7 Septiembre 2024  Perfil: Leonarda Villalobos, la olvidada. Por Rafael Gumucio. Escritor y columnista. En Capitán Yáber no hay mujeres no por alguna consideración heteropatriarcal, sino porque las mujeres que cometen esos delitos, con la repercusión, con la audacia, con los caudales que implican, son inéditas en la historia de Chile. Leonarda inauguró un género, y debería por eso mismo premiada por “Comunidad Mujer” o por el SERNAMEG o por ambos organismos. Los crímenes de cuello y corbata, a partir de Leonarda, pueden ser también, de crímenes de blusa y rouge. Leonarda, y su audacia e impericia, es lo único realmente nuevo en el Caso Audio. Juan Pablo Hermosilla intentaba liberar nuevamente a su hermano mayor de la prisión preventiva. Usaba para ello, desde la persecución política, el fin del estado de derecho, y la lectura de su propio currículum. Al lado Leonarda Villalobos esperaba el fin de su propio infierno. Encerrada en la cárcel común, en el penal para mujeres de San Miguel, convive con narcotraficantes y parricidas que la amenazan de muerte y, sobre todo, con la infernal falta de contrapuntos del reggaetón que tocan toda la noche. Capitán Yáber no es un hotel, pero al menos tendría ahí acceso a reclusos acusados de crímenes parecidos a los suyos. Crímenes sin sangre, sin violencia probable que se basan en hacer liquido lo sólido, en convertir en personal, en familiar, la letra fría de la ley y todas sus trampas. Nada de lo que se dijo ahí chocó a Leonarda Villalobos, solo le aburrió no poder ir más rápido a nombrar sociedades para que la operación quedara correctamente grabada en los audios con que dice pensaba protegerse cuando cayeran sospechas sobre ella. Las voces entonces como armas y Leonarda como la peor armada de los cowboys o mafiosos que aprontan a dispararse todos al mismo tiempo a ver quién sobrevive. En Capitán Yáber no hay mujeres no por alguna consideración heteropatriarcal, sino porque las mujeres que cometen esos delitos, con la repercusión, con la audacia, con los caudales que implican, son inéditas en la historia de Chile. Leonarda inauguró un género, y debería por eso mismo premiada por “Comunidad Mujer” o por el SERNAMEG o por ambos organismos. Los crímenes de cuello y corbata, a partir de Leonarda, pueden ser también, de crímenes de blusa y rouge. Leonarda, y su audacia e impericia, es lo único realmente nuevo en el Caso Audio. Cada cual ve lo que quiere ver, y no son pocos los columnistas que interpretan el casp como una prueba más de esta élite endogámica que le da la espalda a ese pueblo honesto y abusado que no tiene, ante la impotencia, más que salir a la calle y quemar semáforos de vez en cuando. Pero la historia de Leonarda es justamente lo contrario de la que estos columnistas quieren contar. Leonarda no venía de los colegios de los que había que venir, menos de las universidades más reputada del país. Esto no le impidió hacer negocio con el abogado de la plaza mejor conectado: El inevitable Luis Hermosilla. Este encuentro no es, sin embargo, fruto de un puro azar. El trabajo de Luis Hermosilla no consistía solo en alabar a los poderosos y pedirles favores o armar con ellos operaciones que consistían en tomar chocolate sin pagar lo que se debe. No, el verdadero trabajo de Luis Hermosilla era el de hacer de aduana social en un país que vivía, en este aspecto, una perpetua transformación. Su papel era hacer presentable familias y grupos económicos a los patios del poder. Cobraba por ello en dinero, pero también en más favores, o amistad. Una versión paródica de los ideales de su juventud comunista. La funcionaria Villalobos conoció la angustia de perder la pega y la de seguir en ella. Vio cómo jovencitos cuicos del Frente Amplio la desplazaban a ella y a su marido. Cansada de esperar en la fila, cansada de haber empezado demasiado adulta a estudiar derecho en una universidad de poco prestigio, decidió que tenía que ir donde “las papas queman”. Dejar el prestigio del lamento, olvidar las promesas de la centro izquierda y negociar con grupos económicos, como ella, frágiles, arriesgados, despreciados, olvidados. Una factoría de primos o sobrinos de ricos de verdad, niños que no saben jugar con sus juguetes, zorrones envejecidos que se andan tropezando con la ley. Hija de un Chile que invariablemente cambió la lógica de la hacienda, la de los apellidos vinosos o banqueros que no tuvo nada que ver con su tragedia. Voló con alas que no tenía y despertó como parte de un esquema de negocio que la sobrepasó completamente. Su triste figura sin atributos, tiene que soportar horas y horas de chat con un ex-vicepresidente de la república, jueces, ministro de la corte, todo un país del que le tocaba hasta ahora ser espectadora, del que ahora es actriz de reparto, sin parlamentos ni escenas propias. Obligada a callar esperando que algún juez o corte se apiade de ella y la libere de escuchar toda la noche reggaetón. |
RIT : Ordinaria.-10454-2016 RUC : 1610021227-0 Fecha Ingreso: 14/06/2016 Forma Inició: Querella. Caratulado: MARIA PAZ CAJAS MONTIEL C/ TIARE NOEMÍ VERGARA TORRES. 7º Juzgado de Garantía de Santiago. |
