"Un proceso con muchas ramas, políticas, éticas , judiciales y profesionales."
7 Septiembre 2024  Perfil: Leonarda Villalobos, la olvidada. Por Rafael Gumucio. Escritor y columnista. En Capitán Yáber no hay mujeres no por alguna consideración heteropatriarcal, sino porque las mujeres que cometen esos delitos, con la repercusión, con la audacia, con los caudales que implican, son inéditas en la historia de Chile. Leonarda inauguró un género, y debería por eso mismo premiada por “Comunidad Mujer” o por el SERNAMEG o por ambos organismos. Los crímenes de cuello y corbata, a partir de Leonarda, pueden ser también, de crímenes de blusa y rouge. Leonarda, y su audacia e impericia, es lo único realmente nuevo en el Caso Audio. Juan Pablo Hermosilla intentaba liberar nuevamente a su hermano mayor de la prisión preventiva. Usaba para ello, desde la persecución política, el fin del estado de derecho, y la lectura de su propio currículum. Al lado Leonarda Villalobos esperaba el fin de su propio infierno. Encerrada en la cárcel común, en el penal para mujeres de San Miguel, convive con narcotraficantes y parricidas que la amenazan de muerte y, sobre todo, con la infernal falta de contrapuntos del reggaetón que tocan toda la noche. Capitán Yáber no es un hotel, pero al menos tendría ahí acceso a reclusos acusados de crímenes parecidos a los suyos. Crímenes sin sangre, sin violencia probable que se basan en hacer liquido lo sólido, en convertir en personal, en familiar, la letra fría de la ley y todas sus trampas. Nada de lo que se dijo ahí chocó a Leonarda Villalobos, solo le aburrió no poder ir más rápido a nombrar sociedades para que la operación quedara correctamente grabada en los audios con que dice pensaba protegerse cuando cayeran sospechas sobre ella. Las voces entonces como armas y Leonarda como la peor armada de los cowboys o mafiosos que aprontan a dispararse todos al mismo tiempo a ver quién sobrevive. En Capitán Yáber no hay mujeres no por alguna consideración heteropatriarcal, sino porque las mujeres que cometen esos delitos, con la repercusión, con la audacia, con los caudales que implican, son inéditas en la historia de Chile. Leonarda inauguró un género, y debería por eso mismo premiada por “Comunidad Mujer” o por el SERNAMEG o por ambos organismos. Los crímenes de cuello y corbata, a partir de Leonarda, pueden ser también, de crímenes de blusa y rouge. Leonarda, y su audacia e impericia, es lo único realmente nuevo en el Caso Audio. Cada cual ve lo que quiere ver, y no son pocos los columnistas que interpretan el casp como una prueba más de esta élite endogámica que le da la espalda a ese pueblo honesto y abusado que no tiene, ante la impotencia, más que salir a la calle y quemar semáforos de vez en cuando. Pero la historia de Leonarda es justamente lo contrario de la que estos columnistas quieren contar. Leonarda no venía de los colegios de los que había que venir, menos de las universidades más reputada del país. Esto no le impidió hacer negocio con el abogado de la plaza mejor conectado: El inevitable Luis Hermosilla. Este encuentro no es, sin embargo, fruto de un puro azar. El trabajo de Luis Hermosilla no consistía solo en alabar a los poderosos y pedirles favores o armar con ellos operaciones que consistían en tomar chocolate sin pagar lo que se debe. No, el verdadero trabajo de Luis Hermosilla era el de hacer de aduana social en un país que vivía, en este aspecto, una perpetua transformación. Su papel era hacer presentable familias y grupos económicos a los patios del poder. Cobraba por ello en dinero, pero también en más favores, o amistad. Una versión paródica de los ideales de su juventud comunista. La funcionaria Villalobos conoció la angustia de perder la pega y la de seguir en ella. Vio cómo jovencitos cuicos del Frente Amplio la desplazaban a ella y a su marido. Cansada de esperar en la fila, cansada de haber empezado demasiado adulta a estudiar derecho en una universidad de poco prestigio, decidió que tenía que ir donde “las papas queman”. Dejar el prestigio del lamento, olvidar las promesas de la centro izquierda y negociar con grupos económicos, como ella, frágiles, arriesgados, despreciados, olvidados. Una factoría de primos o sobrinos de ricos de verdad, niños que no saben jugar con sus juguetes, zorrones envejecidos que se andan tropezando con la ley. Hija de un Chile que invariablemente cambió la lógica de la hacienda, la de los apellidos vinosos o banqueros que no tuvo nada que ver con su tragedia. Voló con alas que no tenía y despertó como parte de un esquema de negocio que la sobrepasó completamente. Su triste figura sin atributos, tiene que soportar horas y horas de chat con un ex-vicepresidente de la república, jueces, ministro de la corte, todo un país del que le tocaba hasta ahora ser espectadora, del que ahora es actriz de reparto, sin parlamentos ni escenas propias. Obligada a callar esperando que algún juez o corte se apiade de ella y la libere de escuchar toda la noche reggaetón. |
RIT : Ordinaria.-10454-2016 RUC : 1610021227-0 Fecha Ingreso: 14/06/2016 Forma Inició: Querella. Caratulado: MARIA PAZ CAJAS MONTIEL C/ TIARE NOEMÍ VERGARA TORRES. 7º Juzgado de Garantía de Santiago. |
SE TRATA DE MARIO VARGAS, EL MISMO QUE SOLICITÓ DESTRUIR LOS REGISTROS DEL CELULAR DE HERMOSILLA. Ángela Vivanco falló a favor de consorcio chileno-bielorruso sin transparentar su relación cercana con abogado de esa empresa. 11.09.2024 Por Paulina Toro. Mario Vargas representó al consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec (CBM) cuando se enfrentó con Codelco, consiguiendo que la cuprífera desembolsara cerca de $17 mil millones. Ese proceso hoy está bajo la mira de la Corte Suprema y del Ministerio Público por eventuales anomalías que pudieron favorecer a CBM en la sala que presidía temporalmente la ministra Ángela Vivanco. La magistrada falló a favor de CBM sin manifestar que tenía una estrecha relación con Vargas. CIPER le consultó a Vivanco por qué no se había inhabilitado y ella respondió que no lo hizo “porque soy conocida y no amiga” del abogado. Sin embargo, según testigos y registros en redes sociales, Vargas sí forma parte de su círculo de amistades: estuvo en la fiesta de cumpleaños de la ministra en marzo pasado y también en un reducido grupo de invitados a la cena que Vivanco organizó en su casa en 2022 para el fiscal Carlos Palma, cuando este competía para ser fiscal nacional. El domingo 10 de marzo pasado, la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, posteó en su perfil de Facebook lo siguiente: “Cumpleaños segunda parte. Feliz con los amigos que me fueron a ver”. Según registros de ese evento compartidos en la misma red social, el abogado penalista que trabajó estrechamente con Luis Hermosilla durante años, Mario Vargas Cociña, se encontraba en ese selecto grupo de amigos y familiares invitados a la fiesta (vea un video de esa celebración que fue compartido en Facebook y en el que Vargas aparece). Vargas también estuvo en el reducido grupo de cercanos a Vivanco que concurrió a la residencia de la magistrada en mayo de 2022, cuando ella organizó una cena para el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, quien ese año competía para convertirse en fiscal nacional. A ese evento asistieron, también, otros cuatro ministros de la Corte Suprema y el ex-fiscal regional Metropolitano Oriente, Manuel Guerra. Fue la propia ministra Vivanco quien confirmó, en entrevista con CNN Chile, que había organizado esa cena. Y luego el fiscal Palma identificó a los asistentes, entre los que mencionó a Mario Vargas, en una nota de La Tercera. A pesar de la cercanía y confianza entre Vivanco y Vargas que dejan en evidencia estos registros, la magistrada no reveló su estrecho vínculo con el abogado cuando este representó al consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec (CBM) y ella falló a su favor. Ese procedimiento judicial, que enfrentó a CBM con Codelco, y que le significó a la empresa estatal un desembolso de cerca de $17,1 mil millones, hoy está en el centro de los cuestionamientos que tienen a Vivanco suspendida de su cargo en la Corte Suprema, donde se le abrió un cuaderno de remoción, y enfrentada a una investigación del Ministerio Público y a la posibilidad de que sea acusada constitucionalmente en el Congreso Nacional.
