la composición del PN (si se deben excluir o no algunos bienes) y sobre su destino, para ajustar la norma a la realidad, pues es evidente que la mayor parte de los bienes no están destinados al uso del rey y su familia. El PN no es del Rey ni tampoco propiedad privada del Estado, sino un patrimonio colectivo, que hay que preservar para las generaciones actuales y futuras, como testimonio de una tradición y una memoria colectiva. El debate tiene contenido, pero es de tono menor en comparación con el del siglo XIX y, en cualquier caso, no parece que el Tribunal de Cuentas sea el foro más adecuado para iniciarlo. *** Ángel Menéndez Rexach es catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad Autónoma de Madrid y autor del libro 'La Jefatura del Estado en el Derecho Público Español'. |
La historia de la Puerta del Sol representa una parte esencial de la memoria de la Villa de Madrid (capital de España), no solo por ser la Puerta del Sol un punto de frecuente paso, sino por constituir el «centro de gravedad» del urbanismo madrileño. La plaza ha ido adquiriendo su carácter de lugar de importancia histórica desde sus inciertos inicios como calle Ancha e impersonal en el siglo XVI, hasta las descripciones de los primeros viajeros románticos, las recepciones de reyes, las rebeliones populares, manifestaciones, etc. Ha sido el escenario de los acontecimientos principales de la vida de la ciudad, desde la lucha contra los invasores franceses en 1808 hasta la proclamación de la Segunda República en 1931, conservando además su lugar como protagonista de la costumbre de servirse las doce uvas en Año Nuevo, al son de las campanadas tocadas por el reloj de Correos. En la actualidad es un nudo de comunicaciones, punto de reunión, de citas, lugar de celebraciones y comienzo de manifestaciones en la Capital. Durante este intenso devenir histórico, la Puerta del Sol ha ido reuniendo lo popular de Madrid en sus diversas épocas. Desde sus comienzos, su posición en la geografía urbana madrileña le ha dado un protagonismo como lugar de encuentro social, nombrado a veces como forum matritense. Ha sido definida también como «Plaza y foro» de España por Antonio Machado, y Ángel Fernández de los Ríos mencionó que «No hay allí un palmo de terreno que no esté regado con la sangre de patriotas, de facciosos o de revolucionarios».
Desde el punto de vista arquitectónico, la Puerta del Sol es un espacio de paso ensanchado, de forma oblonga, un punto de convergencia de calles que adquiere el aspecto de plaza a mediados del siglo XIX. En dicho espacio desembocan una decena de calles, que en el siglo XVIII eran once. La Puerta del Sol ha ido sufriendo diversas obras de mejora urbana a lo largo de su historia, siendo la más importante la acometida a mediados del siglo XIX. En muchos casos la actuación urbana realizada a lo largo de su historia ha borrado poco a poco importantes edificios del pasado. De todos ellos, el único sobreviviente es la antigua Casa de Correos, que después fue la sede del Ministerio de Gobernación y en la actualidad sede de la Comunidad de Madrid. Se trata del edificio más antiguo de la Puerta del Sol actual. El segundo en antigüedad es la Casa Cordero, que a lo largo de la historia de la plaza ha ido cambiando de uso.
La Puerta del Sol ha entusiasmado a diversos escritores desde los comienzos de su historia, y muchos de ellos han incluido este espacio en sus obras literarias. Ramón Gómez de la Serna y la generación del 98, en sus obras madrileñas, han descrito el ambiente social de este centro. En ellos describen la animación existente de sus actividades diurnas. Desde Lope de Vega hasta Ramón Gómez de la Serna las descripciones literarias son frecuentes, quizás por las tertulias literarias del siglo XIX en sus famosos cafés. Puerta del Sol, el espacio más reformado de Madrid. La transformación podría provocar la «salida» de la estatua ecuestre de Carlos III. Se pretende que sea un espacio libre de circulación, pero no estacional.
