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El número de abogados en Chile.

Abogada estadounidense Scherezada Jacqueline Alvear Godoy Introducción El año 1920, eran investidos como Abogado por la Excelentísima Corte Suprema de Justicia,  95 abogados en Chile; en el  2012 fueron 2,731 Abogados. Pasamos de un  abogado por cada mil habitantes (en la década de los 80 del siglo pasado) a 2.58 por cada mil en la actualidad, 2012. Promedio de investidos de abogados al año en Chile por década. En Chile hoy existen aproximadamente casi 40 mil abogados activos. No parece una cifra alarmante si se compara con países como Israel (la más alta conocida en mundo) con 5.85 abogados por cada mil habitantes, los  Estados Unidos con 3.77 (al año 2008) o el Brasil con 3.0 (también al 2008). De hecho, nuestra estadística nacionales es muy similar a la de España, Italia, Reino Unido, y Colombia. La alerta es más bien por el explosivo aumento experimentado a partir de fines de la década del 80, con creación de  nuevas facultades de derecho, y  comenzaron a titular los egresados de esos centros educacionales. El ingreso de las nuevas facultades de derecho, incidió de modo directo: en las décadas del 70 y 80 del siglo pasado, se titulaban cerca de 300 Abogados por año, promedio que escaló por sobre los 1000 al año a fines de los 90, para a superar definitivamente los 2000 mil titulados por año desde el 2009 en adelante. Tiempo que se demora para ser investido como Abogado. En Chile se demora unos 8 a 9  años para ser investido como Abogado, esta dividida: 1).- Son cinco años de estudio, considerando que no te atrases en ningún ramo anual o semestral.  2)- Luego la Tesis o Memoria de Grado. Esto es bastante relativo. Una tesis puedes hacerla en 3 meses como mínimo, Si quieres dedicarte un poco más y hacer una buena tesis, 4 o 5 meses. Pero si tienes un profesor guía que jamás revisa tu avance, puedes tardar aún más. A eso súmele la evaluación. Fácilmente puedes tardar un año académico. 3)- Después tienes el  examen de grado. Puedes prepararlo en 6 meses, como lo hice yo, súmele un mes si sorteas Comisión de evaluación. Pero si quieres seguir teniendo vida mientras estudias para el grado, puedes tomarte fácilmente 8 meses. O sea... otro año académico más, sólo si lo apruebas la primera vez. Luego de esto tienes la preciada Licenciatura en Ciencias Jurídicas.  Que para efectos prácticos no sirve de nada.  4)- Y finalmente tienes la práctica profesional.  Son 6 meses en que trabajas gratuitamente, con abogados que te cuestionan todo. Patrocinados que pueden ser muy amables y comprensivos; como desagradadables y odiosos.  Los abogados tutores ayudan muy poco,  y, si no has procurado en los tribunales, pasas el primer mes dando botes en tribunales sin tener muy claro lo que debes hacer.  Sin embargo esto es relativo, depende de la Oficina de la Corporación de Asistencia Judicial,  donde la hagas. Al menos en mi caso fue terrible!! Súmale un mes para presentar el informe y la evaluación. 5).-Tramites en la oficina de títulos de la  Corte Suprema. Pero eso no es todo. Cuando has hecho todo esto (que a estas alturas ya parece La Odisea). Debes hacer un tedioso trámite para jurar y ser investido en la Corte Suprema.  En esto puedes estar 2 y hasta 3 meses porque hay una larga lista de Licenciados que esperan para obtener su título.  Así que hay que tener paciencia. Y listo!! Ya tienes tu apreciado título de Abogado. Pero un consejo:  Si realmente te gusta la carrera y sientes que tienes vocación para ella; todo sacrificio vale la pena.  El peor error que puedes cometer es estudiar algo que no te gusta. El premio al esfuerzo no está en la remuneración, sino en despertar día a día y dirigirte al trabajo que amas. - Scherezada Jacqueline Alvear Godoy

requisito para ser abogado

Año	Nº Abogados
2032
2031
2030
2029
2028
2027
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020	4.117
2019	4.037
2018	4.171
2017	3.817
2016	3321