Este lunes 9 de septiembre, después de que CIPER publicó los chats de Vivanco con Luis Hermosilla y de que un artículo de El Mostrador revelara situaciones eventualmente anómalas en la participación de la magistrada en el conflicto entre CBM y Codelco, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, anunció que el pleno del máximo tribunal había decidido abrir el expediente de remoción de la ministra por seis episodios. El segundo de ellos es “irregularidades cometidas en la tramitación y conocimiento de la causa de consorcio Belaz Movitec SpA con Codelco”. El mismo lunes, el exfiscal Carlos Gajardo posteó en X (antes Twitter) la nómina y relaciones de los abogados que intervinieron en la ofensiva legal de CBM contra Codelco. Esa ofensiva incluyó cuatro recursos judiciales ante la Corte Suprema y en todos ellos intervino Vivanco. En ninguna de esas ocasiones, la magistrada transparentó su relación con Vargas. El 29 de agosto pasado, CIPER consultó a Ángela Vivanco respecto a si su amistad con Vargas configuraba inhabilidad para revisar la tramitación de estos recursos. Su respuesta fue que no, “porque soy conocida y no amiga”. Y en una nueva pregunta realizada este martes 10 de septiembre, sobre la presencia en su cumpleaños del abogado de CBM que por esos días litigaba en su sala, a través de su abogado, Juan Carlos Manríquez, señaló lo siguiente: “A mis cumpleaños han llegado a veces personas que están con los invitados. Y Antonio Ulloa (ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, presente en el video) es muy amigo de Mario Vargas Cociña y muchas veces anda con él, incluso con él y la mujer. No todos los que han estado en cumpleaños míos son amistades estrechas”. CIPER contactó al abogado Mario Vargas y le dejó mensajes vía Whatsapp, el 9 de septiembre, para consultarle por su relación con la magistrada, pero hasta el cierre de este artículo no hubo respuesta. El Código Orgánico de Tribunales, en su artículo 196, establece como inhabilidad “tener el juez con alguna de las partes amistad que se manifieste por actos de estrecha familiaridad”. Si el vínculo entre Vivanco y Vargas califica dentro de lo que, a nivel legal, se considera “estrecha familiaridad”, es algo que debe resolver una instancia judicial. Pero, los registros en Facebook revisados por CIPER indican que entre la ministra y el abogado sí existe una relación cercana, lo que puede ser relevante para el análisis que ahora se debe hacer, tanto en la fiscalía como en la Corte Suprema, y eventualmente en el Congreso Nacional, si se abre una acusación constitucional, respecto de la intervención de Vivanco en el caso CBM-Codelco. En la misma tramitación del recurso interpuesto por CBM, el ministro Jean Pierre Matus, sí se inhabilitó por sus vínculos con el penalista Mario Vargas, pero invocando otra razón: “Haber el juez recibido de alguna de las partes un beneficio de importancia, que haga presumir empeñada su gratitud”. DISCÍPULO DE HERMOSILLA Mario Vargas, es señalado como discípulo de Luis Hermosilla. Fue Vargas quien en abril pasado interpuso ante la Corte de Apelaciones de Santiago un recurso para que no se le entregara al Consejo de Defensa del Estado (CDE), ni a ningún otro interviniente, los registros del teléfono de Hermosilla. Incluso, en una entrevista señaló que se debía destruir el contenido del dispositivo: “Creo que se debería destruir toda la información que contiene el teléfono del señor Hermosilla, porque la fiscalía no puede revisar información para la que no está autorizada”, dijo. Vargas sostuvo que la información obtenida de ese celular relacionada con el exdirector de la PDI, Sergio Muñoz, que implicó la formalización del entonces jefe policial por haber filtrado información reservada a Hermosilla, debió haber sido estimada como una prueba ilícita. La Corte de Apelaciones no acogió el recurso de protección de Vargas sobre el teléfono Hermosilla y lo declaró inadmisible. Vargas ha trabajado con Hermosilla en algunas causas. Tal es el caso del litigio por malversación de caudales públicos en el teatro regional de la Municipalidad de Rancagua. Hermosilla no figura con el patrocinio del ex alcalde Eduardo Soto, sino que Vargas Cociña. Pero Hermosilla entonces formaba parte de la defensa de Eduardo Soto porque en la otra causa que lo afectaba por esos días, la del acoso sexual, fue Hermosilla quien entregó la versión oficial del alcalde (lea ese artículo). Al finalizar la primera de las seis jornadas de la audiencia de formalización que culminó con Luis Hermosilla en prisión preventiva, la única persona que saludó al penalista con muestras de afecto y lo acompañó en el estacionamiento del centro de justicia fue Mario Vargas. PRENSA Y COMISIÓN DE ÉTICA Según pudo constatar CIPER, hay otro factor común entre CBM, Vivanco y Vargas: el trabajo del periodista Erik López, quien figura como asesor comunicacional de la ministra, del consorcio y de clientes de Mario Vargas. López hace de enlace con medios de comunicación que requieren respuestas de la ministra Vivanco. También coordina las solicitudes de prensa dirigidas a clientes de Mario Vargas, como ocurrió con Marco Antonio López Spagui, ex pareja de la conductora de televisión Tonka Tomicic, involucrado en el Caso Relojes. Asimismo, Erik López atiende los requerimientos periodísticos relacionados con el consorcio CBM. El 9 de marzo de 2023 quedó registrada en la plataforma de lobby la asistencia de Erik López, como gestor de intereses, a una reunión en la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales en la que se trató el conflicto entre CBM y Codelco. En esa ocasión, López concurrió junto a Josip Sekul, representante de Movitec S.A., empresa chilena asociada con la estatal bielorrusa Belaz. Este es el registro que quedó en la plataforma Infolobby:  Al ser consultado, López señaló que tomó a CBM la primera semana de febrero y que a Ángela Vivanco asesora desde junio de 2023. Y que su trabajo con ella no es remunerado. Mucho antes de que la prensa pusiera sus ojos en el tema CBM-Codelco, la Comisión de Ética de la Corte Suprema ya estaba indagando sobre la actuación de Vivanco en ese proceso. La comisión -que también tiene abiertos expedientes relacionados con los ministros Jean Pierre Matus, María Teresa Letelier, Mario Carroza y Sergio Muñoz- recibió testimonios, bajo estricta reserva, de personas que intervinieron en la tramitación de los recursos que enfrentaron al consorcio chileno-bielorruso con la cuprífera estatal. Según información confirmada por CIPER, el abogado de Codelco, Raimundo Labarca, fue invitado a entregar su testimonio ante la Comisión de Ética. También concurrió la relatora de la sala que vio los recursos, quien sostuvo que no advirtió irregularidades en el procedimiento. Una vez que el presidente de la Corte Suprema anunció la suspensión de Vivanco y la apertura del cuaderno de remoción, el Ministerio Público informó que, de oficio, se abrió una investigación por el caso CBM-Codelco, la que quedó radicada en la Fiscalía Regional de Los Lagos. Se trata de la misma sede del Ministerio Público que ya está investigando el ofrecimiento que le hizo la pareja de la ministra Vivanco, Gonzalo Migueles, al fiscal regional Carlos Palma durante la última elección del Fiscal Nacional. LA HISTORIA DE LOS RECURSOS La contienda legal entre Codelco y CBM fue polémica desde un inicio y finalizó con un revés total para la cuprífera, la que alegó en distintas instancias que el recurso de protección inicial interpuesto por la empresa bielorrusa era improcedente. El conflicto entre ambas partes se inició cuando Codelco, en febrero de 2023, puso término anticipado al contrato que sostenía con CBM para que esa empresa removiera tierras en el proyecto Rajo Inca de la División El Salvador, señalando incumplimientos graves por parte de CBM. Entonces, el consorcio activó una ofensiva judicial que en primera instancia le significó una derrota en la Corte de Apelaciones de Copiapó. Pero, CBM elevó su reclamó a la Corte Suprema, donde dio vuelta la resolución inicial. A través de varios recursos que le resultaron favorables, generó un desembolso de más de $17 mil millones por parte de Codelco. Los abogados que representaron a CBM a lo largo de este proceso fueron Mario Vargas y los exdiputados Eduardo Lagos y Gabriel Silber, todos asociados en el bufete Lagos, Vargas & Silberg Asesorías Legales. El consorcio fue constituido el 4 de febrero de 2021 por la empresa chilena Movimiento de Tierras y Construcción S.A. (Movitec). Se constituyó como una sociedad por acciones, y en donde la estatal bielorrusa Belaz forma parte del nombre. Movitec hoy es propiedad de los empresarios Jaime Eduardo Duch Higginson y Luis Sergio Sekul Requela, en conjunto con otras cuatro sociedades: Inversiones Las Galegas Limitada, Inversiones Costa Verde SpA, Inversiones Doña Joaquina Limitada e Inversiones Mar Adriático Limitada. En esas sociedades están, entre otros, los hermanos Josip Jurai Sekul Camus y Serjan Stevan Sekul Camus. Las actividades de la empresa bielorrusa están representadas en Chile por la sociedad Caex Latin America Spa (hasta el 21 de febrero de 2023 se llamó Belaz Latin America), constituída en octubre de 2017 y que es controlada por una filial de la estatal bielorrusa domiciliada en Singapur: Finmining Pte Ltd. (vea aquí documento del registro oficial de esa jurisdicción). En su litigio con Codelco, CBM partió interponiendo dos recursos de protección contra la cuprífera: uno ante la Corte de Apelaciones de Santiago y otro ante la Corte de Copiapó. En ambos le fue mal. Pero, el segundo, donde se acusó a Codelco de congelar pagos por más de $12 mil millones sin argumentos válidos y de retener arbitrariamente maquinaria y vehículos del consorcio al interior de su División El Salvador, llegó hasta la Tercera Sala de la Corte Suprema. Por esos días, esa sala era presidida temporalmente por Ángela Vivanco, en ausencia de su titular, Sergio Muñoz. La tramitación del recurso en la sala presidida por Vivanco desató la sorpresa en Codelco. En la empresa estatal estimaban que el reclamo de CBM debía formar parte de un litigio arbitral radicado en la justicia civil. Pero, además, les sorprendió que se tramitara cuando aún no estaba programado en la tabla de la sala y que avanzara en un tiempo récord de solo 48 horas, a pesar de que se trataba de un tema técnico complejo. La instancia presidida por Vivanco, acogió una orden de no innovar a favor de CBM y dejó en acuerdo revocar la decisión de la Corte de Apelaciones de Copiapó que señalaba que ese tipo de reclamaciones debían tramitarse en una instancia arbitral. El arbitraje, de hecho, estaba activo. El 4 de mayo de 2023 la Cámara de Comercio de Santiago designó al abogado Francisco Aninat para que resolviera la controversia. “El 30 de junio de 2023, se publicaron en la página web del Poder Judicial las minutas de cuenta de los distintos relatores que asistirían a la Tercera Sala ese día. En ninguna de dichas minutas se incluyó el recurso de apelación de autos (el recurso de CBM), lo que es consistente con el hecho de que no se había ordenado dar cuenta del mismo, y con los tiempos normales de tramitación que esta clase de recursos tienen ante el máximo tribunal”, fue parte del reclamo de Codelco ante la corte. La Tercera Sala le dio la razón a CBM y descongeló los pagos retenidos por Codelco, además de acoger la restitución de las maquinarias. Ese fallo implicó desembolsos de Codelco a CMB por $11,7 mil millones. En una segunda ofensiva, el consorcio acusó a la cuprífera de desacato, porque pasado los meses, no restituía los bienes. Y, además, solicitó a la Corte Suprema una aclaración respecto de quién debía asumir los costos del traslado de la maquinaria. Codelco reclamaba que ellos estaban disponibles a devolver, pero sin hacerse cargo de esos costos. En una enmienda emanada de la Tercera Sala de la Corte Suprema, otra vez cuando Vivanco estaba de