Ángel del Río La Razón Creada: 22.09.2019 La transformación podría provocar la «salida» de la estatua ecuestre de Carlos III. Se pretende que sea un espacio libre de circulación, pero no estacional. Ruiz Gallardón era partidario de que los alcaldes que pasaran por el Ayuntamiento de Madrid dejaran algún proyecto, obra o actuación emblemática a modo de impronta personal de su gestión. Él lo hizo. Su obra fue Madrid Calle 30- Madrid Río. El nuevo alcalde, José Luis Martínez-Almeida, también puede dejar una impronta de su gestión por haber peatonalizado el kilómetro 0, la Puerta del Sol. En estos días ha dado cuenta de su idea, no exenta de dificultades, en la que tendrán mucho que decir el Colegio Oficial de Arquitectos y la propia comunidad autónoma, por el grado de protección que tiene este enclave de la ciudad. La Puerta del Sol es el espacio urbano donde más remodelaciones se han llevado a cabo a lo largo de la historia, obras exigidas por la movilidad circulatoria, la instalación de mobiliario urbano, las reformas de la estación de Metro, los cambios de la iluminación o la ubicación de elementos decorativos. La peatonalización no se va a limitar únicamente a prohibir la circulación rodada en esta plaza, que no es plaza, ni glorieta, sino una especie de distribuidor del flujo humano en el centro del corazón de la Villa. Por la Puerta del Sol pasan diariamente cerca de 50.000 transeúntes, lo que la convierte en el espacio más transitado de la capital. Ya en un informe de 1857 se decía que, desde las ocho de la mañana hasta las nueve de la noche circulaban, por esta plaza 3.950 carruajes y 1.414 caballerías, lo que obligaba a las autoridades municipales a pensar en un ensanche del espacio. Es el lugar más transitado de Madrid, por eso el nuevo gobierno municipal quiere darle mayor fluidez al espacio y que quede reservado en exclusiva para los peatones. Curiosamente la primera calle que se peatonalizó en Madrid fue una de las siete que parten de este punto, la de Preciados. El objetivo, naturalmente, es que el kilómetro 0 de la ciudad sea sólo para los peatones. Pero aprovechando los trabajos necesarios que han de realizarse, el Ayuntamiento quiere aprovechar para hacer también una serie de modificaciones, cambios y mejoras en la superficie. Como filosofía, no se quiere que se convierta en un espacio estacional, en una plaza para el descanso, porque su configuración como distribuidor de movilidad en siete calles quedaría colapsado por ese sentimiento estacional, si bien es cierto, que los técnicos van a estudiar una posibilidad, de la que ya se habló en la última reforma: dotarla de arbolado para redimir el paisaje árido que presenta. Entonces se llegó a la conclusión de que era inviable, ya que las raíces de los árboles llegarían hasta la oquedad del Metro. Pero existe una alternativa que ahora se va a estudiar: colocar grandes macetones que permitan el crecimiento de árboles de tamaño medio, entre los que podrían figurar madroños. Para facilitar el tránsito peatonal, se eliminarán también algunos elementos de señalización vertical y quioscos. Otro de los asuntos que se barajan tiene que ver con las tres grandes esculturas situadas en un espacio tan restringido como es el de esta Puerta del Sol. ¿Conviene trasladar estos obstáculos, cambiarlos de ubicación? El único que parece que tiene garantizada su permanencia en el lugar que ocupa actualmente, es el de la Mariblanca, en la esquina de la calle de Arenal. Se cuestiona si la estatua del oso y el madroño, símbolos del escudo de Madrid, debería ser trasladado a otro punto del viejo Madrid. Pero sobre el que se tiene más dudas es el de la estatua ecuestre de Carlos III, instalada en la Puerta del Sol, en 1994, por expreso deseo de los madrileños, que así lo manifestaron en una amplia encuesta en la que participaron 126.194 personas. Es el elemento más voluminoso y, en caso de retirarse a otro punto de la ciudad, podría ser sustituido por algún otro monumento que recordara la gesta del alzamiento de los madrileños contra la invasión napoleónica, una gesta popular que se inició precisamente en este punto, el 2 de mayo de 1808. La primera reforma que se llevó a cabo en la Puerta del Sol fue el desmantelamiento de la fuente de la Mariblanca, en el primer tercio del siglo XVIII, una fuente, construida en 1625, sobre un diseño de Rutilio Gacis. Esta fue sustituida por otra, llamada de Las Arpías, y demolida en 1838. La primera gran obra se verificó en 1831, cuando, por iniciativa del marqués viudo de Pontejos, el Ayuntamiento procedió al derribo de las iglesias del Buen Suceso y San Felipe, para permitir el ensanche de este espacio. A partir de entonces, menudearon las obras, las reformas y los cambios. Desde comienzos de siglo XIX, se hicieron diversas tareas de remodelación y acondicionamiento; entre ellas, el cambio del empedrado de las calles por cuñas de pedernal tallado, es decir adoquines, la instalación de farolas, el alcantarillado de las calles que parten desde este punto, el asfaltado, por primera vez en 1848, y otros trabajos de reforma de las aceras. Pero quizá las obras más controvertidas, que dieron lugar al «motín del supositorio», fueron las realizadas en 1986, siendo alcalde de la villa Juan Barranco. La polémica nace cuando, dentro de las obras de reforma, se aborda el cambio del alumbrado público. Se instalan 80 farolas de un diseño modernista, que rompían la estética clásica de la zona, una especie de tubos, a los que los madrileños bautizarían como «supositorios». Desde la prensa se iniciaba una campaña en la que, como en el caso de diario YA, se invitaba a sus lectores a que se manifestasen en contra de las farolas «supositorios», y se ofrecían varias alternativas para elegir el modelo más adecuado. La respuesta fue sorprendente por el elevado número de participantes, 14.000. La mayoría se inclinaba por el tradicional modelo fernandino. En enero de 1987, el Ayuntamiento anunciaba oficialmente que las cerca de 80 farolas instaladas en la Puerta del Sol, serían cambiadas por otras de estilo fernandino, iguales a las existentes en las inmediaciones del Palacio Real. El clamor popular había hecho que el Ayuntamiento diera marcha atrás y se subsanara el error de haber instalado un modelo de farolas agresivo con el clasicismo ornamental de la zona.