SE TRATA DE MARIO VARGAS, EL MISMO QUE SOLICITÓ DESTRUIR LOS REGISTROS DEL CELULAR DE HERMOSILLA. Ángela Vivanco falló a favor de consorcio chileno-bielorruso sin transparentar su relación cercana con abogado de esa empresa. 11.09.2024 Por Paulina Toro. Mario Vargas representó al consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec (CBM) cuando se enfrentó con Codelco, consiguiendo que la cuprífera desembolsara cerca de $17 mil millones. Ese proceso hoy está bajo la mira de la Corte Suprema y del Ministerio Público por eventuales anomalías que pudieron favorecer a CBM en la sala que presidía temporalmente la ministra Ángela Vivanco. La magistrada falló a favor de CBM sin manifestar que tenía una estrecha relación con Vargas. CIPER le consultó a Vivanco por qué no se había inhabilitado y ella respondió que no lo hizo “porque soy conocida y no amiga” del abogado. Sin embargo, según testigos y registros en redes sociales, Vargas sí forma parte de su círculo de amistades: estuvo en la fiesta de cumpleaños de la ministra en marzo pasado y también en un reducido grupo de invitados a la cena que Vivanco organizó en su casa en 2022 para el fiscal Carlos Palma, cuando este competía para ser fiscal nacional. El domingo 10 de marzo pasado, la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, posteó en su perfil de Facebook lo siguiente: “Cumpleaños segunda parte. Feliz con los amigos que me fueron a ver”. Según registros de ese evento compartidos en la misma red social, el abogado penalista que trabajó estrechamente con Luis Hermosilla durante años, Mario Vargas Cociña, se encontraba en ese selecto grupo de amigos y familiares invitados a la fiesta (vea un video de esa celebración que fue compartido en Facebook y en el que Vargas aparece). Vargas también estuvo en el reducido grupo de cercanos a Vivanco que concurrió a la residencia de la magistrada en mayo de 2022, cuando ella organizó una cena para el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, quien ese año competía para convertirse en fiscal nacional. A ese evento asistieron, también, otros cuatro ministros de la Corte Suprema y el ex-fiscal regional Metropolitano Oriente, Manuel Guerra. Fue la propia ministra Vivanco quien confirmó, en entrevista con CNN Chile, que había organizado esa cena. Y luego el fiscal Palma identificó a los asistentes, entre los que mencionó a Mario Vargas, en una nota de La Tercera. A pesar de la cercanía y confianza entre Vivanco y Vargas que dejan en evidencia estos registros, la magistrada no reveló su estrecho vínculo con el abogado cuando este representó al consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec (CBM) y ella falló a su favor. Ese procedimiento judicial, que enfrentó a CBM con Codelco, y que le significó a la empresa estatal un desembolso de cerca de $17,1 mil millones, hoy está en el centro de los cuestionamientos que tienen a Vivanco suspendida de su cargo en la Corte Suprema, donde se le abrió un cuaderno de remoción, y enfrentada a una investigación del Ministerio Público y a la posibilidad de que sea acusada constitucionalmente en el Congreso Nacional.
Este lunes 9 de septiembre, después de que CIPER publicó los chats de Vivanco con Luis Hermosilla y de que un artículo de El Mostrador revelara situaciones eventualmente anómalas en la participación de la magistrada en el conflicto entre CBM y Codelco, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, anunció que el pleno del máximo tribunal había decidido abrir el expediente de remoción de la ministra por seis episodios. El segundo de ellos es “irregularidades cometidas en la tramitación y conocimiento de la causa de consorcio Belaz Movitec SpA con Codelco”. El mismo lunes, el exfiscal Carlos Gajardo posteó en X (antes Twitter) la nómina y relaciones de los abogados que intervinieron en la ofensiva legal de CBM contra Codelco. Esa ofensiva incluyó cuatro recursos judiciales ante la Corte Suprema y en todos ellos intervino Vivanco. En ninguna de esas ocasiones, la magistrada transparentó su relación con Vargas. El 29 de agosto pasado, CIPER consultó a Ángela Vivanco respecto a si su amistad con Vargas configuraba inhabilidad para revisar la tramitación de estos recursos. Su respuesta fue que no, “porque soy conocida y no amiga”. Y en una nueva pregunta realizada este martes 10 de septiembre, sobre la presencia en su cumpleaños del abogado de CBM que por esos días litigaba en su sala, a través de su abogado, Juan Carlos Manríquez, señaló lo siguiente: “A mis cumpleaños han llegado a veces personas que están con los invitados. Y Antonio Ulloa (ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, presente en el video) es muy amigo de Mario Vargas Cociña y muchas veces anda con él, incluso con él y la mujer. No todos los que han estado en cumpleaños míos son amistades estrechas”. CIPER contactó al abogado Mario Vargas y le dejó mensajes vía Whatsapp, el 9 de septiembre, para consultarle por su relación con la magistrada, pero hasta el cierre de este artículo no hubo respuesta. El Código Orgánico de Tribunales, en su artículo 196, establece como inhabilidad “tener el juez con alguna de las partes amistad que se manifieste por actos de estrecha familiaridad”. Si el vínculo entre Vivanco y Vargas califica dentro de lo que, a nivel legal, se considera “estrecha familiaridad”, es algo que debe resolver