presidenta, se volvió a dar el favor al consorcio, dejando a cargo de Codelco los costos asociados a la restitución. Ese fallo significó el desembolso de otros $4,4 mil millones de la estatal. Así, según comprobantes de pago que Codelco acompañó el 24 de julio de 2023 ante Corte de Apelaciones de Copiapó, hasta entonces había cumplido en dos pagos la cifra relativa el primer fallo: uno de $6.964 millones y otro por $4.770 millones. A eso se suma que, según también dio cuenta Codelco ante la misma instancia el 11 de diciembre de 2023, lo pagado por la movilización de maquinaria fueron $4.415 millones. Hasta entonces, el conflicto le había significado a Codelco pagar más de $16.150 millones a una empresa que, a criterio de la estatal, no había cumplido con su contrato original. La última jugada de CBM vino en marzo de este año, cuando interpuso un recurso de queja, alegando que la cuprífera debía hacerse cargo de los reajustes y el IVA comprometido en el traslado de la maquinaria a lo que, nuevamente, la Suprema accedió. Así, Codelco debió pagar más de $1.000 millones adicionales. En total $17.176.977.730, de los cuales los $1.000 millones correspondientes a IVA podrían ser recuperados por la cuprífera al final del año tributario. “La orden decretada fue que Codelco debía asumir el pago de todos los costos asociados al proceso desmovilización, de manera tal que el Tribunal de Alzada (Corte de Apelaciones de Copiapó), para resolver la petición de la actora relativa a los reajustes y pago de impuestos que indica, deberá, previamente, tramitar los incidentes que en derecho correspondan y que permitan tener por cumplida dicha orden judicial, en especial las liquidaciones pertinentes, incluyendo el examen de facturas, boletas y documentos fundantes de dichos costos”, dice el fallo de la sala presidida por Vivanco. |
Arista muñeca bielorrusa: El perfil de los integrantes de la Tercera Sala de la Suprema que fallaron en la causa. El conflicto se desencadenó cuando Codelco determinó en febrero de 2023 rescindir el contrato con Consorcio Belaz Movitec SpA, integrado por la empresa chilena Movitec y la estatal bielorrusa Belaz, (CBM). 10 de Septiembre de 2024 Por B.Olivares Nieto, Emol Un terremoto provocó la arista muñeca bielorrusa. Se trata de una de las tramas judiciales por las cuales el fiscal nacional, Ángel Valencia, anunció una investigación contra Ángela Vivanco, la suspendida ministra de la Corte Suprema a la que se le abrió un cuaderno de remoción en el arto tribunal. El conflicto se desencadenó cuando Codelco determinó en febrero de 2023 rescindir el contrato con Consorcio Belaz Movitec SpA, integrado por la empresa chilena Movitec y la estatal bielorrusa Belaz, (CBM), encargado de las obras del proyecto estructural Rajo Inca en la División Salvador. El proyecto buscaba extender la vida útil de la división por 47 años. Según Codelco, CBM presentó un retraso de doce meses en las obras, completando solo el 23% del avance requerido, además de incumplir normas de seguridad. Por ello, Codelco presentó una querella, cobrar las boletas de garantías y quedarse con sus maquinarias. En ese contexto, la Corte de Apelaciones de Copiapó falló a favor de la cuprífera Según consignó El Mostrador, tras el dictamen desfavorable, el consorcio privado decidió presentar un recurso de protección ante la misma corte, lo que fue rechazado. Sin embargo, la empresa decidió trasladar la causa a la capital, para insistir con el rechazado recurso de protección. Pero, esta vez ante la Corte Suprema, que acogió el recurso en junio de 2023. El 4 de julio de 2023, la Tercera Sala, presidida por la ministra Ángela Vivanco en suplencia del juez Sergio Muñoz por vacaciones, revirtió este fallo obligando a Codelco a pagar los US$20 millones a CBM, más otros US$ 5 millones en gastos. ¿Quiénes integraban la sala? La sala estaba integrada por los ministros por los ministros Ángela Vivanco, Mario Carroza y María Cristina Gajardo, mientras que las abogadas integrantes eran Leonor Etcheberry y María Angélica Benavides. De ellos, solo votó en contra de la ministra Gajardo, que estuvo por rechazar el recurso de protección. -Mario Carroza: El 21 de diciembre de 2020 la sala del Senado aprobó su designación como nuevo integrante del máximo tribunal, en el puesto que dejó el ex ministro Lamberto Cisternas, que finalizó su carrera judicial tras alcanzar la edad máxima legal. La decisión fue adoptada por 35 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones. Los cuatro votos contrarios a la designación propuesta por el Presidente Sebastián Piñera, fueron de los senadores de la UDI Jacqueline van Rysselberghe, Iván Moreira, José Miguel Durana y Kenneth Pugh (RN). Carroza ingresó al escalafón de empleados del Poder Judicial en 1977, a los 26 años de edad. Más tarde, ocupó los cargos de secretario, juez y relator en las jurisdicciones de Cauquenes, Puente Alto, Santiago y San Miguel. Luego, fue nombrado Fiscal Judicial de la Corte de Apelaciones de Santiago, incorporándose al tribunal en calidad de ministro el año 2007. Según acuso Ciper, al ex juez de la Corte de Apelaciones de Santiago, Juan Poblete, le escribió en 2021 Carroza, haciéndole llegar un mensaje del magistrado Antonio Ulloa, en el que pedía favorecer a un postulante a notario en Tierra Amarilla. También asumió como coordinador nacional del máximo tribunal en las más de 1.500 causas sobre violaciones a los derechos humanos pendientes entre el 11 de marzo de 1973 y el 11 de marzo de 1990. El magistrado ya investigó más de 250 causas de violaciones de derechos humanos con anterioridad. Entre sus indagatorias más emblemáticas están el caso Caravana de la Muerte, caso Quemados y Operación Cóndor. -María Cristina Gajardo: En 2022, que con 29 votos a favor el senado, aprobó la propuesta para designar a la profesora María Cristina Gajardo Harboe como nueva ministra de la Corte Suprema. Ella fue propuesta por el Presidente Sebastián Piñera para el cupo destinado a abogados que no se hayan desempeñado como juez. El puesto había pertenecido a María Eugenia Sandoval, que dejó el Poder Judicial tras cumplir la edad legal para ejercer como ministra. Es titulada de la Universidad de Chile, diplomada en Seguridad Social por la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, OISS, Madrid (1989); magíster en Planificación y Dirección Tributaria por la Universidad Adolfo Ibáñez (2005) y doctora en Derecho de la Universidad de Chile y Universidad de Sevilla (2017). También fue profesora del Departamento de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Facultad de Derecho U. de Chile. En su trayectoria resalta haber sido parte de la Corte de Apelaciones de Santiago (2010 a 2012), y es abogada integrante de Corte Suprema para el período 2018-2021 y 2021-2024. -Leonor Etcheberry: La integrante de la sala también fue parte de la resolución que condenó en 2021 al Estado de Chile a pagar una indemnización total de $1.000.000.000 por falta de servicio, a los cuatro hijos del matrimonio de Werner Luchsinger Lemp y Vivian Mackay González. En la sentencia, la Tercera Sala del máximo tribunal –también integrada por los ministros Ángela Vivanco, Adelita Ravanales, Jorge Zepeda y el abogado y Gonzalo Ruz– estableció la falta de servicio de las policías al no adoptar medidas de seguridad que evitaran hechos delictuales en contra del fundo, pese a existir amenazas previas al ataque incendiario. También fue presidenta del Colegio de Abogados de Chile. -María Angélica Benavides: Doctora en derecho por la Universidad del Sarre (Alemania). Abogada y licenciada en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile. También máster en Derecho Europeo y Diplomada en Derecho Europeo con mención en Derechos Humanos en la Universidad del Sarre (Alemania). Abogada integrante de la Corte Suprema y participó en el dictamen de 2021 de la Corte Suprema, que acogió el recurso de protección y ordenó a un establecimiento educacional de Quilpué, Región del Valparaíso, a promover a alumna con síndrome de Down a segundo año básico y adoptar la modalidad de exámenes libres. Libro Civil Nº 141421 de la Corte Suprema de Justicia, año 2023; Fecha de ingreso : 28/06/2023 Caratulado: CONSORCIO BELAZ MOVITEC SPA/CODELCO CHILE. ABG. RECURRENTE 10.666.872-8 MARIO ANDRÉS VARGAS COCIÑA ABG. RECURRENTE 18.593.554-K ISAAC EDUARDO RAMÍREZ ROJAS RECURRENTE 77.316.237-9 CONSORCIO BELAZ MOVITEC SpA RECURRIDO 61.704.000-K CODELCO CHILE ABG. RECURRENTE 8.006.944-8 CARLOS EDUARDO LAGOS HERRERA |
 Ángela Vivanco Martínez (Santiago, 9 de marzo de 1963) es una abogada y jueza chilena. Desde agosto de 2018 fue integrante de la Corte Suprema de Chile hasta destitución en 2024. Biografía. Estudió Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Chile, titulándose de abogada, en 1989. Es Magíster en Ciencia Política por lo misma universidad. Es Doctora en Derecho por la Universidad de La Coruña, España.5Su especialización está en el área de la bioética. Estuvo casada con el abogado Raúl Madrid, quien fue secretario general de la Universidad Católica entre 2000 y 2010. Tienen una hija en común. Actualmente es pareja de Víctor Gonzalo Migueles, quien desde 2024 está siendo investigado por su injerencia en la elección del fiscal nacional. Trayectoria Ha sido cercana a la derecha política en Chile. En 1992 asumió como vicepresidenta del partido Unión de Centro Centro (UCC) de Francisco Javier Errázuriz Talavera,89 convirtiéndose en secretaria general en octubre del mismo año, y en enero de 1995 asumió la presidencia de dicha colectividad. En las elecciones parlamentarias de 1997 se presentó como candidata a diputada por el distrito 27 (El Bosque, La Cisterna y San Ramón) por el partido Renovación Nacional (RN), no resultando electa. Su trayectoria se vincula con el mundo privado y académico, donde trabajó como abogada asesora de Empresas UC, y de la Asociación Nacional de Televisión A.G., fiscal en la AFP Planvital S.A. y en la Compañía Renta Nacional de Seguros Generales y Seguros. Además de ser docente en la Universidad Católica, ejerció como decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás entre 2011 y 2012, y como vicerrectora académica en dicho plantel hasta 2016. También fue académica de la Universidad del Desarrollo, Universidad de los Andes y la Universidad Adolfo Ibáñez, y al menos hasta 2023, también figuraba como profesora de la Universidad San Sebastián. En 2015 participó en la publicación del documento Chile no necesita una Nueva Constitución, elaborado por un grupo de estudios constitucionales de la Unión Demócrata Independiente (UDI) durante el proceso constituyente de esa época, donde se defendía el legado de la Constitución de 1980. En 2018 representó a la coalición de derecha Chile Vamos en el debate contra el aborto por tres causales; luego representó a la Universidad Católica en un recurso contra el Ministerio de Salud por la objeción de conciencia en la Ley de aborto. Ese mismo año fue ratificada por el presidente Sebastián Piñera como miembro de la Corte Suprema, con 30 votos a favor en el Senado. Entre 2022 y 2023 actuó como vocera de esa institución.Desde ese rol ha formado parte de la Tercera Sala, donde se abordan fallos relacionados a cuestiones constitucionales, como el derecho a la salud, medioambiente, libertades públicas, o libre competencia. Controversias. Opiniones sobre la Convención Constitucional. Se le criticó al interior del Poder Judicial por su rol demasiado activo en los debates nacionales. En 2022 se manifestó contraria a las normas aprobadas por la entonces Comisión de Sistemas de Justicia de la fallida Convención Constitucional, y rechazó recurso de protección por el uso de químicos tóxicos en los carros lanza aguas en contra de los manifestantes durante estallido social. Fallo contra las ISAPRES En junio de 2023 se manifestó públicamente, en una entrevista en profundidad al diario La Tercera, sobre el alcance que debería tener la devolución de cobros de las Isapres a sus beneficiarios, todo esto en medio del fallo judicial contra las prestadoras de seguros médicos. Sus declaraciones, cuando aún era vocera de la Corte Suprema y que se realizaron antes que el pleno de la corte deliberara el caso, fueran interpretadas como un intervencionismo y le significó renunciar a su cargo como portavoz de la institución. Caso Hermosilla En septiembre de 2024 y como parte de las investigaciones del llamado Caso Hermosilla, se revisaron las conversaciones de mensajería instantánea entre el abogado penalista y diversos contactos en el poder ejecutivo y judicial, entre ellos Vivanco. La revisión y difusión de sus chats mostró no sólo la estrecha relación de amistad entre ambos, si no la larga lista de favores que se prestaban, entre ellos el eventual tráfico de influencias de Hermosilla en el ejecutivo y en el parlamento para apoyar la nominación de Vivanco como jueza de la Corte, y la entrega de información confidencial desde Vivanco a favor de Hermosilla en ciertos casos en los que éste oficiaba como defensor, particularmente aquellos que involucraban a la Policía de Investigaciones y a Carabineros. Como consecuencia, el pleno de la Corte Suprema, en una sesión extraordinaria, ordenó la apertura un cuaderno de remoción y suspensión de sus funciones contra Vivanco. El cuaderno de remoción se basa en los siguientes hechos en que se pide que se informe dentro de los 20 días:
