.jpg)
Noticia sobre un indeportable. 28-3-2018
Durante los primeros tres meses del año fiscal de ICE de 2018, la agencia deportó a 56,710 personas, el 46% de las cuales no habían sido condenadas por un delito. Este año, ICE espera deportar a 209,000 personas y es poco probable que Palij esté entre ellos, a pesar de que es un criminal de guerra, el último criminal de guerra nazi que vive en los Estados Unidos. Palij sirvió como guardia durante la Segunda Guerra Mundial en un campo en Trawniki, que donde se entrenó a los que participaron en la "Operación Reinhard", un plan para exterminar a todos los judíos en la Polonia ocupada por los alemanes. Ingresó al país en 1949 sin divulgar su pasado y posteriormente se le otorgó la ciudadanía, de la que fue despojado por un juez federal en 2004 además de que se ordenó su deportación.Pero Palij, que ahora tiene 94 años, sigue siendo un hombre libre porque nadie más lo quiere, los gobiernos de Alemania, Ucrania y Polonia han rechazado admitirlo y ninguna otra nación ha decidido a aceptarlo. "Durante un solo día de pesadilla en noviembre de 1943, los más de 6,000 prisioneros del campo nazi que eran custodiados por Jakiw Palij fueron sistemáticamente asesinados", dijo Eli Rosenbaum, jefe de la Oficina de Investigaciones Especiales (OSI) del Departamento de Justicia. decisión. "Al ayudar a prevenir el escape de estos prisioneros, Palij desempeñó un papel indispensable para garantizar que se enfrentarían a su trágico destino a manos de los nazis". Fue un trabajo arduo que se hizo extrañamente más fácil por la inclinación de los alemanes a un mantenimiento de registros preciso y sistemático, dijo Stephen Paskey, quien fue abogado litigante en OSI con Rosenbaum y Drimmer y dirigió el caso del gobierno contra otro ex guardia nazi, John Demjanjuk. "El problema [crear casos contra] modernos violadores de los derechos humanos es que hay mucha gente de lugares como Ruanda y Somalia que tienen sangre en sus manos, pero no hay forma de probarlo. En los casos de la Segunda Guerra Mundial, no tuvimos que depender de testigos oculares ", agregó Paskey. Los criminales de guerra nazis no pueden ser procesados en los Estados Unidos bajo la Ley de crímenes de guerra porque sus transgresiones fueron cometidas en el extranjero, las personas que los cometieron no eran ciudadanos estadounidenses en ese momento y las víctimas no eran ciudadanos norteamericanos explicó Paskey. En cambio, son juzgados por mentir acerca de su servicio Nazi en sus solicitudes de inmigración y ciudadanía estadounidense. "Han realizado un trabajo bastante bueno en los últimos años al perseguir individuos por las atrocidades nazis que se encontraron en Alemania", dijo Drimmer. "Lo que no han hecho un buen trabajo es tomar hombres como Jakiw Palij, que fueron encontrados fuera de Alemania, pero son tan culpables, si no más culpables, que las personas que se encuentran dentro de las fronteras de Alemania".Cada noviembre, en el aniversario de Kristallnacht, el asambleísta del estado de Nueva York, Dov Hikind, encabeza una manifestación frente a la casa de Palij. "Estamos expulsando de este país a personas que han vivido aquí durante 20 años y tienen familias, y aquí tenemos a un nazi viviendo en Queens,¿Como puede ser? ¿Cómo es esto posible?", dijo. De acuerdo con las estadísticas de ICE, 8,275 personas con órdenes de deportación permanecieron en los Estados Unidos entre 2012 y 2015 porque ningún otro país los tomaría y la agencia afirmó que "no tiene la autoridad para obligar a las expulsiones a una nación soberana". Una fuente del gobierno estadounidense que pidió el anonimato para hablar libremente dijo de Palij: "ICE no puede expulsarlo a menos que tenga documentos de viaje y Alemania tendría que proporcionarlos al gobierno del país para que lo retiren y eso no ha sucedido. Ha pasado más de una década desde que se ordenó su deportación, pero no hemos logrado que Alemania cumpla. Aquí hay alguien que vestía un uniforme alemán y representó a Alemania en la Segunda Guerra Mundial, y el gobierno alemán no ha hecho ningún esfuerzo para asegurarse de que tenerlo de vuelta". |
Una mujer sin país: adoptada al nacer y deportable a los 30. 30 Diciembre 2022