una instancia judicial. Pero, los registros en Facebook revisados por CIPER indican que entre la ministra y el abogado sí existe una relación cercana, lo que puede ser relevante para el análisis que ahora se debe hacer, tanto en la fiscalía como en la Corte Suprema, y eventualmente en el Congreso Nacional, si se abre una acusación constitucional, respecto de la intervención de Vivanco en el caso CBM-Codelco. En la misma tramitación del recurso interpuesto por CBM, el ministro Jean Pierre Matus, sí se inhabilitó por sus vínculos con el penalista Mario Vargas, pero invocando otra razón: “Haber el juez recibido de alguna de las partes un beneficio de importancia, que haga presumir empeñada su gratitud”. DISCÍPULO DE HERMOSILLA Mario Vargas, es señalado como discípulo de Luis Hermosilla. Fue Vargas quien en abril pasado interpuso ante la Corte de Apelaciones de Santiago un recurso para que no se le entregara al Consejo de Defensa del Estado (CDE), ni a ningún otro interviniente, los registros del teléfono de Hermosilla. Incluso, en una entrevista señaló que se debía destruir el contenido del dispositivo: “Creo que se debería destruir toda la información que contiene el teléfono del señor Hermosilla, porque la fiscalía no puede revisar información para la que no está autorizada”, dijo. Vargas sostuvo que la información obtenida de ese celular relacionada con el exdirector de la PDI, Sergio Muñoz, que implicó la formalización del entonces jefe policial por haber filtrado información reservada a Hermosilla, debió haber sido estimada como una prueba ilícita. La Corte de Apelaciones no acogió el recurso de protección de Vargas sobre el teléfono Hermosilla y lo declaró inadmisible. Vargas ha trabajado con Hermosilla en algunas causas. Tal es el caso del litigio por malversación de caudales públicos en el teatro regional de la Municipalidad de Rancagua. Hermosilla no figura con el patrocinio del ex alcalde Eduardo Soto, sino que Vargas Cociña. Pero Hermosilla entonces formaba parte de la defensa de Eduardo Soto porque en la otra causa que lo afectaba por esos días, la del acoso sexual, fue Hermosilla quien entregó la versión oficial del alcalde (lea ese artículo). Al finalizar la primera de las seis jornadas de la audiencia de formalización que culminó con Luis Hermosilla en prisión preventiva, la única persona que saludó al penalista con muestras de afecto y lo acompañó en el estacionamiento del centro de justicia fue Mario Vargas. PRENSA Y COMISIÓN DE ÉTICA Según pudo constatar CIPER, hay otro factor común entre CBM, Vivanco y Vargas: el trabajo del periodista Erik López, quien figura como asesor comunicacional de la ministra, del consorcio y de clientes de Mario Vargas. López hace de enlace con medios de comunicación que requieren respuestas de la ministra Vivanco. También coordina las solicitudes de prensa dirigidas a clientes de Mario Vargas, como ocurrió con Marco Antonio López Spagui, ex pareja de la conductora de televisión Tonka Tomicic, involucrado en el Caso Relojes. Asimismo, Erik López atiende los requerimientos periodísticos relacionados con el consorcio CBM. El 9 de marzo de 2023 quedó registrada en la plataforma de lobby la asistencia de Erik López, como gestor de intereses, a una reunión en la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales en la que se trató el conflicto entre CBM y Codelco. En esa ocasión, López concurrió junto a Josip Sekul, representante de Movitec S.A., empresa chilena asociada con la estatal bielorrusa Belaz. Este es el registro que quedó en la plataforma Infolobby:  Al ser consultado, López señaló que tomó a CBM la primera semana de febrero y que a Ángela Vivanco asesora desde junio de 2023. Y que su trabajo con ella no es remunerado. Mucho antes de que la prensa pusiera sus ojos en el tema CBM-Codelco, la Comisión de Ética de la Corte Suprema ya estaba indagando sobre la actuación de Vivanco en ese proceso. La comisión -que también tiene abiertos expedientes relacionados con los ministros Jean Pierre Matus, María Teresa Letelier, Mario Carroza y Sergio Muñoz- recibió testimonios, bajo estricta reserva, de personas que intervinieron en la tramitación de los recursos que enfrentaron al consorcio chileno-bielorruso con la cuprífera estatal. Según información confirmada por CIPER, el abogado de Codelco, Raimundo Labarca, fue invitado a entregar su testimonio ante la Comisión de Ética. También concurrió la relatora de la sala que vio los recursos, quien sostuvo que no advirtió irregularidades en el procedimiento. Una vez que el presidente de la Corte Suprema anunció la suspensión de Vivanco y la apertura del cuaderno de remoción, el Ministerio Público informó que, de oficio, se abrió una investigación por el caso CBM-Codelco, la que quedó radicada en la Fiscalía Regional de Los Lagos. Se trata de la misma sede del Ministerio Público que ya está investigando el ofrecimiento que le hizo la pareja de la ministra Vivanco, Gonzalo Migueles, al fiscal regional Carlos Palma durante la última elección del Fiscal Nacional. LA HISTORIA DE LOS RECURSOS La contienda legal entre Codelco y CBM fue polémica desde un inicio y finalizó con un revés total para la cuprífera, la que alegó en distintas instancias que el recurso de