La última gran actuación sobre la Puerta del Sol fue el intercambiador que conecta las líneas de Metro 1, 2 y 3 con las de Cercanías de Renfe C-3 y C-4, inaugurado en 2009, un proyecto también afectado por las críticas, dado el vanguardista diseño estético de la cubierta de la estación, que los madrileños bautizaron rápidamente como «caparazón de tortuga», en uno de los lugares más clásicos y tradicionales de Madrid, aunque en este caso no hubo amotinamiento, como había ocurrido con las farolas supositorio. En 1939, una vez concluida la guerra civil, el arquitecto Antonio Palacios redactó un proyecto faraónico de reforma de la Puerta del Sol y aledaños, con el ánimo de convertir este espacio en un centro comercial y un teatro; en definitiva, hacer del «kilómetro cero» de la capital un complejo áulico, comercial y residencial. Se trataba de actuar sobre 15 millones de metros cúbicos de edificación, respetando la curvatura elíptica del espacio urbano, con edificios conectados con una línea de cornisa de 35 metros de altura. Un sistema de marquesinas de 1.440 metros de longitud enlazaría, mediante pasos elevados, las entradas a la plaza de las diez calles radiales. Con motivo de fastos y celebraciones, se transformaría en una especie de tribuna abalconada para 7.000 espectadores.
Los entresuelos serían destinados a almacenes y establecimientos comerciales; el resto de las plantas, a viviendas, con una fuente central que simbolizara los ríos, mares y océanos que riegan España. En el proyecto se contemplaba un capítulo ornamental, con efigies y arcos triunfales dedicados a los Reyes Católicos, Carlos IV y Felipe II. La obra estaría rematada con dos torres de 141 metros de altura, que albergarían los 20 consulados de los países iberoamericanos. El subsuelo se podría dedicar a la red de enlaces del metropolitano. La idea era hacer de la Puerta del Sol un gran coliseo, un proyecto utópico e irrealizable, sobre el que se llegó a barajar la posibilidad de llevarlo a cabo, pero al final se impuso la razón sobre lo que hubiera sido una auténtica aberración urbanística. La Puerta del Sol se enfrenta durante este mandato municipal a nuevos trabajos para convertirla en peatonal. Martínez- Almeida quiere que sea ésta, de momento, su obra emblemática como alcalde. |
La Noche de San Daniel, la tragedia olvidada que hizo temblar el reinado de Isabel II- La manifestación pacífica de estudiantes que tuvo lugar en la Puerta del Sol la noche del 10 de abril de 1865 terminó en una auténtica carnicería por parte de las fuerzas del gobierno modernado de Narváez. Un trágico episodio que propiciaría la sublevación del Cuartel de San Gil (1866) y la posterior Revolución de 1868. Irene Mira 30/06/2019 Era ya de noche cuando la Guardia Civil y el Ejército irrumpieron violentamente en la emblemática y céntrica Puerta del Sol contra una manifestación de estudiantes. Aquel lunes 10 de abril de 1865 , lo que empezó siendo una protesta pacífica acabó en una auténtica masacre con once muertos y centenares de heridos. Un trágico episodio que ha pasado a la historia como «La Noche de San Daniel» , y que marcó la posterior Revolución del 68 . «Una alteración de la tranquilidad pública, una descomunal batalla, que convirtió en campo de Agramente la Puerta del Sol, liza desigual entre el inofensivo pito y la bayoneta, sangrienta broma o simulacro serio que ha levantado densa polvareda en las regiones oficiales, inauguró la semana que el mundo cristiano ha bautizado con el nombre de Santa» relató Pérez Galdós , joven testigo del momento, en sus «Episodios Nacionales» años más tarde. Los estudiantes se habían concentrado en apoyo al rector de la Universidad Central de Madrid , Juan Manuel Montalbán , cesado de su cargo por el gobierno de Narváez al negarse a abrir un expediente al catedrático de Historia Emilio Castelar , un hombre muy crítico con la Monarquía. Éste había escrito dos artículos en el diario «La Democracia» en contra de la política económica que estaba llevando a cabo la Reina Isabel II , lo que molestó entre su gabinete, sobre todo porque Castelar se había saltado la prohibición de que los catedráticos expresaran sus opiniones en prensa. Sin embargo, nadie se imaginó que esto podría terminar en un auténtico baño de sangre. Lo sucedido aquella noche simbolizó el ambiente crispado que caracterizaba en ese momento el