2015

3487

2014	3384
2013	2891
2012	2731
2011	2530
2010	2383
2009	2864
2008	1474
2007	2019
2006	1625
2005	1715
2004	1461
2003	1269
2002	1358
2001	1243
2000	1034

1999	1090
1998	980
1997	826
1996	747
1995	687
1994	699
1993	614
1992	512
1991	354
1990	393

1989	366
1988	354
1987	346
1986	375
1985	362
1984	338
1983	305
1982	305
1981	289
1980	352

1979	239
1978	179
1977	238
1976	329
1975	376
1974	383
1973	361
1972	378
1971	380
1970	333

1969	287
1968	258
1967	206
1966	235
1965	213
1964	267
1963	232
1962	227
1961	231
1960	185

1959	179
1958	207
1957	178
1956	165
1955	165
1954	140
1953	110
1952	119
1951	132
1950	141

1949	136
1948	132
1947	163
1946	163
1945	149
1944	119
1943	106
1942	126

1941	92
1940		72

Abogados investidos por pleno de la Corte Suprema.
Scherezada Jacqueline Alvear Godoy

LAPIDARIO DIAGNÓSTICO DE LA CORTE SUPREMA, ACADEMIA JUDICIAL Y LA CAJ, Sobre calidad de los Abogados.

Juicio a las escuelas de Derecho: las alarmantes falencias de los nuevos abogados. 02.03.2016 Por Gabriela Pizarro. La reiteración de reclamos de ciudadanos que han sido perjudicados gravemente en sus intereses por abogados que asumen deficientemente sus defensas, forman parte de un problema que se ha ido agravando y que asoma por distintos vértices. Una de las quejas más frecuentes es sobre abogados defensores que sin explicación no concurren a audiencias o no entregan escritos en los plazos establecidos. No es extraño entonces que durante 2015 y los primeros meses de 2016 los tribunales hayan sancionado a 156 abogados por distintas irregularidades en su proceder. Un 10% más que en el período anterior, según información que entrega un artículo de El Mercurio. Más allá de los problemas éticos y de procedimientos que reflejan las sanciones aplicadas por lo distintos tribunales del país, su aumento pone en evidencia otro factor que incide directamente en cómo se comportan los abogados en tribunales: las graves falencias en la formación académica que reciben muchos de los abogados que salen de las 44 universidades que imparten Derecho en el país. Un problema que la Corte Suprema ha intentado regular, pero que hasta ahora se ha estrellado contra un muro y que ya provocó drásticos cambios en el proceso de selección de la Academia Judicial, donde se forman los jueces. LA LUPA DE LA CORPORACIÓN DE ASISTENCIA JUDICIAL. La primera prueba de fuego para los futuros abogados al terminar el quinto año de universidad, es la práctica profesional. En Chile, todos los estudiantes de Derecho deben hacer su práctica en la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ), organismo público que proporciona abogados de manera gratuita a quienes no tienen recursos para pagar uno. El 80% de ellos la hace en la CAJ Metropolitana, mientras que el 20% restante la hace en sus sedes regionales. Así, son los tutores y jefes de práctica de esta corporación, testigos directos de la calidad de la formación que se imparte hoy en las 44 escuelas de Derecho que existen en el país. Marcela González, abogada jefe de la Oficina Civil de la Corporación de Asistencia Judicial de Santiago, es tajante a la hora de evaluar a los futuros abogados: -Falta de conocimientos básicos, problemas de oratoria, poca capacidad de análisis y prácticamente nula capacidad crítica. Hay algunos que llegan preguntando dónde están los tribunales o si ellos tienen que hacer las notificaciones. ¿Después de cinco años de estudio no saben que existe un receptor judicial que se encarga de eso? -señaló la abogada a CIPER. La misma preocupación se manifestó hace algunos años en el pleno de la Corte Suprema, cuando los ministros comenzaron a cuestionar la calidad de los abogados que se estaban titulando. Milton Juica, ministro desde el año 2001 y presidente del máximo tribunal entre 2010 y 2012, ha sido testigo de las consecuencias de esta mala formación: -Abogados sin capacidad de oratoria que no pueden sostener un discurso coherente y con grandes vacíos en gramática a la hora de escribir, incapaces de entender la terminología jurídica a raíz de estas carencias básicas -explica. A diferencia de lo que ocurre con las otras carreras, las escuelas de Derecho solo pueden otorgar la licenciatura, mientras que la entrega del título de abogado, por ley, es responsabilidad exclusiva de la Corte Suprema. Revisando los antecedentes de los estudiantes que llegaban a solicitar el título, los ministros identificaron escuelas que ni siquiera respetaban su propia reglamentación interna, convalidando ramos de otras facultades sin que esos ramos existieran o simplemente utilizando exámenes “de conocimientos relevantes” para justificar las convalidaciones. -Eso facilitó mucho las cosas para aquellos abogados que después de 10 ó 15 años obtuvieron convalidaciones en facultades que se crearon exclusivamente para ese fin -asegura Milton Juica. DERECHO: LA CARRERA DE LOS HUEVOS DE ORO. La cantidad de escuelas de Derecho ha crecido explosivamente desde que por ley se autorizó la creación de universidades privadas. En 1980, cuando se dictó el decreto que les otorgó autonomía y libertad académica, existían cinco facultades de Derecho en Chile. Hoy la carrera se imparte en 44 universidades, con más de 100 sedes a lo largo del país. Si el año 2000 se titularon mil abogados, 15 años después la cifra se ha más que triplicado con 3.487 titulados