protección inicial interpuesto por la empresa bielorrusa era improcedente. El conflicto entre ambas partes se inició cuando Codelco, en febrero de 2023, puso término anticipado al contrato que sostenía con CBM para que esa empresa removiera tierras en el proyecto Rajo Inca de la División El Salvador, señalando incumplimientos graves por parte de CBM. Entonces, el consorcio activó una ofensiva judicial que en primera instancia le significó una derrota en la Corte de Apelaciones de Copiapó. Pero, CBM elevó su reclamó a la Corte Suprema, donde dio vuelta la resolución inicial. A través de varios recursos que le resultaron favorables, generó un desembolso de más de $17 mil millones por parte de Codelco. Los abogados que representaron a CBM a lo largo de este proceso fueron Mario Vargas y los exdiputados Eduardo Lagos y Gabriel Silber, todos asociados en el bufete Lagos, Vargas & Silberg Asesorías Legales. El consorcio fue constituido el 4 de febrero de 2021 por la empresa chilena Movimiento de Tierras y Construcción S.A. (Movitec). Se constituyó como una sociedad por acciones, y en donde la estatal bielorrusa Belaz forma parte del nombre. Movitec hoy es propiedad de los empresarios Jaime Eduardo Duch Higginson y Luis Sergio Sekul Requela, en conjunto con otras cuatro sociedades: Inversiones Las Galegas Limitada, Inversiones Costa Verde SpA, Inversiones Doña Joaquina Limitada e Inversiones Mar Adriático Limitada. En esas sociedades están, entre otros, los hermanos Josip Jurai Sekul Camus y Serjan Stevan Sekul Camus. Las actividades de la empresa bielorrusa están representadas en Chile por la sociedad Caex Latin America Spa (hasta el 21 de febrero de 2023 se llamó Belaz Latin America), constituída en octubre de 2017 y que es controlada por una filial de la estatal bielorrusa domiciliada en Singapur: Finmining Pte Ltd. (vea aquí documento del registro oficial de esa jurisdicción). En su litigio con Codelco, CBM partió interponiendo dos recursos de protección contra la cuprífera: uno ante la Corte de Apelaciones de Santiago y otro ante la Corte de Copiapó. En ambos le fue mal. Pero, el segundo, donde se acusó a Codelco de congelar pagos por más de $12 mil millones sin argumentos válidos y de retener arbitrariamente maquinaria y vehículos del consorcio al interior de su División El Salvador, llegó hasta la Tercera Sala de la Corte Suprema. Por esos días, esa sala era presidida temporalmente por Ángela Vivanco, en ausencia de su titular, Sergio Muñoz. La tramitación del recurso en la sala presidida por Vivanco desató la sorpresa en Codelco. En la empresa estatal estimaban que el reclamo de CBM debía formar parte de un litigio arbitral radicado en la justicia civil. Pero, además, les sorprendió que se tramitara cuando aún no estaba programado en la tabla de la sala y que avanzara en un tiempo récord de solo 48 horas, a pesar de que se trataba de un tema técnico complejo. La instancia presidida por Vivanco, acogió una orden de no innovar a favor de CBM y dejó en acuerdo revocar la decisión de la Corte de Apelaciones de Copiapó que señalaba que ese tipo de reclamaciones debían tramitarse en una instancia arbitral. El arbitraje, de hecho, estaba activo. El 4 de mayo de 2023 la Cámara de Comercio de Santiago designó al abogado Francisco Aninat para que resolviera la controversia. “El 30 de junio de 2023, se publicaron en la página web del Poder Judicial las minutas de cuenta de los distintos relatores que asistirían a la Tercera Sala ese día. En ninguna de dichas minutas se incluyó el recurso de apelación de autos (el recurso de CBM), lo que es consistente con el hecho de que no se había ordenado dar cuenta del mismo, y con los tiempos normales de tramitación que esta clase de recursos tienen ante el máximo tribunal”, fue parte del reclamo de Codelco ante la corte. La Tercera Sala le dio la razón a CBM y descongeló los pagos retenidos por Codelco, además de acoger la restitución de las maquinarias. Ese fallo implicó desembolsos de Codelco a CMB por $11,7 mil millones. En una segunda ofensiva, el consorcio acusó a la cuprífera de desacato, porque pasado los meses, no restituía los bienes. Y, además, solicitó a la Corte Suprema una aclaración respecto de quién debía asumir los costos del traslado de la maquinaria. Codelco reclamaba que ellos estaban disponibles a devolver, pero sin hacerse cargo de esos costos. En una enmienda emanada de la Tercera Sala de la Corte Suprema, otra vez cuando Vivanco estaba de presidenta, se volvió a dar el favor al consorcio, dejando a cargo de Codelco los costos asociados a la restitución. Ese fallo significó el desembolso de otros $4,4 mil millones de la estatal. Así, según comprobantes de pago que Codelco acompañó el 24 de julio de 2023 ante Corte de Apelaciones de Copiapó, hasta entonces había cumplido en dos pagos la cifra relativa el primer fallo: uno de $6.964 millones y otro por $4.770 millones. A eso se suma que, según también dio cuenta Codelco ante la misma instancia el 11 de diciembre de 2023, lo pagado por la movilización de maquinaria fueron $4.415 millones. Hasta entonces, el conflicto le había significado a Codelco pagar más de $16.150 millones a una empresa que, a criterio de la estatal, no había cumplido con su contrato