Reinado de Isabel II y a la administración moderada, dispuestos, incluso, a hacer uso de la fuerza para mantener el «orden». «Por la calle de Sevilla y Carrera de San Jerónimo había pasado la tragedia, dejando en las baldosas huellas de sangre. Los que allí aparecieron, no eran gente díscola y bullanguera, sino pacíficos señores que en nasa se metían; iban a sus casas-, salían del Casino o del café de la Iberia, pensando en todo menos en su fin inminente», contaba el mismo Galdós, que también se llevó algún que otro palo. Se produjeron diversos ataques, con disparos y bayoneta calada sobre cualquier persona que pasaba por allí, tuvieran o no que ver con la protesta. Tan violenta y sangrienta resultó ser la carga de esa noche que también se le llamó la «Noche del Matadero» que, de alguna forma, recordaba a los sucesos de los primeros días de mayo entre las tropas napoleónicas y los madrileños. El «rasgo» generoso de Isabel II. El origen de este turbulento episodio se debió a la complicada situación de la Hacienda Pública, a comienzos de 1865. Las arcas estaban literalmente vacías, y el gobierno preparó una ley para llenarlas, que consistía en que la Reina vendiera parte del Patrimonio Real . El 75 por ciento de esa venta sería para el tesoro público, y el 25 restante para ella. Una medida que fue muy aplaudida por la mayoría de diputados que calificaron a Isabel II de «émula de Isabel la Católica» . Aquella ley se conoció como el «rasgo» , por la demostración generosa que había tenido la Soberana. La prensa moderada también alabó el gesto real presentándolo como un gran signo de magnanimidad que la Corona tenía con el país para acabar con el problema hacendístico. Pero otros periódicos no lo vieron así. El diario «La Democracia» publicó dos artículos del catedrático Emilio Castelar muy críticos con esta ley, donde desengranaba las falsedades de la misma. Los artículos titulados «¿De quién es el Patrimonio Real?» y «El rasgo» vinieron a demostrar que el gobierno estaba actuando a espaldas del pueblo y en favor de la Reina, la cual se estaba engordando el bolsillo con la cuarta parte de la venta de bienes nacionales, ya que el Patrimonio Real pertenecía en su mayor parte a la Nación, y no a los Reyes. Por tanto, lo único que estaba haciendo la Casa Real era devolver al país una propiedad que ya era del país, además de quedarse con una parte del patrimonio de éste. A tal postura se sumó enseguida la prensa demócrata y progresista. Las consecuencias de estos artículos supusieron el cese de la cátedra de Castelar, la destitución del rector, y, finalmente, «la Noche de San Daniel». El autoritarismo de los moderados. El gobierno moderado no consintió la osadía de Castelar. Días más tarde, el ministro de Fomento Antonio Alcalá Galiano (dependiente también de la Universidad Central de Madrid) exigió al rector de la misma que procediera inmediatamente a abrir un expediente al catedrático de Historia. Sus razones fueron que éste había faltado a su juramento de «profesar siempre la doctrina de Jesucristo, obedecer la Constitución de la Monarquía y ser fiel a la Reina», además de saltarse la circular (publicada un año antes) que prohibía la libertad de opinión en las universidades en cuanto a las decisiones del Gobierno o de la Corona. Narváez y González Bravo ordenaron a la Guardia Civil que cargara contra los manifestantes. Se inició un brutal ataque para todo aquel que pasaba por allí, incluido mujeres y niños que nada tenían que ver. Sin embargo, Montalbán no destituyó a Castelar, ya que iba en contra de la Ley de Instrucción Pública , la cual impedía sancionar a los catedráticos por causas ajenas a su labor docente. Al negarse a cumplir los designios del gobierno de Narváez, se le destituyó de su cargo como rector, lo cual motivó la oposición de los estudiantes a tal medida y la solidaridad de la prensa madrileña que se alzó también en contra. Dos días antes de la dramática «Noche de San Daniel», los estudiantes se concentraron en una primera manifestación pacífica frente a la casa del rector mostrándole su apoyo. Para ello, habían pedido permiso previo a las autoridades, las cuales dieron, primeramente, el visto bueno a los jóvenes. Sin embargo, la prudencia no sirvió como justificante para evitar el ataque de las autoridades la noche del lunes. Ese mismo día por la mañana se anunció que el cargo