Luego de que conociera esta información, la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde dictaba clases, suspendió sus actividades docentes. |
Remoción de Ángela Vivanco: esperemos que el estándar de probidad del Poder Judicial siga en la práctica este camino. Redacción El Rancagüino 13 de octubre de 2024 Jorge Astudillo Muñoz, académico de Derecho, UNAB Sede Viña del Mar. El escándalo «Caso Audios» en 2023, originado por la filtración de una grabación de una reunión entre el influyente abogado Luis Hermosilla, la abogada Leonarda Villalobos y el empresario Daniel Sauer, dejó al descubierto una trama de influencias que ha impactado a la sociedad chilena. Desde el momento en que esos audios se hicieron públicos, muchas personas en los ámbitos político, empresarial y judicial intuyeron que las repercusiones serían graves y profundas. Y el tiempo les dio la razón. Efectivamente, los pronósticos no solo se han ido cumpliendo, sino que han confirmado una realidad que, por mucho tiempo, permaneció oculta bajo la superficie, aunque paradójicamente, la mayoría de los actores forenses tenían conciencia de ella: la existencia de redes de poder que operan al margen de la transparencia y la legalidad que deberían regir las instituciones en un Estado de Derecho. El 10 de octubre de 2024 quedará marcado como una fecha emblemática en la historia judicial de Chile. La Corte Suprema, el máximo tribunal del país, adoptó una decisión unánime e histórica al remover a la ministra Ángela Vivanco de su cargo. Su vinculación con las redes de contacto de Hermosilla fue lo suficientemente grave para adoptar esta remoción. La decisión fue clara y directa: “El conjunto de antecedentes reunidos y los hechos que ha sido posible constatar permiten determinar y concluir que la ministra Ángela Vivanco Martínez incurrió en un comportamiento que afecta a los principios de independencia, imparcialidad, probidad, integridad y transparencia que rigen a los miembros de la magistratura». Palabras duras, pero necesarias, que subrayan la gravedad de los hechos. La Corte Suprema, dejó en claro que no hay lugar para las influencias indebidas o los favores personales en el ejercicio de la judicatura. La remoción de Ángela Vivanco es la consecuencia lógica de una conducta que comprometió no solo su rol como ministra, sino también la confianza del país en el sistema judicial. Una confianza que, en estos tiempos, es más frágil que nunca. A la luz de los antecedentes conocidos, parece claro que la remoción de Vivanco está ajustada a Derecho y basada en sólidos fundamentos que esperamos sean desarrollados de manera racional y suficiente cuando se publique el texto definitivo del fallo. Las faltas que se le atribuyen son graves, pues comprometen uno de los pilares más fundamentales de la democracia: el Estado de Derecho. En este sentido, el fallo de la Corte Suprema no solo está justificado, sino que también es necesario para preservar la integridad del sistema judicial. Sin embargo, esta medida va más allá de la remoción de una ministra. Marca un antes y un después en los estándares éticos y profesionales que se exigen a los miembros del Poder Judicial. A partir de hoy, los ciudadanos debemos esperar un comportamiento impecable de los jueces y magistrados, especialmente de aquellos que ocupan puestos en tribunales superiores. Los chilenos no podemos tolerar más aquellas prácticas de las que muchos comentan pero por temor no denuncian, como los «besamanos» o las llamadas de influencias para el nombramiento de jueces o notarios de las que muchos hablan pero que nadie nunca ha denunciado. Este tipo de prácticas, que minan la credibilidad del sistema judicial, no deben tener cabida en nuestro país, ni siquiera como rumores o insinuaciones y es deber de los hombres y mujeres que integran el Poder Judicial encargarse que el ejercicio de sus funciones no se encuentre empañado, ni siquiera con una duda. Los jueces son los garantes de nuestra libertad y derechos. Son la última barrera de defensa contra el abuso de poder, y sus decisiones tienen un impacto directo en la vida de los ciudadanos. Por eso, deben ser un ejemplo de integridad, imparcialidad y transparencia. No puede haber espacio para las dudas sobre su comportamiento o su ética. Un juez que compromete su integridad personal, compromete también la justicia de todo un país. La remoción de Ángela Vivanco ha sido una medida necesaria para comenzar a restaurar la confianza en el Poder Judicial. Su conducta fue inaceptable, y la Corte actuó en consecuencia. No obstante, la responsabilidad no termina con su salida. Se nos debe asegurar de que nunca más en Chile un abogado como Luis Hermosilla pueda llamar o contactar a una jueza como Ángela Vivanco para torcer los principios de igualdad ante la ley y ante la justicia. Y para que ello sea así, es necesario que desde el sistema político se trabaje en la creación e implementación de mecanismos que estructuralmente asegures la independencia externa de los poderes del Estado, en este caso, del Poder Judicial y con la misma fuerza la independencia interna de la magistratura. El caso Hermosilla-Vivanco nos recuerda que la justicia no puede ser una moneda de cambio en manos de quienes ostentan poder y dinero. Los ciudadanos merecemos y debemos exigir un sistema judicial que no solo sea justo, sino que lo parezca en todo momento. En última instancia, lo que está en juego no es solo el destino de una ministra o la reputación de un abogado. Es la confianza de los chilenos en su sistema de justicia. Un sistema que, aunque imperfecto, debe esforzarse cada día por ser mejor, más transparente y más equitativo. |
Mario Vargas Cociña.  Mario Vargas Cociña es abogado de la Universidad Católica de Temuco, donde tiene diplomados en Derecho Penal y Reforma Procesal Penal. Además, cuenta con un máster en Derecho Penal de la Universidad de Chile. Durante siete años estuvo en la Defensoría Penal Pública, pero desde 2012 que trabaja como abogado independiente. De la misma forma que Hermosilla, el abogado Vargas ha estado presente en notorios casos penales de interés público. Por ejemplo, fue defensor del carabinero Patricio Maturana, condenado a 12 años de prisión por herir con una bomba lacrimógena a la senadora Fabiola Campillai, y provocarle su ceguera. Además, también fue abogado del exdiputado Gustavo Hasbún (UDI), cuando lo acusaron de solicitar coimas para dar preferencias dentro de proyectos del Ministerio de Obras Públicas. Igualmente, defendió al exjefe de Inteligencia del Ejército, Schafik Nazál, acusado de espiar al periodista Mauricio Weibel. Asimismo, abogó por el sacerdote John O’Reilly, condenado a 4 años de prisión por abuso sexual en contra de una menor. En la lista de Vargas también aparece el director de cine Herval Abreu, acusado de abuso sexual y de poder por siete actrices. También fue abogado de Parived, investigado por vínculos con una organización criminal que aparentemente vendía relojes y joyas robadas. Por otra parte, también defendió a Hernán ‘Nano’ Calderón, quien tuvo un juicio tras apuñalar a su padre. Vargas también es reconocido porque creó la Defensoría de Carabineros, donde fue director ejecutivo. Sin embargo, también tuvo un episodio donde lo detuvieron por infringir el toque de queda, y posteriormente, en la comisaría, lesionó a un uniformado, según reveló Interferencia. Actualización 11-09-2024 Mario Vargas Cociña ahora apareció en una nueva trama que involucra a la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, a quien investigan por presunto tráfico de influencia, negociación incompatible y cohecho en el Caso Bielorrusia. Resulta que el defensor representó al Consorcio Belax Motivez (CBM) en una causa contra Codelco. Inicialmente la Corte de Apelaciones de Copiapó falló a favor de la nacional. Sin embargo, cuando el caso arribó a la Suprema, a manos de Vivanco, la decisión se revirtió en solo unos días. Justamente, quien defendía a CBM era Vargas Cociña, quien también, según aseguró Vivanco, es un conocido de ella. De hecho, estuvo en su último cumpleaños, en marzo. Todo esto al mismo tiempo que se revelaron chats entre Luis Hermosilla y Ángela Vivanco, donde ambos se piden distintos favores. El primero de todos, que el defensor le ayudará a la jueza a convertirse en ministra de la Suprema. |
La agenda de Luis Hermosilla: abogado revela lista de fiscales y jueces con los que mantuvo contacto. Por Constanza Carrillo y Génesis Friz. Jueves 07 noviembre de 2024 Tal como fue anunciado hace un par de semanas, esta tarde de jueves se hizo público un listado de autoridades del Poder Judicial con las que el abogado e imputado por el caso Audio, Luis Hermosilla, mantuvo contacto vía WhatsApp. Lo anterior lo dio a conocer quien lidera su defensa, su hermano Juan Pablo Hermosilla, a través de un punto de prensa en Vitacura. Específicamente, frente a su oficina. Revelan lista de fiscales y jueces: – Fiscal nacional Ángel Valencia – Exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco – conversaciones de nombramiento y causas judiciales – Fiscal Carlos Palma – conversaciones de nombramientos – Magistrado Danilo Quezada – conversaciones sobre nombramientos – Fiscal Emiliano Arias – conversaciones sobre causas judiciales – Fiscal Eugenio Campos – conversaciones sobre causas judiciales – Fiscal Eduardo Baeza – conversaciones sobre causas judiciales – Fiscal Enrique Vásquez – conversaciones sobre causas judiciales – Fiscal Juan Pablo Araya – conversaciones sobre causas judiciales – Fiscal Francisco Jacir – conversaciones sobre causas judiciales – Fiscal Héctor Barros – conversaciones sobre causas judiciales – Ministro de la Corte Suprema, Jean Pierre Matus – conversaciones sobre causas judiciales – Exfiscal Jose Luis Pérez Calaf – conversaciones sobre causas judiciales – Exministro de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas – causas judicial – Magistrada Lilian Leyton – causas judiciales – Fiscal Lorena Parra – causas judiciales – Exfiscal de la Corte Suprema, Lya Cabello – nombramientos – Magistrado Manuel Antonio Valderrama – causas judiciales – Exfiscal Manuel Guerra – causas judiciales y otros temas – Ministro de la Suprema, Mario Carroza – nombramiento y causas judiciales – Fiscal Marta Herrera – nombramientos – Jueza Paula Brito – nombramientos – Fiscal Sergio Moya – causas judiciales – fiscal Tufit Bufadel – causas judiciales – Fiscal Violeta Arriagada – causas judiciales – Fiscal Xavier Armendáriz – causas judiciales – Fiscal Ximena Chong – causas judiciales – Fiscal Claudia Perivancich – causas judiciales – Equipo Macrozona Sur – causas judiciales |