original. La última jugada de CBM vino en marzo de este año, cuando interpuso un recurso de queja, alegando que la cuprífera debía hacerse cargo de los reajustes y el IVA comprometido en el traslado de la maquinaria a lo que, nuevamente, la Suprema accedió. Así, Codelco debió pagar más de $1.000 millones adicionales. En total $17.176.977.730, de los cuales los $1.000 millones correspondientes a IVA podrían ser recuperados por la cuprífera al final del año tributario. “La orden decretada fue que Codelco debía asumir el pago de todos los costos asociados al proceso desmovilización, de manera tal que el Tribunal de Alzada (Corte de Apelaciones de Copiapó), para resolver la petición de la actora relativa a los reajustes y pago de impuestos que indica, deberá, previamente, tramitar los incidentes que en derecho correspondan y que permitan tener por cumplida dicha orden judicial, en especial las liquidaciones pertinentes, incluyendo el examen de facturas, boletas y documentos fundantes de dichos costos”, dice el fallo de la sala presidida por Vivanco. |
Arista muñeca bielorrusa: El perfil de los integrantes de la Tercera Sala de la Suprema que fallaron en la causa. El conflicto se desencadenó cuando Codelco determinó en febrero de 2023 rescindir el contrato con Consorcio Belaz Movitec SpA, integrado por la empresa chilena Movitec y la estatal bielorrusa Belaz, (CBM). 10 de Septiembre de 2024 Por B.Olivares Nieto, Emol Un terremoto provocó la arista muñeca bielorrusa. Se trata de una de las tramas judiciales por las cuales el fiscal nacional, Ángel Valencia, anunció una investigación contra Ángela Vivanco, la suspendida ministra de la Corte Suprema a la que se le abrió un cuaderno de remoción en el arto tribunal. El conflicto se desencadenó cuando Codelco determinó en febrero de 2023 rescindir el contrato con Consorcio Belaz Movitec SpA, integrado por la empresa chilena Movitec y la estatal bielorrusa Belaz, (CBM), encargado de las obras del proyecto estructural Rajo Inca en la División Salvador. El proyecto buscaba extender la vida útil de la división por 47 años. Según Codelco, CBM presentó un retraso de doce meses en las obras, completando solo el 23% del avance requerido, además de incumplir normas de seguridad. Por ello, Codelco presentó una querella, cobrar las boletas de garantías y quedarse con sus maquinarias. En ese contexto, la Corte de Apelaciones de Copiapó falló a favor de la cuprífera Según consignó El Mostrador, tras el dictamen desfavorable, el consorcio privado decidió presentar un recurso de protección ante la misma corte, lo que fue rechazado. Sin embargo, la empresa decidió trasladar la causa a la capital, para insistir con el rechazado recurso de protección. Pero, esta vez ante la Corte Suprema, que acogió el recurso en junio de 2023. El 4 de julio de 2023, la Tercera Sala, presidida por la ministra Ángela Vivanco en suplencia del juez Sergio Muñoz por vacaciones, revirtió este fallo obligando a Codelco a pagar los US$20 millones a CBM, más otros US$ 5 millones en gastos. ¿Quiénes integraban la sala? La sala estaba integrada por los ministros por los ministros Ángela Vivanco, Mario Carroza y María Cristina Gajardo, mientras que las abogadas integrantes eran Leonor Etcheberry y María Angélica Benavides. De ellos, solo votó en contra de la ministra Gajardo, que estuvo por rechazar el recurso de protección. -Mario Carroza: El 21 de diciembre de 2020 la sala del Senado aprobó su designación como nuevo integrante del máximo tribunal, en el puesto que dejó el ex ministro Lamberto Cisternas, que finalizó su carrera judicial tras alcanzar la edad máxima legal. La decisión fue adoptada por 35 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones. Los cuatro votos contrarios a la designación propuesta por el Presidente Sebastián Piñera, fueron de los senadores de la UDI Jacqueline van Rysselberghe, Iván Moreira, José Miguel Durana y Kenneth Pugh (RN). Carroza ingresó al escalafón de empleados del Poder Judicial en 1977, a los 26 años de edad. Más tarde, ocupó los cargos de secretario, juez y relator en las jurisdicciones de Cauquenes, Puente Alto, Santiago y San Miguel. Luego, fue nombrado Fiscal Judicial de la Corte de Apelaciones de Santiago, incorporándose al tribunal en calidad de ministro el año 2007. Según acuso Ciper, al ex juez de la Corte de Apelaciones de Santiago, Juan Poblete, le escribió en 2021 Carroza, haciéndole llegar un mensaje del magistrado Antonio Ulloa, en el que pedía favorecer a un postulante a notario en Tierra Amarilla. También asumió como coordinador nacional del máximo tribunal en las más de 1.500 causas sobre violaciones a los derechos humanos pendientes entre el 11 de marzo de 1973 y el 11 de marzo de 1990. El magistrado ya investigó más de 250 causas de violaciones de derechos humanos con anterioridad. Entre sus indagatorias más emblemáticas están el caso Caravana de la Muerte, caso Quemados y Operación Cóndor. -María Cristina Gajardo: En 2022, que con 29 votos a favor el senado, aprobó la propuesta para designar a la profesora María Cristina Gajardo Harboe como nueva ministra de la Corte Suprema. Ella fue propuesta por el Presidente Sebastián Piñera para el cupo destinado a abogados que no se hayan desempeñado como