BETHEL, Alaska — Cuando Rebecca Trimble era niña, vestía de rojo, blanco y azul para los desfiles del Día de la Independencia. En la escuela secundaria, fue abanderada de las Niñas Exploradoras. Durante su adolescencia, los Backstreet Boys sonaban desde un equipo de sonido en su habitación. Fue en la víspera de su boda en 2012 cuando se dio cuenta de que algo andaba mal en su educación estadounidense. Había sido adoptada de recién nacida en México y descubrió que lo que ella creía una pequeña confusión en su documentación era algo completamente diferente. Al final, se dio cuenta de que no solo no era estadounidense, sino que, en opinión del gobierno, no tenía lugar en Estados Unidos. Este año, una carta de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos llegó al remoto rincón del oeste de Alaska donde Trimble cocina para personas sin hogar y donde su esposo, John, es el único dentista de la ciudad. “No está autorizada a permanecer en Estados Unidos”, decía el documento, y le ordenaba que abandonara el país en 33 días o enfrentara la deportación. “Me siento increíblemente vulnerable”, dijo Trimble, de 30 años, mientras sus dos hijos, Elliot, de cinco años, y Jay, de cuatro, jugaban en su departamento en Bethel en una tarde soleada. “Tengo mi fe en un milagro”. La descuidada supervisión de adopciones internacionales impulsó durante años el auge del comercio de bebés. En los años 80 y 90, los estadounidenses que querían niños fueron engañados para pagar a redes que pasaban bebés de contrabando a través de la frontera. A inicios de la década de 2000, niños que fueron arrebatados a sus padres por intermediarios en Vietnam, Guatemala y otros países fueron presentados como huérfanos a agencias de adopción estadounidenses. En otros casos, los padres no entendieron, o no siguieron, las reglas para lograr que las adopciones extranjeras fueran totalmente legales. La adhesión de países como México a las convenciones internacionales para evitar el secuestro, venta o tráfico de niños ha frenado las adopciones ilícitas en los últimos años. Pero algunas de las prácticas irregulares del pasado les dan un vuelco a las vidas de los adoptados cuando llegan a la edad adulta, como Trimble. "Hay demasiadas personas en el limbo sin tener ninguna culpa”, dijo Susan Jacobs, una embajadora jubilada que fue asesora especial en materia de adopciones en el Departamento de Estado entre 2010 y 2017. “Se enteran a los 20 años, y tienen que asumir la responsabilidad de lo que hicieron o no hicieron sus padres cuando ellos eran bebés”. La Campaña por los Derechos de los Adoptados, un grupo que promueve la ciudadanía para los adoptados, calcula que al menos 35.000 personas en Estados Unidos carecen de la ciudadanía estadounidense porque sus padres adoptivos no se las garantizaron. Han formado sus propias familias, solo para enterarse de la verdad al ir a votar u obtener un pasaporte o cuando tuvieron problemas con la ley. Más recientemente, su estatus precario ha quedado al descubierto cuando solicitaron una Real ID, una licencia con estándares más estrictos que en 2020 se requerirá para los viajes aéreos nacionales. “Los adultos adoptados empiezan a descubrir que no son ciudadanos después de haber pensado que eran estadounidenses toda su vida”, dijo Gregory Luce, un abogado de inmigración de Mineápolis especializado en adopciones. En 2001, el Congreso proporcionó ayuda a los adoptados menores de 18 años que carecían de ciudadanía, y el gobierno federal ha estado dispuesto a ayudar a otros a ajustar su estatus caso por caso. Pero esa flexibilidad parece haber disminuido bajo la agenda restrictiva a la inmigración del gobierno de Donald Trump. Trimble se ha encontrado en un enmarañado viaje a través de la burocracia de inmigración, donde cada apelación parece terminar igual: debe regresar a un país que no ha visto desde que tenía tres días de nacida. Una bebé nacida en México La historia de Trimble comenzó cuando su padre adoptivo, George Wilson, mecánico de vehículos recreativos en Salem, Oregon, y su esposa, Pamela Edmonds, dejaron de tratar de concebir un hijo después de ocho años de intentos. Un día en 1989, recibieron noticias de amigos en México de que un bebé a punto de nacer de una niña de 12 años necesitaría un hogar. Acordaron pagar las facturas médicas de la niña y se dirigieron a México con una pila de pañales, biberones y ropa de recién nacido. Tres días después, estaban en casa con su hija. En la frontera, un agente de Estados Unidos se asomó a su vehículo, donde Rebecca estaba acurrucada en los brazos de su nueva madre; los hizo pasar. Al mes siguiente, llegó un certificado de nacimiento de México que los nombraba como los padres de Rebecca Lynn Wilson, que pensaron —de forma incorrecta— que era todo lo que necesitaban para legalizar la adopción. Becky, como la llamaban, era una niña alegre con ojos marrones almendrados y cabello oscuro y sedoso. “Era una alegría, tan inteligente y tan amorosa”, recordó Edmonds, hoy de 62 años. Finalmente, Becky se enteró de que fue adoptada. “No pensé que fuera menos estadounidense”. Después de que sus padres se separaron, Trimble y su madre se mudaron a Vancouver, Washington. En la secundaria Hudson’s Bay, Becky se destacó en sus clases, comenzó a jugar bolos y dirigió el equipo de atletismo. Una de sus maestras alentó a la clase a registrarse para votar antes de las elecciones presidenciales de 2008, y ese noviembre, Trimble