de rector había sido sustituido por otra persona. No hubo consuelo para los universitarios, quienes decidieron llevar su desaprobación frente a la Puerta del Sol. Narváez y González Bravo (ministro de Gobernación) se encontraban allí en el mismo instante en que aparecieron los manifestantes, y sin pensarlo dos veces, ordenaron a la Guardia Civil que cargara contra ellos, iniciándose un brutal ataque para todo aquel que pasaba por allí, incluido mujeres y niños que nada tenían que ver con la protesta. La caída de un gobierno. Esa misma noche González Bravo explicó al Senado las medidas ordenadas por él para reprimir a los manifestantes, justificando el uso de la violencia de orden, porque se habían sentido «desafiados por los manifestantes». Ante su incapacidad para explicar lo que había sucedido, el ministro expulsó a la prensa y ordenó la censura en todos los periódicos al día siguiente. Varios de ellos salieron el día 11 con las portadas en blanco en forma de protesta y otros, como el diario liberal «La Iberia» dedicó su primera página a criticar las actuaciones del gobierno moderado: «Las víctimas producidas por estos alardes de fuerza, por esta situación tirante que ha podido y debido evitarse, ¿sobre quién va a recaer? ¿Quién será el verdadero responsable? ¿Quién es aquí el perturbador? Siempre que manda Narváez suceden cosas semejantes; pero nunca hemos visto cosa igual á la que estos días está sucediendo».
En el Consejo de Ministros extraordinario que convocó Narváez para esa mañana, González Bravo recibió una lluvia de críticas de los ministros, especialmente de Cánovas del Castillo , Posada Herrera y Ríos Rosas, que lo acusaban de haber tomado medidas muy desproporcionadas. Pero fue, sobre todo, la bronca que mantuvo con Alcalá Galiano la que elevó la tensión hasta la tragedia. El que fuera hijo del heroico marino en la Batalla de Trafalgar , sufrió un infarto en plena reunión falleciendo al instante. Las consecuencias políticas de la Noche de San Daniel acabaron con el gobierno moderado de Narváez, que fue sustituido por el unionista O’Donnell . El nuevo gabinete se mostró deseoso de dar carpetazo definitivo al asunto de «El rasgo» compensando a Castelar por las molestias sufridas. Sin embargo, ya era demasiado tarde para tranquilizar los ánimos, pues todo parecía dispuesto para que una nueva sublevación pusiera entre las cuerdas a la Reina, el pronunciamiento del Cuartel de San Gil. |
¿DE QUIÉN ES EL PATRIMONIO REAL? En los antiguos triunfos romanos, cuando entraba el vencedor por aquellas anchas vías, arrastrado en su carroza, ceñida de laureles las sienes, festejado por las legiones, un esclavo se acercaba á decirle al oído cuán efímeras son las glorias, y cuán próxima está la muerte siempre á todas las grandezas humanas. Ayer el ministerio fué el vencedor, los diputados fueron las legiones romanas que lo aclamaban, y tócanos á nosotros, liberales prescriptos de todos lo festines, tócame ser los esclavos que anuncien la disipación de las falsas glorias con que el partido moderado quiere tan sin razón envanecerse. El patrimonio real se desamortiza; victoria grande, sí, pero victoria exclusiva de la democracia que ha venido sosteniendo esta desamortización por espacio de mucho tiempo, que ha visto sus periódicos perseguidos por defenderla, que la ha anunciado por la voz de su representante en las Cortes el año 1861, y que últimamente la ha defendido en varios artículos de fecha tan reciente, que no se habrán borrado de la memoria de nuestros lectores, con lo cual demostramos, que cuando se quiera intentar cualquier reforma, adquirir cualquier género de popularidad, os necesario á nuestros enemigos, venir á la fuente viva de todas les ideas, venir á la democracia. Permítasenos extrañarnos de lo que ayer hizo el general Narváez. Ejemplos de inconsecuencia, de veleidad, de inmoralidad política, so han dado en este triste período de decaimiento; pero ninguno tan repugnante como el que ayer dio de sí mismo el anciano duque de Valencia. Cuando nosotros le veíamos de grande uniforme, condecorado con la cruz de San Fernando, leyendo un proyecto de desvinculación, creíamos, ó que soñábamos, ó que no vivíamos en España, en el país delos caracteres enérgicos, y de los hombres leales. Ese duque do Valencia es el mismo que hace bien pocos años, cuando ejercía por última vez el poder se