juez. El puesto había pertenecido a María Eugenia Sandoval, que dejó el Poder Judicial tras cumplir la edad legal para ejercer como ministra. Es titulada de la Universidad de Chile, diplomada en Seguridad Social por la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, OISS, Madrid (1989); magíster en Planificación y Dirección Tributaria por la Universidad Adolfo Ibáñez (2005) y doctora en Derecho de la Universidad de Chile y Universidad de Sevilla (2017). También fue profesora del Departamento de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Facultad de Derecho U. de Chile. En su trayectoria resalta haber sido parte de la Corte de Apelaciones de Santiago (2010 a 2012), y es abogada integrante de Corte Suprema para el período 2018-2021 y 2021-2024. -Leonor Etcheberry: La integrante de la sala también fue parte de la resolución que condenó en 2021 al Estado de Chile a pagar una indemnización total de $1.000.000.000 por falta de servicio, a los cuatro hijos del matrimonio de Werner Luchsinger Lemp y Vivian Mackay González. En la sentencia, la Tercera Sala del máximo tribunal –también integrada por los ministros Ángela Vivanco, Adelita Ravanales, Jorge Zepeda y el abogado y Gonzalo Ruz– estableció la falta de servicio de las policías al no adoptar medidas de seguridad que evitaran hechos delictuales en contra del fundo, pese a existir amenazas previas al ataque incendiario. También fue presidenta del Colegio de Abogados de Chile. -María Angélica Benavides: Doctora en derecho por la Universidad del Sarre (Alemania). Abogada y licenciada en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile. También máster en Derecho Europeo y Diplomada en Derecho Europeo con mención en Derechos Humanos en la Universidad del Sarre (Alemania). Abogada integrante de la Corte Suprema y participó en el dictamen de 2021 de la Corte Suprema, que acogió el recurso de protección y ordenó a un establecimiento educacional de Quilpué, Región del Valparaíso, a promover a alumna con síndrome de Down a segundo año básico y adoptar la modalidad de exámenes libres. Libro Civil Nº 141421 de la Corte Suprema de Justicia, año 2023; Fecha de ingreso : 28/06/2023 Caratulado: CONSORCIO BELAZ MOVITEC SPA/CODELCO CHILE. ABG. RECURRENTE 10.666.872-8 MARIO ANDRÉS VARGAS COCIÑA ABG. RECURRENTE 18.593.554-K ISAAC EDUARDO RAMÍREZ ROJAS RECURRENTE 77.316.237-9 CONSORCIO BELAZ MOVITEC SpA RECURRIDO 61.704.000-K CODELCO CHILE ABG. RECURRENTE 8.006.944-8 CARLOS EDUARDO LAGOS HERRERA |
 Ángela Vivanco Martínez (Santiago, 9 de marzo de 1963) es una abogada y jueza chilena. Desde agosto de 2018 es integrante de la Corte Suprema de Chile. Biografía. Estudió Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Chile, titulándose de abogada, en 1989. Es Magíster en Ciencia Política por lo misma universidad. Es Doctora en Derecho por la Universidad de La Coruña, España.5Su especialización está en el área de la bioética. Estuvo casada con el abogado Raúl Madrid, quien fue secretario general de la Universidad Católica entre 2000 y 2010. Tienen una hija en común. Actualmente es pareja de Víctor Gonzalo Migueles, quien desde 2024 está siendo investigado por su injerencia en la elección del fiscal nacional. Trayectoria Ha sido cercana a la derecha política en Chile. En 1992 asumió como vicepresidenta del partido Unión de Centro Centro (UCC) de Francisco Javier Errázuriz Talavera,89 convirtiéndose en secretaria general en octubre del mismo año, y en enero de 1995 asumió la presidencia de dicha colectividad. En las elecciones parlamentarias de 1997 se presentó como candidata a diputada por el distrito 27 (El Bosque, La Cisterna y San Ramón) por el partido Renovación Nacional (RN), no resultando electa. Su trayectoria se vincula con el mundo privado y académico, donde trabajó como abogada asesora de Empresas UC, y de la Asociación Nacional de Televisión A.G., fiscal en la AFP Planvital S.A. y en la Compañía Renta Nacional de Seguros Generales y Seguros. Además de ser docente en la Universidad Católica, ejerció como decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás entre 2011 y 2012, y como vicerrectora académica en dicho plantel hasta 2016. También fue académica de la Universidad del Desarrollo, Universidad de los Andes y la Universidad Adolfo Ibáñez, y al menos hasta 2023, también figuraba como profesora de la Universidad San Sebastián. En 2015 participó en la publicación del documento Chile no necesita una Nueva Constitución, elaborado por un grupo de estudios constitucionales de la Unión Demócrata Independiente (UDI) durante el proceso constituyente de esa época, donde se defendía el legado de la Constitución de 1980. En 2018 representó a la coalición de derecha Chile Vamos en el debate contra el aborto por tres causales; luego representó a la Universidad Católica en un recurso contra el Ministerio de Salud por la objeción de conciencia en la Ley de aborto. Ese mismo año fue ratificada por el presidente Sebastián Piñera como miembro de la Corte Suprema, con 30 votos a favor en el Senado. Entre 2022 y 2023 actuó como vocera de esa institución.18Desde ese rol ha formado parte de la Tercera Sala, donde se abordan fallos relacionados a cuestiones constitucionales, como el derecho a la