La vida de los protagonistas del caso audio, a un año de la filtración. Ver televisión y el juego de carioca son los pasatiempos que predominan entre los inquilinos de Capitán Yáber, Luis Hermosilla, y los hermanos Daniel y Ariel Sauer. Leonarda Villalobos está con medidas de seguridad y custodia en la cárcel de San Miguel. Aquí, cómo viven sus protagonistas el caso que sacude desde hace un año al mundo financiero y al país. Por: Azucena Gonzalez - Ilustración: Camila Cruz Publicado: Sábado 9 de noviembre de 2024 Este jueves 14 de noviembre se cumplirá un año exacto desde que Ciper hiciera público un audio, una grabación de unas dos horas, de una reunión ocurrida el 22 de junio de 2023, en la que intervenían el hasta ese momento influyente abogado Luis Hermosilla, la abogada María Leonarda Villalobos y el empresario y socio de la corredora de bolsa STF Capital y del factoring Factop, Daniel Sauer. Allí hablaban sin tapujos de coimear a funcionarios públicos, en el contexto de intentar arreglar la situación por la que atravesaba ese grupo financiero. La mencionada corredora de bolsa ya había sido suspendida por la CMF en marzo de ese año, tras detectar variadas irregularidades en su manejo contable, conectadas a su vez con el traspaso de dineros entre STF y el factoring, de modo de cumplir con los índices bursátiles, pero con operaciones que luego se reversaban. La historia es conocida. Un escándalo financiero de proporciones nunca antes vistas en Chile, aún hoy sacude al país a partir de que salió a la luz aquella grabación. Y es que con el paso de los meses la investigación penal que desató fue abriendo paso a más y más aristas. Son tan variadas que van desde un intrincado mecanismo de facturas falsas en torno al factoring, que derivó en su total caída, y en la indagatoria por parte del Ministerio Público (MP) de eventuales delitos tributarios y uso de facturas falsas para financiar, entre otros, a los hermanos Jalaff, hasta abrirse una caja de Pandora en torno a los chats del celular incautado a Luis Hermosilla, por eventual tráfico de influencias, a partir de las numerosas conversaciones halladas allí, que han salpicado a exministros y autoridades del gobierno de Sebastián Piñera 2, a fiscales, ex fiscales y jueces, en un caso aún en total desarrollo. Aunque están separados desde el punto de vista de la indagatoria penal, el Caso Audio está inevitablemente ligado al Caso Factop y no se explica sin él, pues la razón de ser del audio y su contenido era enfrentar el caso Factop. De hecho, aunque en el Caso Audio en su origen fueron cinco los formalizados, los abogados Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos Mutter, el esposo de ésta, Luis Angulo Rantul, y quienes eran funcionarios públicos del Servicio de Impuestos Internos y la Tesorería General de la República, Patricio Mejías Esparza y Renato Robles Iturriaga, respectivamente, de todas formas aparecen en este caso, en calidad de denunciado Ariel Sauer, y como querellado su hermano Daniel Sauer, quien además junto a Hermosilla y Villalobos son los protagonistas de la grabación del 22 de junio de 2023. Carioca, televisión y 30 kilos menos En el anexo Capitán Yáber, Luis Hermosilla comparte habitación con ambos hermanos Sauer. Mientras en otra dependencia lo hace Rodrigo Topelberg -formalizado por el caso Factop- con otros inquilinos del recinto, Marcelo Rivadeneira y Antonio Guzmán, estos últimos en prisión preventiva por otro escándalo económico, el caso Primus. Con jornadas de visita miércoles y viernes en la tarde, testigos cuentan que los días pasan para estos involucrados muy ligados a la televisión nacional, y a las noticias, el único entretenimiento con que cuentan. “Ven noticias todo el día. Están súper al día del caso Monsalve y del futbolista Jorge Valdivia”, describe un conocedor, quien detalla que además otro pasatiempo diario es el juego de cartas, el carioca en particular, que juegan todos. Y esto porque una regla tácita es que, independientemente de las antipatías y de las relaciones cortadas a nivel individual entre los Sauer y Topelberg, por ejemplo, cuando se trata de actividades grupales, todos participan, aunque no tengan relación cordial. “Hay un código de lo colectivo y no lo individual”, describe un testigo, mientras otro indica que fue Daniel Sauer quien invitó a Topelberg a que se sumara al juego. Topelberg, en particular, también dedica sagradamente al menos dos horas diarias, de manera sistemática, a ejercitarse. Y sí hay actividades que se ha perdido. Por ejemplo, el lanzamiento del libro de poemas Objetos voladores, de una sobrina. Los hermanos Sauer, a su turno, ya muestran señas físicas de los estragos psíquicos de la privación de libertad. Daniel Sauer ha bajado 30 kilos, mientras su hermano Ariel ya no cuenta con el apoyo de su cónyuge, Carolina Kiblisky, quien dejó de visitarlo a las dos semanas de que aquel entrara en prisión, a diferencia de María Isabel (Titi) Ahubert, la esposa de Daniel Sauer, que sigue visitándolo. Los soportes de los hermanos han sido su padre, Alberto Sauer Rosenwasser, formalizado por el caso Factop, pero que, al estar con arresto domiciliario nocturno, puede ir a ver a sus hijos. Y también las hermanas, Cindy y Pamela Sauer, quienes de hecho se encargan de llevarles sus comidas los días de visita. Testigos indican que la estrategia de los Sauer ha apuntado a la colaboración con el MP, de modo de lograr una rebaja de la cautelar por una menos gravosa, que les permita salir del recinto pronto. “La fiscalía va a tener que reconocer en algún momento esa colaboración, que ha sido sustancial. Han declarado unas 10 veces entre Miguel Ángel Orellana y Juan Pablo Araya, en diligencias que han durado a veces más de ocho horas”, indica un directo conocedor, en alusión a los fiscales de los casos Audio y Factop, respectivamente. Y además los Sauer ya han llegado a acuerdo con tres querellantes. Actitud que, agrega este testigo, contrasta con la arremetida que el defensor y hermano de Luis Hermosilla, Juan Pablo Hermosilla, ha desplegado en contra de la fiscalía, en su afán de sacar e inhabilitar a la fiscal regional Metropolitana Oriente, Lorena Parra, del caso. Juan Pablo Hermosilla acusa que el MP no tomó los resguardos para evitar las sucesivas filtraciones del teléfono de su hermano, de una causa reservada y donde además había temas resguardados bajo el secreto profesional. Pero además acusó a Parra de carecer de la objetividad suficiente, al haber tenido una relación con Luis Hermosilla, la que -según Juan Pablo Hermosilla-, no se limitaba a conversaciones de tono profesional, sino que abordaban también temáticas de conveniencia para la fiscal, solicitándole gestiones específicas para su beneficio y para su amiga Marta Herrera. En esta escalada, incluso Juan Pablo Hermosilla entabló esta semana un recurso de protección en contra de la fiscalía, en el que denunció que el fiscal nacional Ángel Valencia también había tenido una reunión solicitada por él y en la que habían participado Luis Hermosilla y Andrés Chadwick, en la que les habría asegurado que cualquier diligencia que pudiese afectar al Presidente Sebastián Piñera, sería informada primero a los asistentes de aquel café, antes de que se hiciera pública. Y este jueves, finalmente el abogado entregó un listado confeccionado por su estudio con nombres de fiscales y jueces en que se enuncian contactos que tuvieron con Luis Hermosillla, en distintos períodos, desglosando entre quienes tuvieron conversaciones por causas judiciales y aquellos que versaron sobre “nombramientos”. El 15 de octubre pasado, Luis angulo rectificó y pagó más de $5 millones en impuestos en Tesorería. dos días antes, Leonarda Villalobos, recluida en el centro penitenciario de san miguel, había denunciado amenazas en su contra. ¿La finalidad de todo esto? Lograr que saquen a Parra del caso y allí intentar nuevamente un cambio en la cautelar de prisión que afecta a su hermano. Mientras, ajeno a este tráfago de actividad, en su encierro Luis Hermosilla está golpeado, pero bien. “Está acompañado, recibe visitas familiares, El estado de ánimo está bien”, dice Juan Pablo Hermosilla. Leonarda, tras amenazas, vive con medidas de seguridad Con jornada de visitas los lunes durante la mañana, de 9 a 12 del día, y los viernes en la jornada de tarde, de 14 a 17 horas, y sólo una hora de patio al día en horario indeterminado, Leonarda Villalobos Mutter pasa sus días en el Módulo 2 Primero Sur del Centro Penitenciario Femenino San Miguel, dependencias que corresponden a la sección Connotación Pública. Allí pernoctan 17 imputadas -de una capacidad de 20-, compartiendo dependencias en la celda N° 2 con Gioconda González Cáceres, y habiendo enfrentado en días recientes un episodio de amenazas, cuando a mediados de octubre, encontrándose en su dormitorio acompañada de otras reclusas, se percató de que habían tirado un papel en el suelo, rotulado con sus apellidos, y con un texto en manuscrito con amenazas a su persona, con epítetos de grueso calibre. Esto hizo no sólo que se tomara como medida de seguridad y protección que se realizaran rondas continuas, grabadas con cámara GoPro en el lugar, de día y de noche, sino además que Villalobos concurra custodiada a cualquier dependencia del lugar. Pasando sus días en compañía sólo de lectura y televisión, testigos indican que una de las pocas buenas noticias que recibe es la visita frecuente de tres de sus hijos y en especial de Alessandro, quien como ya egresó de derecho, puede ir en calidad de abogado varias veces a la semana, no sólo en horarios de visita. No ha sido opción el traslado de Villalobos al penal de San Joaquín, pues si bien esto se evaluó, esta es una cárcel de cumplimiento efectivo, para condenadas, lo que sería agravarle su situación carcelaria. Luis Angulo pagó impuestos y pidió una millonaria indemnización al fisco por su despido El 15 de octubre pasado, Luis Angulo Rantul, el marido de Leonarda Villalobos, concretó pagos de impuestos en la Tesorería General de la República, correspondientes al año tributario 2023 -por las rentas del 2022- por un total de $ 4,4 millones por Asesorías y Negocios Commercia, y por poco más de un millón de pesos a nivel personal, tanto por concepto de impuestos como de multas e intereses, en ambos casos. O sea, rectificó la declaración de impuestos. Esto, en un claro intento de colaboración con la justicia, considerando que uno de los dos delitos que se le imputaron a Angulo fue el tributario, pues, según el MP, en Commercia utilizaron facturas falsas para acreditar gastos que modificaron la base imponible para el pago del impuesto a la renta, ocasionando un perjuicio fiscal de $ 3,4 millones a agosto de 2024. Todavía su defensa no canaliza solicitudes a la justicia a partir de este pago, pero testigos indican que claramente podría tener en el futuro un efecto en lograr atenuantes si hay condena, o incluso, en un escenario optimista, en un sobreseimiento de este delito, quedando sólo el de lavado de activos en su caso. En paralelo, Angulo arremetió ante los tribunales laborales con una millonaria demanda en contra del Fisco de Chile, por la que busca ser indemnizado tras su salida del ministerio de Bienes Nacionales, al que había llegado en abril de 2023 como funcionario a contrata, y del que salió -literalmente- a 40 minutos de estallar el Caso Audio, al hacerse pública esta grabación. En su acción legal, Angulo acusa vulneración a derechos a la integridad física y psíquica, honra y dignidad humana, y exige disculpas públicas de parte de la ministra de Bienes Nacionales Marcela Sandoval y del subsecretario Sebastián Vergara por despido injustificado. Pero, además, pidió la friolera de casi $ 110 millones por diversos conceptos, como indemnización, daño