levantaba en esa misma tribuna, proponiendo una reforma constitucional que restauraba las vinculaciones patrimoniales de la aristocracia, como un valladar en defensa del trono, contra el cual habían de estrellarse las olas de la revolución. ¿Quién nos hubiera dicho, entonces, que ese mismo hombre, al poco tiempo, debía sin remordimiento y sin rubor, proponer la destrucción del vínculo que se había salvado de la revolución? Si el duque do Valencia fuera Un político grave, uno de esos hombres que tienen alguna idea en la conciencia, debió decir á la reina con respeto y entereza, que el desamortizar e lpatrimonio no podía tocarle á él, sino á los hombres que han sostenido siempre la desamortización y las desvinculaciones. Entrando en otro género de reflexiones, fuerza es decir, que extrañamos, y mucho, el momento, la sazón en que se ha juramentado este proyecto. Nosotros no criticamos aquí los actos del poder inviolable; criticamos,tenemos el derecho, el deber, dijéramos mejor, de criticar los actos de sus consejeros responsables, del administrador de la real casa, presidente del Consejo de ministros, fiasen mucho tiempo, que con razón ó sin ella, porque-esto no es del caso, se dice que las camarillas de palacio lo anteponen todo á que suba al pudor el partido liberal, sus dos grandes secciones, el progresismo y la democracia. Era creencia general, unánime,que eu vista de las dificultades ofrecidas por nuestro estado económico, en vista de la irritación del país; en visita de la impotencia del partido moderado; en vista dela disolución de la mayoría; en vista de lo impopular que es el anticipo, había sonado la hora suprema, la hora de llamar al poder pacíficamente al partido liberal. Los moderados, hambrientos después de haber empobrecido al país; empíricos después de habernos querido dominar en nombre de su suprema inteligencia, los moderados no tenían mas remedio que caer ante la indignación, ante la cólera del pueblo. Y en este momento aconsejan sus allegados á la reina, que tienda una mano al partido que se hunde bajo el peso de su descrédito. ¿Pues no consideran que de esa suerte exponen á,la reina que.la crean las gentes reina de un partido? Crisis peores, mucho peores que las presentes, na atravesado el país. En 1854, después de aquellos once años de generosidades funestas y terribles dilapidaciones;después de aquellos tiempos en que se regalaron ocho millones de reales al general Narváez; en que se construyó el teatro Real, que Valdegamas llama templo levantado á todas las concupiscencias; en que se robó la cruzada y se hicieron amaños, como los tristemente célebres de los cargos de piedra; en que se cobró casi el anticipo forzoso de Domenech, que era un robo escándalo sísimo, pues no había sido autorizado por las Cortes;cuando el partido liberal tomó en sus manos la dirección de un Tesoro exhausto, sus allegados no aconsejaron á la real persona, que se desprendiera de su patrimonio y lo entregara al pueblo. Al contrario, no deben haberse borrado de la memoria pública los gravísimos,los casi insuperables obstáculos que encontró el partido progresista en las camarillas, para obtener la sanción de las leyes desamortizadoras, por las cuales cayeron en 1856 hasta los progresista templados que se negaba la suspenderlas y vino el general Narváez que las deshizo de un golpe. En la guerra civil no se acordó tampoco la reina madre de entregar esos bienes á los soldados que peleaban desnudos y hambrientos en el puente de Luchana, en la helada noche de Morella. Ya hora, cuando la oposición ha dicho que no había necesidad del anticipo, cuando el Tesoro tiene recursos abundantes, si se quieren aprovechar, ahora el administrador de la casa real, aconseja que entreguen los bienes del real patrimonio para salvar un ministerio moribundo. Permítasenos también extrañar el espectáculo que ayer dio la mayoría; espectáculo incomprensible. Prescindamos del Sr. Gisbert, que quiso mostrar un entusiasmo que río sentía, entusiasmo frió, fingido, dicho en palabras que ni siquiera eran sonoras, montón de falsedades históricas. Pero, ¿qué decir del duque de Valencia, el cual nos aseguró que nunca ningún rey había hecho tal cosa? Esa es una cita histórica, digna del que dijo que Cicerón no pudo impedir á Annibal ganarla batalla de Cannas. ¿Cuál es el peor rey de toda nuestra historia? ¿D. Pedro el Cruel? Hay otro