salud, medioambiente, libertades públicas, o libre competencia. Controversias. Opiniones sobre la Convención Constitucional. Se le criticó al interior del Poder Judicial por su rol demasiado activo en los debates nacionales. En 2022 se manifestó contraria a las normas aprobadas por la entonces Comisión de Sistemas de Justicia de la fallida Convención Constitucional, y rechazó recurso de protección por el uso de químicos tóxicos en los carros lanza aguas en contra de los manifestantes durante estallido social. Fallo contra las Isapres En junio de 2023 se manifestó públicamente, en una entrevista en profundidad al diario La Tercera, sobre el alcance que debería tener la devolución de cobros de las Isapres a sus beneficiarios, todo esto en medio del fallo judicial contra las prestadoras de seguros médicos. Sus declaraciones, cuando aún era vocera de la Corte Suprema y que se realizaron antes que el pleno de la corte deliberara el caso, fueran interpretadas como un intervencionismo y le significó renunciar a su cargo como portavoz de la institución. Caso Hermosilla En septiembre de 2024 y como parte de las investigaciones del llamado Caso Hermosilla, se revisaron las conversaciones de mensajería instantánea entre el abogado penalista y diversos contactos en el poder ejecutivo y judicial, entre ellos Vivanco. La revisión y difusión de sus chats mostró no sólo la estrecha relación de amistad entre ambos, si no la larga lista de favores que se prestaban, entre ellos el eventual tráfico de influencias de Hermosilla en el ejecutivo y en el parlamento para apoyar la nominación de Vivanco como jueza de la Corte, y la entrega de información confidencial desde Vivanco a favor de Hermosilla en ciertos casos en los que éste oficiaba como defensor, particularmente aquellos que involucraban a la Policía de Investigaciones y a Carabineros. Como consecuencia, el pleno de la Corte Suprema, en una sesión extraordinaria, ordenó la apertura un cuaderno de remoción y suspensión de sus funciones contra Vivanco. El cuaderno de remoción se basa en los siguientes hechos en que se pide que se informe dentro de los 20 días:
Luego de que conociera esta información, la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde dictaba clases, suspendió sus actividades docentes. |
Remoción de Ángela Vivanco: esperemos que el estándar de probidad del Poder Judicial siga en la práctica este camino. Redacción El Rancagüino 13 de octubre de 2024 Jorge Astudillo Muñoz, académico de Derecho, UNAB Sede Viña del Mar. El escándalo «Caso Audios» en 2023, originado por la filtración de una grabación de una reunión entre el influyente abogado Luis Hermosilla, la abogada Leonarda Villalobos y el empresario Daniel Sauer, dejó al descubierto una trama de influencias que ha impactado a la sociedad chilena. Desde el momento en que esos audios se hicieron públicos, muchas personas en los ámbitos político, empresarial y judicial intuyeron que las repercusiones serían graves y profundas. Y el tiempo les dio la razón. Efectivamente, los pronósticos no solo se han ido cumpliendo, sino que han confirmado una realidad que, por mucho tiempo, permaneció oculta bajo la superficie, aunque paradójicamente, la mayoría de los actores forenses tenían conciencia de ella: la existencia de redes de poder que operan al margen de la transparencia y la legalidad que deberían regir las instituciones en un Estado de Derecho. El 10 de octubre de 2024 quedará marcado como una fecha emblemática en la historia judicial de Chile. La Corte Suprema, el máximo tribunal del país, adoptó una decisión unánime e histórica al remover a la ministra Ángela Vivanco de su cargo. Su vinculación con las redes de contacto de Hermosilla fue lo suficientemente grave para adoptar esta remoción. La decisión fue clara y directa: “El conjunto de antecedentes reunidos y los hechos que ha sido posible constatar permiten determinar y concluir que la ministra Ángela Vivanco Martínez incurrió en un comportamiento que afecta a los principios de independencia, imparcialidad, probidad, integridad y transparencia que rigen a los miembros de la magistratura». Palabras duras, pero necesarias, que subrayan la gravedad de los hechos. La Corte Suprema, dejó en claro que no hay lugar para las influencias indebidas o los favores personales en el ejercicio de la judicatura. La remoción de Ángela Vivanco es la consecuencia lógica de una conducta que comprometió no solo su rol como ministra, sino también la confianza del país en el sistema judicial. Una confianza que, en estos tiempos, es más frágil que nunca. A la luz de los antecedentes conocidos, parece claro que la remoción de Vivanco está ajustada a Derecho y basada en sólidos fundamentos que esperamos sean desarrollados de manera racional y suficiente cuando se publique el texto definitivo del fallo. Las faltas que se le atribuyen son graves, pues comprometen uno de los pilares más fundamentales de la democracia: el Estado de Derecho. En este sentido, el fallo de la Corte Suprema no solo está justificado, sino que también es necesario para preservar la integridad del sistema judicial. Sin embargo, esta medida va más allá de la remoción de una ministra. Marca un antes y un después en los estándares éticos y profesionales que se exigen