durante 2015. ¿Cómo se explica este crecimiento? La alta tasa de ocupación, las expectativas de sueldo de los estudiantes y el bajo costo que significa implementar la carrera, la han transformado en el enganche perfecto para aquellos que buscan asegurar rentabilidad en el negocio educativo. Según los registros del Mineduc, en 2015 existían más de 34.000 matriculados en Derecho a nivel nacional. El costo de la carrera en Santiago no baja de $1,6 millón anuales (Universidad Miguel de Cervantes) y llega hasta los $5,5 millones anuales (Universidad del Desarrollo). Dentro de la variada oferta de programas diurnos, vespertinos, especiales para egresados y modalidades de dos días y medio a la semana, destaca un grupo de 13 instituciones que no están acreditadas. Algunas de estas universidades pueden llegar a tener siete sedes impartiendo la carrera, como la Universidad La República, o la Universidad de Las Américas que concentra cuatro sedes con la carrera solo en Santiago (vea la nómina de universidades no acreditadas que imparten Derecho). Entre las 31 instituciones de educación superior que están acreditadas tampoco se puede afirmar con certeza que existan estándares mínimos de calidad. Y ello, porque tal como reveló CIPER en una serie de reportajes, la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), organismo a cargo de avalar la calidad de las instituciones de educación superior, contaminó esa certificación al comprobarse que había vendido acreditaciones, además de otras irregularidades en los procesos (ver especial acreditaciones). Conservar la acreditación es clave para estas universidades, ya que mientras esta certificación dure, sus alumnos podrán financiar sus estudios con el Crédito con Aval del Estado (CAE), el que se ha transformado en otro indicador importante –esta vez relacionado al mercado laboral- respecto de la calidad de las escuelas de Derecho. Cada año, luego del otorgamiento del CAE, los bancos le venden al Estado un porcentaje de estos créditos, y los que venden son los de aquellos alumnos que tendrán menos capacidad de pago una vez que salen de la universidad. Para determinar eso, las instituciones financieras no solo consideran la comuna en la que vive el estudiante, las deudas que tiene o el trabajo de sus padres, sino que la institución donde cursa su carrera se transforma en un factor clave. En otras palabras, las instituciones financieras crean su propio ranking de calidad de acuerdo a las expectativas de pago, y venden al Fisco los préstamos más riesgosos. Según los datos de la Comisión Ingresa, en 2015 más de 7.300 préstamos CAE de alumnos de Derecho fueron vendidos al Estado, por un monto que superó los $16.800 millones. Una deuda que deberá ser pagada por los estudiantes y sus familias a los bancos, después de terminar la carrera. Las universidades privadas concentraron el 85% de los créditos vendidos ese año para financiar estudios de Derecho. Las instituciones de educación superior con más créditos vendidos al Fisco por los bancos fueron la Universidad Andrés Bello con 933 créditos, la Universidad Autónoma con 557 y la Universidad Central con 554. PRACTICANTES MAL PREPARADOS Y TUTORES SATURADOS. La Corporación de Asistencia Judicial es para muchos de los estudiantes de Derecho el primer encuentro profesional con los tribunales y con todo lo que significa hacerse cargo de un caso real. Después de al menos cinco años de teoría, aprendiendo las normas y el lenguaje del complejo mundo del Derecho, aquí deben interpretarlo, traducirlo y aplicarlo para entregar una solución a las personas que llegan buscando apoyo. Los tribunales de familia, laborales y civiles son las tres áreas de mayor demanda en la CAJ. En ésta última se concentra la mayoría de los practicantes ya que allí todavía se funciona “a la antigua”, por escrito, lo que permite seguir con más cuidado su desempeño. Embargos, arriendos, negligencias médicas e indemnizaciones forman parte del menú de problemas que deben resolver. Con más de 18 años en el servicio, la abogada Marcela González, jefe de la Oficina Civil de la Corporación de Asistencia Judicial en Santiago, describe al estudiante de Derecho actual como un sujeto “mecánico”: -No son capaces de analizar lo que ven. Antes, si no sabían algo lo estudiaban, te daban ideas, aportaban. Hoy es raro que un practicante aporte. Esto se ha transformado en una máquina de hacer abogados. Hace diez años, los estudiantes no eran así. Paula Camus, coordinadora de la Unidad de Prácticas Profesionales de la corporación, coincide con el diagnóstico de la abogada González: -Se preocupan de seguir el modelo preestablecido, pero no les importa si está mal o está bien, simplemente lo siguen y se justifican en que ese es el modelo que se les entregó. Entre las características negativas que destaca en los practicantes, Paula Camus identifica un actuar negligente y con cierto desdén.  “No se preocupan del perjuicio que le pueden provocar a los usuarios cuando no llegan a una audiencia o deliberadamente deciden no ir, porque no se sienten preparados”, explica. La coordinadora advierte que, aunque se hace necesario, el personal de la corporación no puede destinar tiempo ni recursos para nivelar a los estudiantes en práctica.  “Nuestra dotación no alcanza para supervisar en profundidad a cada practicante”, afirma.  