moral, lucro cesante y pago de feriados, entre otros conceptos. Y es que en medio del escenario judicial que enfrentan él y su esposa, dicen testigos, los ingresos familiares bajaron. Luis Angulo -quien está con arresto domiciliario nocturno- es quien, junto con visitar a su señora, está a cargo como jefe de hogar de los tres hijos de Leonarda Villalobos que vivían con ella -Isabella, Alessandro y Stefano-, a lo que se suma que no han podido concretar la venta de bienes para subsistir, pues en medio de acusaciones de lavado de activos, no hay compradores interesados si presumen que podrían verse envueltos en una trama judicial. El SII destituyó a funcionario. Patricio Mejías Esparza, funcionario del Servicio de Impuestos Internos (SII), fue otro de los formalizados, tras acusar el MP que fue sobornado y que recibió pagos por parte de María Leonarda Villalobos por $ 13,5 millones, en diversas transferencias bancarias. La contraprestación, a ojos del MP, fue la entrega de información de contribuyentes e incluso anular del sistema cuatro anotaciones que restringían la emisión de facturas, respecto de las sociedades Asesoría e Inversiones Manada, Inversiones Rae y Asesoría y Negocios Commercia. El caso es que, tras un sumario administrativo, Mejías Esparza fue destituido, tras una sentencia definitiva pronunciada por el SII el 10 de octubre. Esto no sin antes intentar ser reincorporado al SII, en los dias en que se le levantó la suspensión tras el sumario, activando un pedido al tribunal para que le cambiaran la cautelar de arresto domiciliario total por una de arresto parcial, aduciendo que debía volver a trabajar y que el SII le negaba la posibilidad de teletrabajar. A su turno, Renato Robles Iturriaga, el funcionario de la Tesorería General de la República que también fue acusado de cohecho y de recibir pagos de parte de Villalobos por $ 1,5 millones a cambio de información de contribuyentes, pidió con tiempo a la justicia un permiso específico para el 19 de abril del próximo año para poder asistir al matrimonio de su hija, de modo de que se pueda ausentar por esa fecha de su cautelar de arresto total en su domicilio, y así poder cumplir con “todas las gestiones propias como padre de la novia”, dijeron en los tribunales. Hasta el cierre de esta edición, la justicia aún no le había dado respuesta. |
.jpg) Sergio Manuel Muñoz Gajardo (Villa Alegre, 10 de febrero de 1957) es un abogado y un ex juez chileno fue Ministro de la Corte Suprema de Justicia, de la que fue destituido con fecha 16 de octubre de 2024 por la causal de notable abandono de deberes. Ejerció como presidente del máximo tribunal en el bienio 2014-2015. Bastante conocido por la complejidad y el carácter mediático de los asuntos que le ha correspondido manejar. Fue presidente del Tribunal Electoral del periodo 2008-2012. Biografía. Realizó sus estudios secundarios en el Internado Nacional Barros Arana de la capital, desde allí ingresa a la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Fue presidente del Departamento de Bienestar Social del Centro de Alumnos de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, durante el año 1978 y el primer semestre de 1979. En ese rol fue el autor del reglamento y creador del programa de entrega de beneficios a los alumnos de dicha escuela, llevado a cabo por el Departamento de Bienestar Social de su gestión. Se tituló en 1980 con la tesis de La casación en el fondo, de oficio, en materia civil. Ha sido profesor de diversos cursos del Programa de Formación, Perfeccionamiento y Habilitación para el cargo de Ministro, impartidos por la Academia Judicial desde el año 1999 a la fecha. Carrera judicial Ingresó al Poder Judicial en 1982, en el 3° Juzgado del Crimen de Valparaíso (como oficial segundo). Luego se desempeñó como Juez Suplente en el Juzgado de Letras de Putaendo y de Los Andes hasta el 1 de marzo de 1988. Designado Relator Interino de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, hasta el 19 de diciembre de 1989 cuando es trasladado a la capital como Relator Titular de la Corte de Apelaciones de San Miguel, permanece en aquel puesto hasta el 15 de julio de 1994 cuando es designado como Juez Titular del Duodécimo Juzgado del Crimen de Santiago hasta el 1 de marzo de 1996 en que asciende a Relator Titular de la Corte Suprema, que le permitió ser declarado Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago el 19 de diciembre de 1998. Estuvo en sus manos —en calidad de ministro en visita— la investigación del homicidio del dirigente sindical Tucapel Jiménez, asesinado alevosamente por organismos de la dictadura militar (1973-1990). Este proceso le permitió dictar 12 condenas y cuatro absoluciones, y le valió ganarse un prestigio de serio y acucioso en sus tareas profesionales. En efecto, en poco más de un año pudo resolver este complicado asunto judicial, que se había mantenido prácticamente estancado durante los 17 años en que estuvo a cargo del Ministro Sergio Valenzuela Patiño. Con posterioridad, le correspondió investigar otros casos de violaciones a los derechos humanos, tales como los procesos contra la supuesta red de pedofilia en la que estaba involucrado el empresario Claudio Spiniak y el escándalo de las cuentas secretas de Augusto Pinochet en el Banco Riggs de Nueva York. Su labor le valió que el Presidente de la República Ricardo Lagos lo designare el día 13 de septiembre de 2005 como ministro de la Corte Suprema de Justicia hasta el 10 de febrero de 2032, fecha de su jubilación. Tras la aprobación por amplia mayoría en el Senado, juró ante el Pleno de Ministros de la Corte Suprema de Justicia el 18 de octubre de 2005, ante la ovación de sus excolegas de la Corte de Apelaciones, familiares y amigos. El 2008 es designado por Poder Judicial como Ministro del Tribunal Calificador de Elecciones, siendo electo como Presidente del mismo hasta el 2012. El 18 de diciembre de 2013 fue elegido presidente de la Corte Suprema, asumiendo el 6 de enero de 2014. Su periodo finalizó el 6 de enero de 2016, siendo sucedido por Hugo Dolmestch. El 16 de octubre del 2024, fue destituido por el Senado de Chile por Notable Abandono de Deberes, al haber fallado una causa en que su hija tenía interés directo y por haber omitido informar que su hija (jueza de garantía) durante la pandemia, estuvo ejerciendo judicatura fuera de Chile, pese a haber declarado que vivía con él Publicaciones El Arraigo. Revista de los Jueces Nº 6, Primer Semestre año 1988. Técnica Legislativa y Ley Penal. Gaceta Jurídica Nº 195. Septiembre de 1996. Limitación de la Soberanía garantizada por los tribunales. Derechos Esenciales que emanan de la Naturaleza Humana Artículo 5º de la Constitución Política de la República. Revista de la Asociación de Abogados de Chile Nº 24. Septiembre de 1997. Gaceta Jurídica Nº 216. Junio de 1998. Notas Un ministro en visita es aquel destinado a cumplir funciones de juez de primera instancia, sin dejar de pertenecer a una Corte de Apelaciones, en sistema procesal en la justicia antigua, en casos de alta connotación pública, o bien por la calidad de las partes. |
El Senado chileno aprueba la destitución del ministro de la Corte Suprema Sergio Muñoz. La acusación constitucional presentada por la derecha tradicional logra los votos para la inhabilitación de cargos públicos del magistrado por “notable abandono de deberes”. El libelo contra la jueza Ángela Vivanco también sale adelante en la Cámara Alta Santiago de Chile - 16 OCT 2024 El Senado chileno ha votado este miércoles a favor de la acusación constitucional contra el suspendido juez Sergio Muñoz, considerado el integrante más influyente de la Corte Suprema por la jurisprudencia que ha sentado en la tercera sala constitucional en materia ambiental y derecho a la salud, entre varias otras sentencias consideradas progresistas por el oficialismo. La aprobación del libelo presentado por Chile Vamos, de la derecha tradicional, por “notable abandono de deberes”, contó con 27 votos a favor y 21 en contra del primer cargo, y 25 a favor y 23 en contra del segundo. La votación significa la destitución de Muñoz del máximo tribunal y su inhabilitación durante cinco años de cargos públicos. La derecha, que tenía 24 votos seguros y requería de uno más, contó con el apoyo del senador independiente Karim Bianchi, clave para que la oposición consiguiera la salida del magistrado. Muñoz fue nombrado en 2005 en la Corte Suprema por el expresidente socialista Ricardo Lagos (2000-2006), y ratificado por el Senado. Diputados de la derecha tradicional presentaron una acusación en su contra en el mismo contexto del escándalo político y judicial del caso Audios que golpea a Chile hace nueve meses, aunque por hechos ocurridos en 2022 y que no tienen ninguna relación con esta trama. Le imputan dos cargos: el primero, por haber entregado información priviligiada a su hija, la jueza Graciel Muñoz, sobre un proyecto de la Inmobiliaria Fundamenta en la que ella tenía interés patrimonial —anticipar un fallo del caso que se veía en la sala constitucional— y no manifestar su inhabilidad; el segundo, por haber omitido denunciar a su hija magistrada durante la pandemia por dirigir audiencias telemáticas desde Italia, es decir, fuera de la jurisdicción chilena, lo que está prohibido por el Código Orgánico de Tribunales. El magistrado ha negado todos los cargos. Y ha cuestionado que el único testimonio en que se funda la acusación constitucional en su contra es solo de oídas, basado en una declaración jurada ante una notaría en 2022 de una funcionaria de la inmobiliaria, en la que señaló que Graciel Muñoz, quien dijo que se comunicó varias veces con ella, quiso cambiar su inversión a otro proyecto de la misma firma por recomendación de su padre. Mientras el caso estuvo en la sala constitucional, Sergio Muñoz había votado en contra del proyecto. Tras la denuncia de la empleada fue recusado por la empresa y él se inhabilitó de ver la causa. Y, cuando el caso se volvió a votar, la construcción tuvo luz verde. El libelo en contra de Muñoz ha provocado un fuerte debate político y jurídico en Chile. El oficialismo ha cuestionado que Chile Vamos lo incluyó en una misma acusación constitucional con Ángela Vivanco, pese a que las respectivas imputaciones no tenían relación la una con la otra. Vivanco fue removida la semana pasada por sus pares de la Suprema debido a sus implicancias en el Caso audios, que incluían acelerar la vista de casos, intentar incidir bajo cuerda en nombramientos de autoridades del sistema judicial y entregar información de causas que eran de interés del penalista Luis Hermosilla, protagonista del escándalo de corrupción. El Senado también aprobó este miércoles por 47 votos a favor y ninguno en contra la destitución y la inhabilitación de cargos públicos durante cinco años para Vivanco. Los congresistas la imputaron por “notable abandono de deberes”, acusándola de ejecutar conductas que afectaron gravemente la imparcialidad y la independencia con la que debía ejercer el papel de jueza y concretar injerencias indebidas en procesos de designación de determinados cargos públicos. En su intervención ante el Senado este martes, Muñoz advirtió que, según la determinación que tomara este caso, podía ocurrir que “se afecte la independencia del Poder Judicial y de los jueces a futuro” y solicitó a los parlamentarios que lo juzgaran por las pruebas rendidas y no por ideas preconcebidas u órdenes de sus partidos políticos. Su abogado, el exministro del Tribunal Constitucional Jorge Correa Sutil , apoyado por el excontralor Ramiro Mendoza, sostuvieron en sus alegatos que “falta de verosimilitud y consistencia” en uno de los cargos donde la única prueba era la declaración jurada ante notario de la empleada de una inmobiliaria. También que, si se aprobaba la acusación, “se instalaría la convicción de que, aunque se cumplan los deberes inherentes a las funciones que cumplen, es muy inconveniente afectar intereses poderosos o enemistarse con las mayorías políticas”. Muñoz ascendió a la Corte Suprema en 2005 después de más de 20 años en el Poder Judicial, donde comenzó como juez del crimen. Previo a su llegada al máximo tribunal, era reconocido como uno de los mejores investigadores de la Corte de Apelaciones de Santiago (desde 2005 esa función quedó en manos de los fiscales tras una reforma al proceso penal). En esa calidad indagó varias causas de violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) en contra de sus opositores. En la Corte Suprema rápidamente adquirió liderazgo entre los jueces y en 2013 se convirtió en presidente del máximo tribunal, un cargo que dura dos años. Entre los varios fallos en los que participó Muñoz en la sala constitucional, de la que sido presidente, se encuentra uno de noviembre de 2022 que provocó un terremoto en el sistema privado de salud, las isapres, cuando una sentencia las obligó devolver a sus afiliados cobros en exceso que habían realizado durante años. |