a los miembros del Poder Judicial. A partir de hoy, los ciudadanos debemos esperar un comportamiento impecable de los jueces y magistrados, especialmente de aquellos que ocupan puestos en tribunales superiores. Los chilenos no podemos tolerar más aquellas prácticas de las que muchos comentan pero por temor no denuncian, como los «besamanos» o las llamadas de influencias para el nombramiento de jueces o notarios de las que muchos hablan pero que nadie nunca ha denunciado. Este tipo de prácticas, que minan la credibilidad del sistema judicial, no deben tener cabida en nuestro país, ni siquiera como rumores o insinuaciones y es deber de los hombres y mujeres que integran el Poder Judicial encargarse que el ejercicio de sus funciones no se encuentre empañado, ni siquiera con una duda. Los jueces son los garantes de nuestra libertad y derechos. Son la última barrera de defensa contra el abuso de poder, y sus decisiones tienen un impacto directo en la vida de los ciudadanos. Por eso, deben ser un ejemplo de integridad, imparcialidad y transparencia. No puede haber espacio para las dudas sobre su comportamiento o su ética. Un juez que compromete su integridad personal, compromete también la justicia de todo un país. La remoción de Ángela Vivanco ha sido una medida necesaria para comenzar a restaurar la confianza en el Poder Judicial. Su conducta fue inaceptable, y la Corte actuó en consecuencia. No obstante, la responsabilidad no termina con su salida. Se nos debe asegurar de que nunca más en Chile un abogado como Luis Hermosilla pueda llamar o contactar a una jueza como Ángela Vivanco para torcer los principios de igualdad ante la ley y ante la justicia. Y para que ello sea así, es necesario que desde el sistema político se trabaje en la creación e implementación de mecanismos que estructuralmente asegures la independencia externa de los poderes del Estado, en este caso, del Poder Judicial y con la misma fuerza la independencia interna de la magistratura. El caso Hermosilla-Vivanco nos recuerda que la justicia no puede ser una moneda de cambio en manos de quienes ostentan poder y dinero. Los ciudadanos merecemos y debemos exigir un sistema judicial que no solo sea justo, sino que lo parezca en todo momento. En última instancia, lo que está en juego no es solo el destino de una ministra o la reputación de un abogado. Es la confianza de los chilenos en su sistema de justicia. Un sistema que, aunque imperfecto, debe esforzarse cada día por ser mejor, más transparente y más equitativo. |
Mario Vargas Cociña.  Mario Vargas Cociña es abogado de la Universidad Católica de Temuco, donde tiene diplomados en Derecho Penal y Reforma Procesal Penal. Además, cuenta con un máster en Derecho Penal de la Universidad de Chile. Durante siete años estuvo en la Defensoría Penal Pública, pero desde 2012 que trabaja como abogado independiente. De la misma forma que Hermosilla, el abogado Vargas ha estado presente en notorios casos penales de interés público. Por ejemplo, fue defensor del carabinero Patricio Maturana, condenado a 12 años de prisión por herir con una bomba lacrimógena a la senadora Fabiola Campillai, y provocarle su ceguera. Además, también fue abogado del exdiputado Gustavo Hasbún (UDI), cuando lo acusaron de solicitar coimas para dar preferencias dentro de proyectos del Ministerio de Obras Públicas. Igualmente, defendió al exjefe de Inteligencia del Ejército, Schafik Nazál, acusado de espiar al periodista Mauricio Weibel. Asimismo, abogó por el sacerdote John O’Reilly, condenado a 4 años de prisión por abuso sexual en contra de una menor. En la lista de Vargas también aparece el director de cine Herval Abreu, acusado de abuso sexual y de poder por siete actrices. También fue abogado de Parived, investigado por vínculos con una organización criminal que aparentemente vendía relojes y joyas robadas. Por otra parte, también defendió a Hernán ‘Nano’ Calderón, quien tuvo un juicio tras apuñalar a su padre. Vargas también es reconocido porque creó la Defensoría de Carabineros, donde fue director ejecutivo. Sin embargo, también tuvo un episodio donde lo detuvieron por infringir el toque de queda, y posteriormente, en la comisaría, lesionó a un uniformado, según reveló Interferencia. Actualización 11-09-2024 Mario Vargas Cociña ahora apareció en una nueva trama que involucra a la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, a quien investigan por presunto tráfico de influencia, negociación incompatible y cohecho en el Caso Bielorrusia. Resulta que el defensor representó al Consorcio Belax Motivez (CBM) en una causa contra Codelco. Inicialmente la Corte de Apelaciones de Copiapó falló a favor de la nacional. Sin embargo, cuando el caso arribó a la Suprema, a manos de Vivanco, la decisión se revirtió en solo unos días. Justamente, quien defendía a CBM era Vargas Cociña, quien también, según aseguró Vivanco, es un conocido de ella. De hecho, estuvo en su último cumpleaños, en marzo. Todo esto al mismo tiempo que se revelaron chats entre Luis Hermosilla y Ángela Vivanco, donde ambos se piden distintos favores. El primero de todos, que el defensor le ayudará a la jueza a convertirse en ministra de la Suprema. |
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