Y para demostrar lo saturado que está el servicio arroja un preocupante dato: un solo tutor debe revisar entre 400 y 800 causas, dependiendo de la cantidad de estudiantes que tenga bajo su tutela. Según las profesionales de la Corporación de Asistencia Judicial, cada mes ingresa un promedio de 200 estudiantes a realizar su práctica. De ellos, un 10% renuncia como promedio mensual. Las razones, según Paula Camus, son casi siempre las mismas:  “no les tocó el lugar que pidieron o simplemente se retiran cuando algo no les gusta”. Un factor que abre la puerta a la tasa de renuncias es que la norma indica que los estudiantes pueden rendir su práctica cuantas veces sea necesario para aprobarla. En lugar de reprobarlos, la evaluación final aplica “sanciones”, las que van desde una amonestación escrita hasta la prolongación o la repetición de la práctica. Dentro de la pauta de evaluación, las razones que dan origen a la mayor cantidad de sanciones son “la falta de conocimiento teórico y la irresponsabilidad”.  JUECES CON PROBLEMAS En cada juzgado, tribunal o corte de nuestro país, los encargados de zanjar los conflictos son los jueces. ¿Pero qué se necesita para llegar a ser juez? Además del título de abogado, un curso de diez meses en la Academia Judicial, la que en los últimos años ha sufrido una importante reestructuración en sus procesos de ingreso debido a la deficiente preparación con la que llegan los postulantes. En 2013, el director de la academia, Eduardo Aldunate, se vio en la necesidad de pedir autorización al Consejo Directivo de la entidad para eliminar la obligación de llenar los 24 cupos de abogados que buscan acceder al escalafón primario del Poder Judicial. “Por llenar los 24 cupos estaban entrando personas que no eran idóneas”, reconoció Aldunate a CIPER. Desde 2014, los cursos no superan las 18 personas. A este plan de formación postulan en cada proceso de admisión alrededor de 340 abogados. Más del 70% de estos postulantes tiene entre 25 y 27 años y menos de dos años de titulado. El sistema de ingreso actual se instauró en 2012, tras la llegada del director Aldunate, y consta de tres etapas. La primera fase incluye una evaluación teórica de 140 preguntas de alternativas y una prueba práctica que consiste en resolver tres casos. Luego, en la academia seleccionan a los 120 mejores puntajes de la prueba teórica. Como se constató que las notas de los seleccionados seguían siendo muy bajas -el puntaje de corte está alrededor del 3,8- el consejo de la Academia Judicial decidió instaurar un punto base para “inflar” sus calificaciones. -Si no lo hacíamos así, reducíamos mucho la cantidad de postulantes para los pasos siguientes, que ya son muy reductores -justifica la medida el director Aldunate. Para probarlo basta con echar una mirada al promedio de notas por universidad en el último proceso de selección en mayo de 2015: solo la Universidad Católica de Valparaíso supera el 5.0, mientras que al otro extremo, cinco universidades –Bolivariana, SEK, La República, Pedro de Valdivia y Finis Terrae– tienen promedio rojo, el que incluye el punto de regalo (ver calificaciones). Solo a los 120 seleccionados de la prueba teórica se les corrige la prueba práctica, que fue rendida el mismo día. Un filtro que reduce a 90 los postulantes que podrán avanzar a la segunda etapa, una evaluación psicométrica: cinco tests psicológicos, entrevista con un psicólogo y una actividad en grupo, donde se discute sobre un tema polémico. Al terminar esta evaluación, los postulantes son clasificados en tres categorías: aptos, aptos con observaciones (habilitados para avanzar a la siguiente etapa) y los no aptos, los que son excluidos del proceso. Si entre aptos y aptos con observaciones los postulantes exceden los 40 cupos, serán las notas de egreso que hayan obtenido en la universidad las que determinarán los 40 elegidos. Hay que decir que en los últimos procesos de admisión no ha sido necesario aplicar este criterio debido al bajo número de seleccionados. La última instancia consiste en una entrevista individual frente a una comisión integrada por dos miembros del consejo de la Academia Judicial y cuatro miembros del equipo de trabajo: director, subdirectora, coordinador de formación y subdirector de estudios. Al concluir, deben haber seleccionado un máximo de 24 postulantes. A pesar de todos los filtros del proceso de selección, la Academia Judicial debe seguir evaluando contenidos básicos. Hasta 2011, esto se hacía a través de una nivelación. -Hasta 2011, la academia se hacía cargo de las deficiencias en la formación jurídica de las universidades. Entre el 70% y 80% del curso eran clases de derecho sobre materias de pregrado, lo que era un dispendio de recursos públicos, porque estábamos subsidiando algo que otras personas estaban haciendo mal –explicó a CIPER el director Aldunate. Hoy ya no existe esa nivelación, pero en su lugar establecieron siete pruebas de conocimientos teóricos básicos a lo largo del curso, para asegurar los estándares mínimos de los futuros jueces. -Nuestra lógica fue que todo abogado debe estar capacitado para responder por lo menos con nota 4 esta evaluación sin haber estudiado nada. Nunca pensamos que habría personas que reprobarían. Por curso, se reprueban entre tres y cuatro de estas pruebas e incluso tuvimos el