peor. ¿D. Carlos II? Hay otro pobre. ¿D. Rodrigo? Hay otro peor. Fernando VII. Pues bien; Fernando VII, el 3 de mayo de 1820, cuando la revolución vencía, cuando se hallaba.amenazado por unas nuevas Cortes, cuando ya en lo humano para él no había un recurso, dio un decreto, porel cual se reservaba el Palacio real, el Retiro, la Casa de Campo, la Moncloa, Aranjuez, el Pardo, San Ildefonso,San Lorenzo, el alcázar de Sevilla, la Alhambra de Granada, el palacio de Valladolid, y entregaba á la nación todo el resto de su patrimonio. Vea, pues, el duque de Valencia, cómo ha habido un rey que ha hecho lo que tanto alababa ayer S. S., y lo ha hecho por miedo á la revolución. Pero después de todo, ¿ha dado la intendencia de palacio algo que sea suyo? Esta es la cuestión. El patrimonio real es patrimonio de la nación, exclusivamente dé la nación. Ya sostuvo esta teoría ante las Cortes,nuestro ilustre amigo el Sr. Riverp en que la cuestión está dilucidada con gran profundidad. «Se le«concede al rey, decía nuestro amigo, la lista civil que» sale de las arcas del Estado, y la consecuencia de esto,»es que el patrimonio del monarca pasa á ser ipso facto «patrimonio de la nación.» Pero no se crea que esta es opinión de un diputado demócrata, no; es opinión de magistrados realistas, de antiguos consejeros de Castilla, encanecidos en el servicio de la monarquía, y adictos hasta la superstición, á la persona del monarca. Estos, entre los cuales se encontraban hombres como Ceballos, para probar que el patrimonio real ero. patrimonio de la nación, decían: «En este concepto (en el•concepto de que era patrimonio nacional)," repitieron» las Cortes sus peticiones á los reyes,' superándoles que» se fueran á la mano en la concesión de los bienes de la corona, considerando que lo que se daba á unos con profusión, se quitaba á otros con injusticia. En el mismo revocaron los reyes las donaciones arrancadas la prepotencia y por la intriga, y las dimanadas de la prolusión: prometiendo no hacerlas en lo sucesivo sin acuerdo e intervención de las Cortes, Estas no se hubieran creído con derecho á poner límites á la generosidad de los reyes, ni los reyes se hubieran impuesto la obligación de circunscribir su ejercicio, si los bienes en «cuestión pertenecieran á su patrimonio privado. En este mismo sentido, la Constitución del año 12, fundamento de todas nuestras Constituciones, declaró explícitamente, que el patrimonio real era de la nación, al reservar á las Cortes el derecho exclusivo do señalar las tierras que debía poseer el rey. El artículo 213, dice: «Las Cortes señalarán al rey la dotación anual de su«casa, que sea correspondiente á la alta divinidad de su «persona.» Y el artículo 214 dice clara y terminantemente: «Pertenecen al rey los palacios reales quo han disfrutado sus predecesores, y las Cortes señalarán los térreos que tengan por conveniente reservar para el recreo de su persona y Véase, pues, cómo clara, dominantemente, las Cortes se incautaban de los bienes del patrimonio, y .declaraban de su exclusiva competencia el señalar al rey los sitios quo debían servirlo de recreo." Aquellos grandes legisladores creyeron, con razón, que el patrimonio real había sido adquirido cuándo el rey era exclusivamente representante de la nación, cuando su tesoro era el erario público, y por consecuencia aquellos bienes pertenecían ala nación. Fundados en tal idea,dieron la ley de 22 de marzo de 1814, ley que venía á ser orgánica y extensiva del precepto constitucional de 1812. «El patrimonio del rey, en calidad de tal, se compone: 1.° De la dotación anual do su real casa. 2.* De«todos los palacios reales quo han disfrutado sus predecesores. Y 3.° De los jardines, bosques, dehesas y«terrenos, que las Curtes señalaren para el recreo de su»persona.». De suerte, que las Cortes se declararon enderecho de señalar como patrimonio del rey, lo que tuvieran por conveniente. Hicieron mas las Cortes, intentaron designar una parte de patrimonio al rey, para su esplendor, y entregar el resto al país. ¿Se quiere de esto una prueba? Véase el art. 4.