Los casos y el estilo del destituido juez Sergio Muñoz que marcaron por casi tres décadas a la justicia chilena, Ana María Sanhueza Santiago de Chile - 17 OCT 2024 América - Chile EL PAÍS Como si fuera su tercer apellido, la palabra ‘influyente’ ha acompañado a Sergio Muñoz Gajardo (67) por los casi veinte años que el juez cumpliría en 2025 en la Corte Suprema chilena, donde marcó un estilo de trabajo y una jurisprudencia, controvertida para algunos e innovadora y progresista para otros, desde que en el 2005 llegó a integrar el máximo tribunal, la mayor parte de ellos como presidente de la sala constitucional. Ese año, el mandatario socialista Ricardo Lagos (2000-2006) lo nominó para su ascenso —venía de la Corte de Apelaciones de Santiago— y el Senado ratificó su designación. El destino de Muñoz, a quien previo a su destitución este miércoles en el Senado le restaban ocho años en el Poder Judicial, cambió sorpresivamente cuando el 9 de septiembre Chile Vamos, el conglomerado de la derecha tradicional, anunció una acusación constitucional en su contra, y que concretó días después. La ligó al mismo libelo de la entonces magistrada Ángela Vivanco, pese a que los hechos que le imputaron a cada uno no tenían relación entre sí, lo generó un fuerte debate jurídico y político en Chile. Mientras Vivanco ha sido imputada por su involucramiento directo en el escándalo del caso Audios (fue removida por sus pares de la Suprema la semana pasada e inhabilitada por el Senado), al magistrado le cargaron dos hechos de 2022, que fueron reflotados dos años después. Sergio Muñoz, que ha negado las imputaciones, ha sido acusado por Chile Vamos de anticipar un fallo a su hija Graciel Muñoz, también jueza, de una causa que tramitaba la sala constitucional de la Suprema sobre un proyecto inmobiliario en el que ella tenía interés patrimonial, y no manifestar él su inhabilidad en esa causa. El segundo cargo también se relaciona con su hija: le achacaron haber omitido denunciar su falta disciplinaria cuando ella, durante la pandemia, dirigió audiencias judiciales telemáticas desde Italia, lo que implica que ejerció fuera de la jurisdicción chilena. La exoneración de Muñoz votada por el Senado ha puesto punto final a un estilo de trabajo y una jurisprudencia en la sala constitucional. Su salida también ha reconfigurado la integración, y probablemente el criterio de este tribunal, que desde ahora solo cuenta con tres de sus cinco jueces, y la próxima semana perderá a un cuarto, pues el magistrado Mario Carroza ha pedido un cambio a la sala civil. Muñoz era parte del Poder Judicial hace 42 años, pero llevaba casi tres décadas ocupando altos cargos, tanto en la Corte de Apelaciones de Santiago como en la Suprema, primero como relator, en 1996, y luego como ministro, hasta su destitución por “notable abandono de deberes”. Su discusión con el temido auditor militar Muñoz empezó su carrera desde abajo en el Poder Judicial, como oficial primero de un tribunal en 1982. En 1994 fue juez del crimen en Santiago y en 1996 relator de la Corte Suprema, un cargo que implica estudiar las causas para luego explicarlas y contarlas a los ministros antes de fallar. En una ocasión, en los años noventa, cuando el poder militar estaba incrustado en la Corte Suprema, Muñoz, conocido por su carácter fuerte, protagonizó un roce con Fernando Torres Silva, el entonces auditor general del Ejército que integraba el máximo tribunal y que con su voto impedía que avanzaran las causas de violaciones a los derechos humanos. Precisamente, por uno de esos casos es que Muñoz, entonces un joven relator, lo increpó. Durante la dictadura (1973-1990), Torres Silva era un fiscal militar tan temido como poderoso, considerado el brazo legal de Augusto Pinochet. Años después, ambos se volverían a encontrar, pero cuando Muñoz era ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago y estaba a cargo de la investigación del crimen del dirigente sindical Tucapale Jiménez, asesinado en 1982 por la policía secreta de Pinochet: a Torres lo procesó como encubridor. La confesión del asesino de Tucapel Jiménez En 1999, cuando llevaba pocos meses como ministro de la Corte de Apelaciones, la Suprema encargó a Muñoz investigar el crimen del importante dirigente sindical, y opositor a la dictadura, Tucapel Jiménez, que por 17 años estuvo en manos de otro juez sin lograr avances. En dos años, el magistrado desentrañó el asesinato y consiguió la confesión del agente Carlos Hererra Jiménez, lo que provocó un efecto dominó en las futuras condenas de otros integrantes de la policía secreta de Pinochet. En pararelo, esclareció el asesinato en Valparaíso, en 1983, del carpintero Juan Alegría Mundaca, cuyo crimen fue cometido por los agentes de Pinochet para encubir el homcidio de Tucapel Jiménez: montaron una operación, simulando su suicidio, para inculparlo de matar al dirigente sindical. El obrero, admitió al juez Herrera Jiménez, uno su asesinos, fue elegido como víctima porque era un hombre pobre: pensaron que nadie se ocuparía de esclarecer su asesinato. Muñoz también tuvo en sus manos el caso de las cuentas bancarias de Pinochet en el caso Riggs, donde llamó a declarar a la familia del dictador. Spiniak y el testimonio de Gemita Bueno. En noviembre de 2003, Muñoz fue nombrado por la Corte Suprema, cuando todavía era juez de la Corte de Apelaciones de la capital chilena, para investigar las denuncias por abusos sexuales del empresario Claudio Sipinak. El caso es recordado en Chile como uno de los mayores escándalos de esa década, pues contenía una arista es que se acusaba a cinco políticos de ser parte de la red de esos delitos. El juez fue nombrado cuando el caso ardía de especulaciones y rumores tanto en la prensa como en los pasillos del Congreso y de los tribunales, y ya había pasado por la manos de dos magistrados. Tras leer los expedientes, Muñoz se dio cuenta que había que hacer todo nuevo, y volver a interrogar a los cientos de testigos. Entre ellos a Gemita Bueno, una joven de entonces 20 años, que vivía en el hogar de un sacerdote (José Luis Artiagoitía) y que aseguraba haber sido abusada por Jovino Novoa, un senador de la derecha tradicional que falleció en 2021. Bueno aseguraba además haber estado secuestrada por más de un año en la casa de Spiniak, en El Arrayán, en el sector oriente de Santiago. El juez resolvió el puzzle casi un año más tarde, cuando procesó y luego condenó a Bueno y al sacerdote por falso testimonio por el caso de Novoa. Lo hizo después de que pidió a un policía que reconstruyera la vida de la joven, quien determinó que en los meses en que decía haber estado encerrada, vivía fuera de Santiago. Bueno confesó a dos diarios, a La Tercera y a The Clinic, que había mentido. Ante Muñoz también lo hizo pocos días después, cuando el juez ya tenía las pruebas sobre la mesa. Así, en una semana, la joven admitió tres veces haber mentido. El más joven de la Suprema Por su papel como investigador, en 2005 el presidente Ricardo Lagos propuso a Sergio Muñoz para integrar la Corte Suprema. La nominación sorprendió, más que por su nombre pues había ganado prestigio por el esclarecimiento de varios casos, por su edad: tenía 48 años, mientras que la mayoría de los jueces del máximo tribunal bordeaban los 60 y 70 años. Al llegar a la Corte Suprema integró tanto la sala penal como la constitucional y, entre 2013 y 2015, fue presidente de la Corte Suprema, donde realizó varias modificaciones en el Poder Judicial, entre ellas, el proceso de digitalización. “Interpretar el derecho es un arte” En la Corte Suprema, como presidente de la sala constitucional, varios de los fallos que Muñoz emitió, junto a los demás integrantes, comenzaron a hacer ruido. Centros de pensamiento de derecha criticaron algunas de las sentencias, entre ellas una de 2012, cuando fue paralizada, por unanimidad, la construcción de la Central Castilla, el segundo mayor proyecto del país. Luego se sumaron otras resoluciones, y empezaron a crecer las críticas de que su estilo se acercaba al activismo judicial. En 2014, en una entrevista que concedió a la revista Qué Pasa cuando era presidente de la Suprema, fue consultado respecto de su estilo y sobre qué pensaba del “llamado activismo judicial”. Muñoz respondió:
Y agregó: “Es que esto es igual que la pintura. Antes era rupestre, luego en doble plano. Después se fue creando la perspectiva. Posteriormente nacieron otras formas, como el realismo, el cubismo. Después pasa que usted es la concepción de la figura y no necesariamente de una forma. Esto es igual. Es una interpretación. Porque interpretar el derecho es un arte, no es una ciencia”. Los fallos de la sala constitucional En la sala constitucional, que Muñoz presidió por más de una década, se emitieron varios fallos que han dado dolores de cabeza a autoridades de distintos gobiernos y a empresarios. Algunos de ellos, incómodos, son los que aplaude el progresismo chileno, y han sido una de las razones por las que la izquierda criticó que Chile Vamos presentara la acusación en su contra, que terminó con su destitución. A partir de 2017, esta sala comenzó a correr la barrera del derecho a la salud en sentencias que obligaban al Estado, y también a las isapres, las aseguradoras privadas de salud, a costear millonarios medicamentos que no tenían cobertura, fallando en favor de los pacientes con el argumento de que primero está el derecho a la vida. Estas resoluciones, que suelen generan debate jurídico y decenas de cartas en las páginas editoriales de la prensa chilena, sentaron jurisprudencia. Otro fallo que marcó un hito en Chile fue en 2019, cuando el tribunal cuando acogió nueve recursos de protección en favor de los habitantes de los municipios de Quintero y Puchuncaví, en la Región de Valparaíso, tras una serie de episodios de contaminación. Y dio un plazo de un año al Gobierno para determinar “las medidas necesarias para evitar la reiteración de eventos de contaminación”. Y, dos años después, en 2021, durante la pandemia, la sala emitió una sentencia en la que consideró que el derecho al agua era “un derecho humano”, de acuerdo con los tratados internacionales. Y en 2022, tras fallar por más de una década en contra de las isapres, luego que sus afilados presentaron miles de recursos de protección por el alza unilateral de sus planes de salud, la sala constitucional dio un golpe final, y ordenó a las aseguradores que devolvieran todos los cobros en exceso, tanto a quienes recurrieron a la justicia como a quienes no lo hicieron. La sentencia, junto a una segunda resolución por la aplicación de las tablas de riesgo, provocó un terremoto jurídico, y obligó al Gobierno del presidente Gabriel Boric impulsar un proyecto de ley, que se aprobó en mayo. |