caso de una persona que reprobó por segunda vez y debió ser expulsada del programa. Esto quiere decir que el 25% mejor calificado de los postulantes aún es capaz de reprobar pruebas parciales sobre temas mínimos de Derecho –afirma Eduardo Aldunate. Para Aldunate estos son los síntomas de una enfermedad que hoy crece en las escuelas de Derecho y que tuvo su punto de inicio en la liberalización desregulada de la oferta académica: -La proliferación de universidades que imparten Derecho abrió cupos principalmente para los alumnos que en los antiguos procesos de selección quedaban fuera. Y los intentos por regular la calidad de estas nuevas instituciones, no solo han fracasado sino que han distorsionado la enseñanza -señaló a CIPER. El director de la Academia Judicial identifica consecuencias negativas en algunos criterios de la Comisión Nacional de Acreditación, como el porcentaje de retención de alumnos, la tasa ocupacional y la producción científica, los que según él han orientado el rumbo esencialmente a lograr la acreditación, y con ella los ansiados millones del CAE que eso implica, más que a lograr real calidad en la formación integral de los abogados. -La capacidad de los abogados, a raíz de este proceso, se ha ido descomponiendo en una especie de lista de compra que ha ido dejando de lado la formación integral y la visión crítica de los alumnos, porque no son las competencias que demanda el mercado laboral. Ningún empleador le va a pedir que aprecie críticamente el Derecho, porque lo que pide son soluciones jurídicas -concluye Aldunate. LOS INTENTOS DE LA CORTE SUPREMA. Terminaba el año 2015 y los alumnos de quinto año de Derecho de la Universidad Andrés Bello que llegaron a rendir el examen de la asignatura “Estatuto jurídico de los pueblos originarios”, se encontraron con una sorpresa: el profesor titular Ricardo López Vyhmeister ya no estaba. El cambio aumentó el nerviosismo de los 21 alumnos (de los 36 que integraban el curso) que sabían que ese examen era su última oportunidad para no repetir el ramo. Para el profesor López también fue una sorpresa: solo el día anterior recibió un correo de las autoridades de la facultad en el que le comunicaron que habían decidido reemplazarlo. Con casi el 60% del curso a punto de reprobar el ramo, López fue removido para que otra persona zanjara el resultado final de sus alumnos. Los problemas habían comenzado antes, precisamente por las quejas de los estudiantes ante los exigentes métodos de evaluación del profesor. “Me pidieron derechamente que inflara las notas”, acusa Ricardo López, quien presentó su renuncia para el siguiente período académico. Consultado por CIPER, el decano de la facultad, Juan David Terrazas, insiste en que el curso “estaba cerrado” y que es normal que otro profesor del área tome el examen de repetición cuando el académico original tiene “problemas”. Para el profesor Ricardo López, esos “problemas” son preocupantes falencias que él observó en la formación de los alumnos del último año de Derecho y que lo impulsaron a reforzar los requisitos de aprobación. Un solo ejemplo: en uno de los trabajos finales uno de los alumnos se refirió a la “Corte Suprema de Copiapó”. Fue la reiteración de esas mismas falencias en muchos abogados que llegaban a distintos tribunales del país, lo que llevó a que en 2008 la Corte Suprema decidiera tomar cartas en el asunto, endureciendo los requisitos para obtener el título. El ministro Milton Juica fue el encargado de diseñar un nuevo instructivo para la tramitación del título, agregando requisitos para los alumnos que pasaran por más de una universidad a lo largo de su carrera y exigiendo que se cumplieran las reglamentaciones internas de cada facultad (ver instructivo 2008). Este instructivo fue perfeccionado por la misma Corte Suprema en noviembre de 2015, aumentando las exigencias a través de un auto acordado que, entre otras cosas, rechaza entregar el título a los estudiantes que no hayan cursado al menos el último semestre en la universidad de egreso. Y también cuando hayan transcurrido más de diez años entre la fecha en que se aprobó una asignatura y la fecha en que se solicitó su convalidación, salvo que acredite tener “experiencia laboral significativa en el área” durante los últimos diez años y además haya rendido exámenes de conocimientos relevantes en forma oral y escrita (ver instructivo 2015). Conscientes de que las medidas instauradas no han tenido un efecto práctico directo en la formación con que llegan muchos abogados a los tribunales y los riesgos que implica tener litigando a un abogado mal preparado, algunos ministros de la Corte Suprema hicieron una propuesta. Al igual como se hace en otros países, plantearon la idea de instaurar un examen que habilitara a los abogados ya titulados para poder litigar en los tribunales. Así como los médicos deben aprobar un examen (Eunacom) para poder desempeñarse en los centros públicos de salud, los abogados que quisieran trabajar litigando en tribunales debían superar este examen. Una especie de filtro de calidad. Y si bien durante un tiempo la idea cobró adeptos, apenas salió de los pasillos de la Corte Suprema, un poderoso lobby externo la asfixió. -Las universidades se opusieron. Y el peso de las universidades privadas es muy importante en este país -concluye Milton Juica.