votó por única vez en su vida. Se enamoró de un compañero de estudios, John Trimble, un fondista que la llevó al baile de graduación. Después de la secundaria, la pareja decidió casarse y pensó en un viaje por carretera a Canadá para su luna de miel. En la primavera de 2012, ella solicitó una ID mejorada, alternativa a un pasaporte que los estadounidenses pueden usar para ingresar a Estados Unidos desde Canadá o México. Un empleado estudió su acta de nacimiento mexicana, se la devolvió y dijo que Trimble tenía que mostrar una prueba más de ciudadanía estadounidense, como un certificado de naturalización. Ella estaba perpleja. “Fui donde mi madre y le hice preguntas, y ella no sabía. John y yo comenzamos a investigar”, recordó. Confundida, la pareja decidió centrarse en su boda, que se aproximaba. “Soy una persona bastante optimista”, recordó Trimble, de 29 años. “Pensé: ‘Lo resolveremos’”. Solo mucho más tarde quedó claro el alcance de los problemas con la forma en que sus padres manejaron su adopción. Antes de salir de México, los padres de Trimble deberían haber obtenido la custodia oficial de su nueva bebé de un juez mexicano y luego obtener una visa de inmigrante para ella en un consulado de Estados Unidos. Los padres de Trimble dijeron que no sabían que habían ido en contra de las reglas. El médico que atendió el parto, dicen, les informó que todo lo que necesitaban para formalizar la adopción era un certificado de nacimiento que los nombrara como padres, y que los amigos que organizaron la adopción les consiguieron uno. En Oregon, solicitaron y recibieron una tarjeta del seguro social para la niña.
Lo que luego sabrían es que Trimble tampoco tenía una ciudadanía mexicana clara. Las autoridades mexicanas les dijeron que no tenían constancia del certificado de nacimiento que la pareja recibió por correo. “Siento que, cuál es la palabra para decirlo, no he hecho lo correcto por ella”, dijo Wilson. “Siento que le he fallado”. Los funcionarios de los Servicios de Inmigración dijeron que la agencia no comenta casos individuales, pero enfatizaron la necesidad de que los padres adoptivos obtengan visas para los niños traídos al país. Los Trimble, que no podían pagar un abogado, visitaron un grupo de asistencia legal en 2015. Durante una dolorosa reunión comprendieron por primera vez la gravedad de la situación de Trimble. No solo no era estadounidense. Su hija también estaba en el país de manera ilegítima. Como inmigrante indocumentada, a Trimble se le exigiría abandonar Estados Unidos y esperar diez años antes de volver a ingresar como solicitante de un permiso de residencia. Pero había esperanza. Tener un cónyuge estadounidense en el ejército, al que Trimble se había unido para sufragar el costo de la escuela de odontología, podría proporcionar un camino más rápido para obtener un permiso de residencia. Era candidata para solicitar una exención que le permitiría permanecer en Estados Unidos mientras su solicitud estaba pendiente. Trimble señaló en el formulario que su esposa “literalmente conoce a cero personas que viven en México”. No sabe el paradero de sus padres biológicos. No habla español. Pero lo que sucedió después pareció desafiar la lógica. En febrero de 2016, el gobierno negó a Trimble la exención debido a que dicha solución solo está disponible para aquellos que ingresaron ilegalmente al país. La entrada de Trimble no había sido ilegal, dijo la agencia, porque un agente fronterizo la había autorizado. Confiada ahora en que podría presentar una solicitud sin exención especial, presentó una solicitud formal para un permiso de residencia en diciembre de 2016, con su esposo como patrocinador. Su carpeta contenía decenas de páginas de documentos, incluidas declaraciones de impuestos, un certificado de matrimonio y fotos de su boda. Pasaron los meses y la pareja no tenía noticias. A inicios de 2017, durante el último año de Trimble en la escuela de odontología, él comenzó a buscar trabajos en zonas desatendidas para cumplir con el requisito de su beca militar. Aceptó un puesto en la clínica comunitaria de Bethel —a unos 640 kilómetros de Anchorage, en el río Kuskokwim— que está cubierta de nieve y hielo la mayor parte del año y donde solo se puede llegar en avión o en barco. Cuando la familia hacía las maletas, los Servicios de Inmigración notificaron a Trimble que tenía programada, a fines de junio, una entrevista en persona, un paso crucial, y a menudo el último, en el proceso del permiso de residencia. En la reunión, la línea de preguntas de la funcionaria se desvió hacia su registro de votación. Sí, dijo Trimble, ella había votado en una elección nacional a los 19 años. “Le dije que pensaba que estaba cumpliendo con mi deber cívico”, recordó Trimble. “No tenía motivos para creer que no era una ciudadana estadounidense”. |