° de la citada ley. «La administración de los bosques, huertas, dehesas y tierras nos que queda en fuera de la masa de los que las Cortes aplicaren al patrimonio reaL correrá ú cargo de la junta de Crédito público en los artículos sucesivos, las Cortes nombraban una comisión para hacer estos tres grandes trabajos. Primero, señalar los sitios que debían servir de recreo al rey; segundo, separar los bienes reversibles á la nación, de los que fueran propiedad particular de los monarcas. Estos trabajos no se hicieron por las mudanzas de aquellos tiempos..».De consiguiente, los bienes del real patrimonio, son bienes de la nación, propiedad de la nación; son, en una palabra, bienes nacionales. No podemos comprender como se dice en este momento que la reina cede generosamente al país su propio patrimonio. No. El patrimonio real es del país, es de la nación. La casa real devuelve al país una propiedad que es del país, y que por los desórdenes de los tiempos,y por la incuria de los gobiernos y de las Cortes, se hallaba en manos. Es mas: do esa inmensa masa debienes, la casa real se reserva doscientos millones; se reserva un por 100, á que en sentir del Consejo de Castilla, de las Cortes de Cádiz y del mismo rey D.Fernando VII, no tiene ningún derecho. La casa real, de estos doscientos millones empleados en pape de la Deuda pública, recibe un interés que nunca pudo recabar de los bienes patrimoniales. Poniendo, pues, las cosas en su .punto, por amor á la verdad, superior á todos; por amor á la ley, á que debemos acatamiento; por amor al país, cuyos intereses y derechos son lo primero, porque solo él es inmortal; por amor á todo lo que hay de santo, no desconocemos los intereses públicos hasta el punto de hollarlos. La reina, pues, debe agradecer al país esos doscientos millones que generosamente le regala, y con los cuales puede constituir una renta muy superior á los mezquinos intereses que le redituaba su mal administrado patrimonio. Cuenta que nosotros no nos dirigimos personalmente á la reina; nos dirigimos al presidente del Consejo de ministros,al administrador de la real casa, al diputado señor Gisbert, á los que están en el deber imprescindible de responder de esto ante el país, ante la posteridad, ante las leyes. El proyecto no es ley; por consecuencia podemos discutirlo, criticarlo con arreglo á nuestras ideas, y mucho mas cuando tiene nuestra critica bases tan sólidas y tan verdaderamente incontestables. Los bienes del patrimonio real, adquiridos con el dinero ó el esfuerzo del país, son del país. Registra los uno por uno, y veréis que ya provienen de los reyes de Navarra, ya de los de Aragón, ya de los condes de Barcelona, ya de los antiguos reyes de Castilla, ya de los tiempos en que el Tesoro del país, y el Tesoro del monarca, eran una misma cosa. Además, muchos de ellos todavía no están bien definidos y aclarados. El valle de Alcudia, por ejemplo,es la propiedad más pingüe del patrimonio real. Fernando VII se incautó de él, prometiendo que se le descontarían su valor de la lista civil. ¿Dio algo de lo que había prometido? Ni un céntimo. Antes al contrario, recibió los crecidos rendimientos de esas fincas. Véase,pues, cómo el país no debe consentir á nadie, absolutamente á nadie, que declare propiedad particular, aquello que es su exclusiva propiedad. Si se quiere, véndanse esos bienes, inviértase su producto en títulos de la deuda, y hágase lo que se hace con el clero, entreguen-seles ala reina á cuenta de su asignación, y el país sea horrará 50 millones anuales. Pero tener el presupuesto vigente y 200 millones del patrimonio, es tener la lista civil del absolutismo, y la lista civil del sistema constitucional. Además, los moderados, estos enemigos de la desamortización, estos amigos de las vinculaciones; el partido de los goces revolucionarios, el partido, verdadero-merodeador de nuestras instituciones; especie de banda mercenaria, peor que la langosta, hará de bienes cuantiosos, de bienes.que desde el punto de vista monárquico podían servir eu su anterior estado, para esplendor del trono, y desde el punto de vista liberal, podían servir para la riqueza del pueblo, hará de esos bienes, que tantas generaciones han acumulado, que tantos sacrificios, tantos heroísmos, tantos trabajos, tantas glorias representan, harán de esos bienes una escala de su poder, un asunto do granjeria, un alimento de sus despilfarros, un botín de sus adictos, una pequeña nube de humo, que se disipe en el ruido de sus orgías. Defendamos, pues, de las dilapidaciones y prodigalidades de los vándalos moderados, la riqueza pública. EMILIO CASTELLAR. |
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