Edificio ex Caja Crédito Hipotecario actual Tribunal Constitucional.

Edificio de la Caja en Santiago, obra de Ricardo Larraín Bravo.  El edificio de la ex Caja de Crédito Hipotecario es un inmueble ubicado en la calle Huérfanos, en el centro de la ciudad de Santiago, Chile. Obra del arquitecto Ricardo Larraín Bravo, fue construido entre los años 1915 y 1920 para la Caja de Crédito Hipotecario, y desde 2016 es la sede del Tribunal Constitucional. En el sitio que ocupa el edificio se encontraba una vieja casona propiedad de la familia García Huidobro, que fue demolida en 1913 para dar paso a la nueva edificación. Fue ocupado como sede de la Caja de Crédito Hipotecario, hasta el año 1933, cuando pasó a ser sede del Instituto de Crédito Industrial. Cuando se creó el Banco del Estado de Chile en 1953, el edificio pasó a la nueva institución, pero comenzó a ser utilizado por la Dirección del Registro Electoral y el Tribunal Calificador de Elecciones, además de la División de Reclutamiento Militar. En 1977 el Banco del Estado decidió vender la propiedad al Banco Hipotecario y de Fomento Nacional para su sede corporativa. En 2016 el edificio pasó a ser la sede del Tribunal Constitucional. El Consejo de Monumentos Nacionales resolvió aprobar la declaratoria como Monumento Histórico del edificio de la ex Caja de Crédito Hipotecario, actual sede del Tribunal Constitucional, una de las más destacadas obras del arquitecto Ricardo Larraín Bravo. Construido entre 1915 y 1920, la construcción resalta  por su mezcla elementos neoclásicos, renacentistas y góticos, en la que destacan fantásticos vitrales y las pinturas de Fray Pedro Subercaseaux.  El mármol de los pisos, uno de los ascensores más antiguos de Chile y los innumerables detalles de su arquitectura y  decoración convierten al edificio, una de las primeras edificaciones en hormigón armado, en un hito emblemático de la ciudad.  El edificio fue creado para acoger Caja de Crédito Hipotecario, antecesora del Banco del Estado, fundado en 1855, fue la primera institución de crédito estatal. “El Consejo estimó necesario proteger este emblemático inmueble reconociendo su excepcional diseño exterior e interior, que es una destacada pieza dentro de la obra de Larraín Bravo y un ejemplo de construcción financiera estatal”, dijo Ángel Cabeza, Director de Bibliotecas Archivos y Museos y Vicepresidente del Consejo de Monumentos Nacionales.   Puerta Bandera del Tribunal Constitucional en el edificio de esta institución en Santiago de Chile. El autor de la obra, Ricardo Larraín Bravo (1879-1945) es uno de los arquitectos más importantes en la historia nacional, cuyas obras entre las que destacan la Iglesia de los Sacramentinos, de los Arsenales de Guerra, de la Población Obrera Huemul y del Palacio Iñiguez, así como también de varios de los edificios del barrio París Londres así como de  la población William Noon, en Manuel Montt con Eliodoro Yáñez, han caracterizado la fisonomía de la ciudad. Escaleras “En este caso lo que se proteger es un inmueble concebido bajo la tipología financiera o bancaria de la época, logrando un perfecto diálogo entre plantas funcionales y una impronta sólida y monumental en sus fachadas e interiores, es sin duda una de sus obras más notables” destacó Ana Paz Cárdenas, Secretaria Técnica del Consejo de Monumentos Nacionales.   La solicitud de declaratoria será remitida al Ministerio de Educación para la firma del decreto que declara a la ex Caja de Crédito Hipotecario, actual sede del Tribunal Constitucional como Monumento Nacional. Pleno plano. plano Cúpula. Sala de pasos perdidos  Sala de pasos perdidos ventanas Gran sala. El Tribunal Constitucional de Chile es un órgano jurisdiccional del Estado chileno, tribunal colegiado, autónomo e independiente de toda otra autoridad o poder, cuya función principal es ejercer el control de constitucionalidad de las leyes. Está compuesto por diez miembros, denominados ministros titulares, uno de los cuales es su presidente, y dos ministros suplentes.