Miércoles 16 de Octubre de 2024  Exministra Ángela Vivanco es inhabilitada para ejercer cargos públicos El Senado votó a favor de los capítulos de la acusación por notable abandono de deberes luego de una sesión especial que se extendió por más de 3 horas. Acusación Constitucional La Sala del Senado aprobó los dos capítulos relativos a la acusación constitucional interpuesta por un grupo de diputados, en contra de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. El primer capítulo fue respaldado con 37 votos a favor y una abstención; mientras que el segundo con 47 votos a favor. Con este resultado, la que fuera magistrada de la Tercera Sala de dicho tribunal, no podrá desempeñar ninguna función pública, sea o no de elección popular, por 5 años. Tras la votación, el presidente del Senado, José García Ruminot explicó que “el Senado debe completar el trámite de revisar la segunda acusación en contra de la exjueza, pero buscaremos la resolución jurídica más atingente porque está el principio que no puede ser sancionada dos veces”. Durante el debate, en forma transversal, se coincidió en que la decisión del pleno de la Corte Suprema de destituir a la abogada tras la apertura de un cuaderno de remoción, selló en gran parte el destino de la votación en el Senado. Cabe recordar, que la acusación constó de dos capítulos. El primero se refirió al notable abandono de deberes al ejecutar conductas que afectaron gravemente la imparcialidad y la independencia con que debía obrar como jueza, en particular, al mantener contactos indebidos en el contexto de determinadas causas y no declarar la inhabilidad que le asistía. El segundo capítulo acusatorio apuntó a "injerencias indebidas en distintos nombramientos de cargos judiciales y públicos, afectando gravemente la probidad judicial". Ambos capítulos se basaron en los contactos que mantuvo con el abogado Luis Hermosilla, antes y después de ser nombrada ministra de la Corte Suprema. En la sesión especial, hicieron uso de la palabra los senadores y senadoras Isabel Allende, Carmen Gloria Aravena, Pedro Araya, Karim Bianchi, Juan Luis Castro, Juan Castro Prieto, Francisco Chahuán, Alfonso De Urresti, José Miguel Durana, Luz Ebensperger, Rojo Edwards, Fidel Espinoza, Iván Flores, Sergio Gahona, Rodrigo Galilea, Francisco Huenchumilla, José Miguel Insulza, Sebastián Keitel, Alejandro Kusanovic, Carlos Kuschel, Ricardo Lagos, Juan Ignacio Latorre, Daniel Nuñez, Ximena Ordenes, Manuel José Ossandón, Claudia Pascual, Rafael Prohens, Yasna Provoste, Kenneth Pugh, Ximena Rincón, Gastón Saavedra, David Sandoval, Gustavo Sanhueza, Alejandra Sepúlveda, Esteban Velásquez, Matías Walker y José García. Acusación Constitucional En tanto, argumentaron su voto, los siguientes legisladores: Isabel Allende “Voy a quedarme quedo con la declaración de la Corte Suprema que dice que ella incumplió los principios de transparencia, independencia, imparcialidad e integridad, los que deben regir a los miembros de la magistratura. Voto a favor”. Carmen Gloria Aravena
Pedro Araya “Hablaré a nombre del Comité del PPD. En cuanto a mantener contactos indebidos y no haber declarado su inhabilidad, ella vulneró de manera fragrante los deberes de su cargo porque se mostró dispuesta a responder a las solicitudes del abogado Hermosilla. Toda persona que integre el Poder Judicial debe actuar probamente, esta obligación exige abstenerse de demostrar interés”. Karim Bianchi
Juan Luis Castro
Juan Castro Prieto “Esperamos que los jueces sean correctos, intachables, imparciales, justos, que den confianza y eso no está sucediendo en nuestro Poder Judicial y esa es la razón por la que hoy tenemos que estar como jurados (…) Como representante de los electores debemos ser implacables ante toda la corrupción (…) La jueza no actuó a la altura de la necesidad de este país y debe ser sancionada”. Francisco Chahuán “Al no poder ejercer debidamente su defensa la ministra inculpada, voy a abstenerme de esa acusación; no obstante que ella ya fue defenestrada con la remoción por parte de la Corte Suprema”. Alfonso De Urresti “Vamos a manifestar la opinión que será a favor de los 2 capítulos a través del jefe de bancada (PS), pero quiero reiterar la absoluta improcedencia de haber consignado en un mismo acto en la Cámara a dos ministros por hechos diametralmente opuestos, porque se tienen que resolver en su mérito”. Rojo Edwards “Voy a votar a favor de ambos capítulos, pero voy a hacer un comentario: con esta votación -si fuera favorable- será destituida por segunda vez la exjueza Vivanco; una, por la Corte Suprema y otra, por el Senado y llegará una nueva acusación en su contra durante la próxima semana. Considero que este Senado -si llegase a ser favorable- no debiese destituir dos veces, en semanas consecutivas a una persona. De aprobarse hoy, me voy a abstener en un próximo proceso. La justicia no puede confundirse con ensañamiento”. Fidel Espinoza “Se le imputa a esta señora por haber interferido indebidamente en proceso de cargos fiscales; es más, la Corte Suprema hace un par de días la destituyó (…) El tribunal dijo “los hechos dados a conocer por los medios de comunicación que atañen a la ministra son serios y graves y afecta los principios de independencia, imparcialidad, probidad y transparencia que rigen el Poder Judicial”. Francisco Huenchumilla “Reitero el vicio expresado en el caso de la primera acusación y la postura de mi bancada que la jefa de ésta expresará en su momento”. José Miguel Insulza “Da la impresión que esta acusación será aprobada por unanimidad y es el corolario del proceso en el que teníamos todos los antecedentes. Voy a lamentar la forma en se generaron estas acusaciones porque se ha metido, en el mismo saco, a dos personas tan distintas”. Sebastián Keitel
Ricardo Lagos “La ministra ya está condenada por temas serios y graves que no admiten mucha defensa. No dejaré pasar que este gran consenso que expresamos en esta aprobación, corre en paralelo con la acusación del ministro Muñoz. Es un mínimo de derecho separar las causas, pero todo se organizó para presentar los libelos de manera conjunta. Veo que se ha seguido debilitando la institucionalidad chilena, esto va generar un ruido enorme”. Juan Ignacio Latorre “Quiero hacer ver la irregularidad de tratar dos acusaciones juntas, de manera inconexa para jugar al empate. Las denuncias contra Vivanco son tan graves que la propia Corte inició un cuaderno de remoción por mal comportamiento. Recordemos que dicha acción tuvo como fin sacarla del Poder Judicial y la acusación busca inhabilitarla para ejercer cargos públicos”. Daniel Núñez “Voy a votar a favor de la acusación en sus dos capítulos. Son de público conocimiento los contactos indebidos, por ser sutil (…) y también por todo lo que conocemos sobre sus intentos por ejercer tráfico de influencia en nombramientos (…) Además fue removida por la Corte Suprema, con la información y debido proceso contundentes y esta contundencia pone en evidencia lo injusto de la anterior destitución que acá se votó”. Claudia Pascual “El libelo acusatorio contiene menos hechos que lo resuelto como veredicto por la Corte Suprema y no pretendo pronunciarme por los hechos que no son parte de esta acusación, pero sí válgase señalar la preocupación que subsiste respecto de esos otros hechos, cuestiones que deben aclararse conforme al mérito de la investigación que procede. (…) Los hechos configuran más de un estatuto de responsabilidad, por lo que es completamente aplicable la sanción de inhabilidad de 5 años para ejercer cargos públicos, pues esta no es la misma sanción de remoción de la Corte Suprema”. Rafael Prohens “Voy a votar a favor de los dos capítulos de esta acusación, pero quiero ahondar en algo: insistir en decir que este recurso fue declarado admisible en la Cámara, por lo que quisiera pedir el informe en la Cámara y que quede en acta, para despejar dudas de que esto ha sido manipulado de forma distinta”. Yasna Provoste “Consideramos que la exministra es culpable de mantener contactos indebidos en el contexto de determinadas causas no declarando su inhabilidad (…) y concretar injerencias indebidas en procesos de designación de determinados cargos públicos (…). Todo ello de público conocimiento a través de la publicación de las comunicaciones incautadas al señor Hermosilla. (…) Respecto de la acusación; sin duda pesa, de manera definitiva, lo resuelto por la Corte Suprema, al declarar por unanimidad su proceso de remoción (…) Son motivos más que suficientes para concluir que ha incurrido en notable abandono de deberes”. Kenneth Pugh “Este Senado aprobó la designación para que la ministra Vivanco integrara la Corte Suprema. No nos corresponde pronunciarnos sobre otras acusaciones. Hay que votar con convicción y actuar en conciencia. Ella es experta en bioética y estamos hablando en temas éticos, la justicia requiere estándares éticos. Habiendo analizado los antecedentes, votaré a favor”. Ximena Rincón “Creo que hay que aprender que lo que decimos en esta Sala, trasciende. Este Senado ha separado los debates y no se puede decir que una acusación constitucional es más grave que otra, cada una se analiza en su mérito. Todo esto debe hacernos reflexionar sobre nuestro rol y nuestro compromiso debe estar con el imperio del Derecho”. Gastón Saavedra “En el análisis de la acusación recalco la necesidad de actuar con independencia y el deber de prescindir de los prejuicios. Los contactos de la exministra comprometieron su independencia y la ubicaron en una peligrosa red de influencia. Quiero hacer presente también otros hechos como las presiones que ejerció en la conformación de la Tercera Sala y su rol en el nombramiento de cargos, todo lo que habla de su mal comportamiento”. David Sandoval. “Lo que nos convoca es analizar la causa que afecta la ministra Vivanco en un escenario especial porque ya se determinaron fallas en su proceder. Todos los jueces están sujetos a un alto estándar de probidad. La acusación está sustentada en hechos gravísimos, las relaciones impropias con abogados litigantes dan cuenta de su mal comportamiento. En cuanto a los nombramientos de cargos, ella intentó influir en los procesos faltando a la imparcialidad”. Gustavo Sanhueza.
Alejandra Sepúlveda. “La acusación da cuenta de los chats, de conductas que afectan de forma grave la imparcialidad. Acá no estamos hablando de hechos realizados por terceros, declaraciones sin fundamentos, no estamos hablando de papeles notariales, de subjetividades, estamos hablando de una acción directa de parte de una jueza (…) “Lo que ha ocurrido con la exministra es de los actos más reprochables, más complejos que hemos revisado”. Esteban Velásquez. “La ministra se ha excedido en las actuaciones y, en consecuencia, su actuar no ha estado sometido a la Constitución y a las leyes, por lo que todas las acusaciones configuran un notable abandono de deberes que debe ser sancionado con su remoción en el cargo. (…) A nuestro juicio, se configura con claridad el notable abandono de deberes”. Matías Walker. “Quiero reiterar que en el Senado hemos revisado las acusaciones por serado, porque así lo decidió la mesa y los comités. (…) Corresponde apreciar la prueba en conciencia y como jurado no puedo abstraerme de los considerandos y lo resuelto en el veredicto de la Corte Suprema (…). Tengo el mayor respecto por la trayectoria académica de la exministra, pero no puedo soslayar lo que ha dicho el Tribunal por unanimidad, creo que esto basta por dar por acreditados los supuestos de esta acusación constitucional”. José García Ruminot. “Son de público conocimiento las comunicaciones que habría tenido la exministra con el señor Hermosilla (…) el solo hecho de no haber manifestado reparos (…) no solo constituye una falta manifiesta a la probidad e integridad que se le debe exigir a los integrantes del máximo órgano del Poder Judicial, sino que da cuenta de un comportamiento total y absolutamente normalizado. (…) En atención a los antecedentes entregados de manera abundante en esta sala, anuncio mi voto favorable a ambos capítulos”. |
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