El Edificio sede del Tribunal Calificador de Elecciones.

El Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) es un organismo jurisdiccional especial de Chile, con asiento en Santiago. Es la máxima instancia de la justicia electoral, y tiene como tarea conocer del escrutinio general y de la calificación de las elecciones del presidente y de los miembros del Congreso Nacional, resolver las reclamaciones a que dieren lugar y proclamar a los que resultan elegidos, funciones que anteriormente correspondían al Congreso Pleno y a cada cámara legislativa, respectivamente. Al Tricel también le corresponde resolver las apelaciones de las decisiones de los tribunales electorales regionales. salón puerta edificio El Edificio sede del Tribunal Calificador de Elecciones es un inmueble ubicado en la intersección de las calles Compañía con Teatinos, en el centro de la ciudad de Santiago, Chile. Obra del arquitecto Ricardo González Cortés, fue construido en 1932 para la Caja de Accidentes del Trabajo, y desde 1988 es la sede del Tribunal Calificador de Elecciones. El edificio fue declarado Monumento Nacional de Chile, en la categoría de Monumento Histórico, mediante el Decreto n.º 157, del 4 de mayo de 2015. Historia El edificio fue diseñado por el arquitecto Ricardo González Cortés, y fue construido en 1932 como sede de la Caja de Accidentes del Trabajo, uno de los servicios públicos que se crearon luego de la crisis de 1929, como la Caja del Seguro Obrero y la Caja Nacional de Ahorros. Se mantuvo como sede de la institución hasta 1968, cuando se instaló en el edificio los Tribunales del Trabajo. En 1988 pasó a ser la sede del Tribunal Calificador de Elecciones, y en el año 2008 la propiedad del inmueble pasó definitivamente a esta institución. sala sala Ministros Descripción El edificio de cinco pisos y de estilo art déco, está construido en hormigón armado, y su fachada presenta pilastras simplificadas entre los vanos, y grecas inspiradas en motivos mapuches.

Old Bailey. Edificio sala sala “A Counciller”, Thomas Rowlandson (c.1810). juicios sala Sala El Tribunal Penal Central de Inglaterra y Gales, comúnmente conocido como el Old Bailey por la calle en que se encuentra, es un tribunal de Londres y uno de una serie de edificios que albergan el Tribunal de la Corona. Una parte del edificio actual ocupa parte del sitio de la cárcel medieval de Newgate, en Old Bailey, una calle que sigue la línea amurallada de Londres que se extiende desde la colina de Ludgate a la unión de Newgate Street y Holborn Viaduct. Jueces. El Tribunal de la Corona que se encuentra en el Tribunal Penal Central se encarga de importantes casos criminales de Londres y, en casos excepcionales, de otras partes de Inglaterra y de Gales.  La corte se originó como la casa de sesiones del lord Mayor y Sheriff  de la ciudad de Londres y de Middlesex. La corte medieval original fue mencionada por primera vez en 1585, junto a la antigua prisión de Newgate, y parece haber surgido de la remodelación para mejorar la cárcel de Newgate y habitaciones para los alguaciles, posible gracias a un regalo de sir Richard Whittington. Fue destruida en el Gran Incendio de Londres de 1666 y luego reconstruida en 1674, con la corte abierta a la intemperie para evitar la propagación de enfermedades. En 1834, fue rebautizado como Tribunal Penal Central y su jurisdicción se extendía más allá de Londres y Middlesex, a la totalidad de la jurisdicción inglesa para el juicio de los casos más importantes.

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